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Lío en la derecha: Aznar corrige a Feijóo en beneficio de Ayuso y Vox

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Luis Díez.

Aznar, Ayuso y Feijóo cuando se manifestaban contra la amnistía.

¿Qué le ocurre a Alberto Núñez Feijóo? ¿Las altas temperaturas le inducen a error? Las preguntas de algunos correligionarios suyos tienen sentido porque el presidente del principal partido de la derecha, el PP, ha incurrido en dos supuestos errores superlativos en menos de una semana. El primero ha sido el anuncio de “pasar página” del proceso independentista catalán para abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Junts per Catalunya, la formación nacionalista de derechas que dirige desde “el exilio” en Waterloo Carles Puigdemont i Casamajó.

Feijóo cree que como hizo en 1996 el inefable José María Aznar López con Jordi Pujol i Soley también él podría llegar a un pacto de conveniencia con Puigdemont para alcanzar la jefatura del Gobierno sin tener que meter en el Ejecutivo al ultraderechista Santiago Abascal Conde y sus elementos patógenos. Al mismo tiempo, PP catalán ayudaría al dirigente que no se peina a retornar a la presidencia de la Generalitat que ocupó en 2016 y 2017 hasta el referendo y la huida.

El ayudante de Feijóo en el PP, el rollizo Miguel Tellado Filgueira prorrumpió días atrás en una entrevista en la Cadena Ser: “Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”.

Hombre, designar como “organización criminal” al Gobierno español que preside el prestigioso y no menos correoso Pedro Sánchez Pérez-Castejón, un demócrata de talla que ha concitado el odio de poderes rancios, fácticos, togados y sin togar por aplacar las tendencias separatistas en Cataluña y restaurar la convivencia y el diálogo con los indultos y la amnistía, no deja de ser una estupidez superlativa e impropia de alguien que aspira a gobernar. Pero al margen de esa máquina expendedora de detritus, las palabras de su jefe Feijóo no parece que impresionen a Puigdemont, quien vive pendiente del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) previsto para el día 16 sobre el alcance de la ley de amnistía. Entre otras cosas, el TJUE dirá si el delito de malversación que se atribuye al expresident y a los dos exconsellers Lluís Puig y Toni Comín –que también residen fuera de España– puede ser anulado por la amnistía.

Más allá de la sentencia y de que Puigdemont regrese o no, la táctica de Feijóo ha excitado sobremanera al señor Aznar, quien considera errático contar con los sucesores de Pujol y Convergencia Democrática de Cataluña para llegar a la Moncloa. “La mayoría será nacional o no será”, ha sentenciado entre aplausos de la presidenta autonómica madrileña Isabel Díaz Ayuso y de su mamá política, Esperanza Aguirre, quien siempre ha abogado por el entendimiento con Abascal, al que llama “Santi”. Queda claro que lo “nacional” ha de ser neto, absoluto, sin sombra de acuerdo con los nacionalismos. Vox y punto. Y si no que le pregunten a Juanma Moreno Bonilla, el dirigente del PP andaluz que ha tenido que tragar con el programa de la ultraderecha y nombrar vicepresidente y tres consejeros voxidos para que le invistan presidente de la Junta y seguir gobernando.

El segundo error canicular de Feijóo –jaleado en esta materia por la madrileña Ayuso– ha consistido en secundar el mensaje de Vox sobre el pucherazo electoral que prepara el Gobierno gracias a la concesión de la nacionalidad española a los nietos de los exiliados que la han solicitado. Conviene aclarar que la Ley de Memoria Democrática, cuya disposición adicional octava reconoce ese derecho, por lo que recibió el nombre de ley de nietos, fue aprobada en 2022 y que hasta el momento se han registrado unas 300.000 concesiones de nacionalidad por derecho de sangre. Pero, según Feijóo, el Gobierno va a hacer “ingeniería electoral” para dar un pucherazo en las próximas elecciones. El líder del PP no sólo ha asumido el mensaje de la ultraderecha española sino que ya quiere ser como Trump.

Cierto es que Feijóo prometió en Buenos Aires, siendo presidente de la Xunta de Galicia, extender la ley de nietos a los inmigrantes por motivos económicos y no sólo a los descendientes de los exiliados republicanos. Pero ahora, cuando el ministro Oscar Puente, se lo ha recordado en las redes sociales, ha sustituido los términos “ingeniería electoral” por “ingeniería social”, aunque sin renunciar a la sospecha sobre la falta de limpieza del sistema electoral: “Estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, ha proclamado.

Puesto que la memoria es frágil, habrá que recordar a los dirigentes y gobernantes del PP-VOX que los requisitos para garantizar la limpieza del voto exterior se endurecieron extraordinariamente después de las trampas realizadas por el PP en 1999 en Baleares. Un año antes de las elecciones, el entonces presidente autonómico, Jaume Matas y su consejera de presidencia, Rosa Estarás, visitaron Argentina. A partir de ahí comenzó la “ingeniería electoral” consistente en censar a cientos de argentinos en distintos municipios de Mallorca e introducir sus votos por correo. Las denuncias realizadas en Formentera por la Colición de Organizaciones Progresistas (COP) revelaron la inscripción de 74 emigrantes en Argentina. Demasiados para una isla tan pequeña. Ninguno de ellos conocía la isla ni tenía relación alguna con el entonces conocido como “feudo” de Abel Matutes, exministro de Exteriores con Adolfo Suárez y después prohombre del PP. “Me han preparado el voto”, “he votado al PP”, “solo conozco a Jaume Matas”, decían a los periodistas algunos electores. Tras las elecciones del 13 de junio de 1999 la COP, que ganó en Formentera pudo comprobar que de los 74 censados en Formentera, 72 votaron al PP.

