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Del observatorio a la prevención del racismo y el odio a los inmigrantes

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Incendio de un asentamiento de trabajadores inmigrantes en Palos de la Frontera (Huelva)

Luis Díez.

El Estado español dispone de medios poderosos para combatir el racismo y la xenofobia. Son los cuerpos y fuerzas de seguridad, las multas y sanciones en manos de los delegados y subdelegados del Gobierno, el Código Penal a disposición de fiscales y jueces. Sin llegar a ese aparato punitivo puede aplicar medidas preventivas para evitar estallidos de odio violento como el desvivido contra personas de origen magrebí en la localidad agraria de Torre Pacheco (Murcia).

Si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que es titular Elma Saiz Delgado, dispone de un sistema de monitoreo en tiempo real de los mensajes de odio en las redes sociales, tendría que servir para algo más que para conocer la etiología del odio y elaborar estadísticas. Tendría que servir para evitar la difusión del odio y la incitación a la violencia. Si se tratara de prevenir, por ejemplo, muertes por gripe, de nada nos serviría tener vacunas si no las usamos.

Algo de eso ocurre con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), que así se llama la herramienta en manos del departamento de la ministra Saiz. Éste instrumento detecta en tiempo real a diario, todos los días del año, los mensajes de odio en las redes sociales. Para ello cuenta con un sistema llamado FARO (Filtrado y análisis de odio en las redes sociales) que descubre, analiza, recopila y ordena los discursos con motivación racista, xenófoba, islamóbofa, antisemita y antigitana. El monitoreo se realiza sobre las redes sociales más usadas (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X). Y los seis lectores y dos analistas coordinadores avisan a las plataformas cuando encuentran mensajes delictivos, sancionables por vía administrativa o contrarios a las normas de uso de las propias plataformas digitales.

Mensajes de odio

En el caso del llamamiento de la extrema derecha a la violencia en Torre Pacheco (Murcia), el sistema detectó un pico extraordinario de mensajes de odio. Pasó de 2.313 el 9 de julio a 11.081 el 11 de julio. En el ínterin, el 10 de julio, se produjo la agresión de tres jóvenes de origen magrebí a un hombre de 69 años. La foto del hombre con la frente ensangrentada fue utilizada por cabecillas ultras para incitar a los grupos neonazis “a la caza del moro”. Emplearon además videos manipulados, bulos y noticias tergiversadas.

Los mensajes de xenofobia y odio hacia los ciudadanos de origen magrebí arraigados desde hace décadas en la localidad murciana y con nacionalidad española en la mayor parte de los casos llegaron a 32.892 el 12 de julio y fueron 23.758 el día 13. Las jornadas que siguieron fueron también de muchos mensajes contra los norteafricanos, con una horquilla entre 11.870 el día 14 y 5.575 una semana después, el 21 de julio. Ya el 22 de este mes, las expresiones de odio en las redes volvieron a la normalidad: poco más de dos mil, según la Web del OBERAXE.

Aun con las limitaciones de personal –ocho empleados– y de monitorización –sólo textos en español y en perfiles públicos, lo que excluye a Telegram–, resulta evidente que la supresión de los mensajes delictivos de incitación al odio y la violencia contra los inmigrantes evitaría la expansión de esa venenosa polución mental. Con ello se acotaría el insoportable clima de insultos, injurias, calumnias y llamamientos a la agresión de los migrantes por parte de los cabecillas de la extrema derecha, enemiga de la convivencia, de los derechos humanos y de los valores democráticos. Tanto esas convocatorias “a cazar moros” como otras acciones delictivas con las que el PP se ha mostrado complaciente se convertirían en flautus vocis carentes de eficacia.

Ocurre que los datos suministrados por el OBERAXE sobre la supresión de mensajes de odio no concuerdan con los consignados en un boletín especial de ese observatorio sobre el caso de Torre Pacheco. En el boletín se afirma que suprimieron más del 20% de los mensajes incitando al odio y la violencia en la localidad murciana, pero la gráfica interactiva de la web del OBERAXE sólo muestra la retirada de 11 mensajes el día 10 de julio. En las jornadas que siguieron se registraron retiradas de un mensaje y algunos días de ninguno. Como es sabido, las convocatorias prendieron y al final fue el despliegue de más de setenta guardias civiles el que evitó agresiones y mayores males provocados por neonazis llegados de fuera.

