Luis Díez.

Este domingo, 17 de mayo, llaman a votar a los 6,81 millones de andaluces mayores de 18 años para que elijan a sus diputados (en lenguaje inclusivo), quienes elegirán a su vez al presidente del gobierno autonómico. Se trata de una figura con mucho poder, pues administrará con una docena de consejeros la friolera de 51.597,9 millones de euros de dinero público este año. Es el presupuesto más alto de la historia de la autonomía andaluza, con un crecimiento de 2.726 millones sobre 2025.

Tras la campaña electoral los andaluces (8.666.412 personas, según datos de 2025) deben de saber que el Presupuesto de la Junta podía haber sido mayor si el principal partido de la oposición, el PP que gobierna en Andalucía con mayoría absoluta, hubiese aceptado la propuesta de financiación autonómica realizada por el Gobierno estatal. Ese presupuesto autonómico tendría además mejor rendimiento si el PP de Alberto Núñez Feijóo hubiese aceptado la quita de la deuda que propuso a todas las autonomías el Ejecutivo estatal que preside el socialista Pedro Sánchez, un economista al fin y al cabo. Pero el errático Feijóo –abogado de secano y funcionario de la Junta de Galicia– anda emberrechinado, que dijo Lope de Vega en la comedia Isidro Labrador, y ha dejado Andalucía perjudicada y al servicio de la deuda.

Aunque no existe una sola causa para votar a unos u a otros, si los electores tienen en cuenta que la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, fue quien propuso, como vicepresidenta y titular de Hacienda del Ejecutivo de Sánchez, las medidas citadas sobre la financiación autonómica que más beneficiaban a Andalucía y que fueron rechazadas por ese PP anticatalán y antisanchista, encontrarán una razón (hay muchas más) para votar a quien intentó beneficiarles en vez de a quienes les perjudicaron. Sirva el recordatorio para la buena política, la que según Platón apela al pensamiento y la razón en detrimento de la mala, que usa la cosmética y la pastelería para mentir, prometer y disfrazar la dura realidad.

Con todo, la propia demografía electoral indica que Andalucía progresa. Sus 6,81 millones de electores (302.070 figuran en el Censo de Residentes Ausentes, CERA) suponen un incremento de 186.094 respecto a las últimas elecciones generales de 2023. Eso es estupendo, la población aumenta y esto se debe a la mejoría de las condiciones de vida y a las políticas sociales impulsadas en los últimos años por los gobiernos progresistas de Sánchez y bien acogidas por el Ejecutivo autonómico andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla.

De este modo pierde fuerza la vieja cantinela de que Andalucía es la región más pobre de España. Sólo en 2024 –últimos datos oficiales de la Junta– llegaron 226.242 personas a vivir en Andalucía y se marcharon 164.330, lo que supone un saldo migratorio positivo de 61.912 nuevos vecinos. De los que vinieron, 164.441 procedían del extranjero, siendo españoles unos 16.400 y el resto, el 90%, extranjeros. La mayoría de esos 148.041 migrantes procedían de países europeos, seguidos de Marruecos (29.393, el 17,9%), Colombia (17.756, el 10,8%) y Venezuela (8.998, el 5,5%).

Para todos está claro que la europeización y los progresos democráticos pusieron fin hace ya a décadas a la emigración y han convertido a Andalucía en tierra de acogida de inmigrantes temporales y residentes permanentes, con el consiguiente aporte de riqueza y progreso. Un ejemplo: a muchos parecerá desmesurado que vengan anualmente treinta mil marroquíes a residir en Andalucía, cuando el hecho cierto es que más de 15.000 (la mayoría mujeres) llegan a Huelva a la campaña de los frutos rojos, que dura tres o cuatro meses. Y otro tanto podría decirse de los cultivos del mar de plástico almeriense.

Se podría apelar a los ingresos de la exportación de fresas y arándanos de Huelva (328.000 toneladas y 1.207 millones de euros sólo a los países de la UE) o a la exportación hortofrutícola almeriense, líder de Europa, con una proyección de 3.716 millones de euros 2024-25 y un valor medio por hectárea superior a 250.000 euros, para entender que una gran parte de la riqueza del sector primario andaluz se debe al sudor de los inmigrantes, por no hablar ya del trabajo en el olivar. ¿A santo de qué entonces la campaña de odio, segregación y apartheid de los inmigrantes, promovida por esa derecha facciosa que dicen VOX (Voz en latín), coincidiendo precisamente con los comicios andaluces y arrastrando al PP del descentrado Feijóo a firmar pactos inconstitucionales contra las personas y la igualdad de derechos para seguir mandando en Extremadura y Aragón, de momento?

Ante las elecciones del domingo la ultraderecha aparece como una garantía de que el PP podrá seguir gobernando si no consigue la mayoría absoluta. Cierto es que el candidato Moreno Bonilla, que alcanzó la presidencia de la Junta en enero de 2019 con los votos de Vox y gobernó hasta junio de 2022 con el desaparecido Ciudadanos, desearía repetir la mayoría absoluta que obtuvo hace cuatro años para no recabar el apoyo ultra. Si en 2019 consiguió, pactando con unos y otros, poner fin a 36 años de gobiernos socialistas en Andalucía y en 2022 obtuvo 58 de los 109 escaños del Parlamento autonómico, ahora algunas encuestas reducen su mayoría absoluta en dos escaños y otras le dejan por debajo de los 55 diputados.

