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La derecha agita las togas contra Zapatero para derribar a Sánchez

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Luis Díez.

La corrupción tradicional afecta al Partido Popular (PP) desde los años noventa del siglo pasado, cuando Manuel Fraga Iribarne –que pedía unos “naseiriños” para las elecciones– pegó una patada en el culo al abogado Antonio Hernández Mancha –les salió un poco rojillo, decían– y colocó a José María Aznar López, que a su vez designo a su sucesor Mariano Rajoy Brey, quien tuvo que abandonar el Gobierno por corrupción a raíz de la moción de censura del socialista Pedro Sánchez.

Pero ahora, en vez de presentar una moción de censura contra Sánchez por los casos de presuntas mordidas del exministro José Luis Ábalos Meco, su ayudante Koldo García Izaguirre (los dos en la cárcel), el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán León (encarcelado entre el 30 de junio y el 20 de noviembre del año pasado) y la militante Leire Díez, el presidente del PP y reputado jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lleva jaleando ad nauseam la corrupción del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Por qué lo hace? Se dirá que para tapar el impacto maloliente del caso Kitchen del que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón apartó a Rajoy porque no sabía quien era M. Rajoy. Se añadirá que para atacar y derribar cuando antes al Gobierno del malvado Sánchez, que hasta permitió acercarse a Canarias al crucero Hondius y evacuar a los viajeros tras sufrir el brote de un hantavirus mortal, cuando, según Feijóo y su socio el presidente canario Manuel Clavijo “no se podía permitir que el barco entrara en Canarias”.

Lo cierto es que el señor Feijóo lleva tratando de corrupto y medio al expresidente Zapatero mucho tiempo antes de que al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le citase como investigado en el caso de las ayudas (dos préstamos por un total de 53 millones de euros) a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia del Covid-19. Se adelanto incluso al sagaz Miguel Ángel Rodríguez Bajón, gran expendedor de trápalas y jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues cuando éste dijo aquello de “Zapatero va palante”, ya el de Ourense venía avisando (2 de enero en Servimedia): “No descarto que Zapatero pueda sentarse en el banquillo judicial”. Y anunciaba que iba a ser citado en esa comisión de investigación del Senado que sigue escarbando en el “caso Koldo”. Se notaba que tanto el líder del PP como ese alto cargo de Ayuso que en sus tiempos de secretario de Estado de Comunicación con Aznar se dedicaba a agallinar periodistas, tenían buena información de los guisos judiciales secretos.

Sin entrar en tan procelosa materia –reuniones discretas de Feijóo y compañía con fiscales y otros funcionarios prestos a la simonía para medrar–, basta recordar que el actual magistrado de la Sala de Enjuiciamiento de la Audiencia Nacional, Enrique López López, fue nombrado en 2019 consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo autonómico madrileño por la presidenta Ayuso y permaneció en el cargo hasta 2023. Entonces se dio de baja en el PP y pasó a ocupar la plaza que tenía asignada desde 2017 en la Audiencia Nacional, el mismo órgano judicial que, en efecto, como anunciaron Feijóo y Rodríguez, imputa horribles delitos de corrupción a Zapatero como jefe de una trama para cobrar la mordida de más de medio millón de euros (el 1% de los créditos oficiales concedidos con cargo al Fondo de Recuperación de la pandemia).

Un por cierto: en abril de 2025, la Audiencia Nacional que ahora está celebrando el juicio contra el exministro del Interior y amigo de Rajoy, Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por el caso Kitchen, anuló la comparecencia de López como testigo. En la Kitchen –operación urdida en 2013 para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas los papeles que perjudicaban a Rajoy y a varios subordinados, utilizando altos mandos policiales y dinero de los fondos reservados del Ministerio del Interior– aparecieron datos y testimonios según los cuales López, siempre al servicio del partido, presentó al empresario Agustín de Diego, muy amigo de Bárcenas, al abogado del partido en el caso Gürtel, Jesús Santos.

Jefes y mandos de Interior de la trama Kitchen para quitar los papeles a Bárcenas (de espaldas) y evitar la causa judicial contra la financiación y los sobresueldos en B de los líderes del PP

Aquello sucedió en 2016. El letrado del PP y el empresario amigo de Bárcenas mantuvieron (versión de los periódicos Mundo y Confidencial) más de una docena de encuentros cuando la primera fase del juicio a los gurtélidos quedó visto para sentencia en 2017. Faltaba el juicio por la caja B (sobresueldos y pagos en negro) y se trataba de amañar un acuerdo con Bárcenas para que infligiera el menor daño posible a los dirigentes del PP, eso que los anglosajones llaman un win-win (ganar-ganar), pero el tesorero del PP de Rajoy rechazó la oferta. López reconoció haber puesto en contacto a De Diego y Santos, aunque dijo que luego se desentendió. Bueno, pues la rigurosa magistratura de la Audiencia Nacional anuló la testimonial de López en la vista oral diciendo que era consejero de la Comunidad de Madrid y ésta no tiene nada que ver con la Kitchen. Sólo que López fue nombrado consejero en julio de 2019: tres años después. Así se escribe la historia. Lo que no sabemos es cómo se borra.

