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Andalucía elige entre privatizadores y defensores de los servicios públicos

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Luis Díez.

Este domingo, 17 de mayo, llaman a votar a los 6,81 millones de andaluces mayores de 18 años para que elijan a sus diputados (en lenguaje inclusivo), quienes elegirán a su vez al presidente del gobierno autonómico. Se trata de una figura con mucho poder, pues administrará con una docena de consejeros la friolera de 51.597,9 millones de euros de dinero público este año. Es el presupuesto más alto de la historia de la autonomía andaluza, con un crecimiento de 2.726 millones sobre 2025.

Tras la campaña electoral los andaluces (8.666.412 personas, según datos de 2025) deben de saber que el Presupuesto de la Junta podía haber sido mayor si el principal partido de la oposición, el PP que gobierna en Andalucía con mayoría absoluta, hubiese aceptado la propuesta de financiación autonómica realizada por el Gobierno estatal. Ese presupuesto autonómico tendría además mejor rendimiento si el PP de Alberto Núñez Feijóo hubiese aceptado la quita de la deuda que propuso a todas las autonomías el Ejecutivo estatal que preside el socialista Pedro Sánchez, un economista al fin y al cabo. Pero el errático Feijóo –abogado de secano y funcionario de la Junta de Galicia– anda emberrechinado, que dijo Lope de Vega en la comedia Isidro Labrador, y ha dejado Andalucía perjudicada y al servicio de la deuda.

Aunque no existe una sola causa para votar a unos u a otros, si los electores tienen en cuenta que la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, fue quien propuso, como vicepresidenta y titular de Hacienda del Ejecutivo de Sánchez, las medidas citadas sobre la financiación autonómica que más beneficiaban a Andalucía y que fueron rechazadas por ese PP anticatalán y antisanchista, encontrarán una razón (hay muchas más) para votar a quien intentó beneficiarles en vez de a quienes les perjudicaron. Sirva el recordatorio para la buena política, la que según Platón apela al pensamiento y la razón en detrimento de la mala, que usa la cosmética y la pastelería para mentir, prometer y disfrazar la dura realidad.

Con todo, la propia demografía electoral indica que Andalucía progresa. Sus 6,81 millones de electores (302.070 figuran en el Censo de Residentes Ausentes, CERA) suponen un incremento de 186.094 respecto a las últimas elecciones generales de 2023. Eso es estupendo, la población aumenta y esto se debe a la mejoría de las condiciones de vida y a las políticas sociales impulsadas en los últimos años por los gobiernos progresistas de Sánchez y bien acogidas por el Ejecutivo autonómico andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla.

De este modo pierde fuerza la vieja cantinela de que Andalucía es la región más pobre de España. Sólo en 2024 –últimos datos oficiales de la Junta– llegaron 226.242 personas a vivir en Andalucía y se marcharon 164.330, lo que supone un saldo migratorio positivo de 61.912 nuevos vecinos. De los que vinieron, 164.441 procedían del extranjero, siendo españoles unos 16.400 y el resto, el 90%, extranjeros. La mayoría de esos 148.041 migrantes procedían de países europeos, seguidos de Marruecos (29.393, el 17,9%), Colombia (17.756, el 10,8%) y Venezuela (8.998, el 5,5%).

Para todos está claro que la europeización y los progresos democráticos pusieron fin hace ya a décadas a la emigración y han convertido a Andalucía en tierra de acogida de inmigrantes temporales y residentes permanentes, con el consiguiente aporte de riqueza y progreso. Un ejemplo: a muchos parecerá desmesurado que vengan anualmente treinta mil marroquíes a residir en Andalucía, cuando el hecho cierto es que más de 15.000 (la mayoría mujeres) llegan a Huelva a la campaña de los frutos rojos, que dura tres o cuatro meses. Y otro tanto podría decirse de los cultivos del mar de plástico almeriense.

Se podría apelar a los ingresos de la exportación de fresas y arándanos de Huelva (328.000 toneladas y 1.207 millones de euros sólo a los países de la UE) o a la exportación hortofrutícola almeriense, líder de Europa, con una proyección de 3.716 millones de euros 2024-25 y un valor medio por hectárea superior a 250.000 euros, para entender que una gran parte de la riqueza del sector primario andaluz se debe al sudor de los inmigrantes, por no hablar ya del trabajo en el olivar. ¿A santo de qué entonces la campaña de odio, segregación y apartheid de los inmigrantes, promovida por esa derecha facciosa que dicen VOX (Voz en latín), coincidiendo precisamente con los comicios andaluces y arrastrando al PP del descentrado Feijóo a firmar pactos inconstitucionales contra las personas y la igualdad de derechos para seguir mandando en Extremadura y Aragón, de momento?

Ante las elecciones del domingo la ultraderecha aparece como una garantía de que el PP podrá seguir gobernando si no consigue la mayoría absoluta. Cierto es que el candidato Moreno Bonilla, que alcanzó la presidencia de la Junta en enero de 2019 con los votos de Vox y gobernó hasta junio de 2022 con el desaparecido Ciudadanos, desearía repetir la mayoría absoluta que obtuvo hace cuatro años para no recabar el apoyo ultra. Si en 2019 consiguió, pactando con unos y otros, poner fin a 36 años de gobiernos socialistas en Andalucía y en 2022 obtuvo 58 de los 109 escaños del Parlamento autonómico, ahora algunas encuestas reducen su mayoría absoluta en dos escaños y otras le dejan por debajo de los 55 diputados.

Sin embargo, sea con VOX o con la abstención de algunos diputados ajenos, será fácil la permanencia de “los Manueles” (en alusión a Juan Manuel y su esposa Manuela Villena López, gerente institucional del grupo farmacéutico Biofarma, favorecido por la Junta) en el palacio de San Telmo, sede de la presidencia e histórica residencia de aquel duque de Montpensier (Felipe de Orleáns, hijo del rey de Francia Luis Felipe) y esposo de Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II, al que llamaban “El Naranjero” porque comerciaba con las naranjas de los patios y jardines palatinos. De hecho, hipotecó el palacio para pagar cómplices y derrocar a Isabel II. No lo consiguió y huyó a Portugal.

La supuesta inmovilidad de “los Manueles” que aparecen en la foto delante del palacio de San Telmo –él besando al pequeño de sus hijos– ha de atribuirse a las encuestas que otorgan a la candidata del PSOE menos del 24% de los votos, lo que restaría dos de los actuales 30 escaños. Con ese resultado sería imposible conseguir un gobierno progresista, dado que las mismas encuestas atribuyen a Por Andalucía (coalición de IU, Sumar, Podemos, republicanos y verdes) 6 escaños y 4 a Adelante Andalucía. Sumarían 38 diputados frente a los restantes 71 del bloque de derechas.

La coincidencia de los candidatos progresistas José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía), Antonio Maillo (Por Andalucía) y María Jesús Montero (PSOE) ha sido plena durante la campaña en defensa de los servicios públicos, comenzando por la Sanidad, de la que Montero, médica a fin de cuentas y consejera de Sanidad en su día, ha hecho su bandera principal. Según las encuestas del CIS, la sanidad es el principal problema para los andaluces (un 22%), seguida de la carestía (el 13%) y la falta de empleo (11%). En el último Barómetro Sanitario de 2025, Andalucía registraba la peor valoración de todo el país sobre su sistema sanitario público, con solo un 38,8% de opiniones favorables frente al 51,6% de media nacional o al 66,4% en Cantabria, la mejor valorada.

En estos momentos hay más de cinco millones de andaluces esperando atención médica. De ellos, 200.000 esperan una intervención quirúrgica. Las citas en Atención Primaria son para dentro de 12 días frente a 9 de media nacional y las de especialistas van de 6 meses a dos años. La crisis de los cribados de cáncer de mama, con unas 2.300 mujeres afectadas por una dilación de más de dos años en los avisos a las que dieron positivo –“para no alarmarlas”, dijeron, y algunas han fallecido– fue la señal de alarma de una gestión infame que Moreno Bonilla ha tratado de solventar y no ha podido. Las mujeres afectadas están recurriendo a los juzgados mientras la que fuera consejera de Sanidad entonces, Catalina García, tuvo tiempo de pasar a Medio Ambiente y encabeza ahora la lista del PP por Jaén.

