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Los retardatarios

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Luis Díez, 6-03-2019, Madrid.– Miguel de Unamuno, al que la vida debió de resultar larguísima por su tormentosa lucha entre la fe y la razón, sostenía que vivir es desvivir. Otros filósofos y poetas dignos de tal nombre se han ocupado del sentido de la vida y sus textos pueden iluminar a los letrados del Parlamento para elaborar el informe que les ha solicitado la presidenta Ana Pastor Julián sobre si los decretos que ha aprobado y piensa aprobar el Gobierno son urgentes y necesarios y deben ser sometidos a la convalidación (o no) de la Diputación General del Congreso.

Lo que para unos (el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y sus aliados) es urgente y necesario, para otros (la oposición de C’s y PP) es innecesario y puede esperar. Como éstos mandan en la Mesa del Congreso y los letrados son poco proclives a la filosofía y la desobediencia, vale suponer que la Diputación de marras tendrá poca labor. O ninguna.  Eso no quita para que solo se viva una vez y unos (la mayoría trabajadora y laboral) desvivan en la angustia de la estrechez económica y otros, las minorías favorecidas por el sistema, en la parte ancha del embudo.

Para los “casatenientes” y rentistas (la exministra del PP Isabel García Tejerina entre ellos), el decreto regulador de los alquileres de viviendas emitido por el Gobierno para poner freno a la escalada de los precios, los abusos de los fondos de inversión (buitres les llaman) que se apropian incluso de viviendas sociales (caso de Madrid, con Botella madre de alcaldesa y Botella hijo de intermediario de un fondo buitre) y la especulación desaforada y contagiosa de los pisos y apartamentos turísticos es innecesario y no corre prisa. Para las familias desahuciables, sin derechos a prórroga de los contratos y sin defensa ante las subidas exageradas (el 8% de promedio el último año), el decreto es necesario y urgente. Las medidas que contiene son sensatas y se adoptaron después de escuchar a todas las autonomías, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a las asociaciones de vecinos y agentes inmobiliarios.

Otro tanto se puede decir del decreto de conciliación y corresponsabilidad que prolonga a ocho semanas el permiso de paternidad en 2019, a 12 semanas el año que viene y a 16 en 2021. Para las derechas patrióticas, repentinamente feministas, la medida no era urgente ni necesaria, aunque haya sido sido recomendada la Comisión Europea hace cinco años. Para millones de mujeres y hombres trabajadores constituye un buen alivio del bolsillo cuando no hay abuelos con quien dejar a los niños pequeños, enriquece la convivencia y la responsabilidad paterno filial y libera de toda la carga a las mujeres.

Ese mismo decreto desarrolla el nuevo marco jurídico ya fijado en la reforma del Estatuto de los trabajadores para hacer efectivo el principio de “trabajo de igual valor” y combatir la desigualdad salarial de las mujeres. Para las derechas nacionales esa igualdad está muy bien en teoría, pero en la práctica no, ya que puede perjudicar a las empresas, es decir, el beneficio empresarial. Para los socialistas ha de aplicarse imperativamente de modo que las empresas con más de cincuenta trabajadoras deben hacerla efectiva en un plazo no superior a tres años, las de 100 a 150 trabajadores en dos años y las de más plantilla, el año que viene.

Otro tanto vale decir de la reposición de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras  de personas dependientes. Estas trabajadoras quedaron desamparadas por decisión del Gobierno de las derechas y ven ahora repuestos sus derechos en el decreto citado. Vale recordar que una ministra llamada Ana Mato, a la que Dios conserve la vista, eliminó esa cotización a costa del Estado porque costaba, dijo, mil millones al año. No le importó (a ella y al PP) dejar sin cobertura para la jubilación a unas cien mil mujeres, trabajadoras sin horario en la atención y los cuidados de otras tantas personas consideradas “grandes dependientes”. El objetivo, dijeron, era reducir el déficit público. En realidad lo trasladaron a la Seguridad Social con esa y otras medidas. Y en ese planteamiento siguen. Por la derecha española no pasan los años.

A los miles de parados de larga duración que con más de 52 años no encuentran empleo remunerado (trabajo hay siempre, lo que no hay es salario) les resulta urgente y necesario la reimplantación del subsidio de supervivencia que el Gobierno va a aprobar por decreto. Era una medida prevista en el Presupuesto del Estado para este año que frustraron los nacionalistas catalanes con sus ínfulas independentistas y era, además, una decisión acordada cuando el desempleo o ejército de reserva bajara al 17% de la población activa, de modo que el PP y sus correligionarios naranjas de C’s deberían obrar en consecuencia.

El Gobierno del PSOE con la ayuda de Podemos y el PNV ha de reponer esa prestación y otros derechos sociales sustraídos por el PP en cuanto llegó al poder en 2011 si quiere reequilibrar solo un poco el trato legal al capital y al trabajo. En este caso se podría decir lo de Séneca en su Breviarium Vitae: «No es que tengan poco tiempo, es que pierden mucho».  Cierto es para los retardatarios y retrógrados de oficio y conveniencia la dignidad de los trabajadores nunca corrió prisa. Y ahora, con la excusa de que son «decretos electorales», tampoco. O como dijo aquella poeta del PP al escuchar la palabra «parados» en el pleno del Congreso: «¡Que se jodan!»

La declamadora mencionada, Andrea Fabra, hija del presidente corrupto y ladrón, condenado a cuatro años de cárcel, de la Diputacion de Castellón, elevó su expresión mientras Mariano Rajoy Brey anunciaba los recortes a los parados y sus señorías del PP se partían las manos en aplausos. ¡Qué tiempos! Ahora la ultraderecha se ha separado del PP, pero tanto da. En el bloqueo a la convalidación de los decretos sociales cuenta el partido conservador con el apoyo de C’s, personificado en la Mesa del Congreso por el tránsfuga asturiano de UPyD Ignacio Prendes. Qué prendas. En fin, los retardatarios.

 

Los impresentables

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Luis Díez.–28-02-2018. Madrid.–Con el final de la legislatura (el 28 de febrero concluye el último pleno) llega un tiempo de duda y angustia (aunque no tanta) para quienes aspiran a seguir prestando sus inveterados servicios a la patria. Es el zafarrancho de las listas, y ya se sabe que los líderes y comités de los partidos políticos son despiadados y raramente agradecen los servicios prestados. Muchos diputados de oficio, los incombustibles, pasarán a mejor vida como material de archivo, acaso digno de estudio de algún doctorando. La nómina de impresentables (que no serán presentados) es abundante en el partido mayoritario de la derecha y capilar entre los socialistas.

