Luis Díez.

La corrupción tradicional afecta al Partido Popular (PP) desde los años noventa del siglo pasado, cuando Manuel Fraga Iribarne –que pedía unos “naseiriños” para las elecciones– pegó una patada en el culo al abogado Antonio Hernández Mancha –les salió un poco rojillo, decían– y colocó a José María Aznar López, que a su vez designo a su sucesor Mariano Rajoy Brey, quien tuvo que abandonar el Gobierno por corrupción a raíz de la moción de censura del socialista Pedro Sánchez.

Pero ahora, en vez de presentar una moción de censura contra Sánchez por los casos de presuntas mordidas del exministro José Luis Ábalos Meco, su ayudante Koldo García Izaguirre (los dos en la cárcel), el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán León (encarcelado entre el 30 de junio y el 20 de noviembre del año pasado) y la militante Leire Díez, el presidente del PP y reputado jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lleva jaleando ad nauseam la corrupción del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Por qué lo hace? Se dirá que para tapar el impacto maloliente del caso Kitchen del que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón apartó a Rajoy porque no sabía quien era M. Rajoy. Se añadirá que para atacar y derribar cuando antes al Gobierno del malvado Sánchez, que hasta permitió acercarse a Canarias al crucero Hondius y evacuar a los viajeros tras sufrir el brote de un hantavirus mortal, cuando, según Feijóo y su socio el presidente canario Manuel Clavijo “no se podía permitir que el barco entrara en Canarias”.

Lo cierto es que el señor Feijóo lleva tratando de corrupto y medio al expresidente Zapatero mucho tiempo antes de que al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le citase como investigado en el caso de las ayudas (dos préstamos por un total de 53 millones de euros) a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia del Covid-19. Se adelanto incluso al sagaz Miguel Ángel Rodríguez Bajón, gran expendedor de trápalas y jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues cuando éste dijo aquello de “Zapatero va palante”, ya el de Ourense venía avisando (2 de enero en Servimedia): “No descarto que Zapatero pueda sentarse en el banquillo judicial”. Y anunciaba que iba a ser citado en esa comisión de investigación del Senado que sigue escarbando en el “caso Koldo”. Se notaba que tanto el líder del PP como ese alto cargo de Ayuso que en sus tiempos de secretario de Estado de Comunicación con Aznar se dedicaba a agallinar periodistas, tenían buena información de los guisos judiciales secretos.

Sin entrar en tan procelosa materia –reuniones discretas de Feijóo y compañía con fiscales y otros funcionarios prestos a la simonía para medrar–, basta recordar que el actual magistrado de la Sala de Enjuiciamiento de la Audiencia Nacional, Enrique López López, fue nombrado en 2019 consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo autonómico madrileño por la presidenta Ayuso y permaneció en el cargo hasta 2023. Entonces se dio de baja en el PP y pasó a ocupar la plaza que tenía asignada desde 2017 en la Audiencia Nacional, el mismo órgano judicial que, en efecto, como anunciaron Feijóo y Rodríguez, imputa horribles delitos de corrupción a Zapatero como jefe de una trama para cobrar la mordida de más de medio millón de euros (el 1% de los créditos oficiales concedidos con cargo al Fondo de Recuperación de la pandemia).

Un por cierto: en abril de 2025, la Audiencia Nacional que ahora está celebrando el juicio contra el exministro del Interior y amigo de Rajoy, Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por el caso Kitchen, anuló la comparecencia de López como testigo. En la Kitchen –operación urdida en 2013 para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas los papeles que perjudicaban a Rajoy y a varios subordinados, utilizando altos mandos policiales y dinero de los fondos reservados del Ministerio del Interior– aparecieron datos y testimonios según los cuales López, siempre al servicio del partido, presentó al empresario Agustín de Diego, muy amigo de Bárcenas, al abogado del partido en el caso Gürtel, Jesús Santos.

Aquello sucedió en 2016. El letrado del PP y el empresario amigo de Bárcenas mantuvieron (versión de los periódicos Mundo y Confidencial) más de una docena de encuentros cuando la primera fase del juicio a los gurtélidos quedó visto para sentencia en 2017. Faltaba el juicio por la caja B (sobresueldos y pagos en negro) y se trataba de amañar un acuerdo con Bárcenas para que infligiera el menor daño posible a los dirigentes del PP, eso que los anglosajones llaman un win-win (ganar-ganar), pero el tesorero del PP de Rajoy rechazó la oferta. López reconoció haber puesto en contacto a De Diego y Santos, aunque dijo que luego se desentendió. Bueno, pues la rigurosa magistratura de la Audiencia Nacional anuló la testimonial de López en la vista oral diciendo que era consejero de la Comunidad de Madrid y ésta no tiene nada que ver con la Kitchen. Sólo que López fue nombrado consejero en julio de 2019: tres años después. Así se escribe la historia. Lo que no sabemos es cómo se borra.