Por lo demás, el hecho de que Andalucía haya registrado en los últimos seis años un total de 3.701 muertes por tumores malignos sobre la media del resto de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, ha llevado a acreditados especialistas a atribuir esa “sobremortalidad” a los déficits de accesibilidad (tardanza y retrasos) y a la poca calidad de la atención oncológica. Según el el profesor e investigador del Instituto de Biomédicina de Cádiz Antonio Escolar, estas cosas ocurren cuando se derivan los recursos de la sanidad pública a la privada mediante conciertos y otros acuerdos y se deja a una parte de la población ante un sistema infradotado y sin dinero. “Yo llamo a las listas de espera corredores de la muerte; si no te intervienen, no tienes un tratamiento adecuado y un diagnóstico precoz”, explica didácticamente el doctor Escolar.

Otros problemas de mala gestión pública en beneficio de chiringuitos y empresas privadas afectan con dureza a la enseñanza pública y a la vivienda. Algunos datos: desde que el PP gobierna en Andalucía se han liquidado 2.700 aulas en la enseñanza pública y ha aumentado la subvención a la enseñanza privada concertada hasta alcanzar 1.100 millones de euros este año. Las aulas masificadas y la falta de profesores de apoyo son la evidencia más sobresaliente. En materia de vivienda, es significativo el rechazo del PP al plan gubernamental de viviendas públicas con una inversión de 7.000 millones de euros mientras nueve de cada diez jóvenes andaluces afirman no poder emanciparse por los bajos salarios y la falta de viviendas asequibles.

Aunque esas razones serían por sí solas suficientes para votar en función de las necesidades o, como dijo Miquel Roca, para ir a votar como quien va a comprar una lavadora –exige que al menos funcione–, ya Pericles advirtió que no son pocos los que quieren más de aquello que les perjudica. Y para saber lo que quieren, lo mejor es ir a votar. Pues ea, y que gane el bien común antes de que las oligarquías apliquen la IA y jibaricen la democracia.

La derecha esparce alarma tras negar el socorro al crucero Hondius

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Luis Díez.

Cuando el martes, 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió ayuda al Gobierno español para socorrer al crucero neerlandés Hondius, afectado por la infección de un hantavirus mortal, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez respondió positivamente, como corresponde a un país avanzado, solidario y cumplidor del derecho internacional, en este caso, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Reglamento de Socorro Internacional.

Pero de inmediato la oposición política de derechas (PP y VOX) aprovechó la oportunidad viral de sembrar cizaña. El dirigente del PP Alberto Núñez Feijóo respaldó la negativa del presidente de Canarias, Manuel Clavijo, a que el buque atracase en puerto alguno del archipiélago español. “No puedo permitir que el barco entre en Canarias”, dijo el jefe de la Coalición Canaria que gobierna a medias con el PP.

Si Clavijo recorrió durante la mañana del miércoles, 6 de mayo, todas las emisoras de radio y televisión difundiendo su enérgica negativa a que el Hondius tocase tierra en Canarias, el señor Feijóo se agarró a la afirmación del presidente autonómico de que no había sido informado por el Gobierno para acusar además a Pedro Sánchez de “deslealtad institucional”.

Pues mire, no. Desde la Moncloa dijeron que Clavijo actuaba de forma “irresponsable”, generando un “alarmismo” innecesario y usando una emergencia sanitaria para marcar su posición política. Personas del entorno del presidente Sánchez negaron rotundamente la falta de comunicación con la administración canaria. “Tenemos mucha experiencia en gestión de crisis y siempre, ahora también, actuamos con lealtad institucional”, subrayaron.

Las descalificaciones de Feijóo fueron seguidas por sus notables colaboradores, comenzando por el orondo Miguel Tellado y siguiendo por el lobista proisraelí Elías Bendodo, quien pidió la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García. Cuca Gamarra y la actual portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, se ocuparon también de criticar el “caos absoluto” en el Gobierno, la “falta de preparación” de la ministra del ramo, “las contradicciones” en el Ejecutivo y otros fallos “alarmantes”.

Lo cierto y verdad es que la decisión inicial del líder del PP (de acuerdo con el señor Clavijo) ha sido igual a la que en noviembre de 2002 adoptó el Gobierno que entonces presidía José María Aznar López y vicepresidía Mariano Rajoy Brey con el petrolero averiado Prestige, de no acoger, sino de alejar el barco, creyendo que así alejaba el peligro. El resultado fue bien penoso: el mayor desastre ecológico sucedido en la historia contemporánea de España.

Ante la imposibilidad de cometer errores impagables porque no gobierna, ha sido muy curioso comprobar cómo Feijóo iba corrigiendo el tiro contra la llegada del barco a Canarias con afirmaciones de que «necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay crisis» y con juegos de palabras sobre Sánchez: «No tiene que pedir tranquilidad a la gente sino transmitir tranquilidad a los ciudadanos». De las tautologías de Rajoy pasaba Feijóo a las mismas peticiones que durante la pandemia del Covid hacía su antecesor Pablo Casado: listado de expertos sobre el hantavirus y de documentos que maneja el Gobierno.

Luego ya, el socio de ultraderecha del PP, Santiago Abascal, un punto acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito por fundadores y antiguos correligionarios de VOX, ha realizado su aportación al ruido con deposiciones como que el presidente del Gobierno no solo quiere que venga aquí “toda África y toda América y regularizarlos y nacionalizarlos a todos sino que también ha dicho que un barco que hay por ahí con un virus mortífero venga aquí, a Canarias”.

Del elevado nivel intelectual de los responsables políticos de la derecha gobernante en la mayor parte de las comunidades autónomas, incluida Andalucía, donde los gobernantes del PP silenciaron más de tres mil pruebas de cáncer de mama con resultado positivo, solo cabe esperar excrecencias de los agitadores a sueldo de la derecha extrema y la extrema derecha corrupta.

He ahí al favorito de Tellado y Feijóo, el famoso Vito Zoppellari Quiles, haciendo méritos: “Trajeron un virus que mató a 150.000 personas por negarse a cerrar las fronteras y permitir el 8M. Ahora te traen un hantavirus mortal utilizando Canarias para acoger a gente infectada. El Gobierno quiere acabar con los españoles porque ya ninguno les apoya”, escribió en X. Según publicó Eldiario.com el jueves pasado, el ultra Javier Negre, jefe del mencionado agitador, recibió en 2025 del Gobierno de Canarias un contrato menor de 14.995 euros (cinco por debajo del tope legal que obliga a sacar el servicio a concurso) en concepto de “campaña divulgativa de interés para la ciudadanía”.

Hojarasca y ruido aparte, es lo cierto que el crucero de lujo Hondius (24.000 euros pasaje) se hallaba en aguas de Cabo Verde el martes pasado con 147 personas de 23 nacionalidades diferentes (14 españoles). La falta de medios sanitarios suficientes en el país africano (archipiélago que fue colonia portuguesa) llevó al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en coordinación con la UE, a enviar una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recabando ayuda sanitaria en Canarias. La petición se realizó la tarde del martes, 5 de mayo, y tuvo una respuesta favorable.

Hasta ese momento el buque había realizado un largo recorrido que comenzó en Ushuaia (Argentina), de donde zarpó el 1 de abril. Bajó hacia la Antártida e hizo escala los días 5 y 6 en las Islas Sandwich del Sur –sin población permanente, con fauna salvaje y condiciones extremas–. La travesía prosiguió hacia la isla británica de Santa Elena, donde hizo escala el 24 de abril. En esta parada abandonaron el crucero 30 pasajeros. La cifra incluye el cuerpo de uno que falleció el día 11, según informó la compañía Oceanwide Expeditions.

