Luis Díez.

¿Qué le ocurre a Alberto Núñez Feijóo? ¿Las altas temperaturas le inducen a error? Las preguntas de algunos correligionarios suyos tienen sentido porque el presidente del principal partido de la derecha, el PP, ha incurrido en dos supuestos errores superlativos en menos de una semana. El primero ha sido el anuncio de “pasar página” del proceso independentista catalán para abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Junts per Catalunya, la formación nacionalista de derechas que dirige desde “el exilio” en Waterloo Carles Puigdemont i Casamajó.

Feijóo cree que como hizo en 1996 el inefable José María Aznar López con Jordi Pujol i Soley también él podría llegar a un pacto de conveniencia con Puigdemont para alcanzar la jefatura del Gobierno sin tener que meter en el Ejecutivo al ultraderechista Santiago Abascal Conde y sus elementos patógenos. Al mismo tiempo, PP catalán ayudaría al dirigente que no se peina a retornar a la presidencia de la Generalitat que ocupó en 2016 y 2017 hasta el referendo y la huida.

El ayudante de Feijóo en el PP, el rollizo Miguel Tellado Filgueira prorrumpió días atrás en una entrevista en la Cadena Ser: “Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”.

Hombre, designar como “organización criminal” al Gobierno español que preside el prestigioso y no menos correoso Pedro Sánchez Pérez-Castejón, un demócrata de talla que ha concitado el odio de poderes rancios, fácticos, togados y sin togar por aplacar las tendencias separatistas en Cataluña y restaurar la convivencia y el diálogo con los indultos y la amnistía, no deja de ser una estupidez superlativa e impropia de alguien que aspira a gobernar. Pero al margen de esa máquina expendedora de detritus, las palabras de su jefe Feijóo no parece que impresionen a Puigdemont, quien vive pendiente del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) previsto para el día 16 sobre el alcance de la ley de amnistía. Entre otras cosas, el TJUE dirá si el delito de malversación que se atribuye al expresident y a los dos exconsellers Lluís Puig y Toni Comín –que también residen fuera de España– puede ser anulado por la amnistía.

Más allá de la sentencia y de que Puigdemont regrese o no, la táctica de Feijóo ha excitado sobremanera al señor Aznar, quien considera errático contar con los sucesores de Pujol y Convergencia Democrática de Cataluña para llegar a la Moncloa. “La mayoría será nacional o no será”, ha sentenciado entre aplausos de la presidenta autonómica madrileña Isabel Díaz Ayuso y de su mamá política, Esperanza Aguirre, quien siempre ha abogado por el entendimiento con Abascal, al que llama “Santi”. Queda claro que lo “nacional” ha de ser neto, absoluto, sin sombra de acuerdo con los nacionalismos. Vox y punto. Y si no que le pregunten a Juanma Moreno Bonilla, el dirigente del PP andaluz que ha tenido que tragar con el programa de la ultraderecha y nombrar vicepresidente y tres consejeros voxidos para que le invistan presidente de la Junta y seguir gobernando.

La segundo error canicular de Feijóo –jaleado en esta materia por la madrileña Ayuso– ha consistido en secundar el mensaje de Vox sobre el pucherazo electoral que prepara el Gobierno gracias a la concesión de la nacionalidad española a los nietos de los exiliados que la han solicitado. Conviene aclarar que la Ley de Memoria Democrática, cuya disposición adicional octava reconoce ese derecho, por lo que recibió el nombre de ley de nietos, fue aprobada en 2022 y que hasta el momento se han registrado unas 300.000 concesiones de nacionalidad por derecho de sangre. Pero, según Feijóo, el Gobierno va a hacer “ingeniería electoral” para dar un pucherazo en las próximas elecciones. El líder del PP no sólo ha asumido el mensaje de la ultraderecha española sino que ya quiere ser como Trump.

Cierto es que Feijóo prometió en Buenos Aires, siendo presidente de la Xunta de Galicia, extender la ley de nietos a los inmigrantes por motivos económicos y no sólo a los descendientes de los exiliados republicanos. Pero ahora, cuando el ministro Oscar Puente, se lo ha recordado en las redes sociales, ha sustituido los términos “ingeniería electoral” por “ingeniería social”, aunque sin renunciar a la sospecha sobre la falta de limpieza del sistema electoral: “Estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, ha proclamado.

Puesto que la memoria es frágil, habrá que recordar a los dirigentes y gobernantes del PP-VOX que los requisitos para garantizar la limpieza del voto exterior se endurecieron extraordinariamente después de las trampas realizadas por el PP en 1999 en Baleares. Un año antes de las elecciones, el entonces presidente autonómico, Jaume Matas y su consejera de presidencia, Rosa Estarás, visitaron Argentina. A partir de ahí comenzó la “ingeniería electoral” consistente en censar a cientos de argentinos en distintos municipios de Mallorca e introducir sus votos por correo. Las denuncias realizadas en Formentera por la Colición de Organizaciones Progresistas (COP) revelaron la inscripción de 74 emigrantes en Argentina. Demasiados para una isla tan pequeña. Ninguno de ellos conocía la isla ni tenía relación alguna con el entonces conocido como “feudo” de Abel Matutes, exministro de Exteriores con Adolfo Suárez y después prohombre del PP. “Me han preparado el voto”, “he votado al PP”, “solo conozco a Jaume Matas”, decían a los periodistas algunos electores. Tras las elecciones del 13 de junio de 1999 la COP, que ganó en Formentera pudo comprobar que de los 74 censados en Formentera, 72 votaron al PP.

La fiscalía anunció la acusación por supuesto fraude electoral. Pero el Tribunal Supremo decidió el 11 de octubre de 2002 no citar a Matas, convertido en ministro de Medio Ambiente de Aznar, ni a Rosa Estarás, diputada en el Congreso. Los dos eran aforados. Los “responsables intermedios” fueron exonerados en julio de 2005. El efecto del pucherazo fue la revisión de las normas electorales por una comisión parlamentaria, lo que complicó los trámites para votar.

Uno de los acusados intermedios, el senador José Juan Cardona, ocupó el cargo de Consejero de Comercio e Industria de Baleares de 2003 a 2007 con Matas como presidente autonómico. Acabó condenado a 16 años de cárcel por el saqueo de 8,27 millones de euros. Ingresó en prisión en julio de 2013. El Supremo ratificó la condena en 2016, convirtiendo a ese Cardona en el político más castigado por los jueces hasta la reciente condena a 24 años de prisión al exsecretario de organización del PSOE y exministro de Transportes y Obras Públicas, José Luis Ábalos, por el caso de las mascarillas, del que el delincuente Víctor Aldama se embolsó 3,5 millones de euros. La sentencia del Supremo le exime de entrar en prisión y de devolver el botín.