Aznar con Jaume Matas, al que hizo ministro pese a estar acusado de pucherazo en Baleares

La fiscalía anunció la acusación por supuesto fraude electoral. Pero el Tribunal Supremo decidió el 11 de octubre de 2002 no citar a Matas, convertido en ministro de Medio Ambiente de Aznar, ni a Rosa Estarás, diputada en el Congreso. Los dos eran aforados. Los “responsables intermedios” fueron exonerados en julio de 2005. El efecto del pucherazo fue la revisión de las normas electorales por una comisión parlamentaria, lo que complicó los trámites para votar.

Uno de los acusados intermedios, el senador José Juan Cardona, ocupó el cargo de Consejero de Comercio e Industria de Baleares de 2003 a 2007 con Matas como presidente autonómico. Acabó condenado a 16 años de cárcel por el saqueo de 8,27 millones de euros. Ingresó en prisión en julio de 2013. El Supremo ratificó la condena en 2016, convirtiendo a ese Cardona en el político más castigado por los jueces hasta la reciente condena a 24 años de prisión al exsecretario de organización del PSOE y exministro de Transportes y Obras Públicas, José Luis Ábalos, por el caso de las mascarillas, del que el delincuente Víctor Aldama se embolsó 3,5 millones de euros. La sentencia del Supremo le exime de entrar en prisión y de devolver el botín.

Un colegio, metáfora del desprecio de Ayuso a los vecinos de Rivas

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Luis Díez.

Parcela cedida hace 8 años para la construcción de un colegio

Un colegio de enseñanza infantil y básica se ha convertido en muestra evidente de la mala gestión educativa y el desprecio del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid hacia los vecinos de Rivas-Vaciamadrid. Esta ciudad situada en el este de la región, al pie de las montañas formadas por escombros, residuos y basuras de la capital –el vertedero se completó con una incineradora hace 25 años– cuenta ya con 100.000 habitantes y está gobernada por la izquierda sin interrupción desde las primeras elecciones locales en 1979. Hace ocho años su Ayuntamiento entregó al Ejecutivo autonómico, competente en materia educativa, una parcela de 12.900 metros cuadrados, valorada en cuatro millones de euros, para que construyera un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en una zona de expansión urbanística articulada por la Avenida de Pablo Iglesias.

Era el mes de noviembre de 2018 y el Gobierno autonómico madrileño se hallaba bajo los efectos de las crisis de los batracios o sucesivas dimisiones de consejeros de los gabinetes de Esperanza Aguirre que “salían ranas”. Su vicepresidente y sucesor, Ignacio González, también salió rana y la sustituta de éste, Cristina Cifuentes, de confianza del entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, descarriló cuando los enemigos internos hicieron llegar al medio digital Okdiario de Eduardo Inda un video con los empleados de seguridad de un supermercado descubriendo que Cifuentes se llevaba sin pagar unas cremas faciales y corporales bastante caras. Dimitió y fue sustituida por su correligionario Ángel Garrido, quien ocupó la presidencia entre abril de 2018 y agosto de 2019. También dimitió porque, contra el criterio de la dirección del PP madrileño, el nuevo presidente nacional, Pablo Casado, nombró a Isabel Díaz Ayuso –una periodista empleada de Aguirre– candidata a la presidencia autonómica.

Se entiende que en aquellos tiempos marcados por las luchas intestinas y las crisis de improbidad –los casos de corrupción todavía afectan al Ejecutivo madrileño– el solar para el colegio que necesitaban los niños de un barrio de Rivas fuera un asunto menor para los gobernantes de la Puerta del Sol. De lo único que se ocuparon los jichos que alcanzaron el poder (PP, Ciudadanos y Vox) con Ayuso al frente fue de aceptar los terrenos y rechazar el nombre del futuro colegio que, a propuesta del Ayuntamiento de Rivas, previa deliberación del Consejo Municipal de Educación, se iba a llamar Mercedes Vera. En lugar de eso, el Gobierno autonómico decidió que se llamaría CEIP de la Hispanidad. ¿Por qué?

Mercedes Vera (1907-2000) fue una maestra represaliada por la dictadura franquista, una mujer que acabó enseñando en la finca El Porcal y en el casco antiguo de aquella pequeña aldea de aparceros que era Rivas hasta los años ochenta del siglo pasado en que la necesidad de viviendas la convirtió en la ciudad actual. Los enseñantes y el consistorio entendían que aquella mujer que combatió el analfabetismo en unas condiciones de pobreza, precariedad y persecución inenarrables merecía un reconocimiento y un recuerdo. Pero la catadura fascio-franquista de los jefes de la derecha española todavía lo impide.

