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La derecha agita las togas contra Zapatero para derribar a Sánchez

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Luis Díez.

La corrupción tradicional afecta al Partido Popular (PP) desde los años noventa del siglo pasado, cuando Manuel Fraga Iribarne –que pedía unos “naseiriños” para las elecciones– pegó una patada en el culo al abogado Antonio Hernández Mancha –les salió un poco rojillo, decían– y colocó a José María Aznar López, que a su vez designo a su sucesor Mariano Rajoy Brey, quien tuvo que abandonar el Gobierno por corrupción a raíz de la moción de censura del socialista Pedro Sánchez.

Pero ahora, en vez de presentar una moción de censura contra Sánchez por los casos de presuntas mordidas del exministro José Luis Ábalos Meco, su ayudante Koldo García Izaguirre (los dos en la cárcel), el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán León (encarcelado entre el 30 de junio y el 20 de noviembre del año pasado) y la militante Leire Díez, el presidente del PP y reputado jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lleva jaleando ad nauseam la corrupción del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Por qué lo hace? Se dirá que para tapar el impacto maloliente del caso Kitchen del que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón apartó a Rajoy porque no sabía quien era M. Rajoy. Se añadirá que para atacar y derribar cuando antes al Gobierno del malvado Sánchez, que hasta permitió acercarse a Canarias al crucero Hondius y evacuar a los viajeros tras sufrir el brote de un hantavirus mortal, cuando, según Feijóo y su socio el presidente canario Manuel Clavijo “no se podía permitir que el barco entrara en Canarias”.

Lo cierto es que el señor Feijóo lleva tratando de corrupto y medio al expresidente Zapatero mucho tiempo antes de que al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le citase como investigado en el caso de las ayudas (dos préstamos por un total de 53 millones de euros) a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia del Covid-19. Se adelanto incluso al sagaz Miguel Ángel Rodríguez Bajón, gran expendedor de trápalas y jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues cuando éste dijo aquello de “Zapatero va palante”, ya el de Ourense venía avisando (2 de enero en Servimedia): “No descarto que Zapatero pueda sentarse en el banquillo judicial”. Y anunciaba que iba a ser citado en esa comisión de investigación del Senado que sigue escarbando en el “caso Koldo”. Se notaba que tanto el líder del PP como ese alto cargo de Ayuso que en sus tiempos de secretario de Estado de Comunicación con Aznar se dedicaba a agallinar periodistas, tenían buena información de los guisos judiciales secretos.

Sin entrar en tan procelosa materia –reuniones discretas de Feijóo y compañía con fiscales y otros funcionarios prestos a la simonía para medrar–, basta recordar que el actual magistrado de la Sala de Enjuiciamiento de la Audiencia Nacional, Enrique López López, fue nombrado en 2019 consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo autonómico madrileño por la presidenta Ayuso y permaneció en el cargo hasta 2023. Entonces se dio de baja en el PP y pasó a ocupar la plaza que tenía asignada desde 2017 en la Audiencia Nacional, el mismo órgano judicial que, en efecto, como anunciaron Feijóo y Rodríguez, imputa horribles delitos de corrupción a Zapatero como jefe de una trama para cobrar la mordida de más de medio millón de euros (el 1% de los créditos oficiales concedidos con cargo al Fondo de Recuperación de la pandemia).

Un por cierto: en abril de 2025, la Audiencia Nacional que ahora está celebrando el juicio contra el exministro del Interior y amigo de Rajoy, Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por el caso Kitchen, anuló la comparecencia de López como testigo. En la Kitchen –operación urdida en 2013 para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas los papeles que perjudicaban a Rajoy y a varios subordinados, utilizando altos mandos policiales y dinero de los fondos reservados del Ministerio del Interior– aparecieron datos y testimonios según los cuales López, siempre al servicio del partido, presentó al empresario Agustín de Diego, muy amigo de Bárcenas, al abogado del partido en el caso Gürtel, Jesús Santos.

Jefes y mandos de Interior de la trama Kitchen para quitar los papeles a Bárcenas (de espaldas) y evitar la causa judicial contra la financiación y los sobresueldos en B de los líderes del PP

Aquello sucedió en 2016. El letrado del PP y el empresario amigo de Bárcenas mantuvieron (versión de los periódicos Mundo y Confidencial) más de una docena de encuentros cuando la primera fase del juicio a los gurtélidos quedó visto para sentencia en 2017. Faltaba el juicio por la caja B (sobresueldos y pagos en negro) y se trataba de amañar un acuerdo con Bárcenas para que infligiera el menor daño posible a los dirigentes del PP, eso que los anglosajones llaman un win-win (ganar-ganar), pero el tesorero del PP de Rajoy rechazó la oferta. López reconoció haber puesto en contacto a De Diego y Santos, aunque dijo que luego se desentendió. Bueno, pues la rigurosa magistratura de la Audiencia Nacional anuló la testimonial de López en la vista oral diciendo que era consejero de la Comunidad de Madrid y ésta no tiene nada que ver con la Kitchen. Sólo que López fue nombrado consejero en julio de 2019: tres años después. Así se escribe la historia. Lo que no sabemos es cómo se borra.

A pesar de los denuestos del líder del PP contra Zapatero, su incriminación por parte del juez Calama ha tenido un impacto demoledor sobre los socialistas. Ese era el indisimulado objetivo de los enemigos del PSOE y del Gobierno progresista. No les bastaba con atacar a la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, con una balumba de falsedades instruida por un juez oscuro y cenagoso. Ni tampoco con arremeter contra su hermano, el músico y director apreciado más allá de nuestras fronteras, David Sánchez, por haber sido contratado por la Diputación de Badajoz para coordinar y ayudar a programar los conciertos y actividades escénicas en los Conservatorios y teatros de la provincia. Tras la instrucción realizada por una jueza afín a la ultraderecha, el jueves comenzó la vista contra él y quienes le contrataron. Y tampoco era suficiente la logorrea de los casos Cerdán, Koldo y lúbrico Ábalos. Había que cercar a Sánchez, desanimar a los militantes, simpatizantes y electores socialistas y, por supuesto, pasar factura al infame ZP.