La operadora del trasatlántico, que aseguró que se están esforzando en rastrear a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas desde el 20 de marzo, dijo que el fallecido era un neerlandés que experimentó los síntomas del hantavirus y murió abordo. Su mujer trasladó el cadáver a Johannesburgo (Sudáfrica) y murió el 26 de abril en el aeropuerto. Otra mujer de nacionalidad alemana murió a bordo el 2 de mayo. Su cadáver podrá ser repatriado a partir del domingo, cuando el barco llegue a Tenerife, donde fondeará junto al puerto Granadella, una instalación logística muy poco utilizada, a 20 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Sur.

El hecho de que treinta personas abandonasen el barco en Santa Elena abre la posibilidad de más contagios. Suiza confirmó el miércoles un contagio que afecta a un pasajero que viajó en el crucero y retornó a su país a finales de abril, y que podría ser uno de los que desembarcó en Santa Elena. Singapur informó el jueves que había aislado a dos personas que estaban a bordo del crucero afectado, e indicó que se les han hecho pruebas y se esperan los resultados. A los tres fallecidos y cinco contagiados se añadió la noticia de que una azafata neerlandesa de KLM que había estado en contacto con la mujer fallecida en Sudáfrica y presentaba síntomas de contagio. Por suerte, las pruebas dieron negativas.

Aunque la OMS y las autoridades sanitarias europeas insisten en que el contagio del hantavirus procedente de excrementos, orín y otras secreciones de ratones rabilargos es muy bajo y la situación no es comparable con el Covid-19, los responsables sanitarios velan para que el desembarco se produzca con las máximas garantías de aislamiento y los pasajeros y tripulantes no sean trasladados a tierra hasta que no estén listos los aviones que han de repatriarlos desde el aeropuerto de Tenerife.

Ninguna persona del barco tiene síntomas de la enfermedad en este momento, si bien la incubación del virus que ataca al pulmón y a los riñones y provoca fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza), náuseas, vómitos, y a veces dolor abdominal y diarrea, puede llegar a 45 días. De ahí que los 14 españoles que el domingo serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en el barrio madrileño de Carabanchel, tendrán que pasar la cuarentena voluntaria u obligada para preservar de la salud familiar y pública.

Civilización o barbarie contra los inmigrantes

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En la foto de Reuters una joven llora en el lugar donde mataron al enfermero Alex Pretti, en Mianápolis

Luis Díez.–La decisión del Gobierno progresista español de regularizar a cuantos inmigrantes sin papeles residen en nuestro país desde antes del 31 de diciembre abrió el martes pasado la edición digital del New York Times. No es la primera vez que el principal periódico estadounidense destaca la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) por el respeto y aprecio a las personas, en contraste con la crueldad implantada en EEUU por Donald Trump contra hispanos, negros y asiáticos.

En esta ocasión, la medida que facilita la residencia legal en España de las personas inmigrantes que hasta ahora estaban en el limbo legal y eran pasto del miedo, la marginación, el engaño y la vil explotación laboral, ha coincidido con las redadas en Mineápolis (Minnesota) de “la Gestapo de Trump”, como llaman a los policías enmascarados de la agencia estatal de inmigración y fronteras (ICE). En dichas redadas el ICE mató el 7 de enero a Renee Good y el 24 a Alex Pretti. Renee era poetisa, madre y admirada por su compromiso social. Alex era enfermero de cuidados intensivos. Los dos tenían 37 años, los dos eran estadounidenses y ambos fueron acribillados a tiros. Los agentes de la migra trampista vaciaron los cargadores de sus armas contra ellos.

Renee Good, de 37 años, asesinada el 7 de enero en Mineápolis por un agente del ICE

Se comprende que en medio de la indignación popular en EEUU por los constantes ataques a los trabajadores inmigrantes y a sus familias, España aparezca como una isla de humanidad y sentido común. El reconocimiento de derechos humanos, sociales y de ciudadanía de más de medio millón de personas sin papeles –según la estimación de la fundación Funcas– que ya residen y trabajan en nuestro país se realiza al amparo de la última reforma del Reglamento de Extranjería (2025), no necesita decreto, fomenta la integración y la convivencia y es compatible con el crecimiento económico y la cohesión social, según explica el Ejecutivo en nota de prensa.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aclara el alcance, las condiciones y otros detalles en este documento de preguntas y respuestas (pdf – 1,1 MB). “La regularización reconoce y dignifica a quienes ya viven entre nosotros”, dice antes de explicar que en vez de aprobar la medida por decreto, se hará por la vía reglamentaria, que es hoy “la más rápida, eficaz y garantista” para dar una respuesta inmediata, ordenada y plenamente conforme al marco legal español y europeo.

En las conversaciones entre el Gobierno y las formaciones políticas en busca de los votos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, el grupo de Unidas Podemos (5 diputados) puso la condición de que se aprobase la regularización pendiente desde que el propio Parlamento votó mayoritariamente a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) el 9 de abril de 2024. La ILP llegó respaldada por más de 700.000 firmas y unas 900 entidades y asociaciones. Entonces fue respaldada por 310 votos a favor de todas las formaciones frente a 33 de la ultraderecha, ahora alineada con el trumpismo.

PP y ultras trumpistas en contra

La portavoz en materia migratoria y diputada por Melila del derechista PP, Sofía Acedo Reyes, dijo entonces que votaban a favor de la regularización “porque Cáritas y otras entidades que cuidan y trabajan con los inmigrantes nos lo han pedido; porque también nos lo han pedido los empleadores, que necesitan imperiosamente mano de obra, y nos lo han pedido muchos ciudadanos que han firmado esta iniciativa legislativa popular, y debemos escucharlos. Debe hablarse de esta cuestión –y así lo hacemos en el Partido Popular– como de una cuestión de Estado, con una posición equilibrada entre el limbo jurídico en el que se encuentran muchas personas extranjeras que ya están en España perfectamente integradas, el control de fronteras y la expulsión de los inmigrantes que tienen un expediente de retorno a su país”.

Los nacionalistas vascos y catalanes reclamaron entonces competencias autonómicas en materia migratoria, y lo propio han hecho ahora. El Ejecutivo mantiene sus compromisos de negociar las transferencias correspondientes. Pero si la ministra Saiz elogia el afán de los nacionalistas de asumir responsabilidades en la materia, la izquierda del PSOE, especialmente UP, advierte sobre la tendencia excluyente y racista de Junts, el principal partido de la derecha catalana, y pide al Gobierno de Sánchez que hile fino para evitar que la transferencia de competencias suponga un retroceso.

Miles de inmigrantes temporales marroquíes y de terceros países acuden cada año a la recogida de los frutos rojos en Huelva.

Aunque la regularización ha sido acogida con elogios por la Iglesia Católica, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y, por supuesto, Cáritas, la principal ONG cristiana en España, el líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, parece haber olvidado el compromiso parlamentario de su partido y además de acusar al Gobierno de utilizar la inmigración para “distraer la atención” del accidente ferroviario que costó la vida a 45 personas, se ha pronunciado en contra de la medida. Primero ha consultado a la Comisión Europea, con mayoría de derechas, y puesto que la regularización es perfectamente legal, ha anunciado que su partido la recurrirá a la más alta instancia judicial. Y otro tanto ha hecho y dicho el jefe de la ultraderecha Vox. Esos líderes culpan a Sánchez de la llegada de personas que huyen de la pobreza, las guerras, hambrunas y los desastres naturales con frecuencia provocados por el cambio climático que ellos insisten en negar.

Por supuesto que la gobernanza de la inmigración sería posible y mejor si, como ha estudiado y propuesto la fundación Carnegie sobre ética en las relaciones internacionales, se consiguiera el compromiso de los países desarrollados de cooperar entre sí en la admisión de inmigrantes económicos y de refugiados en función de sus mercados laborales y de otros parámetros sociales, económicos y culturales como la demografía, la renta per cápita y la afinidad lingüística y cultural entre otros factores.