Rivas no ha parado de crecer, hay pisos pero faltan plazas escolares.

Desde 2018 hasta el día de hoy ha pasado mucha agua del Jarama bajo el Puente de Arganda, ha habido inundaciones, borrascas y se han posado los silenciosos copos de nieve por estas latitudes sin que las autoridades competentes se hayan ocupado de la falta de plazas escolares más que para colocar contenedores de chapa como aulas y ampliar el número de alumnos por enseñante. Ni que decir tiene que también han ayudado a la iniciativa privada a plantar sus ciudades escolares –dos complejos educativos de pago desde infantil a la universidad y un colegio concertado–, pero con la carestía de la vivienda y unas familias hipotecadas hasta las cejas, la enseñanza pública (de tanta o mayor calidad que la privada) es, además de un derecho, una viva necesidad.

Tres años después de la entrega de la parcela, el gobierno de Ayuso decidió que el colegio Hispanidad (Mercedes Vera para los vecinos) comenzase a funcionar. Pero ni siquiera había sido construido. ¿Qué hacer? Los niños del ciclo infantil del curso 2021/22 se incorporarían a las aulas del CEIP Dulce Chacón. El curso siguiente (2022/23) el colegio seguía sin construir, así que los alumnos de 1° y 2° dieron sus clases en unos barracones instalados en el patio del Dulce Chacón.

Pancartas vecinales reclamando el colegio Mercedes Vera a medio construir.

Finalmente, el Gobierno autonómico, que había dividido en dos fases la construcción del colegio, contra el criterio de los vecinos y del Ayuntamiento de Rivas, entregó un primer inmueble de planta baja con aulas y un pequeño patio de recreo para que fuera usado en el curso 2024/25 por los alumnos de 1º a 3º de educación infantil. Habían pasado seis años. Las torres de viviendas habían crecido alrededor. La necesidad de plazas escolares era un clamor en esta y en otras zonas de Rivas. La iniciativa privada iba cubriendo las necesidades en el barrio de La Luna, área de expansión urbana, pero “la emergencia educativa” provocaba concentraciones vecinales y se leía en las pancartas y carteles colocadas en las entradas a la ciudad.

La primera fase del CEIP Hispanidad (Mercedes Vera) había sido adjudicada en dos millones de euros, y el consejero de Educación, Emilio Viciana, acudió a Rivas en compañía de su viceconsejero de Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, para anunciar “a corto plazo” la segunda fase del centro educativo. No realizaron su anuncio en un acto público sino en un encuentro sectario con afiliados al PP. Dijeron que la ampliación se había licitado hacía una semana, aseguraron que estaría finalizada en 2026 y explicaron que el nuevo edificio tendría tres aulas más de Infantil para 75 alumnos y 24 de Primaria para otros 600, así como cuatro aulas de desdoble, cuatro de apoyo, otras específicas, biblioteca, gimnasio y pista deportiva.

A la Asociación de Familiares de Alumnos (AFA) les pareció extraño que en el proyecto no figurase una cocina, como tienen los demás colegios. Ante el supuesto olvido pidieron aclaraciones y reclamaron ese equipamiento esencial. Sin embargo, las obras ya habían sido adjudicadas (7 millones de euros) y la reclamación cayó en saco roto. Con todo, el suministro de comida industrial elaborada fuera del centro no iba a ser la única sorpresa. Pronto las familias afectadas se darían cuenta de que la segunda fase (definitiva) del CEIP se acabaría convirtiendo en el cuento de nunca acabar del famoso editor Saturnino Calleja.

Las obras comenzaron antes del verano de 2025 y, tras plantar las estructuras prefabricadas de bigas metálicas, la construcción del edificio (dos plantas de ladrillo rojo revocado con cemento y calafateado) alcanzó un buen ritmo. Pero un día de febrero pasado los andamios quedaron sin albañiles, desaparecieron las furgonetas y los camiones que traían al personal y el material, la jirafa de la grúa permaneció inmóvil y silenciosa. Transcurrió una semana y los vecinos comenzaron a inquietarse. Lógico. La obra había sido paralizada. ¿Por qué?

Madres y padres de alumnos junto a la obra parada del anhelado colegio público.

El consejero Viciana acababa de ser sustituido por Mercedes Zarzalejo Carbajo, que no sabía nada. El viceconsejero Fernández Borreguero se mantenía en el cargo, pero se negaba a dar explicaciónes. El director general de Infraestructuras y Servicios, Ignacio García Rodríguez, ni mu. Y el director del Área Territorial Madrid-Este, Marcos Rafael Moreno Sánchez, miembro a la sazón del Cuerpo de Inspectores de Educación de Madrid, atribuía la paralización de la obra a “causas sobrevenidas”. ¿Qué causas?