El señor Feijóo dijo el 12 de mayo en un mitin en Tomares (Sevilla): “Empieza a haber muchas sospechas sobre el expresidente Zapatero, al parecer por llevarse dinero sucio. O sea que hay novedades en materia de corrupción, mañana habrá más, la próxima semana mucho más”. ¿Cómo «empieza a haber» si ya el 2 de marzo Feijóo utilizó su mayoría absoluta en el Senado para llamarle a declarar en la Comisión de investigación del Koldo por el rescate de Plus Ultra? Para que vean cómo utiliza el PP la mayoría absoluta, le citaron con urgencia, con sólo cinco días hábiles de margen y sin decirle la materia sobre la que querían interrogarle. Pero tanto da.

Faltaban entonces pocos días para que los castellanos y leoneses acudieran a las urnas, y tildar de corrupto a ZP le venía estupendamente al PP, que temía que el PSOE ganara las autonómicas. Y otro tanto ocurrió cinco días antes de los comicios andaluces. Feijóo consiguió muchos titulares sorprendentes a cuenta de Zapatero, pero en Castilla y León no logró despegarse de VOX y en Andalucía perdió la mayoría absoluta que Juan Manuel Moreno Bonilla obtuvo en 2022.

El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo Toribio practicó un interrogatorio cargado de conjeturas sobre las peticiones de Zapatero al presidente Sánchez y las presiones al entonces ministro de Transportes, Ábalos, así como a altos cargos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que concedieran los famosos préstamos de 53 millones a la compañía hispano-venezolana Air Plus, aprobados por el Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021. El sagaz interrogador, senador por Zamora y abogado al fin y al cabo ya preguntó entonces a Zapatero si había hecho negocios con Javier de Paz en Telefónica. «No». Si trabajó para la consultora Acento (creada por José Blanco y vendida a una sociedad francesa). “No, ninguna relación, nada”, dijo ZP. Si trabajó con Zaño. “No la conozco”, respondió el expresidente. A lo que Toribio agregó: “Pues es la (consultora) de Gaspar Zarrías, donde estaba contratada Leire Díez. ¿Nunca ha estado reunido con Pepe Blanco ni con Gaspar Zarrías para hablar de temas de negocios? ¿Nunca?” Zapatero respondió: “Nunca. Jamás”.

El interrogador Toribio afirmó que el expresidente había sido despedido de la consultora Kreab, para la que trabajó durante diez años desde que en 2012 dejó la jefatura del Gobierno. “Eso es falso”, le aclaró Zapatero. Pero Toribio abundó: “Usted dejó de estar ahí porque le echaron por sus contactos con Cuba y con Venezuela”. Toribio hozicó sin resultado sobre las relaciones de Zapatero con Santos Cerdán. Escarbó, también sin resultado, sobre las relaciones con el empresario chino Miguel Duch, al que llamó “el Julito chino, para que nos entendamos todos”.

Comoquiera que la empresa de mercadotecnia y publicidad de las hijas de Zapatero (Whathefav, 6 empleados) tenía como cliente a la telefónica y fabricante de teléfonos china Huawei y a su vez gestionó el diseño de redes sociales del Gate Center chino y que, además, el comisario de policía Segundo Martínez, antiguo jefe de seguridad de La Moncloa, fue contratado años después como responsable de seguridad de Huawei, el senador inquirió: “¿No se ha reunido nunca con Miguel Duch para hablar de Huawei?”, a lo que Zapatero respondió: “No”. Faltaba la trama china. Y claro, el letrado Toribio puso la carne en el asador: “Huawei es una empresa que tanto la Unión Europea como Estados Unidos consideran peligrosa desde el punto de vista de la seguridad”, a lo que el expresidente Zapatero respondió: “Por eso va la presidenta de la Comunidad de Madrid a inaugurar el centro de Huawei en Madrid, haciendo unos elogios enormes a Huawei”.

Consciente de que Feijóo se debe a Ayuso, que derribó a su antecesor Pablo Casado por pedirle cuentas sobre la corrupción, el interrogador Toribio corrigió el tiro, acusó a ZP de negocios oscuros con el expresidente venezolano Nicolás Maduro, apresado por EEUU en una operación militar a sangre y fuego el 2 de enero pasado, y empezó a resumir su imputación: “Usted facturó 459.000 euros a Análisis Relevante. Análisis Relevante (consultora creada por Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero) facturó esa misma cantidad a Plus Ultra. Plus Ultra recibió un rescate del Estado de 53 millones. Las fechas son coincidentes, entre 2020 y 2025. ¿Dígame usted que lo que parece no es lo que es?”

El expresidente respondió a Toribio: “Pues no es, en absoluto, porque para eso tendría usted que aportar un solo elemento, un hecho de que yo haya intervenido en el rescate y no he intervenido en nada”. Incluso corrigió al senador: “Sus cifras están fuera de margen. Por mi trabajo percibí y mis hijas percibieron por el trabajo de Whathefav mucho más de lo que usted ha dicho, seiscientos y pico mil euros, me parece”. Zapatero también negó su vinculación societaria a la consultora Análisis Relevante creada por el compañero de carreras matinales por el monte de El Pardo, Martínez Martínez, y rechazó la imputación del PP de que se trataba de una empresa pantalla para cobrar mordidas, pues ha trabajado como autónomo desde 2012 y ha pagado a Hacienda casi la mitad de sus ingresos como consultor. Pero turris-burris lo que dijera, pues según Toribio “el señor Zapatero se ha convertido en una especie de lobista de regímenes totalitarios. Sí, sí, en un lobista de regímenes totalitarios donde no hay transparencia”.