Racismo institucional

Si el Gobierno progresista ha de afinar los instrumentos para prevenir y evitar esos estallidos de odio y violencia contra los inmigrantes y sus familias, también parece evidente que alcaldes como el de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca Tornel, un tipo del PP, caldeó los ánimos de los vecinos convocando una manifestación nada más saber que tres jóvenes de origen magrebí habían pegado a un hombre mayor. El regidor actuó en consonancia con las declaraciones de algunos líderes de su partido y de Vox. Durante la concentración, algunos vecinos culparon al presidente del Gobierno (¿Cómo no?) de la inmigración y se realizaron coreando “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” como le llamó Ayuso desde el palco de invitados del hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Hay acciones y declaraciones de regidores, casi siempre del PP y Vox, demasiado complacientes con la violencia verbal, la denigración y el maltrato a inmigrantes. Para algunos, como el concejal de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Fiestas de Ponferrada (León), un tipo del PP llamado Carlos Cortina, las pintadas racistas aparecidas en las pilastras del puente del paseo Río Sil sólo son “un hecho puntual” que en absoluto indica racismo en la capital del Bierzo. “Ya están siendo borradas”, añadió. El alcalde, otro tipo del PP llamado Marco Morala, ha preferido no hacer declaraciones en este caso. ¿Tan difícil resulta a un abogado como Morala, que es regidor gracias a dos concejales de Vox, denunciar las pintadas y abrir la consiguiente investigación?

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Las pintadas aparecieron coincidiendo con los mensajes de odio contra los magrebíes de Torre Pacheco. Entre otras expresiones se leía: “Islam=mierda”, “Fuera paguitas” y “Fuera de España panchitos, moros y negros”.

Los mismos periódicos locales que recogían esas frases miserables denunciadas por el PSOE informaban días después: “El campo berciano busca 1.300 temporeros para trabajar en la recolección de pera y manzana”. Según la Asociación Berciana de Agricultores, que gestiona la bolsa de empleo rural, la campaña que comienza a finales de agosto con la recogida de la pera conferencia y la manzana reineta necesitará por lo menos los mismos braceros que la temporada pasada. La asociación hará unos 1.500 contratos. Y en el futuro serán más porque la superficie de frutales va aumentando.

De “racismo institucional” pudo ser tachada la actitud del alcalde de Palos de Moguer (Huelva), un sujeto del PP llamado Carmelo Romero Hernández, que se negó a acoger en las instalaciones municipales a los inmigrantes africanos cuyo asentamiento de chabolas improvisadas quedó arrasado por un incendio nocturno. El fuego redujo a cenizas el racimo de chabolas de Pinospardos, a seis kilómetros del pueblo. Las llamas se extendieron en un santiamén, se elevaron hacia el cielo y destruyeron todo el campamento, incluidos algunos vehículos. Los inmigrantes lo perdieron todo, menos la vida. Por suerte no hubo muertos que lamentar, aunque sí heridos. No se sabe cuántos. Dos ambulancias se desplazaron al lugar y los enfermeros atendieron a los quemados y proporcionaron oxígeno a mujeres y niños afectados por el humo.

Los inmigrantes –unos cuatrocientos temporeros de la fresa– pidieron ser acogidos en algún pabellón del pueblo, pero el alcalde Romero Hernández se negó a socorrer a aquella pobre gente pese a contar con el magnífico polideportivo Plus Ultra con duchas, vestuarios y un pabellón cubierto que habría servido para cobijar y confortar a los damnificados. Ese tipo era entonces (13 de mayo de 2023) diputado nacional del PP además de alcalde. Cinco meses antes le había tocado el gordo de la Lotería de Navidad (400.000 euros, según declaró en al Congreso). Ahora es senador y ha dejado la alcaldía a su hija y concejala Milagros Romero, quien le ha nombrado primer teniente de alcalde. ¿No es estupendo?

Un Comisionado sería menester

Aunque no se refleje en el observatorio OBERAXE, el “racismo institucional” hacia los inmigrantes temporeros, en su mayoría norteafricanos, que trabajan en los cultivos bajo plástico y residen en chabolas construidas con materiales de deshecho de los propios invernaderos, resulta patente (y patético) en el trato que les dan numerosos Ayuntamientos. Les niegan el agua potable, la luz, la recogida de residuos y otros servicios elementales y cuando reclaman algo tan básico como una toma de agua les responden que al no estar empadronados no son vecinos ni tienen derecho.

