Luis Díez.

Un colegio de enseñanza infantil y básica se ha convertido en muestra evidente de la mala gestión educativa y el desprecio del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid hacia los vecinos de Rivas-Vaciamadrid. Esta ciudad situada en el este de la región, al pie de las montañas formadas por escombros, residuos y basuras de la capital –el vertedero se completó con una incineradora hace 25 años– cuenta ya con 100.000 habitantes y está gobernada por la izquierda sin interrupción desde las primeras elecciones locales en 1979. Hace ocho años su Ayuntamiento entregó al Ejecutivo autonómico, competente en materia educativa, una parcela de 12.900 metros cuadrados, valorada en cuatro millones de euros, para que construyera un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en una zona de expansión urbanística articulada por la Avenida de Pablo Iglesias.

Era el mes de noviembre de 2018 y el Gobierno autonómico madrileño se hallaba bajo los efectos de las crisis de los batracios o sucesivas dimisiones de consejeros de los gabinetes de Esperanza Aguirre que “salían ranas”. Su vicepresidente y sucesor, Ignacio González, también salió rana y la sustituta de éste, Cristina Cifuentes, de confianza del entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, descarriló cuando los enemigos internos hicieron llegar al medio digital Okdiario de Eduardo Inda un video con los empleados de seguridad de un supermercado descubriendo que Cifuentes se llevaba sin pagar unas cremas faciales y corporales bastante caras. Dimitió y fue sustituida por su correligionario Ángel Garrido, quien ocupó la presidencia entre abril de 2018 y agosto de 2019. También dimitió porque, contra el criterio de la dirección del PP madrileño, el nuevo presidente nacional, Pablo Casado, nombró a Isabel Díaz Ayuso, una periodista empleada de Aguirre, candidata a la presidencia autonómica.

Se entiende que en aquellos tiempos marcados por las luchas intestinas y las crisis de improbidad –los casos de corrupción todavía afectan al Ejecutivo madrileño– el solar para el colegio que necesitaban los niños de un barrio de Rivas fuera un asunto menor para los gobernantes de la Puerta del Sol. De lo único que se ocuparon los jichos que alcanzaron el poder (PP, Ciudadanos y Vox) con Ayuso al frente fue de aceptar los terrenos y rechazar el nombre del futuro colegio que, a propuesta del Ayuntamiento de Rivas, previa deliberación del Consejo Municipal de Educación, se iba a llamar Mercedes Vera. En lugar de eso, el Gobierno autonómico decidió que se llamaría CEIP de la Hispanidad. ¿Por qué?

Mercedes Vera (1907-2000) fue una maestra represaliada por la dictadura franquista, una mujer que acabó enseñando en la finca El Porcal y en el casco antiguo de aquella pequeña aldea de aparceros que era Rivas hasta los años ochenta del siglo pasado en que la necesidad de viviendas la convirtió en la ciudad actual. Los enseñantes y el consistorio entendían que aquella mujer que combatió el analfabetismo en unas condiciones de pobreza, precariedad y persecución inenarrables merecía un reconocimiento y un recuerdo. Pero la catadura fascio-franquista de los jefes de la derecha española todavía lo impide.

Desde 2018 hasta el día de hoy ha pasado mucha agua del Jarama bajo el Puente de Arganda, ha habido inundaciones, borrascas y se han posado los silenciosos copos de nieve por estas latitudes sin que las autoridades competentes se hayan ocupado de la falta de plazas escolares más que para colocar contenedores de chapa como aulas y ampliar el número de alumnos por enseñante. Ni que decir tiene que también han ayudado a la iniciativa privada a plantar sus ciudades escolares –dos complejos educativos de pago desde infantil a la universidad y un colegio concertado–, pero con la carestía de la vivienda y unas familias hipotecadas hasta las cejas, la enseñanza pública (de tanta o mayor calidad que la privada) es, además de un derecho, una viva necesidad.

Tres años después de la entrega de la parcela, el gobierno de Ayuso decidió que el colegio Hispanidad (Mercedes Vera para los vecinos) comenzase a funcionar. Pero ni siquiera había sido construido. ¿Qué hacer? Los niños del ciclo infantil del curso 2021/22 se incorporarían a las aulas del CEIP Dulce Chacón. El curso siguiente (2022/23) el colegio seguía sin construir, así que los alumnos de 1° y 2° dieron sus clases en unos barracones instalados en el patio del Dulce Chacón.

Finalmente, el Gobierno autonómico, que había dividido en dos fases la construcción del colegio, contra el criterio de los vecinos y del Ayuntamiento de Rivas, entregó un primer inmueble de planta baja con aulas y un pequeño patio de recreo para que fuera usado en el curso 2024/25 por los alumnos de 1º a 3º de educación infantil. Habían pasado seis años. Las torres de viviendas habían crecido alrededor. La necesidad de plazas escolares era un clamor en esta y en otras zonas de Rivas. La iniciativa privada iba cubriendo las necesidades en el barrio de La Luna, área de expansión urbana, pero “la emergencia educativa” provocaba concentraciones vecinales y se leía en las pancartas y carteles colocadas en las entradas a la ciudad.