A pesar de los denuestos del líder del PP contra Zapatero, su incriminación por parte del juez Calama ha tenido un impacto demoledor sobre los socialistas. Ese era el indisimulado objetivo de los enemigos del PSOE y del Gobierno progresista. No les bastaba con atacar a la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, con una balumba de falsedades instruida por un juez oscuro y cenagoso. Ni tampoco con arremeter contra su hermano, el músico y director apreciado más allá de nuestras fronteras, David Sánchez, por haber sido contratado por la Diputación de Badajoz para coordinar y ayudar a programar los conciertos y actividades escénicas en los Conservatorios y teatros de la provincia. Tras la instrucción realizada por una jueza afín a la ultraderecha, el jueves comenzó la vista contra él y quienes le contrataron. Y tampoco era suficiente la logorrea de los casos Cerdán, Koldo y lúbrico Ábalos. Había que cercar a Sánchez, desanimar a los militantes, simpatizantes y electores socialistas y, por supuesto, pasar factura al infame ZP.

El señor Feijóo dijo el 12 de mayo en un mitin en Tomares (Sevilla): “Empieza a haber muchas sospechas sobre el expresidente Zapatero, al parecer por llevarse dinero sucio. O sea que hay novedades en materia de corrupción, mañana habrá más, la próxima semana mucho más”. ¿Cómo «empieza a haber» si ya el 2 de marzo Feijóo utilizó su mayoría absoluta en el Senado para llamarle a declarar en la Comisión de investigación del Koldo por el rescate de Plus Ultra? Para que vean cómo utiliza el PP la mayoría absoluta, le citaron con urgencia, con sólo cinco días hábiles de margen y sin decirle la materia sobre la que querían interrogarle. Pero tanto da.

Faltaban entonces pocos días para que los castellanos y leoneses acudieran a las urnas, y tildar de corrupto a ZP le venía estupendamente al PP, que temía que el PSOE ganara las autonómicas. Y otro tanto ocurrió cinco días antes de los comicios andaluces. Feijóo consiguió muchos titulares sorprendentes a cuenta de Zapatero, pero en Castilla y León no logró despegarse de VOX y en Andalucía perdió la mayoría absoluta que Juan Manuel Moreno Bonilla obtuvo en 2022.

El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo Toribio practicó un interrogatorio cargado de conjeturas sobre las peticiones de Zapatero al presidente Sánchez y las presiones al entonces ministro de Transportes, Ábalos, así como a altos cargos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que concedieran los famosos préstamos de 53 millones a la compañía hispano-venezolana Air Plus, aprobados por el Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021. El sagaz interrogador, senador por Zamora y abogado al fin y al cabo ya preguntó entonces a Zapatero si había hecho negocios con Javier de Paz en Telefónica. «No». Si trabajó para la consultora Acento (creada por José Blanco y vendida a una sociedad francesa). “No, ninguna relación, nada”, dijo ZP. Si trabajó con Zaño. “No la conozco”, respondió el expresidente. A lo que Toribio agregó: “Pues es la (consultora) de Gaspar Zarrías, donde estaba contratada Leire Díez. ¿Nunca ha estado reunido con Pepe Blanco ni con Gaspar Zarrías para hablar de temas de negocios? ¿Nunca?” Zapatero respondió: “Nunca. Jamás”.

El interrogador Toribio afirmó que el expresidente había sido despedido de la consultora Kreab, para la que trabajó durante diez años desde que en 2012 dejó la jefatura del Gobierno. “Eso es falso”, le aclaró Zapatero. Pero Toribio abundó: “Usted dejó de estar ahí porque le echaron por sus contactos con Cuba y con Venezuela”. Toribio hozicó sin resultado sobre las relaciones de Zapatero con Santos Cerdán. Escarbó, también sin resultado, sobre las relaciones con el empresario chino Miguel Duch, al que llamó “el Julito chino, para que nos entendamos todos”.