Cierto es que en vez de una gobernanza enriquecedora, los gobiernos europeos se han limitado hasta ahora a poner en común el reforzamiento de las fronteras de la Unión Europea (UE) y, coaccionados por la propaganda de la extrema derecha, han decidido endurecer las medidas contra las personas sin papeles ni medios económicos que consiguen entrar en el país y sobrevivir trabajando sin derechos en la economía sumergida y en actividades tangenciales.

Boicot al Mundial de Fútbol

Aunque la persecución del inmigrante sin papeles se ha intensificado en algunos países como Italia, Reino Unido, Alemania, Grecia e incluso Albania, no ha alcanzado las cotas de crueldad imperantes en EEUU, donde ya se contempla el boicot masivo al Mundial de Fútbol como medida de protesta contra las redadas, detenciones, encarcelamientos sin comunicar y asesinatos. Treinta inmigrantes han muerto bajo custodia policial en 2025, primer año del segundo mandato de Trump.

El oficial policíaco Gregor Bovino, en el centro de la foto, con sienes rapadas y abrigo al estilo de los nazis, acompañado de sus sus matones enmascarados, «la Gestapo de Trump» contra los inmigrantes.

Las agresiones a la población por parte de los matones del ICE al mando del oficial Gregor Bovino, han provocado protestas masivas y demandas por agresiones a tiros y con gases tóxicos allí por donde han pasado sembrando el terror: Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Mineápolis, donde el viernes hirieron de un balazo a otra mujer en una mano. La situación es tan delicada que Trump ha anunciado su intención de “desescalar” para calmar al personal y ha sacado a Bovino de Mineápolis y enviado a su zar de la frontera, Tom Homan, a supervisar las operaciones del ICE en el estado.

La represión de esos jefes con ademanes y hasta indumentaria nazi-fascista se completa con los recortes de todas, absolutamente todas las ayudas federales a las personas necesitadas y el encarecimiento de los servicios básicos como la asistencia sanitaria y la escolarización. El odio a los inmigrantes ha llevado a Trump a dejar en suspenso la renovación de la carta de residencia de más de cinco millones de personas. El jefe de la Casa Blanca se ensaña especialmente con los hispanos, provocando quejas de la patronal del transporte, la agricultura y otros sectores. La Ford, por ejemplo, busca cinco mil mecánicos. Pero en vez de resolver problemas, Trump hace la peineta a los trabajadores cuando uno osa imprecarle.

Gran gran pancarta en un estadio de fútbol de California: «Lucha contra la ignorancia, no contra los inmigrantes»

Si a ese estado de cosas se añade la suspensión de la tramitación de nuevos visados a 75 países, entre los que figuran algunos tan importantes como Rusia, Egipto, Nigeria. Y en la propia América Latina: Brasil, Cuba, Colombia y Uruguay, se comprende por qué se está generando una opinión cada vez más amplia a favor del boicot al Mundial de Fútbol de este verano en EEUU. Por si fuera poco, la Administración de Trump ha complicado la vida con trámites, inspecciones y trabas burocráticas a las universidades que reciben estudiantes e investigadores extranjeros. Y también ha encarecido los visados a los trabajadores más cualificados, médicos, ingenieros, abogados, investigadores, gestores, profesores hasta superar los 80.000 dólares por un permiso de un año. ¿Será la forma de hacer grande a América de nuevo, del Maga de Trump? ¿O será tan solo un efecto de la ignorancia y el odio del inquilino supremacista de la Casa Blanca y su salón de baile?

Premios Nobel a inmigrantes en EEUU

Fechas atrás, bueno, el 11 de diciembre de 2025 para ser exacto, leí unas frases atribuidas por el periodista William J. Broad a un hombre que decía: “Tenemos que saber que las personas que proceden de entornos distintos mejoran el nivel de todos los implicados. Es una historia asombrosa. Los grandes pensadores pueden mejorar no solo Estados Unidos, sino el mundo”. Este hombre se llama Omar Yaghi, tiene 60 años y manifestó su preocupación porque Trump ha puesto en peligro el ecosistema estadounidense de excelencia científica. “Creo que es lamentable”, dijo. “En la civilización humana, hemos aprendido una y otra vez que los académicos pueden moverse a través de las fronteras. Así es como se extendió el conocimiento y como vastas regiones del mundo salieron de la pobreza”.

Yaghi creció en una familia de refugiados palestinos en Jordania. Eran ocho hermanos, vivían en un corral de vacas y tenían una habitación para todos. Carecían de electricidad y agua corriente, pero su padre, que era carnicero, consiguió enviarle a estudiar a EEUU cuando tenía quince años. Ahora, bueno, el miércoles 10 de diciembre de 2025, el señor Yaghi, profesor de la Universidad de California en Berkeley, recibía el Premio Nobel de Química en Estocolmo.

En lo que llevamos desvivido del siglo XXI el 40% de los premios Nobel a estadounidenses en Física, Química y Medicina recayeron en personas no nacidas en EEUU, es decir, emigrantes. Y para mayor contrariedad del déspota y desalmado (sin alma) Trump, la proporción fue mayor en el Nobel de Física, que recayó en John Martinis y los inmigrantes en EEUU Michel Devoret, (francés) y John Clarke (inglés).

«Tiro en la nuca»

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Manifestación de nazi-fascistas por el centro de Madrid

Luis Díez.

Quienes están empeñados en acabar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea como sea, han demostrado que la liquidación física, el “tiro en la nuca”, también les vale. El asunto es muy grave porque revela el máximo desprecio a la democracia y los derechos humanos por parte de unos actores políticos que se benefician de la democracia, cobran del erario público, gozan de protección especial o aforamiento frente a la justicia ordinaria y ejercen un magisterio y una influencia que debiendo de ser ejemplar es nefasta.

La secuencia ya es conocida. Unos fachas de la Falange (el partido único de Franco, fundado por José Antonio Primo de Rivera) protagonizan una manifestación por el centro de Madrid contra la Constitución y la democracia. La convocatoria lleva el lema Contra el genocidio del 78, en referencia al año en que se aprobó la Constitución. La Delegación del Gobierno, de la que es titular Francisco Martín Aguirre, no autorizó la marcha, pero los nazi-fascistas apelaron al Tribunal Superior de Justicia y obtuvieron autorización.

Así que unos setecientos fachas del mencionado partido franquista y otros correligionarios de ultraderecha se congregan en la calle de Génova y recorren los bulevares hasta la confluencia de Marqués de Urquijo con Ferraz la tarde-noche del sábado 21 de noviembre. Se ve que un día después de conmemorar con cánticos y misas el 50º aniversario de la muerte del general Franco, el tipo que encabezó el golpe de Estado contra la democracia de la II República y alcanzó el poder con la ayuda de Hitler y Mussolini sobre una montaña de muertos, se hallaban tan henchidos de amor patrio que si no clamaban contra los “enemigos de España” –rojos, inmigrantes, feministas, verdes…– reventaban.

Al llegar a Ferraz, junto a la sede del PSOE arrecian sus gritos “¡Pedro Sánchez, tiro en la nuca!” “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” Esta última es la frase que tanto gusta a los del PP desde que la novia del defraudador fiscal confeso tras la mordida de dos millones de euros en mascarillas, Alberto González Amador, la vocalizó en la tribuna de invitados del Congreso y que luego sus arúspices disfrazaron de “me gusta la fruta”. Por lo demás, tampoco era la primera vez que pedían la liquidación física del presidente Sánchez, pues ya los activistas de Vox habían hecho vudú en el mismo lugar, destrozado a estacazos un muñeco colgado que representaba al dirigente socialista.