La realidad nunca aclarada es que el Gobierno de Ayuso adjudicó la segunda fase del colegio a la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Tableros y Puentes S.A. (TAPUSA) y Bienes y Obras del Principado S.A. (BOPRISA) sin reparar en que la primera, una sociedad manejada por la familia Álvarez Yague, venía arrastrando problemas en Chile desde 2022 y ha dejado sin terminar obras públicas –carreteras y puentes– en cuatro regiones de ese país. Sus incumplimientos de contratos e impagos del salario a 400 trabajadores han dado lugar a demandas judiciales del gobierno chileno. La empresa ha tenido problemas por casos de alta corrupción en Perú. Pero al Ejecutivo de Ayuso no le importó. La asociada BOPRISA pertenece a la familia Argüelles Aller y Argüelles Casal y construye casi exclusivamente en Asturias, donde posee un conglomerado societario con sede en el Polígono Riaño II de Langreo.

Mientras tanto, la falta de explicaciones y, sobre todo, de soluciones para terminar el colegio proyectado hace ocho años, ha llevado a algunos padres y madres afectadas por la falta de plazas escolares a colocar pancartas, encerrarse en el colegio y acudir a La Revuelta, el popular programa de TVE que dirige David Broncano para denunciar la incuria a la que vienen siendo sometidos por la Administración de Ayuso, una presidenta autonómica más preocupada por soltar dicterios contra Pedro Sánchez y por defender las mordidas y el fraude a Hacienda de su novio que de resolver los problemas de los ciudadanos.

La construcción del colegio abandonado sin terminar se adjudicó a una empresa que dejó obras colgadas y salarios sin pagar en Chile y estuvo afectada por corrupción en Perú.

Se podría decir que los vecinos de esta zona central de Rivas tienen mala suerte si no fuera que la construcción del gimnasio del CEIP La Luna sigue pendiente, el futuro Instituto de Educación Secundaria (IES) Margarita Salas sigue sin terminar y, encima, el Ejecutivo autonómico ha reducido la oferta de Formación Profesional al cancelar la colaboración del hospital privado HM con el centro Justa Freire. La alcaldesa de Rivas, Aida Castillejo (IU-Mas Madrid-Equo) explica que el Ayuntamiento ha ofrecido hacerse cargo de la terminación del CEIP Hispanidad (Mercedes Vera). “Hace un mes que nos reunimos con la Consejería y nos dijeron que la solución era inminente”, afirma Castillejo. Pero a una semana del final del curso escolar no hay cesión de obras ni nueva licitación. Lo único cierto es que el colegio seguirá sin terminar cuando comience el nuevo curso escolar 2026-27.

Por primera vez un Papa habla (para todos) desde la tribuna del Congreso

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Luis Díez.

Robert Francis Prevots, más conocido como papa León XIV, ya está con nosotros. Llegó a Madrid a las 10:30 de este sábado, 6 de junio de 2026, en vuelo directo desde Roma. Bienvenido sea. Entre actos protocolarios, discursos, saludos, vigilias, rezos, misas y procesiones –la del Corpus Chisti el domingo en Cibeles– le van a dar un tute de no parar. No importa, pues el hombre de la sotana blanca todavía es joven (70 años) para la tradición de los santos padres y, según me comenta un voltaico amigo vaticanista, llega con las pilas cargadas de energía.

El Pontífice tiene previsto acudir el lunes a las 10:30 al templo de la soberanía nacional. Una hora antes recibirá al presidente del Gobierno en la Nunciatura. Es de suponer que Pedro Sánchez le ponga al corriente de la situación política antes de que, ya en el Congreso de los Diputados, el Papa pronuncie su discurso a los diputados y senadores que quieran oírlo, incluidos agnósticos y ateos.

Es la primera vez en la historia contemporánea de España que sucede esto. Y además ocurre con un gobierno de izquierdas, socialista y democrático, progresista, amable, pacifista y defensor de los derechos y libertades individuales y sociales. “¡Gaudeamos igitur, inter nobis habemus Papam!” (alegrémonos, pues tenemos al Papa entre nosotros), me dice un discípulo del inolvidable Peces-Barba, aquel constitucionalista al que llamaban padre Gregorio. “Verás cómo los descreídos acaban aplaudiendo al vir bonus” (hombre de bien), añade.

Por la información que le hayan aportado ya sabrá este chicagüense con nacionalidad de EEUU y de Perú (nació Chicago y fue obispo de Chiclayo) que aquí no quedan bolcheviques, aunque sobran cavernícolas y que el templo de la democracia ha adquirido en los últimos tiempos la dimensión de un insultódromo, de un área de desfogue de silvestres jabalís y algún rinoceronte ávido de poder.

En los últimos cien días se ha registrado medio centenar de insultos o dicterios, casi siempre por boca de la oposición de derechas. A saber: 12 relacionados con supuestas faltas a la verdad (embusteros, mentirosos, falaces, falsos, trileros, tramposos…); otros 12 alusivos a la administración de lo público pro domo suo (corruptos, prevaricadores, ladrones y otros sinónimos como el popular “chorizos); 7 veces “mafiosos, delincuentes organizados» y a secas. Todos ellos acompañados de varios «sinverguenzas, inmorales, filoterroristas y traidores a España». Tal es el nivel del debate.

Si hasta en el extranjero han podido ver y leer el ininteligente insulto que desde el palco de invitados del Congreso lanzó hace tiempo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del Gobierno cuando éste solicitó al dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la cesara por improbidad reiterada en adjudicaciones de contratos de mascarillas durante la pandemia a beneficio de su hermano y a mayor beneficio de su compañero sentimental, el defraudador fiscal Alberto González Amador, hemos de dar por hecho que el romano Pontífice sabe como tratan aquí al jefe del Ejecutivo.