En vano el expresidente Zapatero –un referente de honradez y tolerancia para miles de socialistas– se defendió diciendo: “Le he explicado que no he tenido absolutamente ninguna percepción económica de Venezuela ni del gobierno ni de ningún régimen. ¿Por qué me llama lobista? ¿Por qué se atreve? ¿Por qué miente?” En vano porque, según Toribio: “Está pringado hasta el cuello, señor Zapatero; hasta el cuello, señor Zapatero”.

La derecha dura y la extrema derecha no podían dejar de pasar factura al gobernante que como dijo Carla Antonelli, senadora de Mas Madrid, “convirtió este país en un lugar mucho más decente durante su Gobierno, con todo tipo de avances en derechos civiles y que el PP recurrió sistemáticamente, aunque luego fueron los primeros en usarlas, como la interrupción voluntaria del embarazo en una norma de plazos, la Ley de igualdad de trato, la Ley de dependencia, la Ley de violencia de género o la Ley del matrimonio igualitario, en la que me complace haber trabajado con usted. O la Ley de identidad de género, una norma por la que esta senadora figura en su DNI como Carla Delgado Gómez”.

Pero además de promover el diálogo y facilitar el final de ETA, a Zapatero tampoco le podían pasar por alto el apoyo activo al dirigente del PSOE y jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, al que PP y VOX insultan a diario al tiempo que se colocan como ilotas del belicoso imperial Donald Trump. ¿Cómo iban a perdonar al expresidente que en 2023 participó en Ginebra en el diálogo PSOE-Junts? “Me siento muy honrado de haber participado en aquellas reuniones. He tenido una relación, especialmente con el señor Puigdemont, intensa, sincera y creo que muy positiva. Le tengo gran respeto y deseo que pueda culminarse la amnistía cuanto antes”. De ahí el ruido y el viento para extender las patrañas y enmerdar su biografía. Ruido y viento, política de flatulencia.

Primero de Mayo por el pan, el techo y la paz

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Luis Díez.

Nunca ha sido fácil la vida para los trabajadores. Y ahora tampoco. En el contexto de crecimiento económico y productividad sostenida como la que vivimos en España –por encima de la media de la UE– tenemos más de diez millones de trabajadores con los salarios estancados. No se trata de que los sueldos de esas personas suban igual que los márgenes empresariales, cuyo promedio alcanza el 13% anual, sino de que, como dice Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), tengan subidas de entre el 4 y el 7% para los próximos años.

El segundo gran problema es la vivienda. Los dos principales sindicatos de clase, CCOO y UGT, la consideran un problema estructural que “empobrece” a la población trabajadora. Y reclaman a los poderes públicos que “limiten los precios” de los alquileres y las cuotas de las hipotecas bancarias al 30% como máximo de los ingresos de cada hogar.

Los poderes públicos en este caso son también el PP de la señora Ayuso y del señor Feijóo que gobiernan en Madrid y en otras autonomías donde se han declarado “insumisos” para ejercer sus competencias y aplicar la Ley de Vivienda que permite congelar los alquileres en las “zonas tensionadas” y compensar fiscalmente a los caseros. Los poderes públicos son ese PP y VOX que rechazan los 7.000 millones de euros del nuevo plan de viviendas públicas recién aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los mismos que, acompañados por la derecha catalana, Junts, han votado en el Congreso contra la prórroga de los contratos de alquiler, provocando estragos salariales a tres millones de inquilino cuando no el desahucio.

El secretario general de la UGT, José Álvarez, dejó claro el martes en la asamblea de delegados en Cádiz el contenido y, sobre todo, los destinatarios de las reivindicaciones de los asalariados en este Primero de Mayo cuando dijo que “el acceso a la vivienda, la sanidad y los servicios sociales debe garantizarse como un derecho fundamental”. Y subrayó: “Las comunidades autónomas tienen que dejar de bajar impuestos a los ricos, y éstos han de contribuir para que las personas que menos tienen puedan acceder a los servicios públicos”.

Junto a los salarios y la vivienda, la jornada laboral sigue en el centro de las reivindicaciones de los trabajadores. “Se están haciendo millones de horas extraordinarias sin control en España”, denuncia Unai Sordo al tiempo que reclama una actuación más firme de la inspección laboral para acabar con estas prácticas. “No puede haber impunidad; el control horario es una herramienta básica para garantizar derechos y acabar con abusos”, añade el líder de CCOO, quien considera “injustificable” que con la digitalización y los medios técnicos existentes siga sin aplicarse plenamente la normativa sobre la jornada laboral.

Aparte la frustración por el intento fallido de las fuerzas políticas progresistas de reducir la jornada a 37,5 horas semanales, las organizaciones sindicales tienen pocas dudas de que el avance de la Inteligencia Artificial (AI) generativa modificará el panorama laboral en términos cuantitativos y cualitativos. No sólo reducirá los puestos de trabajo sino también la jornada y, sobre todo, la ubicación física de los asalariados, hasta el punto de que podremos trabajar para cualquier país del mundo desde nuestra sede en España y contratar labores de trabajadores de otros países. El 2 de agosto próximo entra en vigor plenamente la Ley de la IA, la primera elaborada por la Unión Europea (UE) que obliga a los estados miembros a establecer controles y sanciones contra los riesgos “inaceptables”, “muy altos” y “altos” de la IA y contra la “opacidad” y falta de registro de los sistemas. (Informe: Ley sobre inteligencia artificial).