La apelación al asesinato de Sánchez, aunque de forma menos directa, fue también proferida por el secretario general del PP, Miguel Tellado, cuando dijo a la vuelta de sus vacaciones, en septiembre pasado, que ya estaban “cavando la fosa”para él. Casi al mismo tiempo aparecía Alberto Núñez Feijóo coreando en un karaoke el famoso “hijo de puta” contra el jefe del Ejecutivo. Por cierto que Tellado, muy sensible ante el asesinato del influencer estadounidense Charlie Kirk, un machista reaccionario, valedor y amigo de Trump, se apresuró a decir que el asesino era de izquierdas y preguntó qué pasaría aquí en un supuesto a la inversa. Aunque luego resultara que el tirador no era precisamente de izquierdas, vale preguntar por qué tanta precipitación en trasladar a España un acto similar.

Con un magisterio político tan cortés, respetoso y educado como el de los dirigentes del principal partido de la derecha, a nadie puede extrañar que salten aquí y allá afirmaciones como la de Laura del Río, exalcaldesa y actual concejala de Gomezserracín (Segovia), quien ya anticipó el 18 de noviembre de 2023 que Pedro Sánchez “se merece un tiro en la nuca”. Ese día era sábado, el inefable Aznar López acababa de afirmar que «Sánchez es un peligro para la democracia” y el PP celebraba una gran manifestación en Madrid contra la amnistía de los implicados de un modo u otro en el proceso independentista catalán. Dos días antes, la mayoría del Congreso de los Diputados había investido al dirigente socialista como presidente del Gobierno.

Pero la siembra del odio, la apelación al asesinato del adversario, se puede situar varios años antes, con el mencionado señor Aznar al frente de una manifestación por el barrio de los ricos (distrito de Salamanca) contra el entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por intentar convencer a los cabecillas de ETA de que aceptasen la democracia y renunciaran a los secuestros, atentados y tiros en la nuca, precisamente. Era el año 2006 y los seguidores del expresidente Aznar y su sucesor Rajoy reclamaban el fusilamiento de Zapatero coreando: “Con Zapatero, como con su abuelo”. El abuelo paterno, Juan Rodríguez Lozano, era capitán del Ejército y fue fusilado por sus colegas golpistas el 18 de agosto de 1936 en Puente Castro, a las afueras de la ciudad de León, por no sumarse al golpe de Estado.

A pesar de ese bagaje, los socialistas esperaban que el pleno del Senado emitiese esta semana una condena expresa de las amenazas de muerte contra Pedro Sánchez. Pero PP y Vox, que tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta, se negaron a suscribir la declaración institucional. El texto atribuía las amenazas al “clima de odio impulsado desde la ultraderecha y animado y beneficiado por clamoroso silencio de quienes deberían sumarse a su condena de manera rotunda”. Advertía sobre “la violencia verbal, paso previo de la física” que sufren las sedes (pintadas con insultos y amenazas), los militantes y dirigentes del PSOE y de otras formaciones a su izquierda, y después de invocar los derechos humanos y los valores de la Constitución, terminaba conminando a las formaciones políticas a “no usar mensajes que promuevan el odio hacia los adversarios políticos” y a “expulsar del debate político el insulto y el odio en aras de reforzar nuestra convivencia y los valores democráticos”.

Contaba Eduardo Haro Tecglen en El refugio (Santillana, Suma de Letras, 2001) cómo Pilar Primo de Rivera había disparado desde su coche a una muchacha que volvía de su domingo en la Casa de Campo con un pañuelo rojo de pionera al cuello. Ni cincuenta años de democracia han diluido el odio de la derecha reaccionaria española contra los progresistas. La joven asesinada por aquella fascista furibunda a la que Franco nombró presidenta vitalicia de la Sección Femenina del Movimiento Nacional y el falangista surrealista Ernesto Giménez Caballero quiso casar con Hitler, quedó tendida en la acera de la calle Trafalgar y murió diez días después. Se llamaba Juanita Rico y era de aquellas Juventudes Socialista que engrosaron las filas del PCE.

¿Quién quiere volver a eso? Cuando hoy algunos líderes (conductores de masas) se callan ante los que vociferan odio y tiros en la nuca no es que otorguen, es que más que conductores son conducidos. Conviene prestar atención, pues muchos logros de la democracia, incluso aquellos que nos parecen incuestionables, como la abolición de la pena de muerte, el derecho a la sanidad y la educación públicas, a la pensión y al sufragio universal pueden derrumbarse como un castillo de naipes cuando, como escribe Ricardo Moreno Castillo, en su Breve tratado sobre la estupidez humana (Fórcola Ediciones, 2018), están a merced de cualquier botarate con capacidad de organización, facilidad para hacerse sitio en medios de comunicación y destreza para conseguir apoyos económicos y políticos.

«¡Ánimo Alberto!»

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Luis Díez.

Carente de discurso y proyecto propio sobre el futuro de nuestro país, el presidente del principal partido de la derecha, Feijóo, asiste atónito desde que llegó a Madrid, hace tres años y medio, al creciente prestigio y valoración del presidente del Ejecutivo español en el ámbito internacional. Su valía y capacidad es indudable en el seno de la Unión Europea (UE), donde ha encabezado propuestas de éxito, beneficiosas para nuestro país en materias tan decisivas como el mercado energético y la recuperación económica después de la amarga pandemia del Covid-19. Su paciencia y resistencia es encomiable frente a la política ratonera de los patriotas de la derecha, día y noche entregados al ruido y la mendacidad. Su defensa de los intereses españoles en Europa y en el mundo es loable por el fundamento, la firmeza y la capacidad de diálogo y negociación que despliega ante otros mandatarios. No solo conecta con las necesidades de amplios sectores sociales y económicos, sino también con los valores y emociones de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Lo hemos visto en la causa por la supervivencia de Palestina, anticipándose a otros grandes países en el reconocimiento del Estado Palestino y acumulando fuerza social y moral para obligar al genocida Benjamín Netanyahu y forzar a su cómplice, el militarista faccioso Donald Trump, a parar el exterminio de palestinos en Gaza.

Con una mayoría precaria en el Parlamento y unas alianzas de gobierno con esa izquierda del PSOE siempre tendente a enfatizar la pluralidad y acentuar las diferencias fraccionarias, el socialista Sánchez realiza una política interna equilibrada y positiva para la clase media trabajadora que le sitúa a gran distancia de la época en que el PP, con mayoría absoluta, recortaba derechos a los trabajadores, implantaba el despido libre a coste mínimo –para “crear empleo”, decían–, subía impuestos a los asalariados mientras decretaba amnistías para los grandes defraudadores, congelaba las pensiones de los jubilados y legislaba para impedir que volvieran a subir igual que los precios al consumo o, en fin, no promovía una sola vivienda social y vendía a precio de saldo las pocas que había en Madrid a los fondos buitre, convenientemente asesorados por un hijo de la alcaldesa Ana Botella y el expresidente Aznar, gran privatizador, amén de belicoso y tramposo para no ir a la mili. La reversión de aquella política nefasta y la reparación de la sima con Cataluña que, no olvidemos, celebró aquel 1 de octubre de 2017 su referendo de autodeterminación con 2,1 millones de votantes (el censo era de 5,3 millones) a favor de la República Catalana, añaden épica, audacia y acierto a la política del presidente Sánchez.

Aunque no estemos en tiempo electoral conviene pedir “calidad” a los políticos y, como decía el Miquel Roca de los mejores tiempos, tendríamos que ir a votar como quien va a comprar un coche, una lavadora o frigorífico: “Escolteu! Que almenys funcioni!” (¡Óiga, que al menos funcione!). Por suerte, el presidente Sánchez funciona y, haciendo de la necesidad virtud, está conduciendo al país a unas mejoras sociales apreciables y tasas de empleo y crecimiento económico sostenido por la senda de la economía sostenible que provocan la admiración de muchos países. Eso enfurece a una oposición reaccionaria que no descansa en su producción de bulos, insultos y causas para deteriorar a Sánchez, atacando a su esposa, su hermano y hasta su suegro que en paz descanse con la colaboración de algunos jichos judiciales tan contaminados como celosos de su independencia. Es lo que pasa cuando se judicializa la política como han hecho los dirigente del PP no solo en respuesta a los independentistas catalanes, sino también como ardid ante el nuevo impulso corrupto que encabezan la nueva millonaria Ayuso y su pareja Alberto González Amador.

