Luis Díez, 6-03-2019, Madrid.– Miguel de Unamuno, al que la vida debió de resultar larguísima por su tormentosa lucha entre la fe y la razón, sostenía que vivir es desvivir. Otros filósofos y poetas dignos de tal nombre se han ocupado del sentido de la vida y sus textos pueden iluminar a los letrados del Parlamento para elaborar el informe que les ha solicitado la presidenta Ana Pastor Julián sobre si los decretos que ha aprobado y piensa aprobar el Gobierno son urgentes y necesarios y deben ser sometidos a la convalidación (o no) de la Diputación General del Congreso.
Lo que para unos (el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y sus aliados) es urgente y necesario, para otros (la oposición de C’s y PP) es innecesario y puede esperar. Como éstos mandan en la Mesa del Congreso y los letrados son poco proclives a la filosofía y la desobediencia, vale suponer que la Diputación de marras tendrá poca labor. O ninguna. Eso no quita para que solo se viva una vez y unos (la mayoría trabajadora y laboral) desvivan en la angustia de la estrechez económica y otros, las minorías favorecidas por el sistema, en la parte ancha del embudo.
Para los “casatenientes” y rentistas (la exministra del PP Isabel García Tejerina entre ellos), el decreto regulador de los alquileres de viviendas emitido por el Gobierno para poner freno a la escalada de los precios, los abusos de los fondos de inversión (buitres les llaman) que se apropian incluso de viviendas sociales (caso de Madrid, con Botella madre de alcaldesa y Botella hijo de intermediario de un fondo buitre) y la especulación desaforada y contagiosa de los pisos y apartamentos turísticos es innecesario y no corre prisa. Para las familias desahuciables, sin derechos a prórroga de los contratos y sin defensa ante las subidas exageradas (el 8% de promedio el último año), el decreto es necesario y urgente. Las medidas que contiene son sensatas y se adoptaron después de escuchar a todas las autonomías, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a las asociaciones de vecinos y agentes inmobiliarios.
Otro tanto se puede decir del decreto de conciliación y corresponsabilidad que prolonga a ocho semanas el permiso de paternidad en 2019, a 12 semanas el año que viene y a 16 en 2021. Para las derechas patrióticas, repentinamente feministas, la medida no era urgente ni necesaria, aunque haya sido sido recomendada la Comisión Europea hace cinco años. Para millones de mujeres y hombres trabajadores constituye un buen alivio del bolsillo cuando no hay abuelos con quien dejar a los niños pequeños, enriquece la convivencia y la responsabilidad paterno filial y libera de toda la carga a las mujeres.
Ese mismo decreto desarrolla el nuevo marco jurídico ya fijado en la reforma del Estatuto de los trabajadores para hacer efectivo el principio de “trabajo de igual valor” y combatir la desigualdad salarial de las mujeres. Para las derechas nacionales esa igualdad está muy bien en teoría, pero en la práctica no, ya que puede perjudicar a las empresas, es decir, el beneficio empresarial. Para los socialistas ha de aplicarse imperativamente de modo que las empresas con más de cincuenta trabajadoras deben hacerla efectiva en un plazo no superior a tres años, las de 100 a 150 trabajadores en dos años y las de más plantilla, el año que viene.
Otro tanto vale decir de la reposición de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras de personas dependientes. Estas trabajadoras quedaron desamparadas por decisión del Gobierno de las derechas y ven ahora repuestos sus derechos en el decreto citado. Vale recordar que una ministra llamada Ana Mato, a la que Dios conserve la vista, eliminó esa cotización a costa del Estado porque costaba, dijo, mil millones al año. No le importó (a ella y al PP) dejar sin cobertura para la jubilación a unas cien mil mujeres, trabajadoras sin horario en la atención y los cuidados de otras tantas personas consideradas “grandes dependientes”. El objetivo, dijeron, era reducir el déficit público. En realidad lo trasladaron a la Seguridad Social con esa y otras medidas. Y en ese planteamiento siguen. Por la derecha española no pasan los años.
A los miles de parados de larga duración que con más de 52 años no encuentran empleo remunerado (trabajo hay siempre, lo que no hay es salario) les resulta urgente y necesario la reimplantación del subsidio de supervivencia que el Gobierno va a aprobar por decreto. Era una medida prevista en el Presupuesto del Estado para este año que frustraron los nacionalistas catalanes con sus ínfulas independentistas y era, además, una decisión acordada cuando el desempleo o ejército de reserva bajara al 17% de la población activa, de modo que el PP y sus correligionarios naranjas de C’s deberían obrar en consecuencia.
El Gobierno del PSOE con la ayuda de Podemos y el PNV ha de reponer esa prestación y otros derechos sociales sustraídos por el PP en cuanto llegó al poder en 2011 si quiere reequilibrar solo un poco el trato legal al capital y al trabajo. En este caso se podría decir lo de Séneca en su Breviarium Vitae: «No es que tengan poco tiempo, es que pierden mucho». Cierto es para los retardatarios y retrógrados de oficio y conveniencia la dignidad de los trabajadores nunca corrió prisa. Y ahora, con la excusa de que son «decretos electorales», tampoco. O como dijo aquella poeta del PP al escuchar la palabra «parados» en el pleno del Congreso: «¡Que se jodan!»
La declamadora mencionada, Andrea Fabra, hija del presidente corrupto y ladrón, condenado a cuatro años de cárcel, de la Diputacion de Castellón, elevó su expresión mientras Mariano Rajoy Brey anunciaba los recortes a los parados y sus señorías del PP se partían las manos en aplausos. ¡Qué tiempos! Ahora la ultraderecha se ha separado del PP, pero tanto da. En el bloqueo a la convalidación de los decretos sociales cuenta el partido conservador con el apoyo de C’s, personificado en la Mesa del Congreso por el tránsfuga asturiano de UPyD Ignacio Prendes. Qué prendas. En fin, los retardatarios.