Por si fueran pocas las dificultades para hacer cumplir la normas laborales en materia de jornada, horas extras sin control, condiciones de trabajo y otras trampas, el famoso Tribunal Supremo ha contribuido a la incuria con su fallo del 14 de abril (ni siquiera la fecha es inocente) que impide el libre acceso de los inspectores de trabajo y seguridad social a las empresas. La sentencia del alto tribunal les exige un mandamiento judicial para poder inspeccionar los centros de trabajo cuando sean a la vez el domicilio social de la empresa, algo muy frecuente en las pymes. El rechazo de los inspectores a través de sus sindicatos profesionales ha sido inmediato por la falta de calidad jurídica del producto y porque el Supremo “se extralimita” en sus funciones, actuando como si fuera “el legislador”. CCOO denuncia que el fallo lamina la ley de 2015, reguladora de las funciones de la Inspección, de acuerdo con la Constitución y el convenio 81 de la OIT.

El rechazo a la guerra de EEUU e Israel contra Irán y a las masacres del genocida Benjamín Netanyahu en Gaza y Líbano marcan también las reivindicaciones de los trabajadores. Es muy curioso ver cómo el matón de la Casa Blanca se ha transformado en el pirata petrolero del Estrecho de Ormuz, violando la Carta del Mar de Naciones Unidas. El miércoles le preguntaron en el Congreso a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre el aumento del precio de los combustibles y de los alimentos en EEUU (y en el resto del mundo) y respondió diciendo que eran preguntas “capciosas”. A continuación preguntó: “¿Cuánto estarían dispuestos a pagar para garantizar que Irán no obtenga una bomba nuclear?”

Alguien debería recordar a ese antiguo comentador de televisión que su actual jefe Donald Trump rompió en 2018 el pacto negociado por Barack Obama con la teocracia iraní para evitar que construyera una bomba nuclear. Entonces hicieron falta veinte meses de negociación, expertos nucleares y decenas de reuniones. El pacto de Obama con Irán se llamaba Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por su sigla en inglés), tenía 160 páginas, incluía cinco anexos técnicos que detallaban los límites del programa nuclear iraní. En síntesis, Irán aceptó tres condiciones a cambio del alivio de las sanciones: enviar el 97% del uranio enriquecido fuera del país; limitar el enriquecimiento en curso al 3,67%, suficiente para las centrales pero no para hacer bombas, y adherirse al intrusivo régimen de inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

Pero Trump rompió el acuerdo hace ocho años, un tiempo que Irán podía haber aprovechado para proveerse de armas nucleares, aunque no lo hizo. Por el contrario, el ayatola Ali Jamenei, asesinado con familiares y altos funcionarios el 28 de febrero, primer día de la guerra, por los bombas estadounidenses, había firmado una fatwa en contra de las armas nucleares. Pero se ve que a Trump y Netanyahu les interesaba más la guerra. El miércoles le preguntaron al mencionado Hegseth cuántos meses más prevé que dure la guerra, pero se negó a contestar. El jueves, 30 de abril se cumplieron 60 días de guerra, plazo legal para que Trump comience a retirar las tropas o solicite el permiso del Congreso para continuar las hostilidades. Sólo cabe pedir que no inflijan más daño a su propio pueblo y al conjunto de la humanidad.

Del observatorio a la prevención del racismo y el odio a los inmigrantes

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Incendio de un asentamiento de trabajadores inmigrantes en Palos de la Frontera (Huelva)

Luis Díez.

El Estado español dispone de medios poderosos para combatir el racismo y la xenofobia. Son los cuerpos y fuerzas de seguridad, las multas y sanciones en manos de los delegados y subdelegados del Gobierno, el Código Penal a disposición de fiscales y jueces. Sin llegar a ese aparato punitivo puede aplicar medidas preventivas para evitar estallidos de odio violento como el desvivido contra personas de origen magrebí en la localidad agraria de Torre Pacheco (Murcia).

Si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que es titular Elma Saiz Delgado, dispone de un sistema de monitoreo en tiempo real de los mensajes de odio en las redes sociales, tendría que servir para algo más que para conocer la etiología del odio y elaborar estadísticas. Tendría que servir para evitar la difusión del odio y la incitación a la violencia. Si se tratara de prevenir, por ejemplo, muertes por gripe, de nada nos serviría tener vacunas si no las usamos.

Algo de eso ocurre con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), que así se llama la herramienta en manos del departamento de la ministra Saiz. Éste instrumento detecta en tiempo real a diario, todos los días del año, los mensajes de odio en las redes sociales. Para ello cuenta con un sistema llamado FARO (Filtrado y análisis de odio en las redes sociales) que descubre, analiza, recopila y ordena los discursos con motivación racista, xenófoba, islamóbofa, antisemita y antigitana. El monitoreo se realiza sobre las redes sociales más usadas (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X). Y los seis lectores y dos analistas coordinadores avisan a las plataformas cuando encuentran mensajes delictivos, sancionables por vía administrativa o contrarios a las normas de uso de las propias plataformas digitales.

Mensajes de odio

En el caso del llamamiento de la extrema derecha a la violencia en Torre Pacheco (Murcia), el sistema detectó un pico extraordinario de mensajes de odio. Pasó de 2.313 el 9 de julio a 11.081 el 11 de julio. En el ínterin, el 10 de julio, se produjo la agresión de tres jóvenes de origen magrebí a un hombre de 69 años. La foto del hombre con la frente ensangrentada fue utilizada por cabecillas ultras para incitar a los grupos neonazis “a la caza del moro”. Emplearon además videos manipulados, bulos y noticias tergiversadas.

Los mensajes de xenofobia y odio hacia los ciudadanos de origen magrebí arraigados desde hace décadas en la localidad murciana y con nacionalidad española en la mayor parte de los casos llegaron a 32.892 el 12 de julio y fueron 23.758 el día 13. Las jornadas que siguieron fueron también de muchos mensajes contra los norteafricanos, con una horquilla entre 11.870 el día 14 y 5.575 una semana después, el 21 de julio. Ya el 22 de este mes, las expresiones de odio en las redes volvieron a la normalidad: poco más de dos mil, según la Web del OBERAXE.