Si la lenguaraz Ayuso, quien lo mismo acusa al presidente del PNV de amenazarla de muerte como cuando la ETA cometía atentados, que se declara insumisa o ajena al cumplimiento de la ley del aborto –“Vayanse a otro lado a abortar”, ha sido su último grito–, que llama “bilduetarras” a los parlamentarios vascos democráticamente elegidos, etc. etc., fuera mínimante eficaz, Madrid no tendría un transporte público masificado y hecho unos zorros, unos precios insoportables de la vivienda y, desde luego, un porcentaje de abortos tan escaso en la sanidad pública (el 0,2% de los registrados en 2024). Si su colega el alcalde José Luis Martínez-Almeida Navasqués no comulgara con Vox para aterrar con síndromes monstruosos a las mujeres que se ven abocadas a abortar. Y si, en fin, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se hubiera mostrado eficaz en sus competencias sanitarias, miles de mujeres –se han contabilizado 3000 de momento– habrían recibido urgentemente los resultados de sus mamografías ante los signos de un posible cáncer de mama, para que se sometieran a nuevas pruebas diagnósticas y en su caso al consiguiente tratamiento. Pero no les enviaron los resultados “para no alarmarlas”, dijo Bonilla, quien cesó a su consejera de sanidad, y van tres. Si a tanta ineficacia con resultado de muerte –incluido el cruel comportamiento de Ayuso con los ancianos de las residencias durante la pandemia– se añaden las actitudes de otros reputados presidentes autonómicos del PP (con Vox), como el valenciano Carlos Arturo Mazón Guixot, un inútil falsario de lo peor, como demostró ante la DANA del 29 de octubre del año pasado que costó la vida a 229 personas en Valencia sin que la Generalitat alertara a tiempo a la población, o como el salmantino Alfonso Fernando Fernández Mañueco, que no se sabía por donde andaba cuando ardían Las Médulas en el Bierzo. Después apareció para la foto mientras se quemaban varias aldeas, ardían miles de hectáreas de monte, bosque, viñedos y frutales en León y Zamora y Salamanca –además de Orense, tierra de Feijóo– y morían dos voluntarios y un bombero forestal, al tiempo que cuatro militares de la UME y numerosos paisanos resultaban heridos en su lucha contra el fuego.

Ante tamaña exhibición de «calidad» de los presidentes autonómicos del PP y buen «funcionamiento» en momentos decisivos –así gobierna el PP– es comprensible que el aspirante al sillón de La Moncloa y supuesto jefe superior de la tropa, señor Feijóo, se desespere y descargue su inquina contra el presidente del Gobierno, en dura competencia con la deslenguada Ayuso. Una le llama “hijo de puta” y el otro amplía el concepto para afirmar que “se beneficia” de la prostitución, lo que incluye al vulgarmente llamado “chulo putas”. Es razonable que el elevado discurso de un hombre de Estado sometido a tan cruel competencia de la ultraderecha interna y externa provoque incluso la solidaridad del presidente Sánchez, impresa en su respuesta: “¡Ánimo Alberto!”

De la excrecencia mental a la violencia política

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Luis Díez.

Solo un miserable con la mente muy sucia podía utilizar en la política partidista española el asesinato del activista de la utraderecha del Partido Republicano estadounidense Charlie Kirk. Es lo que ha hecho el hombre fuerte del PP, Miguel Tellado, al lanzar la pregunta de qué ocurriría aquí si el asesinado fuera de izquierda y el asesino de derecha. ¿En qué y en quién estaba pensando el susodicho al plantear tal hipótesis? ¿Daba por supuesto Tellado que el autor del disparo contra Kirk, perfectamente desconocido en España aunque muy elogiado por el presidente de EEUU Donald Trump, era de izquierdas antes de que la policía lograra averiguar su identidad e ideología y consiguiera detenerle?

A determinados botarates políticos sin talento natural ni más programa para nuestro país que la liquidación (incluso física) del adversario político se les escapa el ansia de crispar, azuzar y deteriorar la convivencia entre la gente. Un día dice el orondo del PP que ya están “cavando la fosa” para el presidente Pedro Sánchez y los suyos, al siguiente aparece su jefe Alberto Núñez Feijóo coreando en un karaoke el famoso “hijo de puta” dirigido a Sánchez con la fórmula frutera de su subordinada Ayuso y al siguiente vuelve el grueso a la materia cruel a cuenta del influencer trumpista Krik, a quien algunos sectores políticos y religiosos quieren convertir en mártir y, por supuesto, vengar su muerte.

¿De verdad el ruin Tellado busca algo similar en nuestro país? ¿Es eso todo lo que puede aportar a la convivencia un responsable político supuestamente creíble? ¿De verdad añoran el terrorismo político, valga la redundancia? La paz, la convivencia, las libertades públicas y la democracia como el mejor sistema político conocido son asuntos muy delicados para tratarlos con el trazo grueso y la chabacanería que emplean los líderes del PP, dizque “hombres de estado” en dura lid contra los malvados socialistas y feroz competencia con el ultraderechista visitante de Trump y Netanyahu, el Santi Abascal de la señora Aguirre.

A propósito de la muerte de Krik, quien recibió un disparo mientras hablaba bajo una carpa en el campus de Orem, en la Universidad de Utah Valley, también conviene señalar que el presidente Trump ha perdido una oportunidad excelente, otra más, de afrontar la restricción del libre acceso a las armas de fuego en su país.

Pero además, Trump ha desaprovechado la ocasión de hacer un llamamiento a la convivencia pacífica frente a los sectores más radicales de su partido que reclaman venganza. Por el contrario, ha añadido leña al fuego al afirmar el 10 de septiembre, horas después de la muerte de Krik, que la retórica de la “izquierda radical” era “directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país”. Dos días después insistió en Fox y Friends que “Los radicales de izquierda son el problema, y ​​son crueles, horribles y políticamente astutos”.

Por su parte los demócratas condenaron el asesinato y han lanzado mensajes contra el odio y la violencia política. La congresista progresista y activista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez declaró que «el asesinato de Charlie Kirk corre el riesgo de desencadenar un caos político y una violencia que no podemos permitirnos en Estados Unidos”. Y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo en una publicación del 10 de septiembre en X que “la violencia política NUNCA es aceptable”.

Aunque resulte paradójico, el último diálogo de Krik antes de recibir el balazo en el cuello que acabó con su vida fue con un TikToker autocalificado de liberal que le preguntó sobre los tiroteos masivos en los que están implicadas personas trans. En 2023, Kirk se sentó en el escenario de la Iglesia Awaken en Salt Lake City y dijo: “Creo que vale la pena pagar, lamentablemente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda y proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios”.

Y dos días antes de su muerte retuiteó un video de sí mismo diciendo que “se avecina una batalla espiritual para Occidente”, con “el wokeismo o marxismo combinándose con el islamismo” para atacar “el estilo de vida americano, que es, por cierto, la cristiandad”. El propagandista de Trump, de 31 años, era acogido en campus y salones universitarios para celebrar charlas y debates con los estudiantes. En su caso, al contrario de lo que ocurrió con las protestas contra el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, no había riesgo de que los centros fueran multados.

Su virulenta retórica contra las minorías raciales y religiosas, las personas LGBTQ+, las mujeres sin hijos, los progresistas y quienes discrepaban con él alcanzó extremos como calificar de “grave error” la ley de derechos civiles de 1964 y tildar de “horrible” a Martin Luther King. En un podcast llegó a pedir que si algún patriota de San Francisco o del área de la Bahía quería ser un héroe solo tenía que pagar la fianza del tipo que agredió con un martillo al esposo de la expesidenta del Congreso, Nancy Pelosi en 2022.