La situación ha alcanzado tal grado de indignidad que después de visitar los municipios freseros bajo el mar de plástico en Huelva, los diputados de IU y Sumar, Enrique de Santiago, Juan Antonio Valero y Francisco Sierra han presentado una proposición no de ley para crear un Comisionado estatal que vele por la inmigración temporera especialmente en la provincia de Huelva. El texto atribuye al futuro Comisionado “la competencia específica” para abordar la situación unas 5.000 personas migrantes empleadas en las campañas agrícolas que residen en asentamientos de chabolas. Sólo para la recogida de la fresa en Huelva se contratan en Marruecos más de 15.000 braceros de febrero a junio. La mayoría son mujeres.

La proposición no de ley de la izquierda del PSOE denuncia “la continua y reiterada vulneración de los derechos humanos que sufre la población migrante” en la provincia de Huelva, donde miles de personas viven en asentamientos provisionales construidos con cartón, plásticos y tablas “sin acceso a agua potable, saneamiento, electricidad, empadronamiento, atención sanitaria o recogida de residuos”. Según Francisco Sierra la situación es intolerable y exige una respuesta institucional de mayor alcance a la que han dado hasta ahora los gobiernos locales, autonómicos y el Ejecutivo estatal.

Tristeza PSOE, euforia PP

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Luis Díez.

Se impone un viaje o una mirada al interior de esta nación de nacionalidades y regiones porque están ocurriendo asuntos muy serios en la política partidaria. Este primer fin de semana de julio de 2025, víspera de San Fermín, el navarro que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, lleva seis días en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, debido a las presuntas mordidas que pegaba en las adjudicaciones amañadas de obras públicas, de acuerdo con el que fuera ministro y antecesor en su cargo en el PSOE, José Luis Ábalos Meco y de su antiguo chófer y asesor ministerial Koldo García Izaguirre.

El mazado a la formación socialista y a su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es enorme. El descrédito golpea al partido y afecta al Gobierno. El chorro de votos que huyen (se alejan del hedor) parece difícil de contener, según las encuestas. Algunas ya sitúan al PP seis puntos por encima del PSOE, al filo de los 150 escaños, lo que le permitiría gobernar en minoría con una geometría variable apoyada por la ultraderecha o los nacionalistas, según convenga. Pero las encuestas son eso, platos cocinados al gusto de quien paga.

De momento, el Comité Federal socialista renovará la dirección Ejecutiva y adoptará más medidas de prevención contra la corrupción subjetiva. Por suerte no aparecen indicios de que Cerdán y su antecesor Ábalos hayan destinado las supuestas mordidas a financiar el partido. Después, el presidente Pedro Sánchez acudirá al Congreso de los Diputados a explicar lo que sabe del caso, las decisiones adoptadas y las medidas higiénicas pertinentes. En este país donde la honradez en la contratación pública parece imposible de conseguir, Sánchez haría bien en proponer sanciones más severas contra los usos y maneras, convertidos en costumbre y a punto de devenir en fuente del Derecho, de los corruptores y los corruptos.

Los escándalos provocados por los dos últimos secretarios de organización del PSOE –el exministro Abalos: 2017-2021, y el diputado Cerdán: 2021-2025–, fulminados por Sánchez, le han obligado a proponer una nueva dirección “coral y con contrapesos” en la que la nueva secretaria de organización, Rebeca Torró, realizará sus funciones con dos adjuntos: el madrileño Borja Cabezón y la almeriense Anabel Mateos. Torró formó parte del Ejecutivo valenciano de Ximo Puig y en la actualidad es secretaria de Estado de Industria. Es probable que los cambios en la Ejecutiva del PSOE afecten a otras áreas ajenas al llamado “trío tóxico koldificado”, en alusión al chófer y asesor Koldo que grababa en secreto a sus compañeros y benefactores desde 2015.

Pese a las medidas de descontaminación que el máximo órgano entre congresos del PSOE adopte y que los socialistas y el Gobierno puedan proponer en el Parlamento, el proceso judicial va para largo. Quiere decirse que la oposición va servida de titulares y argumentos contra los socialistas por varios años. El instructor del Tribunal Supremo, Puente, un magistrado de gran prestigio, tardará su tiempo en aclarar la trama de los supuestos “amaños” de contratos en la dirección general de Carreteras y en ADIF a favor de las UTEs (uniones temporales de empresas) de Acciona y Servinabar 2000. Hay además otras dos empresas introducidas por Koldo, y de las que era intermediario el corruptor Aldana, que habrían pagado mordidas por adjudicaciones de obras en UTEs con la multinacional Acciona. En todo caso, el reparto de obra pública entre las grandes constructoras se mantuvo sin apenas variaciones desde 2018 a 2021 con Ábalos de ministro de Obras Públicas y Transportes.