A pesar de los denuestos del líder del PP contra Zapatero, su incriminación por parte del juez Calama ha tenido un impacto demoledor sobre los socialistas. Ese era el indisimulado objetivo de los enemigos del PSOE y del Gobierno progresista. No les bastaba con atacar a la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, con una balumba de falsedades instruida por un juez oscuro y cenagoso. Ni tampoco con arremeter contra su hermano, el músico y director apreciado más allá de nuestras fronteras, David Sánchez, por haber sido contratado por la Diputación de Badajoz para coordinar y ayudar a programar los conciertos y actividades escénicas en los Conservatorios y teatros de la provincia. Tras la instrucción realizada por una jueza afín a la ultraderecha, el jueves comenzó la vista contra él y quienes le contrataron. Y tampoco era suficiente la logorrea de los casos Cerdán, Koldo y lúbrico Ábalos. Había que cercar a Sánchez, desanimar a los militantes, simpatizantes y electores socialistas y, por supuesto, pasar factura al infame ZP.

El señor Feijóo dijo el 12 de mayo en un mitin en Tomares (Sevilla): “Empieza a haber muchas sospechas sobre el expresidente Zapatero, al parecer por llevarse dinero sucio. O sea que hay novedades en materia de corrupción, mañana habrá más, la próxima semana mucho más”. ¿Cómo «empieza a haber» si ya el 2 de marzo Feijóo utilizó su mayoría absoluta en el Senado para llamarle a declarar en la Comisión de investigación del Koldo por el rescate de Plus Ultra? Para que vean cómo utiliza el PP la mayoría absoluta, le citaron con urgencia, con sólo cinco días hábiles de margen y sin decirle la materia sobre la que querían interrogarle. Pero tanto da.

Faltaban entonces pocos días para que los castellanos y leoneses acudieran a las urnas, y tildar de corrupto a ZP le venía estupendamente al PP, que temía que el PSOE ganara las autonómicas. Y otro tanto ocurrió cinco días antes de los comicios andaluces. Feijóo consiguió muchos titulares sorprendentes a cuenta de Zapatero, pero en Castilla y León no logró despegarse de VOX y en Andalucía perdió la mayoría absoluta que Juan Manuel Moreno Bonilla obtuvo en 2022.

El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo Toribio practicó un interrogatorio cargado de conjeturas sobre las peticiones de Zapatero al presidente Sánchez y las presiones al entonces ministro de Transportes, Ábalos, así como a altos cargos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que concedieran los famosos préstamos de 53 millones a la compañía hispano-venezolana Air Plus, aprobados por el Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021. El sagaz interrogador, senador por Zamora y abogado al fin y al cabo ya preguntó entonces a Zapatero si había hecho negocios con Javier de Paz en Telefónica. «No». Si trabajó para la consultora Acento (creada por José Blanco y vendida a una sociedad francesa). “No, ninguna relación, nada”, dijo ZP. Si trabajó con Zaño. “No la conozco”, respondió el expresidente. A lo que Toribio agregó: “Pues es la (consultora) de Gaspar Zarrías, donde estaba contratada Leire Díez. ¿Nunca ha estado reunido con Pepe Blanco ni con Gaspar Zarrías para hablar de temas de negocios? ¿Nunca?” Zapatero respondió: “Nunca. Jamás”.

El interrogador Toribio afirmó que el expresidente había sido despedido de la consultora Kreab, para la que trabajó durante diez años desde que en 2012 dejó la jefatura del Gobierno. “Eso es falso”, le aclaró Zapatero. Pero Toribio abundó: “Usted dejó de estar ahí porque le echaron por sus contactos con Cuba y con Venezuela”. Toribio hozicó sin resultado sobre las relaciones de Zapatero con Santos Cerdán. Escarbó, también sin resultado, sobre las relaciones con el empresario chino Miguel Duch, al que llamó “el Julito chino, para que nos entendamos todos”.

Comoquiera que la empresa de mercadotecnia y publicidad de las hijas de Zapatero (Whathefav, 6 empleados) tenía como cliente a la telefónica y fabricante de teléfonos china Huawei y a su vez gestionó el diseño de redes sociales del Gate Center chino y que, además, el comisario de policía Segundo Martínez, antiguo jefe de seguridad de La Moncloa, fue contratado años después como responsable de seguridad de Huawei, el senador inquirió: “¿No se ha reunido nunca con Miguel Duch para hablar de Huawei?”, a lo que Zapatero respondió: “No”. Faltaba la trama china. Y claro, el letrado Toribio puso la carne en el asador: “Huawei es una empresa que tanto la Unión Europea como Estados Unidos consideran peligrosa desde el punto de vista de la seguridad”, a lo que el expresidente Zapatero respondió: “Por eso va la presidenta de la Comunidad de Madrid a inaugurar el centro de Huawei en Madrid, haciendo unos elogios enormes a Huawei”.