Ya en la penúltima legislatura se emberrechinó Celia Villalobos porque la relegaron al segundo puesto de la lista del PP por Málaga. Horas antes de anunciar que no repetirá de candidata dijo estar “jodida”, lo que algunos interpretaron como la sensación lógica del desacuerdo de la comisión del Pacto de Toledo sobre las pensiones. En realidad ya sabía que su partido y C’s no iban a dar esa baza a Pedro Sánchez y su ministra Magdalena Valerio, aunque luego cargaran contra Podemos. La esposa del consejero aúlico de Mariano Rajoy, el bien pagado Pedro Arriola estaba fastidiada porque después de 37 años de diputada, diez legislaturas entre pecho y espalda, va a ser relevada y se dedicará “a otra cosa”. No piensen que es jubilable. Siempre habrá una tertulia televisiva de pago para dar la monserga sobre las vacas locas o lo que sea menester, que desparpajo verbal no le falta. Y quien dice tertulia, dice consejo de administración, a poder ser de una compañía eléctrica, que son las que más pagan. Hay que servir a la patria.

Además de Villalobos, quien superó a Rajoy en longevidad parlamentaria, figuran en el paquete de jubilables del PP los teos, Teófilo de Luis, nacido en Cuba y diputado por Madrid desde hace 29 años, y Teófila Martínez, senadora y diputada por Cádiz a la vez que alcaldesa desde hace tres décadas, si bien, ésta se anticipó a Villalobos y fue relevada por su correligionario Ignacio Romaní el 22 de febrero pasado. Periclitables son también Jorge Fernández Díaz, Cristobal Montoro, Jesús Posada, María del Carmen Quintanilla, José Manuel García Margallo, María Teresa de Lara, José Ignacio Llorens, Arturo García Tizón y habrá que ver si el líder Pablo Casado mantiene a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, mujer de máxima confianza de Rajoy en la cabeza de lista de Pontevedra.

La mayoría de los citados, a los que podemos añadir al exministro y diputado por Palencia Iñigo Méndez de Vigo, Ramón Aguirre o el propio exportavoz Rafael Hernando, llevan tres décadas de parlamentarios nacionales o europeos, con algunas interrupciones para ocupar cargos ejecutivos en empresas públicas, caso de Aguirre en el ICO, Metro de Madrid y SEPI, de modo que el término “periclitables” responde a lo que duró Pericles (30 años), el creador de la democracia  en la antigua Grecia, como gobernante del imperio ateniense.

La duda y la zozobra en las filas del PP afecta singularmente a las señorías que llegaron al escaño con José María Aznar, allá a mediados de los noventa y se han mantenido gracias a su adhesión inquebrantable a Rajoy. Son señorías de más de cincuenta años de edad entre las que vale citar a los valencianos José María Chiquillo y Gerardo Camps Devesa, al gallego Celso Luis Delgado Arce, la onubense Fátima Bánez, el alcarreño Jose Ignacio Echaniz, la cántabra Ana María Madrazo, el aragonés Ramón Moreno Bustos o la burgalesa Sandra Moneo. Con casi media vida calentando el escaño o ejerciendo cargos públicos. Algunos de estos veteranos (la nómina es más amplia) ya han dejado obra y se ven ahora en la cuerda floja con Casado.

En el PSOE pocos dudan de que el resistente Pedro Sánchez aplicará el criterio de la lealtad proporcional en las listas andaluzas, hasta ahora dominadas por afectos a Susana Díaz y sacará las tijeras de podar para que personajes como el madrileño Antonio Hernando, el sevillano de la gestora Antonio Prada o el castellano-manchego José María Barreda, por solo citar a un trío de oponentes significados (lo de Hernando fue un máster de alta traición), reciban el merecido descanso. También es hora de que el veteranísimo Cipriá Ciscar y otros algo menos longevos, pero que también parecen parte del mobiliario, caso de Micaela Navarro,  se acojan a la jubilación y disfruten de la paga máxima de la Seguridad Social. Sus nietos se lo agradecerán.

 

Los demoscópicos

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Luis Díez, 20-02-2019, Madrid.–En las campañas electorales de hace un siglo, el conde de Romanones, un hombre muy listo, dueño de media provincia de Guadalajara y de explotaciones mineras en Murcia y el Rif, regalaba duros a tres pesetas para que le votaran y salía ganando. Hoy nadie regala nada, las campañas electorales son carísimas y las pagamos todos. En 130 millones de euros cifra el Gobierno el coste de los comicios que nos esperan (generales el 28 de abril y locales, autonómicas y europeas el 26 de mayo). Y se quedará corto, pues sabido es que los partidos gastan en galas un día lo que un regimiento en comer toda la semana.

Si añadimos la larga campaña (un trimestre, aunque le llamen “precampaña”) y la espesura de los intereses en juego, hay pocas dudas de que los grandes partidos políticos van a salir muy endeudados del lance. Hasta ahora el PP presentaba las cuentas más saneadas, gracias a las ayudas o donativos interesados por la puerta de atrás. En cambio el PSOE acumulaba números rojos. Su deuda con la banca no baja de 30 millones de euros. La formación de Pablo Iglesias, Podemos, salió bien parada de las elecciones de 2015 y 2016. Sus cuentas registraron superávit. La financiación de Ciudadanos es una incógnita, aunque las facilidades del Banco de Sabadell explicarían el abundante gasto inconfesable.

La compensación por votos y escaños con cargo al erario público es anunciada en el BOE por el Ministerio de Hacienda antes del comienzo de las campañas. Todavía no sabemos a cuánto se paga el voto y el escaño, pero ha de ajustarse a la evolución del IPC desde los comicios anteriores, de modo que no será superior a un euro por voto al Congreso, a 40 céntimos al Senado y a 21.500 euros por escaño en cada una de ambas cámaras. ¡Menudo ahorro supondría la eliminación del Senado, como pide C’s, aunque haya que reformar la Constitución! Y mucha corrupción, gasto y caciquismo reportaría la supresión de las diputaciones, como propuso en su día Pedro Sánchez para disgusto de los barones.