Comoquiera que la empresa de mercadotecnia y publicidad de las hijas de Zapatero (Whathefav, 6 empleados) tenía como cliente a la telefónica y fabricante de teléfonos china Huawei y a su vez gestionó el diseño de redes sociales del Gate Center chino y que, además, el comisario de policía Segundo Martínez, antiguo jefe de seguridad de La Moncloa, fue contratado años después como responsable de seguridad de Huawei, el senador inquirió: “¿No se ha reunido nunca con Miguel Duch para hablar de Huawei?”, a lo que Zapatero respondió: “No”. Faltaba la trama china. Y claro, el letrado Toribio puso la carne en el asador: “Huawei es una empresa que tanto la Unión Europea como Estados Unidos consideran peligrosa desde el punto de vista de la seguridad”, a lo que el expresidente Zapatero respondió: “Por eso va la presidenta de la Comunidad de Madrid a inaugurar el centro de Huawei en Madrid, haciendo unos elogios enormes a Huawei”.

Consciente de que Feijóo se debe a Ayuso, que derribó a su antecesor Pablo Casado por pedirle cuentas sobre la corrupción, el interrogador Toribio corrigió el tiro, acusó a ZP de negocios oscuros con el expresidente venezolano Nicolás Maduro, apresado por EEUU en una operación militar a sangre y fuego el 2 de enero pasado, y empezó a resumir su imputación: “Usted facturó 459.000 euros a Análisis Relevante. Análisis Relevante (consultora creada por Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero) facturó esa misma cantidad a Plus Ultra. Plus Ultra recibió un rescate del Estado de 53 millones. Las fechas son coincidentes, entre 2020 y 2025. ¿Dígame usted que lo que parece no es lo que es?”

El expresidente respondió a Toribio: “Pues no es, en absoluto, porque para eso tendría usted que aportar un solo elemento, un hecho de que yo haya intervenido en el rescate y no he intervenido en nada”. Incluso corrigió al senador: “Sus cifras están fuera de margen. Por mi trabajo percibí y mis hijas percibieron por el trabajo de Whathefav mucho más de lo que usted ha dicho, seiscientos y pico mil euros, me parece”. Zapatero también negó su vinculación societaria a la consultora Análisis Relevante creada por el compañero de carreras matinales por el monte de El Pardo, Martínez Martínez, y rechazó la imputación del PP de que se trataba de una empresa pantalla para cobrar mordidas, pues ha trabajado como autónomo desde 2012 y ha pagado a Hacienda casi la mitad de sus ingresos como consultor. Pero turris-burris lo que dijera, pues según Toribio “el señor Zapatero se ha convertido en una especie de lobista de regímenes totalitarios. Sí, sí, en un lobista de regímenes totalitarios donde no hay transparencia”.

En vano el expresidente Zapatero –un referente de honradez y tolerancia para miles de socialistas– se defendió diciendo: “Le he explicado que no he tenido absolutamente ninguna percepción económica de Venezuela ni del gobierno ni de ningún régimen. ¿Por qué me llama lobista? ¿Por qué se atreve? ¿Por qué miente?” En vano porque, según Toribio: “Está pringado hasta el cuello, señor Zapatero; hasta el cuello, señor Zapatero”.

La derecha dura y la extrema derecha no podían dejar de pasar factura al gobernante que como dijo Carla Antonelli, senadora de Mas Madrid, “convirtió este país en un lugar mucho más decente durante su Gobierno, con todo tipo de avances en derechos civiles y que el PP recurrió sistemáticamente, aunque luego fueron los primeros en usarlas, como la interrupción voluntaria del embarazo en una norma de plazos, la Ley de igualdad de trato, la Ley de dependencia, la Ley de violencia de género o la Ley del matrimonio igualitario, en la que me complace haber trabajado con usted. O la Ley de identidad de género, una norma por la que esta senadora figura en su DNI como Carla Delgado Gómez”.

Pero además de promover el diálogo y facilitar el final de ETA, a Zapatero tampoco le podían pasar por alto el apoyo activo al dirigente del PSOE y jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, al que PP y VOX insultan a diario al tiempo que se colocan como ilotas del belicoso imperial Donald Trump. ¿Cómo iban a perdonar al expresidente que en 2023 participó en Ginebra en el diálogo PSOE-Junts? “Me siento muy honrado de haber participado en aquellas reuniones. He tenido una relación, especialmente con el señor Puigdemont, intensa, sincera y creo que muy positiva. Le tengo gran respeto y deseo que pueda culminarse la amnistía cuanto antes”. De ahí el ruido y el viento para extender las patrañas y enmerdar su biografía. Ruido y viento, política de flatulencia.