En ocasiones la señora Ayuso y su madre política, Esperanza Aguirre, aquella lideresa aznarista que ahora aparece en manifestaciones callejeras con clientes de la Audiencia Nacional como el adquirido Aldama y otros tipos de la ultraderecha, animalizan el nombre propio de Sánchez para corear más a gusto: “perroo sánchez… hijo de puta”. “Ignosce illis, quia sciunt quid dicant, et non dicunt quae sciunt. (Perdónales porque no saben lo que dicen y no dicen lo que saben), dice mi amigo vaticanista.

León XIV entrega un libro a Pedro Sánchez durante su reciente encuentro en el Vaticano.

También hemos de dar por hecho que su Santidad, que como prior de los Agustinos visitó a comienzos de siglo las congregaciones de Tenerife, Málaga, Ávila, Bilbao y León, conoce las vicisitudes migratorias de los españoles y es consciente de que nuestra derecha política abjura del proceso de regularización de inmigrantes sin documentación que ha impulsado el Gobierno a petición, entre otras organizaciones humanitarias, de esa Cáritas Diocesana cuyo proyecto “Cedia 24 horas” va a conocer este sábado antes de participar en la Vigilia de Oración con los jóvenes en la plaza de Lima.

¿No es paradójico que una derecha tan católica, apostólica y romana…, unas mujeres y hombres tan defensores de las virtudes cardinales y teologales, unos dirigentes cual Ayuso, Feijóo, Gamarra… gente de insignias, bandera, libro de reglas…, personas que se presentan sine labe concepta (sin defecto concebidas) sean a su vez tan cínicas y crueles con los inmigrantes. ¿O es que no son tan justos, virtuosos ni piadosos como pregonan y prefieren que los inmigrantes sigan sin reconocimiento legal ni social para explotarles mejor?

Sepa León XIV que los líderes de esa derecha reaccionaria a los que va a saludar en el Congreso tratan de envenenar la convivencia y están sembrando cizaña contra los trabajadores inmigrantes que, por otra parte, aportan mucha más riqueza, bondad y bienestar que los magros salarios y el abundante desprecio reciben. De todo hay en la viña del señor, pero esa derecha criminaliza a los inmigrantes pobres, los acusa de delincuentes y finalmente les niega el derecho a la igualdad con los demás ciudadanos (pactos del PP y VOX en varios gobiernos autonómicos). Además promete aplicar la política del bronco y despiadado presidente de EEUU (detención, confinamiento y expulsión) a los inmigrantes y sus hijos si llega a gobernar.

Y sepa también el romano Pontífice que los jefes de esta derecha dura y bronca ni rechazan las guerras de oportunidad de Donald Trump y Netanyahu contra Irán y Líbano ni han condenado las masacres en Gaza (Palestina). Por el contrario, cuando el presidente del Gobierno, señor Sánchez, ha ido a Jerusalén a pedir a Netanyahu que pare la máquina de matar, y cuando España ha reconocido al Estado de Palestina, algunos de ellos han acudido en persona a mostrar su apoyo al primer ministro israelí.

¿Qué pueden decir ahora ante los cuatro ataques de mortero lanzados contra la base Miguel de Cervantes de los cascos azules españoles en Líbano, que costaron la vida a un soldado serbio e hirieron sin gravedad a dos españoles? El incidente ocurrió la noche del miércoles en el alfoz de la ciudad de Marjayún. Israel lo atribuyó a las milicias de Hizbula. Pero su ejército sigue ocupando y bombardeando Líbano, lo mismo que hizo en Gaza. Y de tanto en tanto ataca, asesina y trata de intimidar a los soldados de paz de la ONU, que considera molestos. ¿Realizará la derecha española alguna gestión exigiendo al Estado israelí que respete a quienes luchan por la paz? En ninguna ocasión anterior lo ha hecho.

En fin, puesto que la última intervención registrada en el Congreso de un dirigente principal del PP –su secretario general, Miguel Tellado– fue para insultar al propio Parlamento, al Gobierno y, de paso, reprochar a su paisana galega, la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz que no haya dimitido por “las tramas de corrupción”, alguien ha de informar a León XIV que no, que el Congreso de los Diputados del Reino de España no es “una barbacoa de chorizos” como ha dijo el señor Tellado. Cierto, que enseguida concreto: “de tanto chorizo del Gobierno y el Partido Socialista”.

Miguel Tellado (en el centro) se fue a Bilbao a insultar al PNV tras decir que el Congreso era una «barbacoa de chorizos del Gobierno y el partido socialista»

Poco después el pícnico dirigente viajó a Bilbao a insultar a los del PNV porque mantienen su apoyo al Gobierno del socialista Sánchez Pérez-Castejón que el martes pasado cumplió ocho años en el poder, el equivalente a dos legislaturas que, entre otras cosas han servido para restablecer la concordia con los nacionalistas, combatir la pobreza, mejorar la producción, el empleo, afianzar los derechos civiles y sociales y conducir a este país por la senda del equilibrio, la solidaridad y la prosperidad.