En el caso concreto de la empresa navarra Serbinabar se da la circunstancia de que participaba presuntamente como socio y accionista (mediante escrito privado) el político Sántos Cerdán, quien luego, según se deduce de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pagaba, a través de Koldo García, al ministro José Luis Ábalos y al propio Koldo, parte de las mordidas.

El informe de la UCO, basado en las grabaciones y mensajes de Koldo con Cerdán y Ábalos hasta que Ábalos fue cesado de ministro, sitúa a Cerdán como el capo mafioso que controlaba las mordidas y repartía la pasta. Es curioso porque esto lo hacía desde el cargo de coordinador territorial de la Ejecutiva, a la que llegó en 2017 y colocó a Koldo como chofer de Ábalos, quien entonces accedió a la Ejecutiva como secretario de organización o número tres de Sánchez. En la lista de curiosidades se podrían anotar otras, por ejemplo el NIF del documento privado que acreditaría la participación de Cerdán en Servinabar no coincide con el que figura en su DNI, o el uso de la expresión “mafiosos” y del lema “Mafia o democracia” por parte del PP en la concentración nacional convocada en Madrid antes de que se conociera el informe de la UCO sobre Cerdán. Salvo invención de IA, en la concentración del PP se vieron imágenes de la bandera de la Guardia Civil.

Al afirmar que el proceso va para largo no sólo cabe referirse a la mayor o menor agilidad del instructor Puente –el mismo magistrado que fue ponente de la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y utilizó diez veces en 49 folios la expresión “golpe de Estado” para referirse al “proceso independentista”–, sino también a la propia sección económica de la UCO. En estos momentos, sus dependencias en el centro de negocios Eisenhower de la Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas, se estarían analizando millones de datos bancarios solicitados a decenas de entidades sobre movimientos de más de medio millar de cuentas, con el fin de identificar las mordidas (medio millón de euros en seis adjudicaciones de obras públicas públicas por más de 500 millones, según la investigación de la UCO). Algunas de esas cuentas fueron abiertas el siglo pasado y canceladas antes de la llegada del PSOE al Gobierno en 2018 mediante la moción de censura de Pedro Sánchez contra M. Rajoy por la corrupción, precisamente.

Las dilaciones judiciales en estos casos complejos son enormes. Por ejemplo, la tramitación judicial del caso Gurtell y sus piezas separadas, como el caso del tesorero multimillonario en Suiza, Luis Bárcenas, se han prolongado por más de una década. Y todavía no han terminado. Faltan sentencias y respuestas a recursos y reposiciones. En algunas tramas de corrupción en adjudicaciones de gobernantes del PP han muerto imputados y testigos clave. El último deceso ha sido el del sagaz empresario José Luis Aneri, de 45 años, quien apareció muerto en su domicilio el 25 de junio pasado. El finado llevaba pendiente de la investigación por corrupción desde 2013. El tipo y sus amigantes de la patronal regional y del gobierno madrileño de Esperanza Aguirre embolsaron 15 millones de euros por cursos de formación laboral que simulaban y no realizaban.

El fiasco de la corrupción en el PSOE, azuzado por el gigante navarro Koldo García a partir de las acusaciones del defraudador e intermediario Víctor de Aldama Delgado, ha animado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo a orientar el 21º Congreso del PP, que se celebra este fin de semana, hacia la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas. Para ello, como si se tratara de aquella oprobiosa junta reunida en Salamanca, ha colocado un mando único para dirigir la contienda. Se trata del secretario generalísimo natural de Ferrol, Miguel Tellado, de apariencia franca, mirada sagaz, verbo brutal y con larga experiencia al lado de Feijóo. Su puesto de portavoz en el Congreso será ocupado por la diputada leonesa Ester Muñoz, a la que Tellado considera una discípula aventajada en el arte de zaherir al contrario y ejercer de jabalina. Según recuerda Álvaro Caballero en el Diario de León, la diputada Muñoz ya sonaba dialéctica hace 26 años, cuando ganó el premio nacional de oratoria Gabriel Cisneros, convocado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española que presidía el jefe de Vox Santiago Abascal. Además del ultraderechista, el jurado lo componían personas tan relevantes como Gustavo Bueno, Andrés de Blas, Felicísimo Balbuena, José Manuel Otero Novás, Nicolás Redondo Terreros y Eduardo Zaplana. Amén.