Consciente de que Feijóo se debe a Ayuso, que derribó a su antecesor Pablo Casado por pedirle cuentas sobre la corrupción, el interrogador Toribio corrigió el tiro, acusó a ZP de negocios oscuros con el expresidente venezolano Nicolás Maduro, apresado por EEUU en una operación militar a sangre y fuego el 2 de enero pasado, y empezó a resumir su imputación: “Usted facturó 459.000 euros a Análisis Relevante. Análisis Relevante (consultora creada por Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero) facturó esa misma cantidad a Plus Ultra. Plus Ultra recibió un rescate del Estado de 53 millones. Las fechas son coincidentes, entre 2020 y 2025. ¿Dígame usted que lo que parece no es lo que es?”

El expresidente respondió a Toribio: “Pues no es, en absoluto, porque para eso tendría usted que aportar un solo elemento, un hecho de que yo haya intervenido en el rescate y no he intervenido en nada”. Incluso corrigió al senador: “Sus cifras están fuera de margen. Por mi trabajo percibí y mis hijas percibieron por el trabajo de Whathefav mucho más de lo que usted ha dicho, seiscientos y pico mil euros, me parece”. Zapatero también negó su vinculación societaria a la consultora Análisis Relevante creada por el compañero de carreras matinales por el monte de El Pardo, Martínez Martínez, y rechazó la imputación del PP de que se trataba de una empresa pantalla para cobrar mordidas, pues ha trabajado como autónomo desde 2012 y ha pagado a Hacienda casi la mitad de sus ingresos como consultor. Pero turris-burris lo que dijera, pues según Toribio “el señor Zapatero se ha convertido en una especie de lobista de regímenes totalitarios. Sí, sí, en un lobista de regímenes totalitarios donde no hay transparencia”.

En vano el expresidente Zapatero –un referente de honradez y tolerancia para miles de socialistas– se defendió diciendo: “Le he explicado que no he tenido absolutamente ninguna percepción económica de Venezuela ni del gobierno ni de ningún régimen. ¿Por qué me llama lobista? ¿Por qué se atreve? ¿Por qué miente?” En vano porque, según Toribio: “Está pringado hasta el cuello, señor Zapatero; hasta el cuello, señor Zapatero”.

La derecha dura y la extrema derecha no podían dejar de pasar factura al gobernante que como dijo Carla Antonelli, senadora de Mas Madrid, “convirtió este país en un lugar mucho más decente durante su Gobierno, con todo tipo de avances en derechos civiles y que el PP recurrió sistemáticamente, aunque luego fueron los primeros en usarlas, como la interrupción voluntaria del embarazo en una norma de plazos, la Ley de igualdad de trato, la Ley de dependencia, la Ley de violencia de género o la Ley del matrimonio igualitario, en la que me complace haber trabajado con usted. O la Ley de identidad de género, una norma por la que esta senadora figura en su DNI como Carla Delgado Gómez”.

Pero además de promover el diálogo y facilitar el final de ETA, a Zapatero tampoco le podían pasar por alto el apoyo activo al dirigente del PSOE y jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, al que PP y VOX insultan a diario al tiempo que se colocan como ilotas del belicoso imperial Donald Trump. ¿Cómo iban a perdonar al expresidente que en 2023 participó en Ginebra en el diálogo PSOE-Junts? “Me siento muy honrado de haber participado en aquellas reuniones. He tenido una relación, especialmente con el señor Puigdemont, intensa, sincera y creo que muy positiva. Le tengo gran respeto y deseo que pueda culminarse la amnistía cuanto antes”. De ahí el ruido y el viento para extender las patrañas y enmerdar su biografía. Ruido y viento, política de flatulencia.

USA monta un despliegue aeronaval contra Cuba

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Luis Díez.

Los cubanos no se asustan fácilmente. Su historia de sacrificios, luchas y privaciones desde hace siglo y medio los configura como un pueblo ajeno al miedo, lo cual no quiere decir que no estén hartos, cansados, de sufrir penurias y calamidades para mantener su independencia –errores incluidos– frente a los Estados Unidos (EEUU). Pero después de décadas de bloqueo y de apretarles las tuercas para rendirlos por hambre y asfixiarlos con la carencia de bienes básicos como el combustible, la energía eléctrica, los fármacos, los alimentos y las herramientas de importación, el matón de la Casa Blanca intenta finalmente amedrentarlos con la presencia del portaaviones USS Nimitz y su grupo de combate ante la isla.

La llegada del monstruoso artefacto naval de propulsión nuclear al mar Caribe fue anunciada el miércoles desde Washington. El viejo portaaviones (en servicio desde 1975) con el apellido del destacado almirante en la Segunda Guerra Mundial Chester Nimitz es una de las mayores plataformas de combate del mundo. Tiene capacidad para llevar sesenta aeronaves: cazas, helicópteros y seis aviones de vigilancia y guerra electrónica. Además de la cobertura submarina, el Nimitz y sus fragatas navegan con el buque de apoyo logístico Patuxent y el destructor con misiles guiados Gridley.

