Luis Díez.

Quienes por motivos políticos han convertido a José Luis Rodríguez Zapatero en cliente de la Audiencia Nacional sabrán explicar el daño que el expresidente del Gobierno (2004/2011) ha infligido al reino de España. Es verdad que en 2006 respaldó desde el Ejecutivo la vía del diálogo que cuatro años después supuso el final de la actividad criminal de ETA y la posterior disolución de la organización terrorista. Con recordar las dos grandes manifestaciones encabezadas por el expresidente José María Aznar López y su entonces fracasado candidato a la jefatura del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, contra el presidente Zapatero, en las que se gritaba “con Zapatero como con su abuelo” –lo fusilaron en León en julio de 1936 sus colegas militares sublevados– sería suficiente para entender el daño de un diálogo con los etarras que ni supuso reducción de penas a los encarcelados ni renuncia a la investigación de los crímenes pendientes de aclarar, por más que el PP se escudase en las víctimas.

Quizá algunos temieron que con la desaparición de ETA se extinguiera también la Audiencia Nacional como tribunal especial. Sería parte del daño imputable a ZP. Hubo comentarios al respecto, aunque la cruda realidad –el terrorismo internacional, el narcotráfico y los delitos económicos relevantes y de corrupción– despejó las dudas sobre el mantenimiento de este tribunal especial creado al comienzo de la Transición. Fue el magistrado Rafael de Mendizábal Allende quien recomendó al presidente Adolfo Suárez González la creación de la Audiencia como órgano judicial singular y especializado en los delitos más graves que hasta entonces había juzgado el macabro TOP (Tribunal de Orden Público) durante la dictadura.

Por cierto, cuando el señor Aznar alcanzó la jefatura del Gobierno, en 1996, nombró ministra de Justicia a una hija del magistrado del TOP Jaime Mariscal de Gante. Este hombre había ejercido como comisario de la brigada político social en Zaragoza desde 1954. Doce años después prosiguió su labor represiva como titular del juzgado número 1 del TOP. Pero para que algunos rojos vieran que tenía corazón, el dirigente del PCE Simón Sánchez Montero me contaba: “A mi me condenó por terrorismo, que eran 20 años de cárcel, en vez de los 25 que te caían por comunista”. La hija de aquel juez, Margarita Mariscal de Gante, era juez de familia en Madrid, pero se negaba a firmar sentencias de divorcio. El Consejo del Poder Judicial le abrió un expediente, pero el PP la propuso como consejera del órgano rector de la judicatura; salió elegida y en cuanto tomó posesión, su expediente desapareció. Poco después, Aznar la nombró ministra. Una vergüenza.

Si no fuera lamentable sería paradójico que esa Audiencia Nacional ampliamente conocida por juzgar a los terroristas acabara condenando por supuesto “tráfico de influencias” y otros sonoros delitos al presidente del Gobierno que acabó con la peor plaga que ha padecido este país. Zapatero recuerda: “Cuando dialogué con ETA, un día, desde la tribuna del Congreso, se me dijo que estaba traicionando a los muertos. Fui contenido. Y la misma persona que lo dijo, que era el señor Rajoy, cuando llegó el fin de ETA, hizo una declaración que siempre le he aplaudido y agradecido. Rajoy afirmó que era el fin de verdad y que no se había pagado un precio político”.

El presidente Zapatero, que mantuvo informado a Rajoy del diálogo con ETA, lo que resultó básico para que el PP se sumara al éxito de la democracia frente a aquel engendro terrorista con base social creado por la dictadura criminal franquista y con el que no pudo la guerra sucia ni la cooperación francesa, era el mismo tipo que muchos años después salió en defensa de Pedro Sánchez cuando la derecha reaccionaria hacía campaña contra él, como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, al grito: «¡Que te vote Txapote!» Era como si esa derecha añorase a ETA o como si quisiera negar la libertad a los que habían cumplido sus penas –lustros y más lustros de prisión– o como si les estuvieran pidiendo la vuelta a las andadas. Otra vergüenza.

El presidente Zapatero, acusado de corrupción en una causa judicial encabezada por el PP-VOX y tres grupúsculos ultras afines, es la misma persona que defendió la legitimidad de Aznar y exigió respeto hacia él frente a los denuestos del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que le llamó “fascista”. El incidente ocurrió en la XVII Cumbre Iberoamericana celebrada en Chile en noviembre de 2007 y dio lugar al famoso “¿Por qué no te callas?” del rey Juan Carlos I al líder bolivariano. La realidad es que el señor Aznar no sólo no condenó el golpe militar contra Chávez, protagonizado por varios mandos y la oligarquía empresarial en 2002, aprovechando el descontento laboral y las protestas por los despidos en Petróleos de Venezuela (PDVSA), sino que de acuerdo con los mandatarios estadounidenses, envió a su embajador en Caracas, Manuel Viturro de la Torre, un diplomático más franquista que Franco, a cumplimentar al nuevo presidente encumbrado por los golpistas, el jefe de la patronal Pedro Carmona.