La primera fase del CEIP Hispanidad (Mercedes Vera) había sido adjudicada en dos millones de euros, y el consejero de Educación, Emilio Viciana, acudió a Rivas en compañía de su viceconsejero de Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, para anunciar “a corto plazo” la segunda fase del centro educativo. No realizaron su anuncio en un acto público sino en un encuentro sectario con afiliados al PP. Dijeron que la ampliación se había licitado hacía una semana, aseguraron que estaría finalizada en 2026 y explicaron que el nuevo edificio tendría tres aulas más de Infantil para 75 alumnos y 24 de Primaria para otros 600, así como cuatro aulas de desdoble, cuatro de apoyo, otras específicas, biblioteca, gimnasio y pista deportiva.

A la Asociación de Familiares de Alumnos (AFA) les pareció extraño que en el proyecto no figurase una cocina, como tienen los demás colegios. Ante el supuesto olvido pidieron aclaraciones y reclamaron ese equipamiento esencial. Sin embargo, las obras ya habían sido adjudicadas (7 millones de euros) y la reclamación cayó en saco roto. Con todo, el suministro de comida industrial elaborada fuera del centro no iba a ser la única sorpresa. Pronto las familias afectadas se darían cuenta de que la segunda fase (definitiva) del CEIP se acabaría convirtiendo en el cuento de nunca acabar del famoso editor Saturnino Calleja.

Las obras comenzaron antes del verano de 2025 y, tras plantar las estructuras prefabricadas de bigas metálicas, la construcción del edificio (dos plantas de ladrillo rojo revocado con cemento y calafateado) alcanzó un buen ritmo. Pero un día de febrero pasado los andamios quedaron sin albañiles, desaparecieron las furgonetas y los camiones que traían al personal y el material, la jirafa de la grúa permaneció inmóvil y silenciosa. Transcurrió una semana y los vecinos comenzaron a inquietarse. Lógico. La obra había sido paralizada. ¿Por qué?

El consejero Viciana acababa de ser sustituido por Mercedes Zarzalejo Carbajo, que no sabía nada. El viceconsejero Fernández Borreguero se mantenía en el cargo, pero se negaba a dar explicaciónes. El director general de Infraestructuras y Servicios, Ignacio García Rodríguez, ni mu. Y el director del Área Territorial Madrid-Este, Marcos Rafael Moreno Sánchez, miembro a la sazón del Cuerpo de Inspectores de Educación de Madrid, atribuía la paralización de la obra a “causas sobrevenidas”. ¿Qué causas?

La realidad nunca aclarada es que el Gobierno de Ayuso adjudicó la segunda fase del colegio a la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Tableros y Puentes S.A. (TAPUSA) y Bienes y Obras del Principado S.A. (BOPRISA) sin reparar en que la primera, una sociedad manejada por la familia Álvarez Yague, venía arrastrando problemas en Chile desde 2022 y ha dejado sin terminar obras públicas –carreteras y puentes– en cuatro regiones de ese país. Sus incumplimientos de contratos e impagos del salario a 400 trabajadores han dado lugar a demandas judiciales del gobierno chileno. La empresa ha tenido problemas por casos de alta corrupción en Perú. Pero al Ejecutivo de Ayuso no le importó. La asociada BOPRISA pertenece a la familia Argüelles Aller y Argüelles Casal y construye casi exclusivamente en Asturias, donde posee un conglomerado societario con sede en el Polígono Riaño II de Langreo.

Mientras tanto, la falta de explicaciones y, sobre todo, de soluciones para terminar el colegio proyectado hace ocho años, ha llevado a algunos padres y madres afectadas por la falta de plazas escolares a colocar pancartas, encerrarse en el colegio y acudir a La Revuelta, el popular programa de TVE que dirige David Broncano para denunciar la incuria a la que vienen siendo sometidos por la Administración de Ayuso, una presidenta autonómica más preocupada por soltar dicterios contra Pedro Sánchez y por defender las mordidas y el fraude a Hacienda de su novio que de resolver los problemas de los ciudadanos.

Se podría decir que los vecinos de esta zona central de Rivas tienen mala suerte si no fuera que la construcción del gimnasio del CEIP La Luna sigue pendiente, el futuro Instituto de Educación Secundaria (IES) Margarita Salas sigue sin terminar y, encima, el Ejecutivo autonómico ha reducido la oferta de Formación Profesional al cancelar la colaboración del hospital privado HM con el centro Justa Freire. La alcaldesa de Rivas, Aida Castillejo (IU-Mas Madrid-Equo) explica que el Ayuntamiento ha ofrecido hacerse cargo de la terminación del CEIP Hispanidad (Mercedes Vera). “Hace un mes que nos reunimos con la Consejería y nos dijeron que la solución era inminente”, afirma Castillejo. Pero a una semana del final del curso escolar no hay cesión de obras ni nueva licitación. Lo único cierto es que el colegio seguirá sin terminar cuando comience el nuevo curso escolar 2026-27.