La presencia del grupo de combate, amenazando con un baño de sangre a los cubanos si sus gobernantes –empezando por el presidente Miguel Díaz-Canel– no abandonan el poder y desaparecen como les exige el matón de la Casa Blanca, recuerda el despliegue del portaaviones Gerald Ford que acabó el 3 de enero con el asalto a Caracas y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York. Aquella exitosa operación en la que mataron a los guardianes (cubanos) de la residencia de Maduro, lleva ahora al belicoso Donald Trump y a su gomoso secretario de Guerra Peter Hegseth –jefe de pelotón que practicó y defendió en Guantánamo las torturas a los prisioneros– a repetir la estratagema.

De ahí que el despliegue aeronaval frente a la perla de las Antillas haya ido precedido de la visita a la isla del jefe de la CIA. John Ratcliffe, que así se llama el personaje, transmitió a los interlocutores en La Habana la orden de cerrar las estaciones de espionaje rusas y chinas y, según Ther New York Times, reiteró la exigencia de la apertura de la economía, paso obligado para la instauración de un régimen de libre mercado con democracia política.

El anuncio de la fuerza se hizo coincidir con el desplazamiento del fiscal general interino, Todd Blanche, a Miami para anunciar la imputación criminal de Raúl Castro en el derribo de dos avionetas de los llamados “Hermanos al Rescate” cuando volaban sobre el mar en aguas internacionales en busca de balseros a la deriva. El hermano de Fidel era entonces (1996) ministro de defensa y responsable de que un MiG de la Fuerza Aerea Cubana ametrallara y derribara las Cesnas, provocando la muerte de cuatro personas: un cubano exiliado y tres estadounidenses.

Aunque Cuba alegó que esa avioneta había violado el espacio aéreo cubano en ocasiones anteriores para lanzar pasquines de propaganda, el episodio soliviantó al entonces presidente Bill Clinton, quien abandonó la esperanza de liberalizar las relaciones con La Habana y calificó los derribos de “espantoso recordatorio de la naturaleza del régimen cubano: represivo, violento y desdeñoso del derecho internacional”. Algo parecido podría decir hoy del archimillonario que preside su país, un tipo al que en vano han querido alojar una bala donde otros tienen el cerebro.

Clinton retiró entonces el veto de los demócratas a la conocida como ley Helms-Burton, que llevaba muchos años bloqueada en el Congreso y condicionaba la retirada del bloqueo a que Cuba renunciase al comunismo y devolviera las propiedades confiscadas tras el triunfo de la revolución de Castro y el Che en 1959 a sus propietarios y herederos. La ley Helms-Burton fue aprobada enseguida, el 12 de marzo de 1996.

Raúl Castro, de 94 años, en su última aparición el 1º de Mayo de 2025

Pero había que hacer justicia. Y el miércoles pasado, la oposición cubana residente en Miami brincó de alegría cuando el fiscal Blanche, acompañado por el subdirector del FBI, Christopher G. Raia, anunciaba el procesamiento de Raúl por aquellos crímenes. La fecha (20 de mayo) era significativa por cumplirse el 124 aniversario del reconocimiento de la independencia de Cuba por parte de EEUU en 1902, tras la retirada de España y el hundimiento del Cervera (buque insignia) y otros navíos de la flota española. El lugar, simbólico: la Torre de la Libertad, punto de llegada de muchos cubanos a Estados Unidos. Y los gritos reclamando la pena máxima, dignos de tener en cuenta:¡Ejecútenlo!

¿Qué ocurrirá ahora? ¿Realizarán los gringos una operación quirúrgica de comando para secuestrar a Castro y al presidente sucesor Díaz-Canel y someterlos a la justicia de Miami como están haciendo con Maduro en Nueva York? ¿Lanzarán misiles sobre Cuba? Segundas partes nunca fueron buenas, aunque en este caso puedan distraer del fracaso y el daño que a su país y al conjunto de las naciones están provocando Trump y su amigo Netanyahu con su guerra contra Irán y Líbano, seguida del bloqueo petrolero del estrecho de Ormuz. En cuanto a Castro, al que se atribuye el control de una red financiera oculta, las últimas informaciones fiables indican que ni siquiera hará falta condenar al comunista a la pena capital, pues a punto de cumplir 95 años apenas ve ni habla ni oye: está gagá.

Entre tanto no hay más que leer lo que escribieron el 12 de mayo en The New York Times los miembros de la Cámara de Representantes Pramila Jayapal (de Washinton) y Jonathan L. Jackson (de Illinois) tras una visita a La Habana, de la que volvieron impresionados. Decían: “Alejandro, un bebé prematuro nacido en el hospital materno Eusebio Hernández Pérez de La Habana, pesaba solo un kilo cuando lo conocimos en abril. Lo observamos mientras estaba en una incubadora, una de las pocas del edificio cuyos delicados componentes electrónicos no habían resultado dañados por las variaciones de voltaje que siguen a los apagones nacionales. Las amplias sanciones impuestas por Estados Unidos hacen casi imposible importar piezas de repuesto para las demás incubadoras averiadas”.