La leche materna de los partidos queda, pues, limitada por esa regulación de las ubres oficiales. Y aunque los lactantes sean voraces, alguien con sentido común ha de apartarles el pezón o someterles a una disciplina para evitar que mamen más de lo que aconseja la prudencia. Si un partido no va a obtener más de cien diputados y seis millones de votos al Congreso, no tendría que invertir más de 8,15 millones de euros en su campaña a la Cámara Baja. En México exclaman: “¡No mames!” por nuestro “¡No jodas!” Pues eso.

Cuando veamos los gastos que los partidos han de presentar al Tribunal de Cuentas en un plazo no superior a cien días desde las elecciones para cobrar las compensaciones establecidas, sabremos cuánto han mamado de más. Entre tanto, las estimaciones obtenidas por este plumilla en los cabildeos del Congreso apuntan un gasto superior a 22 millones de euros por parte del PP, ligeramente inferior por parte del PSOE, entre 15 y 20 millones de C’s y entre 7 y 8 millones de Podemos, como si todos ellos fueran a obtener cien diputados. No hay cristiano, judío ni musulmán que los modere.

La democracia es cara, aunque infinitamente más barata que la guerra. En su Brindis por los lactactes escribía Mark Twain con otras palabras que la mejor forma de derrotar a un general y evitar la conflagración era entregarle un niño de pecho. La explicación es clara: el bebé le da tanta guerra que lo vence y le quita las ganas de más. Para eso, entre otras cosas, valen los lactantes.

Y es aquí, al hilo de la leche materna, donde entran en juego los agentes demoscópicos, esos institutos y sociedades de videntes cuyos sondeos sobre intención de voto sirven de guía a las entidades de crédito para lo que su nombre indica. Los bancos adelantan el dinero a los partidos en función de los resultados de los sondeos electorales y, también, de las conveniencias y simpatías de sus cúpulas directivas que, salvo raras excepciones, son conservadoras o de derechas.

Ese es el juego, pero un juego con riesgo porque los demoscópicos, que además se forran, hacen el traje (la muestra) a la medida del cliente. Y luego pasa lo que pasa: su credibilidad queda al nivel del betún. En las elecciones generales de diciembre de 2015, las encuestas fallaron a lo grande. Por ejemplo, otorgaban a C’s de 63 a 68 escaños y a Podemos de 23 a 25 diputados. Insólito, pero cierto. C’s sacó 40 y Podemos 69, que es un buen número.

Seis meses después, en las generales de junio de 2016, todas las encuestas cantaban el sorpasso de Podemos al PSOE. Algunas llegaron a dar a los de Pablo Iglesias 90 escaños y ninguna pronosticó la caída de C’s de 40 a 32. El PSOE bajó de 90 a 85 diputados y Podemos-IU-EQUO se quedó en 45. Con En Marea (gallegos) En Comú (catalanes) y Compromís (valencianos) alcanzaron 76 diputados. Y, por supuesto, los Sigma Dos, OIP, GAD3, GESOP, Advice Strategic Consultants y Metroscopia no pasaron de asignar al PP 127 escaños, diez menos de los que sacó.

Si quien paga los violines elige la música, vale suponer que las orquestas demoscópicas estuvieron afinadas por los enemigos de la socialdemocracia, esos desamortizadores de lo público a beneficio propio que no dudan en tachar de “antisistema” a Podemos y no se cansan de demonizar a la izquierda. La realidad de las urnas les dio con el arco de los violines demoscópicos en las narices. Sus pronósticos fallaron, aunque para consuelo de esos tipos tan listos también erraron las encuestas sobre el Brexit, las presidenciales en Estados Unidos y el referendo de paz en Colombia. Algo habrán aprendido para que la monserga que nos acompañará hasta que florezcan los capullos suene a música real y no celestial.

Los venenosos

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Luis Díez, Madrid, 13-02-2019.–El Congreso de los Diputados tumbó los Presupuestos Generales del Estado para este año por 191 votos en contra frente a 158 a favor y una abstención. Con ello puso fin a la legislatura, obligando al presidente Pedro Sánchez a disolver el Parlamento y a convocar elecciones generales, posiblemente en abril para no perjudicar a los barones autonómicos ni interferir a los comicios del 26 de mayo.

De este modo, la decisión de los independentistas catalanes de no respaldar a Sánchez pone fin a nueve meses de gobierno en los que los socialistas con el apoyo de Podemos y el PNV han intentado revertir los recortes sociales, elevado de ochocientos a novecientos euros el salario mínimo, rescatado la sanidad universal, la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores de personas dependientes, la subida de pensiones conforme al IPC, la prestación a los parados de más de 52 años y, entre otras medidas de justicia social y achique de la desigualdad, incrementado de las becas y la reposición al cien por cien de las bajas en las plantillas de empleados públicos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió con energía y acierto los Presupuestos frente a las enmiendas de devolución de los nacionalconservadores y liberales del PP y C’s por un lado y de los nacionalistas catalanes dizque de izquierda (ERC) y derecha (PDCAT) por el otro. Dotada de verbo fluido y precisión técnica, la correosa ministra se fajó el martes durante las seis horas de debate con los líderes nacionales, a los que importaba un rábano las cuentas del reino, y con los nacionalistas catalanes, a los que importaba más la vista oral abierta en el Tribunal Supremo y el “tío páseme el rio” de la Fiscalía a los que se saltaron la ley.

La energía de Montero se estrelló contra los de la bandera nacional, la unidad de España y las elecciones generales ya. Lógico. A voluntad determinada excusado es consejo. La ministra no pudo convencerlos de la corrección de unos Presupuestos sociales que por vez primera revierten los recortes que sufrimos durante la crisis. Los dividendos y divisores nacionales y nacionalistas iban a lo suyo. A los nacionales les importa menos la traición a todos los españoles que, como dijo el valenciano de Compromís, Joan Baldoví, supone la corrupción, que la supuesta felonía del jefe del Gobierno de dialogar con los independentistas catalanes para aplacar sus ínfulas y buscar soluciones al problema catalán.