Entre Peinado y el Mortadelo Puigdemont

Crónica, , , , ,

Luis Díez.–Érase una vez un país que asistía a una intriga política apasionante. Después de las vacaciones de agosto volvía a la normalidad y, como en la adivinanza de Pero Grullo, retomaba lo de Rut y Tina. El Gobierno progresista de Pedro Sánchez se esmeraba en gobernar, abordaba y resolvía problemas, y la Oposición de derechas se esforzaba en buscar ardides para desacreditar y desalojar a un Ejecutivo caracterizado por la lucha contra la desigualdad, los avances sociales y la ampliación de las libertades individuales y colectivas.

El jefe de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo, manejaba una técnica pictórica oscurantista. “Oscurece y sobrevive”, era su lema. Había pactado con la ultraderecha (Vox) hacía un año, pero esa ultraderecha rompió las coaliciones de gobierno con el PP en las seis autonomías donde sumaron mayoría porque Feijóo aceptaba el reparto de menores inmigrantes que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla, y eso era intolerable para su colega y aliado Santiago Abascal. Sin embargo, tras una ruptura que no supuso la pérdida del poder del PP, Feijóo rechazó en el Congreso la norma que venía a regular la acogida de inmigrantes. ¿Quién lo entiende? O, dicho de otro modo, ¿quién lo explica?

La realidad era (y es) que los pactos (hora de gobierno, hora de legislatura) del PP con la extrema derecha son una anomalía peligrosa en una Unión Europea que conoce bien el peligro del fascismo y el nazismo y no está dispuesta a dar alas a las formaciones que propugnan el odio y la destrucción misma de la UE. Puede que algunos gobernantes autonómicos del PP como la madrileña Ayuso no se hayan enterado, pero Feijóo si. De ahí que, al margen de la tolerancia del líder con la corrupción de Ayuso y su compañero sentimental y testaferro, Feijóo tenga problemas de coherencia interna y externa, y en vez de aclarar el cuadro, tienda a oscurecerlo.

Todos aquellos trazos gruesos contra la amnistía, aquellas concentraciones masivas, arengas y aspavientos, con la presencia de Aguirre y otros cualificados personajes feijonescos, aznarianos y burlescos en las romerías de la madrileña calle de Ferraz contra el PSOE, eran, al parecer, compatibles con los contactos secretos, por detrás, con Puigdemont para desbancar a Sánchez. ¿En qué quedamos: o Puigdemont o Abascal? O los dos, porque uno solo no basta.

Poco más de un año después de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la XVI legislatura de la democracia española se podría titular: “Por los pelos”. Ni el gran Francisco Ibáñez hubiera confeccionado un guion tan intrigante como ese Mortadelo Puigdemont que nos ha entretenido en agosto, pero, sobre todo, que mantiene la legislatura «por los pelos”. Sin olvidar que Pedro Sánchez fue investido presidente para un segundo mandato por los pelos (gracias a los 4 votos que le faltaron a Feijóo y su conjunción con la ultraderecha, UPN y CC), sus negociaciones fueron especialmente difíciles con ese señor que no se peina y reside en Waterloo para sumar los siete votos de Junts, la antigua Convergencia Democrática de Catalunya, e incluyeron la amnistía a todos los imputados por el “procés” independentista catalán.

Luego estalló enseguida el caso de las mascarillas que, si unos meses antes había golpeado al hermano de la presidenta madrileña Ayuso por una mordida de 250.000 euros, ahora le daba en plena línea de flotación al destapar un lucro de dos millones de euros a su novio o pareja estable, un sinvergüenza que además no declaró esos ingresos a Hacienda y luego, mal asesorados, Ayuso y él mintieron públicamente, de palabra y por escrito, para hacer creer a la opinión pública que era Hacienda la que tenía que devolver el medio millón de euros que habían escamoteado y que al pasar de la vía administrativa a la penal intentaron resolver con un ingreso extemporáneo que la Agencia Tributaria rechazó y devolvió.

Pero fue la petición pública, en el pleno del Congreso, del presidente Sánchez al líder del PP, Feijóo, de que impusiera honradez en sus filas y exigiera la dimisión de Ayuso, la que alentó al juez de primera instancia Peinado, con parientes y amigos al servicio del PP, a admitir una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno. La denuncia fue formulada por unos picapleitos cebados por las derechas y avezados en el uso del derecho para sacar los cuartos a determinados “clientes”. La denuncia, sin prueba ni indicio delictivo alguno, le atribuía tráfico de influencias por la relación profesional de su esposa con una sociedad que prestaba servicio a administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Madrid, gobernando y manejado por el PP desde hace 28 años.

De pronto, entre el intrépido juez Peinado, un personaje oscuro (dos DNI y una casa de asueto registrada como una nave rural) y el tipo que no se peina (el amnistiado Puigdemont), consiguen mantener una intriga en la que se ve a unos haciendo cálculos sobre la duración de la legislatura y a otros, los jefes de la derecha y la ultraderecha, soñando con desalojar a Sánchez, aunque sea por los pelos. Feijóo y sus socios ya contemplan el pacto fiscal con Cataluña y la votación de los Presupuestos del Estado para 2025 como su gran oportunidad. Por el momento hay algo en lo que Feijóo, Puigdemont y Abascal coinciden: su aversión a los inmigrantes. De ahí a la xenofobia y a los crímenes de odio, un paso.

DOÑANA 2/ Chupópteros subvencionados por Moreno y Feijóo

Reportaje, , , , , , , , , , ,

Madrid, 23-05-2023.– Luis Díez

Las temporeras marroquíes de los frutos rojos que cayeron heridas el Primero de Mayo en el accidente de autobús que costó la vida a su compañera Sarah fueron aisladas por la empresa Surexport en el antiguo Hostal San Diego de San Juan del Puerto. Manijeros y empleados de seguridad las mantuvieron encapsuladas tras salir de los hospitales y los centros de salud y les impidieron recibir visitas de los representantes de varias entidades sociales. Algunas asociaciones han pedido la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien también puede actuar de oficio por iniciativa propia.

El periodista Perico Echevarría, director de la revista La Mar de Onuba, acompañó a los activistas de la Asociación Multicultural de Mazagón, La Carpa de Sevilla, Jornaleras de Huelva en Lucha y Mujer 24 H en su visita a las heridas tres días después del accidente. Querían saber cómo estaban, expresarles su apoyo, asesorarlas y ponerse a su disposición para cuantos trámites relacionados con las bajas laborales, las indemnizaciones por el accidente in itinere y otras materias necesitasen. Téngase en cuenta que ninguna de estas mujeres maneja el castellano y muy pocas se defienden en francés.

No pudieron hablar con ellas.

Echevarría, un periodista correoso que ha sobrevivido a mucha mala leche, cuenta que se encontraron la cancela cerrada por fuera con una cadena y un candado. Protestaron: “¿Por que las tienen encerradas?” Entonces un empleado quitó la cadena y colocó un letrero de “prohibido el paso”. Cuenta Echevarría que aparecieron otras personas supuestamente relacionadas con la compañía agrícola que parecían actuar como mediadores y les dijeron que no podían pasar al recinto por ser de “propiedad privada”.

Dentro, las temporeras convalecientes –huesos escayolados, collarines, vendajes– ni siquiera tuvieron opción de decidir si querían hablar con los visitantes. Y añade el director de La Mar de Onuba que ya el 2 de mayo, al día siguiente del accidente, los responsables de la empresa impidieron el acceso a Fátima Ezzohayry, representante de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA), que había sido llamada algunas trabajadoras afectadas por el siniestro.

