Luis Díez.

Nunca ha sido fácil la vida para los trabajadores. Y ahora tampoco. En el contexto de crecimiento económico y productividad sostenida como la que vivimos en España –por encima de la media de la UE– tenemos más de diez millones de trabajadores con los salarios estancados. No se trata de que los sueldos de esas personas suban igual que los márgenes empresariales, cuyo promedio alcanza el 13% anual, sino de que, como dice Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), tengan subidas de entre el 4 y el 7% para los próximos años.

El segundo gran problema es la vivienda. Los dos principales sindicatos de clase, CCOO y UGT, la consideran un problema estructural que “empobrece” a la población trabajadora. Y reclaman a los poderes públicos que “limiten los precios” de los alquileres y las cuotas de las hipotecas bancarias al 30% como máximo de los ingresos de cada hogar.

Los poderes públicos en este caso son también el PP de la señora Ayuso y del señor Feijóo que gobiernan en Madrid y en otras autonomías donde se han declarado “insumisos” para ejercer sus competencias y aplicar la Ley de Vivienda que permite congelar los alquileres en las “zonas tensionadas” y compensar fiscalmente a los caseros. Los poderes públicos son ese PP y VOX que rechazan los 7.000 millones de euros del nuevo plan de viviendas públicas recién aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los mismos que, acompañados por la derecha catalana, Junts, han votado en el Congreso contra la prórroga de los contratos de alquiler, provocando estragos salariales a tres millones de inquilino cuando no el desahucio.

El secretario general de la UGT, José Álvarez, dejó claro el martes en la asamblea de delegados en Cádiz el contenido y, sobre todo, los destinatarios de las reivindicaciones de los asalariados en este Primero de Mayo cuando dijo que “el acceso a la vivienda, la sanidad y los servicios sociales debe garantizarse como un derecho fundamental”. Y subrayó: “Las comunidades autónomas tienen que dejar de bajar impuestos a los ricos, y éstos han de contribuir para que las personas que menos tienen puedan acceder a los servicios públicos”.

Junto a los salarios y la vivienda, la jornada laboral sigue en el centro de las reivindicaciones de los trabajadores. “Se están haciendo millones de horas extraordinarias sin control en España”, denuncia Unai Sordo al tiempo que reclama una actuación más firme de la inspección laboral para acabar con estas prácticas. “No puede haber impunidad; el control horario es una herramienta básica para garantizar derechos y acabar con abusos”, añade el líder de CCOO, quien considera “injustificable” que con la digitalización y los medios técnicos existentes siga sin aplicarse plenamente la normativa sobre la jornada laboral.

Aparte la frustración por el intento fallido de las fuerzas políticas progresistas de reducir la jornada a 37,5 horas semanales, las organizaciones sindicales tienen pocas dudas de que el avance de la Inteligencia Artificial (AI) generativa modificará el panorama laboral en términos cuantitativos y cualitativos. No sólo reducirá los puestos de trabajo sino también la jornada y, sobre todo, la ubicación física de los asalariados, hasta el punto de que podremos trabajar para cualquier país del mundo desde nuestra sede en España y contratar labores de trabajadores de otros países. El 2 de agosto próximo entra en vigor plenamente la Ley de la IA, la primera elaborada por la Unión Europea (UE) que obliga a los estados miembros a establecer controles y sanciones contra los riesgos “inaceptables”, “muy altos” y “altos” de la IA y contra la “opacidad” y falta de registro de los sistemas. (Informe: Ley sobre inteligencia artificial).

Por si fueran pocas las dificultades para hacer cumplir la normas laborales en materia de jornada, horas extras sin control, condiciones de trabajo y otras trampas, el famoso Tribunal Supremo ha contribuido a la incuria con su fallo del 14 de abril (ni siquiera la fecha es inocente) que impide el libre acceso de los inspectores de trabajo y seguridad social a las empresas. La sentencia del alto tribunal les exige un mandamiento judicial para poder inspeccionar los centros de trabajo cuando sean a la vez el domicilio social de la empresa, algo muy frecuente en las pymes. El rechazo de los inspectores a través de sus sindicatos profesionales ha sido inmediato por la falta de calidad jurídica del producto y porque el Supremo “se extralimita” en sus funciones, actuando como si fuera “el legislador”. CCOO denuncia que el fallo lamina la ley de 2015, reguladora de las funciones de la Inspección, de acuerdo con la Constitución y el convenio 81 de la OIT.

El rechazo a la guerra de EEUU e Israel contra Irán y a las masacres del genocida Benjamín Netanyahu en Gaza y Líbano marcan también las reivindicaciones de los trabajadores. Es muy curioso ver cómo el matón de la Casa Blanca se ha transformado en el pirata petrolero del Estrecho de Ormuz, violando la Carta del Mar de Naciones Unidas. El miércoles le preguntaron en el Congreso a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre el aumento del precio de los combustibles y de los alimentos en EEUU (y en el resto del mundo) y respondió diciendo que eran preguntas “capciosas”. A continuación preguntó: “¿Cuánto estarían dispuestos a pagar para garantizar que Irán no obtenga una bomba nuclear?”

Alguien debería recordar a ese antiguo comentador de televisión que su actual jefe Donald Trump rompió en 2018 el pacto negociado por Barack Obama con la teocracia iraní para evitar que construyera una bomba nuclear. Entonces hicieron falta veinte meses de negociación, expertos nucleares y decenas de reuniones. El pacto de Obama con Irán se llamaba Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por su sigla en inglés), tenía 160 páginas, incluía cinco anexos técnicos que detallaban los límites del programa nuclear iraní. En síntesis, Irán aceptó tres condiciones a cambio del alivio de las sanciones: enviar el 97% del uranio enriquecido fuera del país; limitar el enriquecimiento en curso al 3,67%, suficiente para las centrales pero no para hacer bombas, y adherirse al intrusivo régimen de inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

Pero Trump rompió el acuerdo hace ocho años, un tiempo que Irán podía haber aprovechado para proveerse de armas nucleares, aunque no lo hizo. Por el contrario, el ayatola Ali Jamenei, asesinado con familiares y altos funcionarios el 28 de febrero, primer día de la guerra, por los bombas estadounidenses, había firmado una fatwa en contra de las armas nucleares. Pero se ve que a Trump y Netanyahu les interesaba más la guerra. El miércoles le preguntaron al mencionado Hegseth cuántos meses más prevé que dure la guerra, pero se negó a contestar. El jueves, 30 de abril se cumplieron 60 días de guerra, plazo legal para que Trump comience a retirar las tropas o solicite el permiso del Congreso para continuar las hostilidades. Sólo cabe pedir que no inflijan más daño a su propio pueblo y al conjunto de la humanidad.