Rece su Santidad por todos nosotros y disculpe el lector los latinajos de este texto; se deben a que León XIV puede hablar a sus señorías en latín y obligado es a los periodistas que, como decía Manuel Chaves Nogales, somos los sacristanes de todos los cultos, entrenar las neuronas para entenderlo o, cuando menos, interpretarlo cabalmente. Gracias.

¿Quién defiende el derecho de pernada de Julio Iglesias y otros jefes ‘machirulos’?

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Luis Díez.

Preguntó el juez: “¿Quién mató al comendador?” Y respondió el pueblo: “Fuenteovejuna, señor”. Volvió a preguntar el juez: “¿Quién es Fuenteovejuna?” Y respondió el pueblo: “Todos a una”.

Cuando Lope de Vega escribió el drama inspirado en la unión del pueblo cordobés de Fuente Obejuna para liquidar al comendador mayor de Calatrava, Fernán Gómez, por haber violado a la joven Laurencia, prometida de Frondoso, la gente estaba harta del “derecho de pernada” y demás abusos e injusticias de los señores feudales y comendadores de las órdenes armadas al servicio de los reyes cristianos. En la pernada contemporánea no sólo hay jefes que no te dan el puesto de trabajo si no “pasas por la piedra”, sino una avifauna política defensora de personajes como Julio Iglesias, amigo de Aznar y Botella, y de otros acusados y condenados por delitos sexuales.

La decisión de los vecinos de Fuente Obejuna de tomarse la justicia por su mano ante la criminalidad impune de los poderosos tuvo lugar en 1476, en tiempo de los Reyes Católicos, pero las prácticas de dominación y humillación seguían vigentes más de un siglo después. De ahí que Lope las dramatizara allá por el 1614. El derecho de pernada, que algunos historiadores consideran una invención de los materialistas del siglo XIX para acentuar la conciencia de clase de los obreros e incitarles a la revolución, resultaba tan abusivo y odioso que ya Alfonso X intentó erradicarlo imponiendo en su Fuero Real de Castilla, en torno al 1200, una multa de 500 sueldos y privación del cargo a quien osara deshonrar a la novia de otro la noche de su boda.

La verdad es que los caballeros de horca y cuchillo, duques, condes, marqueses y gente de alcurnia, se burlaron de aquel precepto real y siguieron, según su costumbre, abusando sexualmente de las siervas recién casadas. La indignación popular contra la nobleza y el alto clero no sólo se desbordó en Fuente Obejuna, sino en otras muchas localidades sometidas a la ley del más fuerte. La situación se volvió tan alarmante que Fernando el Católico, acollonado ante aquella revolución en cadena, dictó en 1486 su famosa “sentencia de Guadalupe”, condenando las agresiones sexuales y prohibiendo a los señores feudales acostarse la primera noche con la esposa del súbdito recién casado ni tampoco practicar el rito de la coyunda simbólica –ponerle la pierna encima o pasar sobre ella cuando estuviera echada en la cama– como señal de poder y dominación.

Los Reyes Católicos aplacaron un poco la indignación del pueblo llano, pero ni mucho menos acabaron con aquella ley no escrita, el derecho de pernada, según demostró el gran Lope, denunció Voltaraire dos siglos después y, a pesar de la evolución de la humanidad y de los cambios sociales, políticos y culturales, seguimos sufriendo en nuestro tiempo. El último episodio del abuso sexual de un amo y señor lo hemos conocido esta semana. El cantante español de fama mundial, Julio Iglesias, ha sido denunciado por dos de sus antiguas empleadas –una asistenta y una fisioterapeuta– en las mansiones de Bahamas, República Dominicana y Marbella (España) por agresiones sexuales y malos tratos en 2021 y 2022.

La información destapada por eldiario.es y Univisión en Estados Unidos ya ocupa a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que investiga al octogenario cantante como autor de los presuntos delitos denunciados ante la justicia española el 5 de enero por las dos mujeres, apoyadas por la organización internacional Women’s Link Worldwide (Enlace de mujeres de todo el mundo). El ilustre y millonario personaje sabía bien lo que hacía cuando exigía a sus empleadas certificados médicos sobre su salud sexual, fuera a ser que sufrieran alguna enfermedad venérea o estuvieran embarazadas. Quería ejercer con seguridad esa versión actual del histórico derecho de pernada.

Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y esposa del expresidente del Gobierno, José María Aznar, defendió al alcalde del PP de Ponferrada Ismael Álvarez frente a las acusaciones de acoso sexual de Nevenka Fernández