No importa si, cómo han repetido ad nauseam los dirigentes del PSOE, la lealtad constitucional está acreditada y nada es negociable extramuros de la Constitución. O si los catalanes y el resto de los españoles con dificultades para llegar a fin de mes son mejor tratados que hasta ahora en estos Presupuestos por los responsables de la res pública. Para unos y otros, lo importante es la renta electoral que calculan obtener inoculando el veneno del enfrentamiento y la crispación. Si la política es la sustitución de la guerra por la palabra y la argumentación para encontrar la síntesis o solución a los problemas, estamos ante un ato de políticos mediocres y venenosos, sólo aptos para la trifulca y la destrucción. Son los del ruido y la furia, los que jamás en la historia aportaron nada que no fuera odio, ruina y dolor.

Con trazo grueso se refirió Baldoví a las derechas nacionales, a las que acusó de enfrentar a la gente y “revolcarse en la mierda”, al tiempo que reclamó a los secesionistas catalanes que retiraran sus enmiendas y se avinieran a razones. No fue posible, pues como dijo el vasco Aitor Esteban, tanto les daba que les pusieran unos Presupuestos o un botijo. Un poco apenada, la ministra Montero, que se fajó con los adversarios y no dejó pasar una, incluida la defensa de la barriada sevillana de Las Tresmil Viviendas, a la que la canaria Ana María Oramas se refirió con retintín barriobajero, descubrió el adagio ruso de que enseñar a cantar a un cerdo es perder el tiempo y aburrir al cerdo.

Tras la votación se retiró un Sánchez periclitado a La Moncloa a rumiar su derrota y realizar las consultas a las que se había comprometido para fijar la fecha electoral. Descartada la cuestión de confianza, con el juicio a los impulsores del “procés” viento en popa, el jefe del Gobierno y líder del PSOE ya sabe cuál será el eje de la campaña electoral de las derechas tras la demostración de su fuerza trifachista en la madrileña plaza de Colón: meterle el dedo en la laringe para que diga si va a indultar a los secesionistas catalanes (cuando sean condenados) si gana las elecciones. Vale suponer que no cuenten para eso con la ayuda de los infalibles Felipe González Márquez y Alfonso Guerra González. Y conste que “infalibles” no significa que no tengan falo, sino que joden mucho.

Los exaltados

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A falta de plenos parlamentarios donde se miden los primeros espadas (o principales sablistas), la acción política discurre mediante la práctica papelística y el consabido juego dialéctico a través de los medios de comunicación, en los que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva las de perder por el cariz derechoso y conservador de la mayor parte de ellos. Esta realidad no la subvierte ni el profesor Tezanos, el hermeneuta chifleta utilizado por Sánchez primero para sustituir a Alfonso Guerra al frente de la Fundación Pablo Iglesias y a continuación para dirigir el CIS.
Sánchez
Novedad bibliográfica con la ayuda de la logógrafa Irene Lozano.

Si el semoviente Sánchez se desplaza en helicóptero o en avión, los actores de la derecha dicen que vaya en burro, si escribe un libro (“Manual de resistencia”, editorial Península) piden que sea ágrafo y critican que pierda el tiempo en contar sus batallitas en vez de ocuparse de gobernar, si acepta la presencia de un “relator” o notario neutral en la mesa de diálogo de los partidos políticos sobre el problema catalán, le acusan de ceder a las pretensiones de los independentistas. Y así sucesivamente.

En el colmo del extravío, algunos actores del tinglado de la antigua farsa dizque “popular” han invocado el “muera Sánchez”, aunque luego dijeron que era broma. También en su día pidieron el fusilamiento del buenista Zapatero como hicieron con su abuelo. Y no era broma. Un personaje tan correcto como el sublíder del PP Javier Maroto viene recordando que “Sánchez entró en La Moncloa por la gatera”, como si antes y durante la moción de censura provocada por la condena judicial de la corrupción en su partido no hubiera solicitado a Rajoy en público y en privado que designara a un sustituto. Ya sabemos lo que ocurrió, de modo que a los marotos les vendría bien recordar el refrán ruso: “Añorar el pasado es correr tras el viento”.

Vale la crítica, con fundamento o sin él, para atribuir al Gobierno todos los males y errores y negar progreso o acierto alguno. Lo hemos visto en el caso de Venezuela, en el que, sin duda, los dirigentes del PP y C’s, Casado y Rivera, deseaban tanta premura en reconocer a Guaidó como la que demostró en su día Aznar reconociendo al empresario jefe de la patronal venezolana que fue erigido por los golpistas contra Hugo Chaves como presidente de facto del país. El embajador español, señor Biturro, podría recordar, si quisiera, las órdenes de Madrid y la connivencia golpista con Washington. Los demás nos quedamos con el “¡Por qué no te callas!” del rey Juan Carlos cuando Hugo Chaves intentaba explicar en la cumbre iberoamericana el lamentable comportamiento del gobierno español.

En lo atinente a la práctica papelística ya hemos visto cuán aliados son de Sánchez y el PSOE los dirigentes de ERC al presentar su enmienda de totalidad (devolución) a los Presupuestos del Estado para este año y sumarse, de hecho, al rechazo del PP y C’s. Los promotores de la confrontación se alimentan (y engordan como cerdos) de la demagogia y la riña sin que les importe una higa la igualdad ante la ley y los demás principios democráticos consagrados en la Constitución que nos dimos los españoles y que fue refrendada por el 90,5% de los catalanes, sólo superados por los andaluces, canarios y murcianos.

En esta tesitura, el presidente Pedro Sánchez, ya informado por Mario Draghi de la presión inflacionista al 2% que interesa a los capitales, los empresarios y los asalariados para sostener el moderado crecimiento de la tasa de actividad industrial y de servicios en la UE, está en una situación ideal para convocar elecciones generales. Ya tiene el programa a corto hecho: los propios Presupuestos, a los que deberá añadir empleo para los jóvenes y sostenibilidad del sistema público de pensiones para los trabajadores jubilados de este país. Si la situación la pintan calva bueno será que agarre el último pelo y opte por el “superdomingo” de mayo. Como autor del “Manual de resistencia” ya sabe que resistir es votar. Por lo demás, la resistencia no evita la fatiga de los materiales ni, en este caso, la necesidad de un proyecto de futuro para los españoles.

 

Aquí yace la primera Estatua de la Libertad

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Estatua de la Libertad, obra de Ponciano Ponzano, en la que se inspiró Auguste Bartholdi para diseñar la de Nueva York/ LD.