Del oscuro y ruin comportamiento de los jefes de Surexport, una de las compañías más potentes de la fresa, traen causa sus dificultades para encontrar trabajadores españoles. Ángel Méndez, un joven almonteño, ayudante en un taller mecánico, conoce el percal: “Son tipos de mala calidad, negreros. Pagan una mierda y alargan la jornada según les conviene”. En muchas explotaciones de esta (y otras empresas) los manijeros miden el rendimiento de cada bracero. “Si lo recolectas las cajas que ellos piensan que puedes recoger, te despiden”..

Miguel Benjumea, director adjunto de Surexport, no habla con periodistas. Como mucho emite comunicados si lo considera oportuno. Sobre el trato a las temporeras del país vecino no ha considerado oportuno pronunciarse. Sobre el aislamiento de las que resultaron heridas, tampoco. Es lógico. Pero en un publireportaje para la revista del sector FreshPlaza dice que “los trabajadores locales no se ven atraídos por el campo y prefieren otros trabajos, lo que nos lleva a buscar mano de obra extranjera, con las dificultades que esto supone”. Lógico.

Esta empresa cultiva unas mil hectáreas de frutos rojos en Huelva (400 en la zona del Rocío, corazón y devoción de Doñana, donde posee una nave de almacenaje y manipulación de la fresa), factura unos 200 millones de euros al año, con un beneficio neto del 10% y se sirve de mano de obra inmigrante en su mayoría. A través de los servicios de inmigración y empleo españoles transmite sus necesidades y condiciones a la administración marroquí, que se encarga de realizar las convocatorias para la contratación en origen.

Benjumea dice que también dispone de oficinas en Rumanía y Bulgaria para contratar personal. Necesitan un promedio de mil trabajadores durante la campaña de la fresa (febrero a mayo), aunque, según explicó a la revista de los supermercados, el año pasado alcanzaron 4.000 jornaleros en la época álgida de la campaña. “Es muy complicado contratar a tanta gente todos los años –añade–; hay que dar muchos pasos, desde la obtención de permisos de trabajo en España hasta la apertura de cuentas bancarias. Disponemos de alojamientos perfectamente acondicionados, pero también hemos de gestionar la convivencia de muchas personas de distintas nacionalidades y costumbres muy diferentes”. Lógico.

La falta de mano de obra local no es privativa de Huelva. Un fenómeno similar sufre esa compañía agraria en Galicia, donde se instaló en 2013 para cultivar los frutos rojos (fresas, frambuesas, moras y arándanos) bajo plástico en unas setenta hectáreas alquiladas a la Comunidad de Montes de Palacios, en los municipios de Cospeito y Begonte, en Terra Chá (Tierra Llana), en Lugo. Las largas jornadas laborales –de “abusivas” las han tachado los sindicatos–, los bajos salarios –“por debajo de lo estipulado en convenio”– y otras circunstancias desaniman a los trabajadores galegos a aceptar el empleo que ofrecen “los negreros”. De ahí que hayan tenido que buscar jornaleros en Centroamérica (Honduras y Nicaragua). Con poco éxito, por cierto, y que según testimonios de algunas trabajadoras, estén trasladando temporeras marroquíes desde Huelva.

La Voz de Galicia se hizo eco en agosto de 2021 de la denuncia de varios sindicatos y colectivos agrarios sobre las condiciones de trabajo de Surexport: jornadas laborales de más de doce horas diarias, sueldos inferiores a lo estipulado en el convenio y malas condiciones de higiene y salubridad, con el añadido de la pandemia del coronavirus Covid-19 en aquella campaña. Eso sin contar que las entidades sociales y de defensa del medio natural (Comisiones Obreras (C.OO), el Sindicato Labrego Galego (SLG), la Federación Rural Galega (Fruga), la Central Unitaria de Traballadoras (CUT), Adega, A Estruga, Madia Leva, Ecoloxistas en Acción y Terra Chá Sostible) han elevado su protesta a las autoridades contra los procedimientos de cultivo intensivo que aplica Surexport.

  • Protesta ante las instalaciones de Surexport en Galicia contra sus métodos de cultivo y explotación

Los afiliados a las organizaciones mencionadas han repartido pasquines entre los vecinos y visitantes de la feria de Castro de Ribeiras del río Lea (afluente del Miño), y se han manifestado ante el almacén que Surexport posee en esa localidad para alertar sobre el abuso del agua y el uso elevado de productos químicos en los cultivos. Los activistas entienden que el modelo productivo de esa empresa esquilma la tierra, contamina las aguas y acaba por destruir a medio plazo más empleo del que crea con la contratación temporal de personal. Los directivos de la empresa cifran su plantilla en 300 empleados. Con todo, la Xunta de Galicia se comprometió, bajo la presidencia del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a comunicar las denuncias a la Inspección de Trabajo. El 70% de las inspecciones agrarias acabaron en sanciones en 2021. Sin embargo no existe constancia oficial de que las autoridades autonómicas galegas hayan actuado en las materias de su competencia sobre “la acaparación y la contaminación del suelo y el agua” par una agricultura intensiva que las entidades sociales han calificado de “ofensiva contra nuestro medio rural”.

En lugar de eso, la conselleira de Feijóo, Ángeles Vázquez Mejuto, bendijo la ampliación de las explotaciones de Surexport en O Arneiro, donde esa compañía agenció 30 hectáreas más de terreno labrantío para producir fresas, frambuesas y arándanos. Vázquez citó las partidas de dinero público en beneficio de esta empresa y se mostró dispuesta a crear y concederle el sello Horta de Galicia. Los directivos Miguel Benjumea y José Ángel Roca le dijeron que iban a crear 150 nuevos puestos de trabajo con 1,5 millones de euros de inversión.

La compañía Surexport ha recibido también cuantiosas ayudas de dinero público de la Junta de Andalucía. Decenas de miles de euros han sido para alojamientos de sus trabajadoras temporeras. El Ejecutivo de Moreno Bonilla incluyó además a esta sociedad en el último reparto de 20 millones de euros entre ocho empresas grandes con proyectos de mejora y ampliación de sus instalaciones. Las ayudas fueron directas a las empresas elegidas, mientras otras de gran tamaño, que también solicitaron dinero público para complementar su inversión, quedaron fuera por falta de fondos. ¿Favoritismo o eso?, se pregunta el observador.

¿Han llegado los fondos buitre a las explotaciones del agro en Doñana? Detrás de la compañía agraria que mayor riqueza carmesí extra del parque y anteparque natural más importante de Europa –con tierras agenciadas en Galicia, Portugal, Marruecos y Kenia para producir y esportar frutos rojos todo el año figura la familia de origen valenciano Morales Vilar. Tres hermanos, Cristian, Oscar y Andrés, ocupaban la presidencia y los cargos de consejeros de Surexport hasta enero de 2021 en que ampliaron el capital social de 69.000 a 945.000 euros. Pero desde hace dos años, su consejo de administración se amplió y pasó a manos de sociedades inversoras de capital foráneo, de modo que solo una de ellas, Becrisan Brands, de la que Andrés Morales Vilar es administrador único, figura como consejera delegada. El resto del consejo está ocupado por Mideslonia, Partilonia, Paulonia y Flenox.

¿Quién hay detrás? Las tres tienen su sede social en la calle José Ortega y Gasset, 29, de Madrid (Barrio de Salamanca). Mideslonia está representada por Gonzalo de Rivera García de Leaniz y su administrador único es Mercacapital Private Equity Sgecr SA, del que Rivera es consejero delegado. Partilonia, Paulonia y Flenox son instrumentos societarios de Mercacapital y Alantra Partners SA. Son los encargados de canalizar inversiones y repartir los beneficios de los rentables frutos rojos. Luego ya el vicesecretario del consejo de administración de Surexport, Carlos Beltrán de Tárrega, se anuncia como experto en fusiones y adquisiciones mercantiles. “El tipo posee intereses en Galicia como apoderado de la concesionaria Novo Hospital de Vigo”, dice el apicultor Benito Casqueiro, mostrando datos profesionales del citado ejecutivo en Internet.