El mismo derecho de pernada debió de empujar en el año 2000, para empezar el siglo, a aquel condenado alcalde de Ponferrada a perseguir y acosar sexualmente a la concejala responsable de Hacienda, Nevenka Fernández. Con 26 años Nevenka, licenciada en Económicas por la Universidad San Pablo-CEU y máster en Auditoría, trabajaba para Arthur Andersen en Madrid cuando acepto la oferta del PP de concurrir como número tres de su lista a las elecciones municipales de 1999 en su ciudad natal, Ponferrada. Ganaron los comicios y, tras una breve relación con el alcalde Ismael Álvarez, Nevenka comenzó a sufrir un acoso sexual insoportable del regidor, que le provocó una fuerte depresión. Se dio de baja laboral en septiembre de 2000 y unos meses después, en marzo de 2021, denunció al alcalde. Su partido le dio la espalda. El entonces jefe del PP y del Gobierno, José María Aznar López estaba demasiado ocupado, pero su esposa Ana Botella, salió en defensa del acosador. Nevenka sufrió un calvario judicial, con insultos hasta del fiscal del caso, José Luis Ankos, que le reprochó que no se aguantara por los tocamientos en el trasero como hacían las empleadas de Hipercor y la tildó de “putilla”. Pero Nevenka consiguió que la justicia le diera la razón y condenara al machirulo acosador. Álvarez fue castigado con la pena mínima por el delito de acoso — nueve meses de cárcel, una multa de 6480€ y una indemnización de 12000€ a la víctima–, pero tuvo que dimitir de alcalde y será recordado como el primer político condenado por acoso sexual a una subordinada. Eso no quita para que la señora Botella le calificara de “respetable”.

Otros casos notables de jefes con el estigma medieval del derecho de pernada, como el protagonizado por el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sobre la futbolista Jennifer Hermoso tras ganar el Mundial de 2023, acabaron con la dimisión y condena del ínclito (multa de 10.800 euros) por agresión sexual.

El caso del patrón multimillonario Julio Iglesias trae a la memoria el lamentable comportamiento de Plácido Domingo, que este 21 de enero cumple 85 años. En una investigación de la agencia de noticias Associated Press, ocho cantantes y una bailarina acusaron al gran tenor español de “comportamientos sexuales inapropiados”. Solo una de ellas, la mezzosoprano –voz intermedia entre soprano y contralto– Patricia Wulf, eludió el anonimato. En una entrevista a Efe dijo que era “un depredador que ha hecho esto repetidamente”. El acoso sexual –un patrón de tocamientos, besos no consentidos y presiones en un contexto profesional marcado por la asimetría de poder– arruinó la reputación del tenor y en 2019 le costó el puesto de director de la Ópera de Los Ángeles, que ejercía desde 2003. Aunque no hubo acusación judicial, la investigación del sindicato estadounidense de artistas musicales (AGMA) confirmó la veracidad de la denuncia y a Domingo no le quedó más remedio que pedir perdón y desaparecer de escena en EEUU. En Europa volvió a actuar un año después y en Madrid reapareció en una gala benéfica el 6 de junio de 2021.

Isabel Díaz Ayuso ha salido en defensa del cantante Julio Iglesias con un argumento estúpido

Ahora, mientras la justicia investiga las acciones delictivas del machirulo Julio Iglesias contra sus empleadas, la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso ha sido la primera política del PP en salir en defensa del cantante con un mensaje tan estúpido como disparatado. Preguntada si va a retirar la medalla de honor que le impuso su mentora y antecesora Esperanza Aguirre en 2010, Ayuso dijo que no. Y a continuación escribió en X: “Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”.

Con representantes políticas tan machistas (que no hembristas) como la casamentera Botella en su momento y ahora la novia del comisionista de Quirón y delincuente fiscal Alberto González Amador (Ayuso), se comprende que las tendencias de plomo contra las mujeres permanezcan per omnia seculae mientras las conductas de oro siguen siendo escasas entre los señoritos más o menos adinerados, los que logran subirse al carro del poder político y los que ejercen el poder económico. Pero más allá de las leyes que desde los tiempos de Alfonso X tratan de corregir los abusos contra las mujeres, las fuerzas de la indignación castigarán de un modo u otro a los que no respetan la dignidad humana.

«¡Ánimo Alberto!»

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Luis Díez.

Carente de discurso y proyecto propio sobre el futuro de nuestro país, el presidente del principal partido de la derecha, Feijóo, asiste atónito desde que llegó a Madrid, hace tres años y medio, al creciente prestigio y valoración del presidente del Ejecutivo español en el ámbito internacional. Su valía y capacidad es indudable en el seno de la Unión Europea (UE), donde ha encabezado propuestas de éxito, beneficiosas para nuestro país en materias tan decisivas como el mercado energético y la recuperación económica después de la amarga pandemia del Covid-19. Su paciencia y resistencia es encomiable frente a la política ratonera de los patriotas de la derecha, día y noche entregados al ruido y la mendacidad. Su defensa de los intereses españoles en Europa y en el mundo es loable por el fundamento, la firmeza y la capacidad de diálogo y negociación que despliega ante otros mandatarios. No solo conecta con las necesidades de amplios sectores sociales y económicos, sino también con los valores y emociones de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Lo hemos visto en la causa por la supervivencia de Palestina, anticipándose a otros grandes países en el reconocimiento del Estado Palestino y acumulando fuerza social y moral para obligar al genocida Benjamín Netanyahu y forzar a su cómplice, el militarista faccioso Donald Trump, a parar el exterminio de palestinos en Gaza.