Como es sabido, el golpe de Estado («vacío de poder», según los promotores) fracasó en veinticuatro horas. Chávez había sido retenido en el Fuerte Tiuna, el principal cuartel de Caracas, y volvió a ocupar el Palacio de Miraflores. El entonces presidente del Gobierno español, señor Aznar y su embajador Viturro quedaron en evidencia, apoyando a los golpistas «en el marco del diálogo reforzado» con la Administración Estadounidense de George Bush. Cabe añadir que después, durante la primera legislatura de Zapatero (2004-2008), el ya expresidente Aznar utilizó la fundación FAES para atacar a Chavez (también al presidente de Bolivia, Evo Morales y, desde luego, a Fidel Castro) y entorpecer las relaciones de España con Venezuela.

Mucho tiempo después, ya fuera del Gobierno y de la política activa en España, el expresidente Zapatero utilizaría sus buenas relaciones con los mandatarios venezolanos, especialmente con el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro y su número dos, la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para realizar tareas de mediación, evitar confrontaciones violentas y liberar a cientos de presos políticos.

«Yo empecé mi tarea en Venezuela –explica Zapatero– a petición de la oposición para hacer una mediación en un país que tenía gran conflicto. Una mediación que duró con intensidad desde el año 2016 al 2019 y que se ha traducido en 58 viajes con ocasión del diálogo en Venezuela: 48 a Caracas; 14 a República Dominicana, donde se celebraron negociaciones básicamente en el año 2017, con Unasur, con el expresidente Torrijos, con el expresidente Samper; una he estado en Washington, con ocasión de Venezuela en la OEA; una en Roma y una en Bogotá. La actividad de los viajes fue sobre todo hasta 2019, 2020, prácticamente el 80 %. A partir de ahí he viajado una o dos veces al año de media, fundamentalmente en procesos electorales y para la tarea que me ha ocupado esencialmente durante estos años: liberar presos en Venezuela. He participado directa o indirectamente en la liberación de centenares de presos”.

Aunque la mediación entre la oposición y el Gobierno bolivariano y la labor humanitaria del expresidente Zapatero no le reportaban ingreso alguno, según declaró hace dos meses en el Senado, donde fue insultado, una vez más, por el representante del PP que le interrogó, su actuación ha dado lugar a la publicación de bulos y disparates que le colocaban de propietario de una mina de oro en Venezuela. La supuesta información fue atribuida Hugo Carvajal, un antiguo colaborador de Chávez, enfrentado a Maduro. Este militar estaba reclamado por la Justicia de EEUU y fue detenido en Madrid y extraditado. Las supuestas informaciones del llamado pollo Carvajal se habrían producido en la Audiencia Nacional, según esos medios. Sin embargo, Carvajal, encarcelado en EEUU, ha negado por escrito en una carta a Zapatero haber dicho eso ni haber hablado mal del expresidente, al que, por otra parte ha agradecido la liberación de un amigo preso en Caracas.

Por paradójico que parezca, la propia Administración estadounidense dirigida por Donald Trump y sus colaboradores ultraderechistas colocó a ZP en el punto de mira al temer que sus funciones de mediación supusieran una salida pacífica y negociada con la oposición al régimen chavista. Trump no quería un acuerdo de las fuerzas democráticas. Su objetivo eran –sigue siendo– las riquezas del país. Así, al tiempo que desplegaba su fuerza naval en el Caribe para volar «narcolanchas» y preparar el asalto a Caracas, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, sugería públicamente retirar el visado al socialista español.

Landau reaccionó a una información del Diario Las Américas sobre la mediación de Zapatero para la retirada de Maduro y la transición pactada, publicando en X una imagen de ZP a lo Batman y su «batiseñal» con el breve texto: “¿Será esta la señal para el Quitavisas?”. La información de ese periódico al servicio de la derecha y el trumpismo refiere que Zapatero, el general chavista Miguel Rodríguez Torres y el exdiputado Eudoro González Dellán, que componen su círculo venezolano, expusieron en Madrid el plan durante una reunión de “exploración” con opositores venezolanos exiliados y tendrían previsto hacer contactos en Washington, a través de las relaciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, con altos funcionarios de Qatar.

La retirada del visado a Zapatero añadiría tensión a las relaciones bilaterales de EEUU con España, algo que tras el asalto a la residencia y el secuestro del presidente Maduro, encarcelado en Nueva York, donde está siendo juzgado, perdería sentido. Sin embargo, el hallazgo ahora de los mensajes del teléfono clonado en 2021 por la policía de fronteras en el Aeropuerto de Miami al accionista mayoritario de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes Rojas ha sido determinante para que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama procesara a Zapatero.

El empresario venezolano hablaba de la influencia del «pana Zapatero» para obtener dos préstamos oficiales de la SEPI por valor de 53 millones de euros a fin de devolver unos créditos-puente que habían conseguido para mantener a flote la compañía aérea. Por razones desconocidas, las alusiones al expresidente del Gobierno español en el teléfono clonado al entonces presidente de Plus Ultra sin mandamiento ni control judicial fueron entregadas al juez de la Audiencia Nacional que reclamó el caso al juzgado ordinario de instrucción que admitió las denuncias ultras.