Aun con las limitaciones de personal –ocho empleados– y de monitorización –sólo textos en español y en perfiles públicos, lo que excluye a Telegram–, resulta evidente que la supresión de los mensajes delictivos de incitación al odio y la violencia contra los inmigrantes evitaría la expansión de esa venenosa polución mental. Con ello se acotaría el insoportable clima de insultos, injurias, calumnias y llamamientos a la agresión de los migrantes por parte de los cabecillas de la extrema derecha, enemiga de la convivencia, de los derechos humanos y de los valores democráticos. Tanto esas convocatorias “a cazar moros” como otras acciones delictivas con las que el PP se ha mostrado complaciente se convertirían en flautus vocis carentes de eficacia.

Ocurre que los datos suministrados por el OBERAXE sobre la supresión de mensajes de odio no concuerdan con los consignados en un boletín especial de ese observatorio sobre el caso de Torre Pacheco. En el boletín se afirma que suprimieron más del 20% de los mensajes incitando al odio y la violencia en la localidad murciana, pero la gráfica interactiva de la web del OBERAXE sólo muestra la retirada de 11 mensajes el día 10 de julio. En las jornadas que siguieron se registraron retiradas de un mensaje y algunos días de ninguno. Como es sabido, las convocatorias prendieron y al final fue el despliegue de más de setenta guardias civiles el que evitó agresiones y mayores males provocados por neonazis llegados de fuera.

Racismo institucional

Si el Gobierno progresista ha de afinar los instrumentos para prevenir y evitar esos estallidos de odio y violencia contra los inmigrantes y sus familias, también parece evidente que alcaldes como el de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca Tornel, un tipo del PP, caldeó los ánimos de los vecinos convocando una manifestación nada más saber que tres jóvenes de origen magrebí habían pegado a un hombre mayor. El regidor actuó en consonancia con las declaraciones de algunos líderes de su partido y de Vox. Durante la concentración, algunos vecinos culparon al presidente del Gobierno (¿Cómo no?) de la inmigración y se realizaron coreando “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” como le llamó Ayuso desde el palco de invitados del hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Hay acciones y declaraciones de regidores, casi siempre del PP y Vox, demasiado complacientes con la violencia verbal, la denigración y el maltrato a inmigrantes. Para algunos, como el concejal de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Fiestas de Ponferrada (León), un tipo del PP llamado Carlos Cortina, las pintadas racistas aparecidas en las pilastras del puente del paseo Río Sil sólo son “un hecho puntual” que en absoluto indica racismo en la capital del Bierzo. “Ya están siendo borradas”, añadió. El alcalde, otro tipo del PP llamado Marco Morala, ha preferido no hacer declaraciones en este caso. ¿Tan difícil resulta a un abogado como Morala, que es regidor gracias a dos concejales de Vox, denunciar las pintadas y abrir la consiguiente investigación?

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Las pintadas aparecieron coincidiendo con los mensajes de odio contra los magrebíes de Torre Pacheco. Entre otras expresiones se leía: “Islam=mierda”, “Fuera paguitas” y “Fuera de España panchitos, moros y negros”.

Los mismos periódicos locales que recogían esas frases miserables denunciadas por el PSOE informaban días después: “El campo berciano busca 1.300 temporeros para trabajar en la recolección de pera y manzana”. Según la Asociación Berciana de Agricultores, que gestiona la bolsa de empleo rural, la campaña que comienza a finales de agosto con la recogida de la pera conferencia y la manzana reineta necesitará por lo menos los mismos braceros que la temporada pasada. La asociación hará unos 1.500 contratos. Y en el futuro serán más porque la superficie de frutales va aumentando.

De “racismo institucional” pudo ser tachada la actitud del alcalde de Palos de Moguer (Huelva), un sujeto del PP llamado Carmelo Romero Hernández, que se negó a acoger en las instalaciones municipales a los inmigrantes africanos cuyo asentamiento de chabolas improvisadas quedó arrasado por un incendio nocturno. El fuego redujo a cenizas el racimo de chabolas de Pinospardos, a seis kilómetros del pueblo. Las llamas se extendieron en un santiamén, se elevaron hacia el cielo y destruyeron todo el campamento, incluidos algunos vehículos. Los inmigrantes lo perdieron todo, menos la vida. Por suerte no hubo muertos que lamentar, aunque sí heridos. No se sabe cuántos. Dos ambulancias se desplazaron al lugar y los enfermeros atendieron a los quemados y proporcionaron oxígeno a mujeres y niños afectados por el humo.

Los inmigrantes –unos cuatrocientos temporeros de la fresa– pidieron ser acogidos en algún pabellón del pueblo, pero el alcalde Romero Hernández se negó a socorrer a aquella pobre gente pese a contar con el magnífico polideportivo Plus Ultra con duchas, vestuarios y un pabellón cubierto que habría servido para cobijar y confortar a los damnificados. Ese tipo era entonces (13 de mayo de 2023) diputado nacional del PP además de alcalde. Cinco meses antes le había tocado el gordo de la Lotería de Navidad (400.000 euros, según declaró en al Congreso). Ahora es senador y ha dejado la alcaldía a su hija y concejala Milagros Romero, quien le ha nombrado primer teniente de alcalde. ¿No es estupendo?

Un Comisionado sería menester

Aunque no se refleje en el observatorio OBERAXE, el “racismo institucional” hacia los inmigrantes temporeros, en su mayoría norteafricanos, que trabajan en los cultivos bajo plástico y residen en chabolas construidas con materiales de deshecho de los propios invernaderos, resulta patente (y patético) en el trato que les dan numerosos Ayuntamientos. Les niegan el agua potable, la luz, la recogida de residuos y otros servicios elementales y cuando reclaman algo tan básico como una toma de agua les responden que al no estar empadronados no son vecinos ni tienen derecho.