El europeo que plantó cara a Trump era un socialista español

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Luis Díez.

España destina a la defensa militar 1.359 euros por habitante y año. Es bastante dinero. Más, por ejemplo, de lo que el dueño de cada casa dedica (si quiere) a protegerla de los amigos de lo ajeno y de otros daños con una alarma y un seguro que a precio medio de mercado se sitúa entre 40 y 45 euros al mes, unos 500 euros al año. Resulta curioso constatar que hace solo tres años la defensa militar de este país pacifista de cuarenta millones de personas costaba a cada español menos que el servicio de Movistar-Prosegur de protección del hogar. Y eso que el anterior presidente del Gobierno, M, Rajoy, se había comprometido a dedicar el 2% del PIB a la altura de 2017. El putinato ya había atacado a Ucrania y mantenía su espada de Damocles sobre el norte de la UE. Pero ni se olía el peligro ni las flores.

El caso es que para cumplir el porcentaje comprometido tras el último recordatorio (en marzo pasado) de la Comisión de la UE a los socios renuentes, el actual jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que arañar 10.471 millones de euros que, sumados a los 33.123 del presupuesto ordinario (el 1,6% del PIB), suponen esa aportación per cápita reseñada y comprometida (1.359 €) y han evitado el reproche de los socios europeos.

Entonces, de pronto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un experto en dimitir como primer ministro holandés, eleva el dígito al 5% del PIB en Defensa. Es mucho dinero. Supone la curiosa cifra de 106.420 millones de euros para España. Eso no puede ser. El presidente Pedro Sánchez no firmará el trágala. Negocia a través del tal Rutte con el líder que formula su imposición, el ultraico Trump, y consigue “la carta de excepción”a cambio de no romper la unidad y estampar su firma en el comunicado final de la cumbre de La Haya. Buen trabajo.

Míster Trump llega a la ciudad holandesa en plan matón, después de haber lanzado unas cargas telúricas de bombas y misiles perforadores contra las instalaciones en las que supuestamente Irán trataría de montar bombas nucleares. La operación fue bautizada como “Martillo de Medianoche” y resultó un éxito, según el mandatario estadounidense. El matón atacó sin permiso alguno de Naciones Unidas, vulnerando el derecho internacional y, por supuesto, sin informar a los socios y aliados de la OTAN. Para que vean quién manda aquí. Y ahora ya pueden besarme el culo.

Asombrados debieron quedar los gobiernos de la UE que ejercieron sus buenos oficios diplomáticos para que Irán mantuviera la negociación con Washington tras los bombardeos de los que ha sido objeto por parte de Netanyahu. Después de la “guerra de los doce días” como bautizó Trump al intercambio de misiles entre Israel e Irán, el mundo debía agradecerle que nos librara de más riesgo nuclear. Como si el suyo y el del criminal Netanyahu no fueran suficientes. Para el escritor judío Josh Hammer quedó claro que tras los ataques “la relación bilateral entre Trump y Netanyahu es claramente más sólida que nunca”. Y así lo escribió entre elogios al matón, en Los Angeles Times.

Ya en suelo holandés, el jefe de Estados Unidos (EEUU) preguntaba a unos y a otros qué le pasa a España. Se ve que el tipo que venía a exigir forraje europeo para el complejo militar industrial USA con el fin de garantizar su opulenta continuidad dos lustros más, no digería el hecho de que un país desobedeciera su voluntad. Pero allí estaba Pedro Sánchez. Si quería saber qué pasa con España solo tenía que acercarse y preguntarle. No lo hizo. En cambió amenazó a nuestro país con duplicar los aranceles. La UE y EEUU todavía negocian el acuerdo del famoso “día de la liberación” de Trump. Por no decir fiasco.

La singularidad de España tiene sentido porque ya aporta un esfuerzo considerable y asume un riesgo inestimable autorizando el uso de las bases de Rota y Morón al Ejército y la Armada estadunidenses. Históricamente lo tiene porque bien poco debe a EEUU por la liberación del nazifascismo. Y quitando la leche en polvo, nada obtuvo del plan Marshall. Es de llorar tener que recordar esto y, recordar, por ejemplo que todavía sufrimos la contaminación del dióxido de plutonio procedente de las dos bombas nucleares que cayeron y se deterioraron el 17 de enero de 1966 sobre la localidad almeriense de Palomares. Ahora que Trump anda buscando “tierras raras” vale recordar que no se llevaron las cinco mil toneladas de tierra almeriense que iban a cargar. Ni siquiera la mitad.