Eran las diez de la mañana (aunque parecía más tarde por el cambio de la hora) cuando llegué a la esquina de la calle del gran tenor navarro que primero fue cabrero, Julián Gayarre, con el Paseo de Reina Cristina, a la derecha, según se sale de la estación ferroviaria de Atocha. Unos orientales sacaban fotos del edificio neobizantino, muy bonito, del Panteón de los Hombres Ilustres. Les pregunté si habían visto la Estatua de la Libertad y me contestaron por señas que no entendían castellano y la libertad les sonaba a chino. Lógico.

Enseguida vi la puerta de la verja que protege el edificio; por suerte estaba abierta. Una bandeja inclinada anunciaba el horario de visitas al cenotafio. Me sorprendió que no indicaran el precio de la entrada, pues en Madrid (como en otras partes) cobran hasta por ver. Desenfundé la cámara y me dispuse a consignar la grata sorpresa, pero me llevé otra: Volta se burlaba de mí. Por suerte, en la acera de enfrente, había un bazar chino y compré las cuatro pilas reglamentarias. Regresé sobre mis pasos y ahora sí, hice una fotografía de la entrada al edificio, obra del arquitecto Fernando Arbós y Tremanti.

En la terraza de tierra arcillosa del interior de la verja, una joven de pelo rubio con un mono de trabajo y la inscripción de Ferrovial en el pecho limpia el jardín, junto a las piedras de una estatua caída entre unos aligustres verde oliva. Se incorpora levemente cuando me dirijo a ella: «¿Sabe usted donde está la Estatua de la Libertad?» No tiene ni idea, pues no es su oficio saber. «Pregunte al de seguridad», dice. El de seguridad es un hombre que regenta un mostrador en semicírculo, situado en una esquina del claustro, pero no quiero problemas ni que me diga que está prohibido hacer fotografías, de modo que evito acercarme y tuerzo en sentido contrario, a la izquierda, donde un grupo de visitantes comandados por dos jóvenes, uno grueso y otro flaco, contemplan el monumento funerario de Eduardo Dato con el escudo de España a sus pies. Cuando el flaco acaba de explicar que a Dato lo ultimaron de un tiro en la Puerta de Alcalá y el gordo toma la palabra para explicar lo del desastre de Anual, me acerco y pregunto al flaco en voz baja si sabe donde queda la Estatua de la Libertad.

Me mira con satisfacción y me dice en voz alta, atrayendo la atención de los demás: «Sales al jardín del claustro y ahí, al otro lado del obelisco del centro, en aquella esquina la verá». Antes de cruzar la puerta interior contemplo el monumental mausoleo de Antonio Cánovas del Castillo, obra de Agustín Querol. Es un sarcófago enorme, de mármol blanco, con la figura yacente del político conservador y una joven con la cabeza recostada junto a su testa que hace un círculo con los brazos como si quisiera abrazarle. El frente del sarcófago tiene seis figuras femeninas que, según la nota informativa de la bandeja, representan otras tantas virtudes. Dudo que como político tuviera alguna en aquella España con menos de veinte millones de vecinos, de los que más de once no sabían leer ni escribir, pero hoy es día de difuntos y está feo hablar mal de los muertos.

Jardín del claustro del Panteón de los liberales con la Estatua de la Libertad en su rincón /LD.

Me asomo al patio interior y, en efecto, en la esquina que me indicó el joven cicerone veo la pequeña construcción de cuerpo cilíndrico, terminado en cono, y sobre ella, la Estatua de la Libertad. Me acerco, le hago fotos. «Ya tenía yo ganas de verte», le digo. La Libertad de Ponciano está en todo lo alto, pero no está sola; la acompañan, apoyadas en los sarcófagos de Mendizábal, Argüelles y Calatrava, tres pétreas señoras que representan, según la nota de la bandeja, la Pureza, el Gobierno y la Reforma. Lo primero no me lo creo. Mientras contemplo la pequeña estatua con su corona de rayos de punta se acerca Carlos, un jubilado de 71 años que es de Burgos, y, como si supiera lo que he venido a ver me dice: «Ahí la tiene usted, la primera Estatua de la Libertad, la que sirvió de inspiración a los franceses, que luego se la regalaron a los estadounidenses».

Carlos se refiere al «inspirado» Auguste Bartholdi, el autor de la estatua más famosa del mundo, cuya estructura interna fue armada por el famoso ingeniero Gustave Eiffel. «Ponciano tenía que haber registrado su estatua, pero no lo hizo y se la copiaron», me informa Carlos. «Bueno, qué se le va a hacer –disimulo–; también se apropiaron del término liberal, que era español antes que inglés y francés, y no por eso vamos a disgustarnos». El jubilado burgalés mueve la cabeza en señal de acuerdo y añade: «Ponciano Ponzano era muy testarudo, era aragonés… ¿Sabe usted que murió en la ruina?» Lo desconocía. «Tiene una biografía muy interesante, léala», me recomienda.

«Bueno, pues ya la he visto, es todo, encantado don Carlos», me despido del didáctico interlocutor, cuyo nuevo oficio de jubilado es, según dice, «paseante de ciudad». Y en el fondo me entristece que mientras la Estatua de la Libertad de la desembocadura del río Hudson, al sur de Manhattan, aquel regalo de los franceses, plantado en 1886, monumento nacional en los Estados Unidos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ilumina el bien más preciado que a los hombres dieron los cielos y sirve de símbolo frente a la opresión, la nuestra, la de Ponciano, se halle arrinconada en un lugar que muy pocos conocen y algunos visitan como paseantes o por hacer un poco de turismo funerario el día de difuntos. Ya en la calle recuerdo que en 2013 un diputado aragonés, Chesus Yuste Cabello, de la Chunta Aragonesista, pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que editara un sello de Correos para conmemorar el bicentenario del escultor Ponciano, nacido el 19 de enero de 1813, y el Gobierno se lo negó.

 

Metáforas sobre Cataluña

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Hans Magnus
José Ortega y Gasset

En sus Migajas políticas incurre el señor Z, personaje del escritor alemán Hans Magnus Enzensberger, en una metáfora que viene al pelo: un tipo provisto de brocha y caldero se pone a barnizar el suelo y avanza y avanza deprisa en su labor hasta que descubre que se ha quedado arrinconado en un pequeño espacio. ¿Cómo salir sin manchar el calzado ni estropear la labor?