La situación ha alcanzado tal grado de indignidad que después de visitar los municipios freseros bajo el mar de plástico en Huelva, los diputados de IU y Sumar, Enrique de Santiago, Juan Antonio Valero y Francisco Sierra han presentado una proposición no de ley para crear un Comisionado estatal que vele por la inmigración temporera especialmente en la provincia de Huelva. El texto atribuye al futuro Comisionado “la competencia específica” para abordar la situación unas 5.000 personas migrantes empleadas en las campañas agrícolas que residen en asentamientos de chabolas. Sólo para la recogida de la fresa en Huelva se contratan en Marruecos más de 15.000 braceros de febrero a junio. La mayoría son mujeres.

La proposición no de ley de la izquierda del PSOE denuncia “la continua y reiterada vulneración de los derechos humanos que sufre la población migrante” en la provincia de Huelva, donde miles de personas viven en asentamientos provisionales construidos con cartón, plásticos y tablas “sin acceso a agua potable, saneamiento, electricidad, empadronamiento, atención sanitaria o recogida de residuos”. Según Francisco Sierra la situación es intolerable y exige una respuesta institucional de mayor alcance a la que han dado hasta ahora los gobiernos locales, autonómicos y el Ejecutivo estatal.

La derecha española imita a Trump contra los inmigrantes y sus hijos

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Luis Díez.

Por más que exhiban su cinismo, los “autores intelectuales” de la incitación al odio, el racismo y la violencia contra los inmigrantes son personajes y cargos electos de ese PP que fundó Manuel Fraga Iribarne a partir de aquella Alianza Popular formada con los prebostes más evolucionados del franquismo, conocidos en 1976 como “los siete magníficos”. De ese PP y su brazo desgajado de extrema derecha al que llaman en latín Vox (Voz), emanan los mayores dicterios contra la inmigración y las promesas de expulsar a todos los sin papeles, los arraigados y sus hijos nacidos en España, como está haciendo en Estados Unidos (EEUU) su presidente y jefe supremacista Donald Trump.

Puede parecer contradictorio que los cachorros de los herederos del franquismo –que fue “el fascismo con corrupción”, me dijo una vez el sociólogo Amando de Miguel– vayan “a la caza del moro”, ayer en Torre Pachecho (Murcia), hoy en Alcalá de Henares (Madrid), mañana en Ponferrada (León)…, dado que el propio Franco y sus subordinados Varela y Orgaz trajeron a más de 100.000 mercenarios “moros” a matar rojos y ganar la guerra. ¿Tan mal les parece ahora que vengan a trabajar, no a matar, y ocupen los empleos que los españoles no quieren? ¿Tan mal les parece que subsaharianos, hispanos y demás personas de distintas razas y religiones aporten su inteligencia y esfuerzo al desarrollo y bienestar de nuestro país?

De antemano sabemos que los autores intelectuales del rechazo y el odio a los inmigrantes son los mismos que les quitaron el derecho universal a la asistencia sanitaria, los mismos que suprimieron las ayudas a la integración y que se opusieron con una contumacia feroz a las regularizaciones para, entre otras cosas, evitar la explotación inhumana a la que sometían a los “sin papeles”. El cinismo de los jefes del PP y su brazo fascista Vox alcanza niveles extraordinarios con tal de no reconocer que la inmigración es riqueza y que la economía española funcionaría mucho peor o sencillamente no funcionaría sin los inmigrantes, que en su inmensa mayoría vienen a trabajar y no a delinquir ni a aprovecharse de los servicios públicos como pregonan los más cínicos entre los mandos de la extrema derecha y la derecha extrema. Y ya es sabido que “cínico” viene de can, canelo o perruno que defeca y orina en público sin sentir ningún pudor.

Los jefes del PP y Vox criminalizan a los inmigrantes como si fueran delincuentes y al primer episodio (real o inventado) cometido por un inmigrante alientan el racismo, pregonan el malestar de la buena gente y mientras unos instigan a la violencia (“la caza del moro” en Torre Pacheco por la agresión a un jubilado) otros se solazan en ella y evitan condenar los ataques a los trabajadores inmigrantes. Luego, con un mensaje muy duro, que incluye deportaciones masivas al modo trumpista en EEUU, esperan sacar votos, millones de votos, de ese caldo de cultivo creado por ellos y para ellos, eso sí, “en defensa de España”. Si unos “nos rompen España” otros “nos quitan España”.

  • La presencia policial ha evitado el linchamiento de inmigrantes en Torre Pacheco por parte de supuestos vengadores neonazis

En ocasiones la consigna de los autores intelectuales del odio a los inmigrantes es muy nítida. Así, un día antes (el 8 de julio) de la agresión al anciano de Torre Pacheco por parte de tres jóvenes de ascendencia marroquí y de las posteriores convocatorias de ultraderechistas relacionados con Vox para acudir a esa localidad murciana “a cazar moros», la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proclamó que “la inmigración irregular masiva” es un fenómeno “provocado y perfectamente medido por el Gobierno de Pedro Sánchez para crear problemas de convivencia y saturar los servicios públicos y reventar el país”. Se explica que un grupúsculo de pachequeros coreara insultos contra Pedro Sánchez ante las cámaras de televisión. Ayuso completó su consigna contra el Gobierno progresista: “No sé si es que buscan el estallido social o dejar una España ingobernable en el futuro”.

Por supuesto que la “autoría intelectual” del odio contra los inmigrantes del sur no es exclusiva de Ayuso, a la que el término “intelectual” puede resultar excesivo, sino compartida con su solemne jefe Alberto Núñez Feijóo, quien dice que los inmigrantes “vienen a delinquir”, y con los jichos de Vox, el enfático Abascal (“Santi” para Esperanza Aguirre, que lo amamantó con dinero público), su vicepresidenta y diputada por Almería, Rocío de Meer, quien anunció la expulsión de ocho millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes nacidos en España pocos días antes del asalto a Torre Pacheco y, por supuesto, por el vicepresidente y consejero de Seguridad e Interior del gobierno regional murciano de coalición PP-Vox, José Ángel Antelo.