El juez Calama comunicó el procesamiento del expresidente Zapatero el 18 de mayo pasado, apenas una semana después de recibir los clonajes telefónicos de la agencia policial norteamericana. Después se acordó que el cumplimiento de las normas procesales requería la petición formal del juzgado. Con todo, tras interrogar a Zapatero el lunes pasado durante tres horas, su señoría afirmó en el auto posterior que el expresidente «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en la imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba».

El magistrado denegó las medidas preventivas que pidió la Fiscalía Anticorrupción como eran la comparecencia quincenal ante el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. También rechazó las peticiones de la acusación popular unificada en el representante del PP e integrada por VOX, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum. El partido de extrema derecha y los tres apéndices pidieron prisión provisional para el expresidente.

Trabajador autónomo y padre de dos hijas

El exdirigente del PSOE salió de la presidencia del Gobierno tras las elecciones generales de finales de 2011, permaneció unos meses en el Consejo de Estado y se dio de alta como autónomo para trabajar como consultor de una prestigiosa marca internacional con una potente sucursal en España. Más tarde, en 2020 aceptaría trabajar para la consultora creada por su amigo Julio Martínez Martínez, un pequeño empresario del calzado y la actividad inmobiliaria. Los pagos tanto a Zapatero como a la empresa de marketing y publicidad de sus hijas por parte de este Martínez han sido relacionados con el porcentaje del 1% de los 53 millones de euros concedidos por la SEPI a los dueños de Plus Ultra. Aunque ni siquiera la cantidad 530.000 euros coincide con los pagos realizados por Martínez Martínez como presidente de la consultora Análisis Relevante, el magistrado de la Audiencia Nacional da validez al informe policial frente a la fácil verificación de los ingresos de Zapatero por la venta de una vivienda.

Durante más de una década, el señor Zapatero ha hecho informes y trabajado como consultor invitado por empresas, instituciones y organizaciones de todo el mundo. En el Senado dio algunos datos sobre su tarea: «He realizado 172 viajes internacionales para actividades no de recreo, sino de trabajo; 172 viajes internacionales. He sido invitado —obviamente, a esto se va siempre invitado— a 186 actos públicos en 38 países. En España he hecho 134 viajes nacionales, sin contar, por supuesto, actos de partido, que me piden muchos, y 370 actos públicos. Conviene tener un poco la medida de por qué un consultor tiene cierta valoración en el mercado y se llega a un acuerdo de mercado. Eso me parece importante. Por ejemplo, en estos años he sido invitado a la Universidad de Yale, a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Oxford, al Parlamento Europeo, al Banco Mundial, al Colegio Español de París, a la Universidad Libre de Bogotá, a la Universidad de Toulouse, al PNUD…» El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) es la agencia de Naciones Unidas que se encarga de la lucha contra la pobreza y las desigualdades en más de 170 países.

El expresidente pertenece al consejo asesor de Gate Center, un think tank, con el que ha dado conferencias por todo el mundo, como es habitual en los exmandatarios internacionales. Gate Center forma parte del grupo Thinking Heads, presidido y fundado por Daniel Romero-Abreu. El magistrado Calama y la UDEF vinculan los cobros de Zapatero por su actividad de consultor, conferenciante y docente durante más de una década con la supuesta trama de «influencias», situando los 681.318 euros que ha percibido de este grupo y los 352.980 euros de Gate Center, así como los 171.727 euros que percibió la empresa de mercadotecnia y publicidad de sus dos hijas (cuenta con seis empleados), como fondos del entramado de la red de influencias que se enmarcaría en el delito de tráfico de influencias.

Si las retribuciones dinerarias en todos esos años, con una tributación como autónomo de más del 40% por IRPF, procedían del trabajo personal como consultor carecería de sentido crear una sociedad en un paraíso fiscal para escamotear el pago de impuestos. Pero hasta de «blanqueo de capitales» está acusado Zapatero, cuyas dos hijas también han sido procesadas por el magistrado Calama, junto con Gertrudis, su secretaria de toda la vida.

Lo que más ha impactado a la opinión pública es que tuviera joyas en la caja fuerte de su despacho de expresidente del Gobierno, situado en la calle de Ferraz, frente a la sede del PSOE. Ya se sabe que la casa Ansorena ha tasado en 1,3 millones de euros el valor de esas piedras preciosas y oro blanco. También se sabe que el juez Calama ha negado otra tasación solicitada por el encausado. En cuanto a la procedencia, más allá de los regalos de los jeques árabes a otros ministros y representantes españoles (también a periodistas), el expresidente del Gobierno ha pedido tiempo para documentar la procedencia de las alhajas intervenidas por la policía. ¿Tienen los expresidentes obligación de entregar los regalos? ¿Por qué las guardaba en el despacho oficial, agenciado con dinero público, y no en un lugar más privado y seguro?