Sin señalar a ningún político atolondrado ni referirse a ninguno de los abundantes necios de la patriótica dirigencia, el señor Z dejaba ahí al pintor colgado de la brocha. Ya supongo que algunos lo identifican con ese señor hosco y sin peinar que responde a la filiación de Puigdemont Casamajor y otros lo tomarán por ese de pelo tintado y barba cana que obedece a los apellidos de Rajoy Brey. Si así fuere, sirva la analogía para uno y otro o para los dos a un tiempo.

Cuando el pintor, ya sea animado por el brillo del barniz, ya por el rendimiento (mensurable en votos) que espera obtener de su obra, alcanza la posición descrita y se ve cercado, sin salida, entre la espada y la pared, alza la voz para que alguien le ayude. Lógico. Y es natural que genere una cierta expectación, no exenta de suspense. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo va a salir de ahí?

Se registra entonces una balumba de opiniones, comentarios, pareceres. Se organizan descomunales debates. Los pontoneros y expertos en caminos bloqueados (conspicuos magistrados, eminentes juristas, sabios constitucionalistas) aportan sus soluciones, nunca coincidentes. Los fabuladores y cuentistas (sociólogos colosales y economistas descomunales) adjuntan sus resultados, siempre discutibles. Los parleros, tertulieros y tergiverseros (megafilósofos y ultrateólogos) explican la confusión sin salir de ella. Y casi toda la ingente legión dedicada a entretener (y dar asco) a sus semejantes, se centra la cuestión.

Para que la función no decaiga se colocan elementos incendiarios (casi siempre intelectuales orgánicos y politólogos bocazas) muy bien remunerados a cuenta del común, con sus fósforos del Pirineo y sus teas de albardín de las lagunas de La Mancha y del entorno de Doñana, por si fuere necesario pegar fuego al barniz y acrecentar el suspense. El fuego es el gran elemento, todo lo funde y resuelve con un resultado cierto (las cenizas) sin vivo ni difunto que se le resista.

Hay otra metáfora de José Ortega y Gasset, muy bien traída por el teniente general Andrés Casinello, el hombre que ayudó a Adolfo Suárez a implantar la democracia en España y que llevó su primer mensaje al presidente de la Generalitat en el exilio, en Francia, Josep Tarradellas, pidiéndole que volviera. Dos tipos se ven a lo lejos, caminan por un campo en dirección opuesta, uno hacia el otro, se van acercando y a medida que se acercan, los dos sienten temor, aunque ninguno modifica su rumbo. En un momento dado se encuentran y, entonces, los dos tienden instintivamente la mano para defenderse. Nació así el saludo.

Si las metáforas sirven para explicar los resultados científicos y técnicos de las más extensas y complejas investigaciones, nada impide su utilidad en la política cuando se trata de atemperar la obcecación y evitar el daño humano y social. Sería necesario el saludo. Convendría que el pintor cercado por su propio barniz, se llame Rajoy o Puigdemont, recibiera ayuda para salir del reducto, aunque fuera mediante una pértiga. Y, desde luego, quien preste esa ayuda (y no parece que haya nadie más dispuesto que el PSOE y el PSC) tendría que poner la condición de que no pinten más.

Los ciudadanos no merecemos el daño y el dolor y el espectáculo de unas derechas ávidas de poder y de pasta como la española y la catalana que se pegan en vez de entenderse. Tampoco merecemos un rey Borbón que abdica de su papel moderador. Los políticos que no tienden la mano, los que han avivado la chispa, los creadores del problema no pueden ser la solución. Ellos y sus camarillas podrían hacer un favor al común: reconocer su avería, asumir su condición de nefastos y retirarse a descansar con el confort que de antemano se han proporcionado.

La gran empatía de Adolfo Suárez

Gobierno
El impulsor de la democracia en portada del Times
El impulsor de la democracia en portada del Times

Mucho tiempo después, el general Andrés Casinello recordaría la suerte que tuvimos con un presidente como Adolfo Suárez González. Casinello era jefe de los servicios secretos del Estado (el CESID) y colaboró con Suárez en algunas misiones políticas de primer orden como la de visitar al president de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, y pedirle que volviera. “Hay una imagen que me persigue –añade el general–: es la de dos desconocidos que caminan uno hacia el otro por un campo y cuando están a punto de cruzarse, ambos extienden el brazo para protegerse. Nació así el saludo”. El protagonista indiscutible de esa estampa histórica de mano tendida a los nacionalistas, republicanos, comunistas, socialistas, sindicatos de clase.., fue Adolfo Suárez. Le pregunté a Casinello cuál era el principal rasgo de su carácter y contestó sin dudar: “Una gran empatía”. Es cierto. No se enfadaba jamás. Sin ella, la Transición no habría sido posible.

Cuando el rey Juan Carlos regresó de su primera visita oficial a Washington, en la primavera de 1976, la izquierda tolerada (PSOE) y la perseguida (PCE) esperaba que colocase a José María de Areilza al frente del Gobierno en sustitución del franquista Carlos Arias Navarro, exalcalde de Madrid y muy amigo de la esposa del dictador fallecido. De hecho, Areilza introdujo las 29 palabras clave en el discurso del monarca ante el Congreso de EEUU, anunciando que España sería una democracia. Santiago Carrillo, que desde enero de 1976 recorría el país disfrazado con su famosa peluca, mantenía contactos con Areilza (conde de Motrico) sobre la legalización del PCE y se llevó una gran decepción cuando el rey puso a Suárez.

Ni Carrillo ni Felipe González habían hablado de política con aquel falangista o “azul”, como se decía entonces, que había sido director de Televisión Española antes de suceder en el verano de 1975 a su valedor, Fernando Herrero Tejedor, en la secretaría general del Movimiento, el partido único franquista. Sin embargo, todo cambió cuando le conocieron. Alfonso Guerra llegó a decir que Felipe se había enamorado de Suárez. Y Carrillo le quería tanto que no dejaba pasar un debate sin ofrecerle su apoyo frente a la caverna golpista y a la tendencia pretoriana del Ejército, todavía considerado “columna vertebral de la patria”, razón por la cual le llamábamos “Santiago Pactillo”.