“Mientras recorríamos el hospital, vimos a mujeres en los últimos días de su embarazo subiendo con dificultad los tramos de escaleras porque los ascensores no funcionan sin electricidad. El personal del hospital se esfuerza por llegar al trabajo sin combustible en sus coches. Durante los apagones, los médicos a veces tienen que bombear manualmente los ventiladores para mantener con vida a los bebés. Dicen que el hospital ha logrado evitar un aumento de la mortalidad infantil en los últimos meses, pero otros centros del país no han tenido tanta suerte. De 2018 a 2025, a medida que las sanciones estadounidenses se volvían más severas, la tasa de mortalidad infantil de Cuba, que antes era bastante baja, se disparó un 148 por ciento”.

“Como miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, pasamos cinco días en Cuba en abril para comprender mejor las repercusiones humanitarias del bloqueo energético estadounidense contra la isla, que duró un mes. Salimos impresionados por los efectos inhumanos de la política, cuyo objetivo parece ser estrangular la economía hasta llevar al pueblo cubano a la ruina y dejar al país disponible, como dijo el presidente Donald Trump, para la “toma”.

Después de referirse a la excepción del petrolero ruso que la fuerza naval USA dejó pasar y llevó combustible para dos semanas, escribieron: “Si el pueblo estadounidense conociera en toda su magnitud lo que realmente pasa en Cuba, exigiría el fin inmediato del bloqueo”.

Para los dos congresistas demócratas, el bloqueo de combustible desafía las normas del derecho internacional que establece la soberanía de los Estados, la no intervención en los asuntos internos y el derecho de los países a comerciar libremente. “Equivale a un ataque económico a la infraestructura básica de Cuba, diseñado para infligir un castigo colectivo a la población civil al fabricar una crisis humanitaria en la que ya no se dispone de atención médica, agua corriente, agricultura ni transporte”.

Finalmente, tras referir los beneficios de todo tipo que de la cooperación entre Cuba y EEUU se derivarían –singularmente en el plano sanitario–, deploran la frustración de los más de 2100 presos políticos cubanos que esperaban la liberación anunciada por Díaz-Canel y, al parecer, frustrada por los planes y exigencias de un matón con todo el poder en Washington, aunque encefalíticamente incapacitado para entender la realidad.

Andalucía elige entre privatizadores y defensores de los servicios públicos

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Luis Díez.

Este domingo, 17 de mayo, llaman a votar a los 6,81 millones de andaluces mayores de 18 años para que elijan a sus diputados (en lenguaje inclusivo), quienes elegirán a su vez al presidente del gobierno autonómico. Se trata de una figura con mucho poder, pues administrará con una docena de consejeros la friolera de 51.597,9 millones de euros de dinero público este año. Es el presupuesto más alto de la historia de la autonomía andaluza, con un crecimiento de 2.726 millones sobre 2025.

Tras la campaña electoral los andaluces (8.666.412 personas, según datos de 2025) deben de saber que el Presupuesto de la Junta podía haber sido mayor si el principal partido de la oposición, el PP que gobierna en Andalucía con mayoría absoluta, hubiese aceptado la propuesta de financiación autonómica realizada por el Gobierno estatal. Ese presupuesto autonómico tendría además mejor rendimiento si el PP de Alberto Núñez Feijóo hubiese aceptado la quita de la deuda que propuso a todas las autonomías el Ejecutivo estatal que preside el socialista Pedro Sánchez, un economista al fin y al cabo. Pero el errático Feijóo –abogado de secano y funcionario de la Junta de Galicia– anda emberrechinado, que dijo Lope de Vega en la comedia Isidro Labrador, y ha dejado Andalucía perjudicada y al servicio de la deuda.

Aunque no existe una sola causa para votar a unos u a otros, si los electores tienen en cuenta que la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, fue quien propuso, como vicepresidenta y titular de Hacienda del Ejecutivo de Sánchez, las medidas citadas sobre la financiación autonómica que más beneficiaban a Andalucía y que fueron rechazadas por ese PP anticatalán y antisanchista, encontrarán una razón (hay muchas más) para votar a quien intentó beneficiarles en vez de a quienes les perjudicaron. Sirva el recordatorio para la buena política, la que según Platón apela al pensamiento y la razón en detrimento de la mala, que usa la cosmética y la pastelería para mentir, prometer y disfrazar la dura realidad.

Con todo, la propia demografía electoral indica que Andalucía progresa. Sus 6,81 millones de electores (302.070 figuran en el Censo de Residentes Ausentes, CERA) suponen un incremento de 186.094 respecto a las últimas elecciones generales de 2023. Eso es estupendo, la población aumenta y esto se debe a la mejoría de las condiciones de vida y a las políticas sociales impulsadas en los últimos años por los gobiernos progresistas de Sánchez y bien acogidas por el Ejecutivo autonómico andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla.

De este modo pierde fuerza la vieja cantinela de que Andalucía es la región más pobre de España. Sólo en 2024 –últimos datos oficiales de la Junta– llegaron 226.242 personas a vivir en Andalucía y se marcharon 164.330, lo que supone un saldo migratorio positivo de 61.912 nuevos vecinos. De los que vinieron, 164.441 procedían del extranjero, siendo españoles unos 16.400 y el resto, el 90%, extranjeros. La mayoría de esos 148.041 migrantes procedían de países europeos, seguidos de Marruecos (29.393, el 17,9%), Colombia (17.756, el 10,8%) y Venezuela (8.998, el 5,5%).