El mismo líder que niega el cambio climático, retira la firma de los objetivos de París y persigue en los tribunales a estados como California por la descarbonización en curso, exige a la OTAN más gastos en armamento. El mismo tipo que ningunea a la UE en sus negociaciones con Putin sobre el futuro de Ucrania le pide 700.000 millones de dólares más. Para qué? Para repartirse Ucrania con Putin?

Se trata del mismo sujeto que se retira de la OMS, que liquida la Cooperación Internacional, dejando en África a decenas de millones de personas al albur de las enfermedades, la hambruna y la muerte; el mismo individuo que jibariza la democracia en su país, persigue sañudo a los inmigrantes, sobre todo si son trabajadores de origen hispano… ?todavía se atreve a preguntar qué le pasa a España? España tiene dignidad, posee un presidente que la representa, que sabe que a Trump le repugna el castellano y que no le besa el culo, míster. Los españoles no lo tolerarían verdad? Este dirigente socialdemócrata, llamado Pedro Sánchez, también se quedó solo pidiendo en el Consejo Europeo la suspensión del acuerdo de trato preferente con Israel en protesta por el genocidio en Gaza. “Oh soledad, mi sola soledad”, que diría nuestro Antonio Machado, un hombre bueno.

Entre Peinado y el Mortadelo Puigdemont

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Luis Díez.–Érase una vez un país que asistía a una intriga política apasionante. Después de las vacaciones de agosto volvía a la normalidad y, como en la adivinanza de Pero Grullo, retomaba lo de Rut y Tina. El Gobierno progresista de Pedro Sánchez se esmeraba en gobernar, abordaba y resolvía problemas, y la Oposición de derechas se esforzaba en buscar ardides para desacreditar y desalojar a un Ejecutivo caracterizado por la lucha contra la desigualdad, los avances sociales y la ampliación de las libertades individuales y colectivas.

El jefe de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo, manejaba una técnica pictórica oscurantista. “Oscurece y sobrevive”, era su lema. Había pactado con la ultraderecha (Vox) hacía un año, pero esa ultraderecha rompió las coaliciones de gobierno con el PP en las seis autonomías donde sumaron mayoría porque Feijóo aceptaba el reparto de menores inmigrantes que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla, y eso era intolerable para su colega y aliado Santiago Abascal. Sin embargo, tras una ruptura que no supuso la pérdida del poder del PP, Feijóo rechazó en el Congreso la norma que venía a regular la acogida de inmigrantes. ¿Quién lo entiende? O, dicho de otro modo, ¿quién lo explica?

La realidad era (y es) que los pactos (hora de gobierno, hora de legislatura) del PP con la extrema derecha son una anomalía peligrosa en una Unión Europea que conoce bien el peligro del fascismo y el nazismo y no está dispuesta a dar alas a las formaciones que propugnan el odio y la destrucción misma de la UE. Puede que algunos gobernantes autonómicos del PP como la madrileña Ayuso no se hayan enterado, pero Feijóo si. De ahí que, al margen de la tolerancia del líder con la corrupción de Ayuso y su compañero sentimental y testaferro, Feijóo tenga problemas de coherencia interna y externa, y en vez de aclarar el cuadro, tienda a oscurecerlo.

Todos aquellos trazos gruesos contra la amnistía, aquellas concentraciones masivas, arengas y aspavientos, con la presencia de Aguirre y otros cualificados personajes feijonescos, aznarianos y burlescos en las romerías de la madrileña calle de Ferraz contra el PSOE, eran, al parecer, compatibles con los contactos secretos, por detrás, con Puigdemont para desbancar a Sánchez. ¿En qué quedamos: o Puigdemont o Abascal? O los dos, porque uno solo no basta.