Entre unos y otros, la extrema derecha y la derecha extrema que eliminó el derecho a la asistencia sanitaria universal de los inmigrantes cuando gobernaba, que suprimió los fondos de integración, rechazó más del 90% de las peticiones de asilo y refugio, en contraste con la concesión de la residencia sin límite a quien viniera con medio millón de euros para comprar una vivienda, están haciendo todo lo posible para convertir la inmigración en un problema político de primer orden. Y sobre todo aprovecharán bulos y amplificarán desgracias para colocar su mercancía electoral, nada imaginativa, por cierto, sino al dictado de Trump.

De hecho, los neonazis convocados a “cazar moros” en Torre Pacheco a través de Instagrán por los cabecillas del grupo Deport Them Now (Deportarlos ahora), vinculado a Vox y a formaciones de extrema derecha de varios países europeos, reciben la inspiración (y algo más) de los emisarios de Trump, entre ellos, el propagandista ultra Bannon (no confundir con un saco de estiércol). En mayo pasado celebraron una cumbre en Italia en la que apostaron por la política trampista y acuñaron el término “remigración” como sinónimo de “deportación y expulsión”. El término fue empleado por primera vez por la vicepresidenta de Vox, diputada De Meer, en la rueda de prensa en la que anunció el objetivo de echar de España a ocho millones de personas.

Los planteamientos del PP y Vox convierten en misión imposible la gobernanza positiva de la inmigración. Las experiencias locales y regionales indican que es posible canalizar los flujos de inmigrantes a nivel nacional y europeo hacia los lugares donde se necesitan. Las fórmulas de colaboración entre los países demandantes de mano de obra y aquellos con trabajadores en paro son hoy posibles e inmediatas a través de las bolsas de empleo en Internet. La regulación de la residencia permanente, intermitente y temporal se ha de perfeccionar. Al mismo tiempo se necesita mejorar el tratamiento de las personas protegidas como asilados y refugiados con el fin de que puedan trabajar y labrarse un futuro en nuestro país. Y es menester, por supuesto, dedicar muchos más recursos económicos a cooperación para el desarrollo de nuestros vecinos del sur y más allá del África subsahariana. Todo ello se ha de hacer con el rechazo de una derecha impracticable hasta para cumplir sus obligaciones con los menores inmigrantes y respetar los derechos humanos. Qué pena.

Entre Peinado y el Mortadelo Puigdemont

Crónica, , , , ,

Luis Díez.–Érase una vez un país que asistía a una intriga política apasionante. Después de las vacaciones de agosto volvía a la normalidad y, como en la adivinanza de Pero Grullo, retomaba lo de Rut y Tina. El Gobierno progresista de Pedro Sánchez se esmeraba en gobernar, abordaba y resolvía problemas, y la Oposición de derechas se esforzaba en buscar ardides para desacreditar y desalojar a un Ejecutivo caracterizado por la lucha contra la desigualdad, los avances sociales y la ampliación de las libertades individuales y colectivas.

El jefe de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo, manejaba una técnica pictórica oscurantista. “Oscurece y sobrevive”, era su lema. Había pactado con la ultraderecha (Vox) hacía un año, pero esa ultraderecha rompió las coaliciones de gobierno con el PP en las seis autonomías donde sumaron mayoría porque Feijóo aceptaba el reparto de menores inmigrantes que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla, y eso era intolerable para su colega y aliado Santiago Abascal. Sin embargo, tras una ruptura que no supuso la pérdida del poder del PP, Feijóo rechazó en el Congreso la norma que venía a regular la acogida de inmigrantes. ¿Quién lo entiende? O, dicho de otro modo, ¿quién lo explica?

La realidad era (y es) que los pactos (hora de gobierno, hora de legislatura) del PP con la extrema derecha son una anomalía peligrosa en una Unión Europea que conoce bien el peligro del fascismo y el nazismo y no está dispuesta a dar alas a las formaciones que propugnan el odio y la destrucción misma de la UE. Puede que algunos gobernantes autonómicos del PP como la madrileña Ayuso no se hayan enterado, pero Feijóo si. De ahí que, al margen de la tolerancia del líder con la corrupción de Ayuso y su compañero sentimental y testaferro, Feijóo tenga problemas de coherencia interna y externa, y en vez de aclarar el cuadro, tienda a oscurecerlo.

Todos aquellos trazos gruesos contra la amnistía, aquellas concentraciones masivas, arengas y aspavientos, con la presencia de Aguirre y otros cualificados personajes feijonescos, aznarianos y burlescos en las romerías de la madrileña calle de Ferraz contra el PSOE, eran, al parecer, compatibles con los contactos secretos, por detrás, con Puigdemont para desbancar a Sánchez. ¿En qué quedamos: o Puigdemont o Abascal? O los dos, porque uno solo no basta.

Poco más de un año después de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la XVI legislatura de la democracia española se podría titular: “Por los pelos”. Ni el gran Francisco Ibáñez hubiera confeccionado un guion tan intrigante como ese Mortadelo Puigdemont que nos ha entretenido en agosto, pero, sobre todo, que mantiene la legislatura «por los pelos”. Sin olvidar que Pedro Sánchez fue investido presidente para un segundo mandato por los pelos (gracias a los 4 votos que le faltaron a Feijóo y su conjunción con la ultraderecha, UPN y CC), sus negociaciones fueron especialmente difíciles con ese señor que no se peina y reside en Waterloo para sumar los siete votos de Junts, la antigua Convergencia Democrática de Catalunya, e incluyeron la amnistía a todos los imputados por el “procés” independentista catalán.