Su gran coraje político para “dinamitar el bunker” apelando al referéndum para sacar adelante la ley de reforma política, para legalizar el PCE y celebrar las primeras elecciones democráticas tras 40 años de dictadura no se entiende sin aquella capacidad de diálogo y empatía hacia el adversario. De su convicción democrática nos queda la frase de su dimisión como presiente: “No quiero que la democracia vuelva a ser un breve paréntesis en la historia de España”.

Era enero de 1981, su partido, la Unión de Centro Democrático (UCD), se descomponía en familias y banderías. El aprecio de la izquierda contrastaba con la traición de los propagandistas católicos, democratacristianos, liberales, reformistas y socialdemócratas que componían la UCD. Ante los ciudadanos quedó, con Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado, como el presidente al que los gritos del golpista Tejero y las ráfagas de tiros de los guardias que asaltaron el Congreso no consiguieron humillar. Pero también como el dirigente al que los banqueros negaron el crédito para la campaña electoral de su nueva formación, el Centro Democrático y Social (CDS).

En el Reino de Gurtelia

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Ramírez primero y Soria detrás inauguran concesionario de BMW
Ramírez primero y Soria detrás inauguran concesionario de BMW

El empresario canario Miguel Ángel Ramírez Alonso, donante de dinero al PP e indultado en 2012 por el Consejo de Ministros a propuesta del titular de JusticiaAlberto Ruiz Gallardón de una pena de tres años de prisión por un delito ecológico, se beneficia de un contrato público de más de 11 millones de euros del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia), a pesar de estar acusado judicialmente por Hacienda de un fraude de 2.400.000 euros en 2008 y 2009. Los nuevos datos sobre el singular trato de favor se conocieron ayer, coincidiendo con la visita del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, a Las Palmas de Gran Canaria.

Para conseguir la adjudicación de la vigilancia y seguridad privada del Monasterio del Escorial y otros Reales Sitios del Patrimonio Nacional, dependiente del departamento de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a su empresa, Seguridad Integral Canaria (SIC), Ramírez Alonso declaró que estaba al corriente de pago de las obligaciones tributarias con Hacienda y de las cotizaciones a la Seguridad Social. El empresario, que es amigo del ministro de Industria y dirigente del PP de Canarias, José Manuel Soria, ganó el concurso público y obtuvo la contrata –algo más de 11 millones de euros por un año, prorrogable por uno más– sin mayor dificultad. Considerado un lince de los concursos públicos de seguridad privada, también consiguió que le adjudicasen la vigilancia del Metro de Madrid, dependiente del Gobierno autonómico del PP bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.

No obstante, esas adjudicaciones se habrían hecho en fraude de ley, ya que Alonso Ramírez, que también preside la Unión Deportiva Las Palmas, estaba acusado de defraudar a Hacienda 2,4 millones de euros en los años 2008 y 2009, según un informe de la Agencia Tributaria revelado por la Cadena Ser y aportado por la propia Agencia Tributaria a la causa judicial que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Después de que la emisora revelara la situación, Patrimonio Nacional emitió una nota asegurando que había cotejado los datos con Hacienda y que a la Agencia Tributaria no le constaba la deuda, de modo que le adjudicó la contrata entre nueve ofertas.

Esta argumentación oficial resulta “incomprensible” para algunas empresas excluidas –una ha anunciado que recurrirá la adjudicación de Patrimonio Nacional– y para Antonio Duarte, secretario general del sindicato USO, que instó la acción judicial, máxime cuando el informe de la propia Agencia Tributaria dejaba claro el comportamiento “doloso” del mencionado empresario. A Duarte le parece incomprensible que Hacienda haya dado a Patrimonio Nacional una respuesta diciendo que no tiene constancia del fraude porque “el Gobierno sabe perfectamente que esa empresa defrauda a Hacienda y a la misma vez le está entregando con la mano derecha once millones de euros”. El Ejecutivo autonómico madrileño que ahora preside Ignacio González, vicepresidente con Aguirre, evitó ayer explicar si también habían cotejado los datos con Hacienda antes de adjudicarle la seguridad del Metro.

Hace ya tres meses que el dirigente de IU, Cayo Lara, denunció el esmerado trato que el Gobierno de Rajoy dispensaba al citado personaje. Concretamente, en diciembre pasado formuló como presidente del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural una batería de preguntas solicitando a Rajoy que aclarase si los donativos legales de Ramírez Alonso al PP (50.000 euros en 2011, según la fiscalización del Tribunal de Cuentas) habían pesado en la decisión de concederle el indulto por un delito ecológico. El Ejecutivo todavía no le ha contestado.

Ramírez Alonso fue denunciado por el Seprona de la Guardia Civil por construir sin permisos ni licencias en un terreno rústico del paraje protegido de Pino Santo un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos de 250 y 255 metros cuadrados, un vial y muros y vallas entorno a una propiedad de 30.000 metros cuadrados. La pena de tres años de cárcel que le impuso la Audiencia de Las Palmas fue anulada por el Consejo de Ministros con el argumento oficial de que de ese modo retiraría las instalaciones y subsanaría más deprisa el daño.

Como señalaba al principio, los nuevos datos sobre el trato de favor al mencionado empresario y donante del PP han saltado a la palestra coincidiendo con la visita del presidente Rajoy a las instalaciones deportivas en la capital canaria que acogerán este verano el Mundial de Baloncesto. El jefe del Gobierno destacó la proyección internacional de los deportistas españoles y su contribución al prestigio de la Marca España, algo que las prácticas corruptas desde el poder, que no mencionó pero que Sáenz de Santamaría quiere abordar el martes con todos los portavoces parlamentarios, arruina más deprisa y con despiadada voracidad.

Las mentiras del notario mayor del Reino

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Gallardón, ministro de Justicia e indultos
Gallardón, ministro de Justicia e indultos

Érase una vez un reino cuyo notario mayor mentía con tal desparpajo y solemnidad que parecía increíble. Lo mismo mentía en el Parlamento que una plática ante estudiantes universitarios. Se llamaba Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez y había pasado a los anales de la capital por haber sido el alcalde más gastoso y derrochador de las últimas décadas. Dejó a la ciudad una deuda de 8.000 millones de euros cuando el jefe de su partido, Mariano Rajoy, lo nombró ministro de Justicia y notario mayor del reino.

