Luis Díez.

Primero se les insulta. Si son negros se les llama “monos”. El otro sábado (18 de abril) se pusieron a gritar “¡Fuera la mona!” en la Puerta del Sol de Madrid. “La mona” era, según ellos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, y los que gritaban eran cientos de venezolanos residentes en España que acudieron a agasajar a la líder de la oposición al chavismo residual y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, muy arropada y acompañada por dirigentes de la derecha extrema y la extrema derecha española. Lanzó y jaleó el grito racista el cantante Carlos Baute, un tipo que ya en 2018 aparecía en las listas de Hacienda con unos impagos de 407.000 euros, más de lo que gana en doce años un trabajador medio en España.

Delcy Rodríguez no es Vinicius, pero tanto da. Si el presidente de los Estados Unidos (EEUU), el belicoso supremacista Donald Trump, caracteriza en las redes sociales a su antecesor Barack Obama y a su compañera Michelle como si fueran una pareja de orangutanes tampoco es cuestión de pedir respeto y educación a sus nuevos subordinados. Así que venga, todos a una: “¡Fuera la mona!” Quizá más tarde, cuando cientos de mujeres venezolanas se congreguen en la Plaza Brión de Chacaíto, al este de Caracas, para rechazar los insultos no solo a la presidenta encargada sino a las mujeres venezolanas, el mencionado Baute y la galardonada Corina (Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y Llave de Oro de la ciudad) se sientan obligados a disculparse, como sucedió de hecho.

Cuando se pasa de esa introducción al desprecio que es el vulgar insulto racista –“mono, panchito, moromierda, sudaca, negrata” y otros– a un análisis más sosegado, enseguida aparece la observación de que los insultados son seres inferiores, extranjeros poco evolucionados, gente más instintiva que racional, individuos primitivos que afilan sus cuchillos en la edad de piedra y, por consiguiente, plebe peligrosa. “Van a regularizar a violadores”, afirmó nada menos que el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, sin presentar prueba alguna de su aserto verbal.

Ya es sabido que el principal partido de la derecha y sus aliados de la ultraderecha voxida están que bufan porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha la regularización de más de medio millón de inmigrantes que desde hace tiempo viven y trabajan con nosotros. Es una regularización aprobada hacia dos años por el Congreso de los Diputados y respaldada por más de 600.000 firmas, sindicatos, patronales, organización no gubernamentales y la propia Iglesia Católica. Pero se ve que a PP-VOX les molesta que sean visibles y tengan derechos sociales e incluso humanos.

Un paso más en el estudio de los coloquiales insultos racistas y de la xenofobia en boga conduce al observador a preguntarse si este fenómeno es el primer signo proclive a la supresión de los derechos civiles básicos de los inmigrantes insultados. Y si. Esa es precisamente la estrategia de la derecha reaccionaria y patógena. Primero se les insulta, se les califica de animales o de subespecie humana en el mejor de los casos y luego ya resulta más fácil negarles los derechos inalienables como seres humanos.

La discriminación de las personas por razón de origen, raza, religión y otros motivos ha sido plasmada por agentes patógenos en los acuerdos PP-VOX para formar los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, de modo que los inmigrantes queden detrás de los nacidos en España a la hora de acceder a la asistencia sanitaria, social, educativa y a las migajas del que llaman “estado del bienestar”. “Primero los de casa”, dicen, como si los europeos, americanos, asiáticos y africanos que viven y trabajan en nuestro país no fueran personas ni tuvieran los mismos deberes y obligaciones que nosotros.

Esos dirigentes patógenos llegados a este mundo a envenenar la convivencia con mentiras y propaganda barata son los mismos que rechazan el derecho a la igualdad de las mujeres, niegan los asesinatos y la violencia machista, califican de “fanatismo climático” el calentamiento del planeta y los efectos letales de las emisiones contaminantes. Son patógenos cínicos, canelos, perrunos que orinan en público sin sentir ningún pudor y actúan, viven y cobran buenos sueldos a cuenta del común –y algunos trincan por detrás– amparados por la Constitución democrática de 1978, pero en contra de la Constitución, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho.

Esos seguidores del matón de la Casa Blanca y del genocida Netanyahu dijeron meses atrás que iban a echar de España a ocho millones de personas, inmigrantes e hijos de inmigrantes, y retoman ahora su mensaje de odio rehabilitando el concepto empleado hace cuarenta años por el fascista francés Jean-Marie Le Pen de “prioridad nacional” para hacernos creer que si algunos servicios de la sanidad pública están colapsados y funcionan mal o si faltan plazas escolares o si hay poca vivienda y es muy cara o si las ayudas a la dependencia llegan tarde y las pagas del mínimo vital, más tarde todavía, es por culpa de los inmigrantes.

Aunque la falsedad y toxicidad de ese mensaje salte a la vista, a cierta derecha política que solo aspira al D+P (el Deterioro y la Privatización) de los servicios públicos para hacer negocio y, por supuesto, a echar del Gobierno al prestigioso dirigente progresista Pedro Sánchez, parece no importarle la discriminación, segregación y el apartheid implícitos y explícitos en los pactos autonómicos PP-VOX. Con esas medidas contra las personas de otros países que viven y trabajan (y juegan al fútbol y forman parte de las Fuerzas Armadas españolas) no solo pretenden enfrentar a la gente, sino además que les voten. Si esos pactos (legales) y las mociones similares que pretenden aprobar en otras autonomías donde tienen mayoría vulneran los derechos constitucionales de las personas, deberían ser recurridos de inmediato por el Defensor del Pueblo sin esperar a que adquieran forma jurídica. No olvidemos que para hacer daño basta con circulares y órdenes verbales. Y si no recuerde lo que hizo la señora Ayuso con los ancianos de las residencias durante la pandemia del coronavirus.