Luego estalló enseguida el caso de las mascarillas que, si unos meses antes había golpeado al hermano de la presidenta madrileña Ayuso por una mordida de 250.000 euros, ahora le daba en plena línea de flotación al destapar un lucro de dos millones de euros a su novio o pareja estable, un sinvergüenza que además no declaró esos ingresos a Hacienda y luego, mal asesorados, Ayuso y él mintieron públicamente, de palabra y por escrito, para hacer creer a la opinión pública que era Hacienda la que tenía que devolver el medio millón de euros que habían escamoteado y que al pasar de la vía administrativa a la penal intentaron resolver con un ingreso extemporáneo que la Agencia Tributaria rechazó y devolvió.

Pero fue la petición pública, en el pleno del Congreso, del presidente Sánchez al líder del PP, Feijóo, de que impusiera honradez en sus filas y exigiera la dimisión de Ayuso, la que alentó al juez de primera instancia Peinado, con parientes y amigos al servicio del PP, a admitir una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno. La denuncia fue formulada por unos picapleitos cebados por las derechas y avezados en el uso del derecho para sacar los cuartos a determinados “clientes”. La denuncia, sin prueba ni indicio delictivo alguno, le atribuía tráfico de influencias por la relación profesional de su esposa con una sociedad que prestaba servicio a administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Madrid, gobernando y manejado por el PP desde hace 28 años.

De pronto, entre el intrépido juez Peinado, un personaje oscuro (dos DNI y una casa de asueto registrada como una nave rural) y el tipo que no se peina (el amnistiado Puigdemont), consiguen mantener una intriga en la que se ve a unos haciendo cálculos sobre la duración de la legislatura y a otros, los jefes de la derecha y la ultraderecha, soñando con desalojar a Sánchez, aunque sea por los pelos. Feijóo y sus socios ya contemplan el pacto fiscal con Cataluña y la votación de los Presupuestos del Estado para 2025 como su gran oportunidad. Por el momento hay algo en lo que Feijóo, Puigdemont y Abascal coinciden: su aversión a los inmigrantes. De ahí a la xenofobia y a los crímenes de odio, un paso.

Ayuso se ensaña con Rivas en materia escolar

Comentario de actualidad, , , , ,

Luis Díez

Por alguna razón ajena a las racionales mentes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido mantener una situación de injusticia educativo y abuso del poder con la población de Rivas-Vaciamadrid (95.000 habitantes). El Ayuntamiento le entrega solares para que construya colegios e institutos, pero el Ejecutivo regional mira para otro lado y deja pasar el tiempo (los años) sin cumplir su obligación. Un año más Rivas sufre una situación de “emergencia educativa”, como denuncian las pancartas colocadas en los parques y rotondas de la ciudad. Es como si la presidenta Isabel Díaz Ayuso, su poderoso asesor Miguel Ángel Rodríguez y sus aliados de la ultraderecha hubieran decidido declarar la guerra política a la izquierda (IU y PSOE) que gobierna este municipio desde las primeras elecciones locales (1979) en una materia como la enseñanza pública obligatoria que perjudica también a sus votantes y seguidores.

Rivas necesita dos colegios más de enseñanza infantil y primaria, dos nuevos institutos de enseñanza media y también un centro de formación profesional. Pero el PP, que ordena y manda desde la Puerta del Sol, prefiere alimentar la tensión. Un ejemplo: va a hacer tres años desde que, en noviembre de 2018, el Ayuntamiento de esta ciudad entregó al Ejecutivo de Ayuso una parcela de más de 2.500 metros cuadrados, valorada en cuatro millones de euros, para la construcción de un colegio de educación infantil y enseñanza general básica sin que hasta el día de hoy las autoridades autonómicas hayan decidido contratar e iniciar las obras de construcción. Torres de pisos habitados por familias jóvenes desde hace más de un año rodean esa parcela en la avenida de Pablo Iglesias (el de la imprenta, no el de la televisión). Aulas prefabricadas empiezan a aparecer en los recintos de otros centros. De lo único que se ha ocupado el Ejecutivo de Ayuso es de que el futuro colegio no lleve el nombre de Mercedes Vera, tal como decidió en su día el Consejo Municipal de Educación, que es un órgano consultivo del Ayuntamiento, sino que se llame de la Hispanidad. ¿Por qué?

Las torres de pisos se elevan en menos de un año mientras el Gobierno de Ayuso lleva ya tres de retraso en la construcción de un colegio

Mercedes Vera (1907-2000) fue una maestra represaliada por la dictadura franquista, una mujer que acabó enseñando en la finca El Porcal y en el casco antiguo de aquella pequeña aldea de aparceros que era Rivas hasta los años ochenta del siglo pasado en que la necesidad de viviendas la convirtió en la ciudad actual. Los enseñantes y el consistorio entendían que aquella mujer que combatió el analfabetismo en unas condiciones de pobreza, precariedad y persecución inenarrables merecía un reconocimiento y un recuerdo, pero ya se ve que con la derecha extrema y la extrema derecha eso no es posible. Y la construcción de colegios e institutos públicos en tiempo y forma, tampoco.

Si la iniciativa privada ya ha plantado sus ciudades escolares e implantado su negocio con dos complejos de pago (desde infantil a la universidad) y uno concertado, y no parece que los estamentos confesionales que dominan el sector puedan obtener ya más rendimiento económico, dada la asfixia de las familias, hipotecadas hasta las cejas, la incuria y la injusticia hacia los habitantes de Rivas sólo encuentra explicación en el belicoso estilo de mando de una derecha que, por otra parte, destina cuantiosos fondos de los impuestos de todos los madrileños (pobres y ricos) a compensar la factura escolar de los pudientes que llevan a sus hijos a los colegios privados de pago. En esta materia la señora Ayuso, para quien “la libertad es hacer lo que me da la gana”, sigue la política de su mentora, señora Aguirre, también conocida como la reina de los batracios.