Para todos está claro que la europeización y los progresos democráticos pusieron fin hace ya a décadas a la emigración y han convertido a Andalucía en tierra de acogida de inmigrantes temporales y residentes permanentes, con el consiguiente aporte de riqueza y progreso. Un ejemplo: a muchos parecerá desmesurado que vengan anualmente treinta mil marroquíes a residir en Andalucía, cuando el hecho cierto es que más de 15.000 (la mayoría mujeres) llegan a Huelva a la campaña de los frutos rojos, que dura tres o cuatro meses. Y otro tanto podría decirse de los cultivos del mar de plástico almeriense.

Se podría apelar a los ingresos de la exportación de fresas y arándanos de Huelva (328.000 toneladas y 1.207 millones de euros sólo a los países de la UE) o a la exportación hortofrutícola almeriense, líder de Europa, con una proyección de 3.716 millones de euros 2024-25 y un valor medio por hectárea superior a 250.000 euros, para entender que una gran parte de la riqueza del sector primario andaluz se debe al sudor de los inmigrantes, por no hablar ya del trabajo en el olivar. ¿A santo de qué entonces la campaña de odio, segregación y apartheid de los inmigrantes, promovida por esa derecha facciosa que dicen VOX (Voz en latín), coincidiendo precisamente con los comicios andaluces y arrastrando al PP del descentrado Feijóo a firmar pactos inconstitucionales contra las personas y la igualdad de derechos para seguir mandando en Extremadura y Aragón, de momento?

Ante las elecciones del domingo la ultraderecha aparece como una garantía de que el PP podrá seguir gobernando si no consigue la mayoría absoluta. Cierto es que el candidato Moreno Bonilla, que alcanzó la presidencia de la Junta en enero de 2019 con los votos de Vox y gobernó hasta junio de 2022 con el desaparecido Ciudadanos, desearía repetir la mayoría absoluta que obtuvo hace cuatro años para no recabar el apoyo ultra. Si en 2019 consiguió, pactando con unos y otros, poner fin a 36 años de gobiernos socialistas en Andalucía y en 2022 obtuvo 58 de los 109 escaños del Parlamento autonómico, ahora algunas encuestas reducen su mayoría absoluta en dos escaños y otras le dejan por debajo de los 55 diputados.

Sin embargo, sea con VOX o con la abstención de algunos diputados ajenos, será fácil la permanencia de “los Manueles” (en alusión a Juan Manuel y su esposa Manuela Villena López, gerente institucional del grupo farmacéutico Biofarma, favorecido por la Junta) en el palacio de San Telmo, sede de la presidencia e histórica residencia de aquel duque de Montpensier (Felipe de Orleáns, hijo del rey de Francia Luis Felipe) y esposo de Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II, al que llamaban “El Naranjero” porque comerciaba con las naranjas de los patios y jardines palatinos. De hecho, hipotecó el palacio para pagar cómplices y derrocar a Isabel II. No lo consiguió y huyó a Portugal.

La supuesta inmovilidad de “los Manueles” que aparecen en la foto delante del palacio de San Telmo –él besando al pequeño de sus hijos– ha de atribuirse a las encuestas que otorgan a la candidata del PSOE menos del 24% de los votos, lo que restaría dos de los actuales 30 escaños. Con ese resultado sería imposible conseguir un gobierno progresista, dado que las mismas encuestas atribuyen a Por Andalucía (coalición de IU, Sumar, Podemos, republicanos y verdes) 6 escaños y 4 a Adelante Andalucía. Sumarían 38 diputados frente a los restantes 71 del bloque de derechas.

La coincidencia de los candidatos progresistas José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía), Antonio Maillo (Por Andalucía) y María Jesús Montero (PSOE) ha sido plena durante la campaña en defensa de los servicios públicos, comenzando por la Sanidad, de la que Montero, médica a fin de cuentas y consejera de Sanidad en su día, ha hecho su bandera principal. Según las encuestas del CIS, la sanidad es el principal problema para los andaluces (un 22%), seguida de la carestía (el 13%) y la falta de empleo (11%). En el último Barómetro Sanitario de 2025, Andalucía registraba la peor valoración de todo el país sobre su sistema sanitario público, con solo un 38,8% de opiniones favorables frente al 51,6% de media nacional o al 66,4% en Cantabria, la mejor valorada.

En estos momentos hay más de cinco millones de andaluces esperando atención médica. De ellos, 200.000 esperan una intervención quirúrgica. Las citas en Atención Primaria son para dentro de 12 días frente a 9 de media nacional y las de especialistas van de 6 meses a dos años. La crisis de los cribados de cáncer de mama, con unas 2.300 mujeres afectadas por una dilación de más de dos años en los avisos a las que dieron positivo –“para no alarmarlas”, dijeron, y algunas han fallecido– fue la señal de alarma de una gestión infame que Moreno Bonilla ha tratado de solventar y no ha podido. Las mujeres afectadas están recurriendo a los juzgados mientras la que fuera consejera de Sanidad entonces, Catalina García, tuvo tiempo de pasar a Medio Ambiente y encabeza ahora la lista del PP por Jaén.