Con una mayoría precaria en el Parlamento y unas alianzas de gobierno con esa izquierda del PSOE siempre tendente a enfatizar la pluralidad y acentuar las diferencias fraccionarias, el socialista Sánchez realiza una política interna equilibrada y positiva para la clase media trabajadora que le sitúa a gran distancia de la época en que el PP, con mayoría absoluta, recortaba derechos a los trabajadores, implantaba el despido libre a coste mínimo –para “crear empleo”, decían–, subía impuestos a los asalariados mientras decretaba amnistías para los grandes defraudadores, congelaba las pensiones de los jubilados y legislaba para impedir que volvieran a subir igual que los precios al consumo o, en fin, no promovía una sola vivienda social y vendía a precio de saldo las pocas que había en Madrid a los fondos buitre, convenientemente asesorados por un hijo de la alcaldesa Ana Botella y el expresidente Aznar, gran privatizador, amén de belicoso y tramposo para no ir a la mili. La reversión de aquella política nefasta y la reparación de la sima con Cataluña que, no olvidemos, celebró aquel 1 de octubre de 2017 su referendo de autodeterminación con 2,1 millones de votantes (el censo era de 5,3 millones) a favor de la República Catalana, añaden épica, audacia y acierto a la política del presidente Sánchez.

Aunque no estemos en tiempo electoral conviene pedir “calidad” a los políticos y, como decía el Miquel Roca de los mejores tiempos, tendríamos que ir a votar como quien va a comprar un coche, una lavadora o frigorífico: “Escolteu! Que almenys funcioni!” (¡Óiga, que al menos funcione!). Por suerte, el presidente Sánchez funciona y, haciendo de la necesidad virtud, está conduciendo al país a unas mejoras sociales apreciables y tasas de empleo y crecimiento económico sostenido por la senda de la economía sostenible que provocan la admiración de muchos países. Eso enfurece a una oposición reaccionaria que no descansa en su producción de bulos, insultos y causas para deteriorar a Sánchez, atacando a su esposa, su hermano y hasta su suegro que en paz descanse con la colaboración de algunos jichos judiciales tan contaminados como celosos de su independencia. Es lo que pasa cuando se judicializa la política como han hecho los dirigente del PP no solo en respuesta a los independentistas catalanes, sino también como ardid ante el nuevo impulso corrupto que encabezan la nueva millonaria Ayuso y su pareja Alberto González Amador.

Si la lenguaraz Ayuso, quien lo mismo acusa al presidente del PNV de amenazarla de muerte como cuando la ETA cometía atentados, que se declara insumisa o ajena al cumplimiento de la ley del aborto –“Vayanse a otro lado a abortar”, ha sido su último grito–, que llama “bilduetarras” a los parlamentarios vascos democráticamente elegidos, etc. etc., fuera mínimante eficaz, Madrid no tendría un transporte público masificado y hecho unos zorros, unos precios insoportables de la vivienda y, desde luego, un porcentaje de abortos tan escaso en la sanidad pública (el 0,2% de los registrados en 2024). Si su colega el alcalde José Luis Martínez-Almeida Navasqués no comulgara con Vox para aterrar con síndromes monstruosos a las mujeres que se ven abocadas a abortar. Y si, en fin, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se hubiera mostrado eficaz en sus competencias sanitarias, miles de mujeres –se han contabilizado 3000 de momento– habrían recibido urgentemente los resultados de sus mamografías ante los signos de un posible cáncer de mama, para que se sometieran a nuevas pruebas diagnósticas y en su caso al consiguiente tratamiento. Pero no les enviaron los resultados “para no alarmarlas”, dijo Bonilla, quien cesó a su consejera de sanidad, y van tres. Si a tanta ineficacia con resultado de muerte –incluido el cruel comportamiento de Ayuso con los ancianos de las residencias durante la pandemia– se añaden las actitudes de otros reputados presidentes autonómicos del PP (con Vox), como el valenciano Carlos Arturo Mazón Guixot, un inútil falsario de lo peor, como demostró ante la DANA del 29 de octubre del año pasado que costó la vida a 229 personas en Valencia sin que la Generalitat alertara a tiempo a la población, o como el salmantino Alfonso Fernando Fernández Mañueco, que no se sabía por donde andaba cuando ardían Las Médulas en el Bierzo. Después apareció para la foto mientras se quemaban varias aldeas, ardían miles de hectáreas de monte, bosque, viñedos y frutales en León y Zamora y Salamanca –además de Orense, tierra de Feijóo– y morían dos voluntarios y un bombero forestal, al tiempo que cuatro militares de la UME y numerosos paisanos resultaban heridos en su lucha contra el fuego.

Ante tamaña exhibición de «calidad» de los presidentes autonómicos del PP y buen «funcionamiento» en momentos decisivos –así gobierna el PP– es comprensible que el aspirante al sillón de La Moncloa y supuesto jefe superior de la tropa, señor Feijóo, se desespere y descargue su inquina contra el presidente del Gobierno, en dura competencia con la deslenguada Ayuso. Una le llama “hijo de puta” y el otro amplía el concepto para afirmar que “se beneficia” de la prostitución, lo que incluye al vulgarmente llamado “chulo putas”. Es razonable que el elevado discurso de un hombre de Estado sometido a tan cruel competencia de la ultraderecha interna y externa provoque incluso la solidaridad del presidente Sánchez, impresa en su respuesta: “¡Ánimo Alberto!”