Poco más de un año después de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la XVI legislatura de la democracia española se podría titular: “Por los pelos”. Ni el gran Francisco Ibáñez hubiera confeccionado un guion tan intrigante como ese Mortadelo Puigdemont que nos ha entretenido en agosto, pero, sobre todo, que mantiene la legislatura «por los pelos”. Sin olvidar que Pedro Sánchez fue investido presidente para un segundo mandato por los pelos (gracias a los 4 votos que le faltaron a Feijóo y su conjunción con la ultraderecha, UPN y CC), sus negociaciones fueron especialmente difíciles con ese señor que no se peina y reside en Waterloo para sumar los siete votos de Junts, la antigua Convergencia Democrática de Catalunya, e incluyeron la amnistía a todos los imputados por el “procés” independentista catalán.

Luego estalló enseguida el caso de las mascarillas que, si unos meses antes había golpeado al hermano de la presidenta madrileña Ayuso por una mordida de 250.000 euros, ahora le daba en plena línea de flotación al destapar un lucro de dos millones de euros a su novio o pareja estable, un sinvergüenza que además no declaró esos ingresos a Hacienda y luego, mal asesorados, Ayuso y él mintieron públicamente, de palabra y por escrito, para hacer creer a la opinión pública que era Hacienda la que tenía que devolver el medio millón de euros que habían escamoteado y que al pasar de la vía administrativa a la penal intentaron resolver con un ingreso extemporáneo que la Agencia Tributaria rechazó y devolvió.

Pero fue la petición pública, en el pleno del Congreso, del presidente Sánchez al líder del PP, Feijóo, de que impusiera honradez en sus filas y exigiera la dimisión de Ayuso, la que alentó al juez de primera instancia Peinado, con parientes y amigos al servicio del PP, a admitir una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno. La denuncia fue formulada por unos picapleitos cebados por las derechas y avezados en el uso del derecho para sacar los cuartos a determinados “clientes”. La denuncia, sin prueba ni indicio delictivo alguno, le atribuía tráfico de influencias por la relación profesional de su esposa con una sociedad que prestaba servicio a administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Madrid, gobernando y manejado por el PP desde hace 28 años.

De pronto, entre el intrépido juez Peinado, un personaje oscuro (dos DNI y una casa de asueto registrada como una nave rural) y el tipo que no se peina (el amnistiado Puigdemont), consiguen mantener una intriga en la que se ve a unos haciendo cálculos sobre la duración de la legislatura y a otros, los jefes de la derecha y la ultraderecha, soñando con desalojar a Sánchez, aunque sea por los pelos. Feijóo y sus socios ya contemplan el pacto fiscal con Cataluña y la votación de los Presupuestos del Estado para 2025 como su gran oportunidad. Por el momento hay algo en lo que Feijóo, Puigdemont y Abascal coinciden: su aversión a los inmigrantes. De ahí a la xenofobia y a los crímenes de odio, un paso.

Palestina, Estado libre y soberano

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Luis Díez

Tres décadas y un año después de la Conferencia de Paz de Madrid entre Israel y Palestina, nuestro país sigue apostando por la paz en Oriente Medio, ahora con el reconocimiento oficial del Estado Palestino en los términos territoriales de 1967, es decir, mediante el nexo de unión entre Cisjordania y Gaza, eso que algunos ignorantes interesados consideran un lema de Hamas: “Desde el mar hasta el río” (Jordán). La Conferencia de Paz, seguida de los Acuerdos de Oslo, dejaron para la historia, a mayor gloria del presidente estadounidense Bill Clinton, el apretón de manos en la Casa Blanca entre el primer ministro israelí Isaac Rabin y el presidente de la OLP Yasir Arafat. Fue “un día impresionante”, dijo Noan Chomsky al recordar el calificativo de la prensa norteamericana (P.141, ¿Quién domina el mundo?, 2016).

Para los humildes anfitriones designados por Estados Unidos (con la conformidad de las partes) y también para la mayoría de los europeos, aquel “día impresionante” de septiembre de 1993 significó la esperanza de una paz duradera. “Creímos que mediante el diálogo y un gradual aumento de la confianza se crearía una dinámica de paz irreversible que supondría acercar el proceso hacia la solución”, escribió Hilde Henriksen Waage, la comisionada del Ministerio de Exteriores de Noruega que documentó las negociaciones secretas.

Pero la realidad frustró la esperanza depositada en los acuerdos. A Rabin lo asesinaron en 1995, poco después de que el Acuerdo de Oslo II rebajara las expectativas de los palestinos, cuyo presidente Arafat murió en Francia en 2004, antes de que terminara el traslado de los contados ocupantes israelíes de la franja de Gaza hacia los territorios tomados por Israel en Cisjordania. Los acuerdos se convirtieron en papel mojado, ignoraron las resoluciones de Naciones Unidas sobre los derechos de los palestinos, mantuvieron el control militar israelí sobre los territorios de Palestina y no detuvieron la ocupación.