Sin embargo, sea con VOX o con la abstención de algunos diputados ajenos, será fácil la permanencia de “los Manueles” (en alusión a Juan Manuel y su esposa Manuela Villena López, gerente institucional del grupo farmacéutico Biofarma, favorecido por la Junta) abandonen el palacio de San Telmo, sede de la presidencia e histórica residencia del duque de Montpensier (Felipe de Orleáns, hijo del rey de Francia Luis Felipe) y esposo de Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II, al que llamaban “El Naranjero” porque comerciaba con las naranjas de los patios y jardines palatinos. De hecho hipotecó el palacio para derrocar a Isabel II. No lo consiguió y huyó a Portugal.

La supuesta inmovilidad de “los Manueles” que aparecen en la foto delante del palacio de San Telmo –él besando al pequeño de sus hijos– ha de atribuirse a las encuestas que otorgan a la candidata del PSOE menos del 24% de los votos, lo que restaría dos de los actuales 30 escaños. Con ese resultado sería imposible conseguir un gobierno progresista, dado que las mismas encuestas atribuyen a Por Andalucía (coalición de IU, Sumar, Podemos, republicanos y verdes) 6 escaños y 4 a Adelante Andalucía. Sumarían 38 diputados frente a los restantes 71 del bloque de derechas.

La coincidencia de los candidatos progresistas José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía), Antonio Maillo (Por Andalucía) y María Jesús Montero (PSOE) ha sido plena durante la campaña en defensa de los servicios públicos, comenzando por la Sanidad, de la que Montero, médica a fin de cuentas y consejera de Sanidad en su día, ha hecho su bandera principal. Según las encuestas del CIS, la sanidad es el principal problema para los andaluces (un 22%), seguida de la carestía (el 13%) y la falta de empleo (11%). En el último Barómetro Sanitario de 2025, Andalucía registraba la peor valoración de todo el país sobre su sistema sanitario público, con solo un 38,8% de opiniones favorables frente al 51,6% de media nacional o al 66,4% en Cantabria, la mejor valorada.

En estos momentos hay más de cinco millones de andaluces esperando atención médica. De ellos 200.000 esperan una intervención quirúrgica. Las citas en Atención Primaria son para dentro de 12 días frente a 9 de media nacional y las de especialistas de 6 meses a dos años. La crisis de los cribados de cáncer de mama, con unas 2.300 mujeres afectadas por una dilación de más de dos años en los avisos a las que dieron positivo –“para no alarmarlas”, dijeron, y algunas han fallecido– fue la señal de alarma de una gestión infame que Moreno Bonilla ha tratado de solventar y no ha podido. Las mujeres afectadas están recurriendo a los juzgados mientras la que fuera consejera de Sanidad entonces, Catalina García, tuvo tiempo de pasar a Medio Ambiente y encabeza ahora la lista del PP por Jaén.

Por lo demás, el hecho de que Andalucía haya registrado en los últimos seis años un total de 3.701 muertes por tumores malignos sobre la media del resto de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, ha llevado a acreditados especialistas a atribuir esa “sobremortalidad” a los déficits de accesibilidad (tardanza y retrasos) y a la poca calidad de la atención oncológica. Según el el profesor e investigador del Instituto de Biomédicina de Cádiz Antonio Escolar, estas cosas ocurren cuando se derivan los recursos de la sanidad pública a la privada mediante conciertos y otros acuerdos y se deja a una parte de la población ante un sistema infradotado y sin dinero. “Yo llamo a las listas de espera corredores de la muerte; si no te intervienen, no tienes un tratamiento adecuado y un diagnóstico precoz”.

Otros problemas de mala gestión pública en beneficio de chiringuitos y empresas privadas afectan con dureza a la enseñanza pública y a la vivienda. Algunos datos: desde que el PP gobierna en Andalucía se han liquidado 2.700 aulas en la enseñanza pública y ha aumentado la subvención a la enseñanza privada concertada hasta alcanzar 1.100 millones de euros este año. Las aulas masificadas y la falta de profesores de apoyo son la evidencia más sobresaliente. En materia de vivienda, es significativo el rechazo del PP al plan gubernamental de viviendas públicas con una inversión de 7.000 millones de euros mientras nueve de cada diez jóvenes andaluces afirman no poder emanciparse por falta y carestía de vivienda.

Aunque esas razones serían por sí solas suficientes para votar en función de las necesidades o, como dijo Miquel Roca, para ir a votar como quien va a comprar una lavadora –exige que al menos funcione–, ya Pericles dijo que no son pocos los que quieren más de aquello que les perjudica. Y para saber lo que quieren, lo mejor es ir a votar. Pues ea, y que gane el bien común antes que las oligarquías apliquen la IA y jibaricen la democracia.