Por lo demás, el hecho de que Andalucía haya registrado en los últimos seis años un total de 3.701 muertes por tumores malignos sobre la media del resto de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, ha llevado a acreditados especialistas a atribuir esa “sobremortalidad” a los déficits de accesibilidad (tardanza y retrasos) y a la poca calidad de la atención oncológica. Según el el profesor e investigador del Instituto de Biomédicina de Cádiz Antonio Escolar, estas cosas ocurren cuando se derivan los recursos de la sanidad pública a la privada mediante conciertos y otros acuerdos y se deja a una parte de la población ante un sistema infradotado y sin dinero. “Yo llamo a las listas de espera corredores de la muerte; si no te intervienen, no tienes un tratamiento adecuado y un diagnóstico precoz”, explica didácticamente el doctor Escolar.

Otros problemas de mala gestión pública en beneficio de chiringuitos y empresas privadas afectan con dureza a la enseñanza pública y a la vivienda. Algunos datos: desde que el PP gobierna en Andalucía se han liquidado 2.700 aulas en la enseñanza pública y ha aumentado la subvención a la enseñanza privada concertada hasta alcanzar 1.100 millones de euros este año. Las aulas masificadas y la falta de profesores de apoyo son la evidencia más sobresaliente. En materia de vivienda, es significativo el rechazo del PP al plan gubernamental de viviendas públicas con una inversión de 7.000 millones de euros mientras nueve de cada diez jóvenes andaluces afirman no poder emanciparse por los bajos salarios y la falta de viviendas asequibles.

Aunque esas razones serían por sí solas suficientes para votar en función de las necesidades o, como dijo Miquel Roca, para ir a votar como quien va a comprar una lavadora –exige que al menos funcione–, ya Pericles advirtió que no son pocos los que quieren más de aquello que les perjudica. Y para saber lo que quieren, lo mejor es ir a votar. Pues ea, y que gane el bien común antes de que las oligarquías apliquen la IA y jibaricen la democracia.

La derecha esparce alarma tras negar el socorro al crucero Hondius

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Luis Díez.

Cuando el martes, 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió ayuda al Gobierno español para socorrer al crucero neerlandés Hondius, afectado por la infección de un hantavirus mortal, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez respondió positivamente, como corresponde a un país avanzado, solidario y cumplidor del derecho internacional, en este caso, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Reglamento de Socorro Internacional.

Pero de inmediato la oposición política de derechas (PP y VOX) aprovechó la oportunidad viral de sembrar cizaña. El dirigente del PP Alberto Núñez Feijóo respaldó la negativa del presidente de Canarias, Manuel Clavijo, a que el buque atracase en puerto alguno del archipiélago español. “No puedo permitir que el barco entre en Canarias”, dijo el jefe de la Coalición Canaria que gobierna a medias con el PP.

Si Clavijo recorrió durante la mañana del miércoles, 6 de mayo, todas las emisoras de radio y televisión difundiendo su enérgica negativa a que el Hondius tocase tierra en Canarias, el señor Feijóo se agarró a la afirmación del presidente autonómico de que no había sido informado por el Gobierno para acusar además a Pedro Sánchez de “deslealtad institucional”.

Pues mire, no. Desde la Moncloa dijeron que Clavijo actuaba de forma “irresponsable”, generando un “alarmismo” innecesario y usando una emergencia sanitaria para marcar su posición política. Personas del entorno del presidente Sánchez negaron rotundamente la falta de comunicación con la administración canaria. “Tenemos mucha experiencia en gestión de crisis y siempre, ahora también, actuamos con lealtad institucional”, subrayaron.

Las descalificaciones de Feijóo fueron seguidas por sus notables colaboradores, comenzando por el orondo Miguel Tellado y siguiendo por el lobista proisraelí Elías Bendodo, quien pidió la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García. Cuca Gamarra y la actual portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, se ocuparon también de criticar el “caos absoluto” en el Gobierno, la “falta de preparación” de la ministra del ramo, “las contradicciones” en el Ejecutivo y otros fallos “alarmantes”.

Lo cierto y verdad es que la decisión inicial del líder del PP (de acuerdo con el señor Clavijo) ha sido igual a la que en noviembre de 2002 adoptó el Gobierno que entonces presidía José María Aznar López y vicepresidía Mariano Rajoy Brey con el petrolero averiado Prestige, de no acoger, sino de alejar el barco, creyendo que así alejaba el peligro. El resultado fue bien penoso: el mayor desastre ecológico sucedido en la historia contemporánea de España.

Ante la imposibilidad de cometer errores impagables porque no gobierna, ha sido muy curioso comprobar cómo Feijóo iba corrigiendo el tiro contra la llegada del barco a Canarias con afirmaciones de que «necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay crisis» y con juegos de palabras sobre Sánchez: «No tiene que pedir tranquilidad a la gente sino transmitir tranquilidad a los ciudadanos». De las tautologías de Rajoy pasaba Feijóo a las mismas peticiones que durante la pandemia del Covid hacía su antecesor Pablo Casado: listado de expertos sobre el hantavirus y de documentos que maneja el Gobierno.