Este personaje mentía tanto que hasta su correligionaria Esperanza Aguirre Gil de Biezma aprovechó su última falsedad para prorrumpir en expresiones de admiración hacia la sociedad británica porque no tolera la mentira. No es que la correligionaria fuera un dechado de verdad, pues había alcanzado la presidencia regional madrileña con la compra de los votos de los traidores del PSOE, Tamayo y Sáez, es que se hallaba en Londres y debía de suponer que los ingleses, con el aire de aburrimiento con que pasean por Madrid, se enteran de nada y menos.

En su plática ante el grupo de universitarios en Barcelona, Gallardón dijo que el Gobierno “no ha concedido un solo indulto por asuntos de corrupción”. La afirmación resultó tan chocante que la asociación Jueces para la Democracia tuvo que recordarle que el Consejo de Ministros ha concedido el perdón a siete condenados por delitos relacionados con la corrupción desde que él ejerce de ministro de Justicia y traslada al Consejo las peticiones de indulto.

De los siete indultos concedidos por malversación y prevaricación, el más claro es el de Josep María Servitje, miembro de Uniò Democràtica y viceconsejero de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, cuya pena de cuatro años y medio de prisión en el llamado “caso Treball” fue anulada por el Gobierno sin darle tiempo a ingresar en la cárcel. También fue indultado en el mismo acto el condenado tras la larga instrucción del caso (más de 10 años), Victor Manuel Lorenzo.

Entre los indultados por corrupción figuran tres ediles y el exalcalde del PP de la localidad malagueña de Valle de de Abdalajís, condenados por delitos continuados de prevaricación urbanística. Y asimismo el exsecretario de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Constancio Alvarado, un tipo que vendía permisos de residencia a los inmigrantes al módico precio de hasta 3.500 euros por cabeza.

Es poco probable que Gallardón, con su aguda inteligencia, haya olvidado el indulto al empresario canario Miguel Ángel Ramírez Alonso, quien fue condenado a tres años de cárcel por la Audiencia de las Palmas por un delito contra el medio ambiente, consistente en realizar diversas obras no autorizadas y en ningún caso autorizables, pues invadían terreno rústico en el paraje natural protegido de Pino Santo. Las obras fueron un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos de 250 y 255 metros cuadrados, un vial, muros y vallado del perímetro de un terreno de 30.000 metros cuadrados del que es propietario.

El delito no era de corrupción, aunque en el indulto pudo pesar el hecho de que el agraciado era donante de dinero al PP y amigo personal del ministro de Industria y jefe de filas del partido en Canarias, José Manuel Soria. La última donación reconocida ascendió a 50.000 euros. La presunta corrupción estaría relacionada con la adjudicación de contratos públicos a un condenado. En concreto, Ramírez Alonso ha obtenido las contratas de seguridad del Metro de Madrid (Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) y del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia).

El dirigente de IU, Cayo Lara, que reclamó al Gobierno hace meses que aclarase la medida de gracia hacia ese empresario, convertido en poco tiempo en un lince de las contratas de seguridad y otros servicios públicos, sigue sin recibir una respuesta del Ejecutivo. Se da la circunstancia de que el condenado financió unas jornadas judiciales en Las Palmas, en las que participó el fiscal del medio ambiente que luego informó favorablemente el indulto.

Con independencia de que las peticiones de indulto hayan paralizado el ingreso en prisión de un regidor valenciano del PP y del exministro de Aznar y expresidente de Baleares, Jaume Matas, el abuso en la administración del perdón a correligionarios y amigos –la primera decisión de Aznar cuando alcanzó el Gobierno fue indultar al amigo y promotor burgalés Miguel Méndez Pozo, el del frustrado parking de pago y bulevar en el barrio de Gamonal–, ha llevado a la Izquierda Plural a plantear en el Congreso la reforma de esa prerrogativa decimonónica. Pero el PP ha rechazado la idea. Los jueces decanos han protestado porque no contribuye a combatir la corrupción sino a fomentar la impunidad. Pero el PP no les ha escuchado.

¿Qué cabe esperar en un reino cuyo notario mayor lleva escrito en la frente un letrero que dice: “Miento y me quedo tan ancho”? El 11 de septiembre de 2013, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, le preguntó en el pleno del Congreso cuáles eran sus intenciones sobre la ley del aborto. Y en vez de contestarle como es debido, Gallardón le dijo que el PSOE no puede erigirse en defensor de las mujeres porque en 1931 votó contra el reconocimiento del voto femenino.

En tono grandilocuente dijo: “No se equivoquen como se equivocaron hace 80 años, cuando para ganar unas elecciones les quitaron el voto a las mujeres. Se acabó la supuesta superioridad intelectual de la izquierda, se ha acabado para siempre el pensar que ustedes defienden los derechos de los más débiles mejor que nosotros. Su historia les puso en contra del voto de las mujeres y hoy les pone en contra de la defensa de los derechos de la mujer”.

Todas las peticiones de rectificación de la falacia del ministro resultaron inútiles, si bien, Gallardón reconoció meses después por escrito que se había documentado en un estudio de Juan Carlos Monterde García sobre el voto femenino, reconocido por primera vez en la Constitución de la II República en 1931. El estudio fue publicado en 2010 en el número 28 de Anuario de la Facultad de Derecho. Y dice textualmente que reconocimiento del derecho al voto de las mujeres “fue aprobado, nominalmente, por 161 votos a favor y 121 en contra. La mujer adquiría así, por un escaso margen de diferencia, la condición de electora. Votaron a favor el Partido Socialista (con la destacada excepción de Indalecio Prieto, quien lo consideró una puñalada para la República), pequeños núcleos republicanos (catalanes, federales, progresistas, galleguistas) y la derecha. En contra lo hicieron Acción Republicana, y los Partidos Radical y Radical-socialista, salvo Ruiz Funes, Castrovido, y Clara Campoamor, entre otros. (…) Quedaron sin votar 188 Diputados, y tan sólo estuvo presente en aquel trámite un 60% de la Cámara”.

Si se hubiese documentado con en el mencionado estudio no habría excretado falsedades sobre la historia en el diario de sesiones. Más bien parece que prefiere el cartel de mentiroso al de indocumentado en su ya imparable ingreso en el Salón de la Fama del reino y la marca España.