Luego ya, el socio de ultraderecha del PP, Santiago Abascal, un punto acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito por fundadores y antiguos correligionarios de VOX, ha realizado su aportación al ruido con deposiciones como que el presidente del Gobierno no solo quiere que venga aquí “toda África y toda América y regularizarlos y nacionalizarlos a todos sino que también ha dicho que un barco que hay por ahí con un virus mortífero venga aquí, a Canarias”.

Del elevado nivel intelectual de los responsables políticos de la derecha gobernante en la mayor parte de las comunidades autónomas, incluida Andalucía, donde los gobernantes del PP silenciaron más de tres mil pruebas de cáncer de mama con resultado positivo, solo cabe esperar excrecencias de los agitadores a sueldo de la derecha extrema y la extrema derecha corrupta.

He ahí al favorito de Tellado y Feijóo, el famoso Vito Zoppellari Quiles, haciendo méritos: “Trajeron un virus que mató a 150.000 personas por negarse a cerrar las fronteras y permitir el 8M. Ahora te traen un hantavirus mortal utilizando Canarias para acoger a gente infectada. El Gobierno quiere acabar con los españoles porque ya ninguno les apoya”, escribió en X. Según publicó Eldiario.com el jueves pasado, el ultra Javier Negre, jefe del mencionado agitador, recibió en 2025 del Gobierno de Canarias un contrato menor de 14.995 euros (cinco por debajo del tope legal que obliga a sacar el servicio a concurso) en concepto de “campaña divulgativa de interés para la ciudadanía”.

Hojarasca y ruido aparte, es lo cierto que el crucero de lujo Hondius (24.000 euros pasaje) se hallaba en aguas de Cabo Verde el martes pasado con 147 personas de 23 nacionalidades diferentes (14 españoles). La falta de medios sanitarios suficientes en el país africano (archipiélago que fue colonia portuguesa) llevó al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en coordinación con la UE, a enviar una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recabando ayuda sanitaria en Canarias. La petición se realizó la tarde del martes, 5 de mayo, y tuvo una respuesta favorable.

Hasta ese momento el buque había realizado un largo recorrido que comenzó en Ushuaia (Argentina), de donde zarpó el 1 de abril. Bajó hacia la Antártida e hizo escala los días 5 y 6 en las Islas Sandwich del Sur –sin población permanente, con fauna salvaje y condiciones extremas–. La travesía prosiguió hacia la isla británica de Santa Elena, donde hizo escala el 24 de abril. En esta parada abandonaron el crucero 30 pasajeros. La cifra incluye el cuerpo de uno que falleció el día 11, según informó la compañía Oceanwide Expeditions.

La operadora del trasatlántico, que aseguró que se están esforzando en rastrear a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas desde el 20 de marzo, dijo que el fallecido era un neerlandés que experimentó los síntomas del hantavirus y murió abordo. Su mujer trasladó el cadáver a Johannesburgo (Sudáfrica) y murió el 26 de abril en el aeropuerto. Otra mujer de nacionalidad alemana murió a bordo el 2 de mayo. Su cadáver podrá ser repatriado a partir del domingo, cuando el barco llegue a Tenerife, donde fondeará junto al puerto Granadella, una instalación logística muy poco utilizada, a 20 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Sur.

El hecho de que treinta personas abandonasen el barco en Santa Elena abre la posibilidad de más contagios. Suiza confirmó el miércoles un contagio que afecta a un pasajero que viajó en el crucero y retornó a su país a finales de abril, y que podría ser uno de los que desembarcó en Santa Elena. Singapur informó el jueves que había aislado a dos personas que estaban a bordo del crucero afectado, e indicó que se les han hecho pruebas y se esperan los resultados. A los tres fallecidos y cinco contagiados se añadió la noticia de que una azafata neerlandesa de KLM que había estado en contacto con la mujer fallecida en Sudáfrica y presentaba síntomas de contagio. Por suerte, las pruebas dieron negativas.

Aunque la OMS y las autoridades sanitarias europeas insisten en que el contagio del hantavirus procedente de excrementos, orín y otras secreciones de ratones rabilargos es muy bajo y la situación no es comparable con el Covid-19, los responsables sanitarios velan para que el desembarco se produzca con las máximas garantías de aislamiento y los pasajeros y tripulantes no sean trasladados a tierra hasta que no estén listos los aviones que han de repatriarlos desde el aeropuerto de Tenerife.

Ninguna persona del barco tiene síntomas de la enfermedad en este momento, si bien la incubación del virus que ataca al pulmón y a los riñones y provoca fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza), náuseas, vómitos, y a veces dolor abdominal y diarrea, puede llegar a 45 días. De ahí que los 14 españoles que el domingo serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en el barrio madrileño de Carabanchel, tendrán que pasar la cuarentena voluntaria u obligada para preservar de la salud familiar y pública.