La apropiación territorial por parte de Israel prosiguió hacia el este mucho más allá de la Jerusalén histórica. El nuevo Gran Jerusalén incorporó Maale Adumim, ciudad construida básicamente tras los acuerdos de Oslo sobre tierras ya cercanas a Jericó. El objetivo era romper Cisjordania y acelerar la cantonalización de Palestina. Los corredores hacia el norte y el llamado “muro de separación” (muro de anexión) sobre tierras de cultivo y recursos de agua de las poblaciones palestinas han ido completando el proyecto aislacionista, el apartheid urdido por las autoridades israelís con el respaldo de Washington contra los palestinos.

Sólo en el valle del Jordán la expulsión de labradores palestinos ha sido tan progresiva y constante que de los 300.000 contabilizados en 1967 apenas quedan 30.000 en la actualidad. Y los procesos similares siguen en marcha en otros lugares. Según la recapitulación realizada por Chomsky, “desde que los Acuerdos de Oslo declararon que Cisjordania y Gaza son una unidad territorial indivisible, el dúo Estados Unidos-Israel se ha empeñado en separar las dos regiones y, sobre todo, en garantizar que ninguna entidad palestina tendrá acceso al mundo exterior”.

La política israelí de aislar a los palestinos, privarles de los recursos básicos y rechazar la solución de los dos Estados, se ha visto complementada con sucesivas matanzas en la franja de Gaza, siempre con el argumento de combatir a los “terroristas” (milicias) de Hamas. La operación “Plomo Fundido”, lanzada por el primer ministro Ehud Ólmert el 28 de diciembre de 2008, se prolongó hasta el 18 de enero de 2009 y acabó con la vida de 1.400 personas, de las que 960 eran civiles. El número de gazíes heridos superó los 30.000. Por parte israelí murieron 11 soldados y tres civiles.

La segunda gran operación, ya con Benjamín Netanyahu en el poder, fue bautizada con el nombre de “Margen Protector” y supuso la muerte de cientos de civiles en La Franja a raíz de la irrupción del Ejército Israelí. Los bombardeos y combates se prolongaron durante cincuenta días en julio y agosto de 2014. La mayoría de las víctimas fueron niños y mujeres palestinas. Los atacantes no respetaron escuelas ni hospitales, alegando que estaban siendo utilizados por terroristas de Hamas como escudos humanos.

Aparte las operaciones mencionadas, Israel viene practicando desde 2012 acciones criminales en la Franja. Son operaciones periódicas a las que llaman “cortar el césped” y que curiosamente se saldan siempre con la pérdida de vidas de niños gazatís. Es como si el “carnicero de Gaza”, Netanyahu, y sus socios ultras consideraran viable la solución de un apartheid per omnia seculas, con un control basado en las bombas, las matanzas y el terror de la población. Ante tamaño dislate cabe preguntar si es ese el proyecto de paz del Estado judío con el patrocinio, la complicidad política y la ayuda armamentista de las autoridades de Washington.

Alguien tan poco sospechoso de antisemitismo como Yuval Diskin, a quien Isaac Rabin encomendó los contactos con las fuerzas de seguridad palestinas como parte de los Acuerdos de Oslo y después, en 2005, Ariel Sharón nombró director de seguridad interna (el Shin Bet), escribió hace años (Jerusalem Post, 13-7-2013) que la solución de dos Estados beneficia y conviene no sólo a la causa de la paz sino muy especialmente a Israel. Un Estado para dos naciones supondrá, dijo, “una amenaza existencial para Israel por la aniquilación de su identidad como Estado judío y democrático” que más pronto que tarde tendrá una mayoría palestina.

Las reflexiones de Diskin, el tipo que predijo el triunfo electoral de Hamas en la Franja y ha criticado la política de Netanyahu, poseen el valor de un experto en seguridad, servicios secretos y ciberespionaje (fundó una empresa de ciberseguridad y se asoció con el alemán Piech) que conoce los riesgos de la zona y desea lo mejor para su país.

La evidencia de que un solo Estado acabaría siendo “desde el mar hasta el río” resulta abrumadora, aunque solo sea por razones demográficas. Ni la gran masacre (36.000 palestinos asesinados hasta el momento) perpetrada por el carnicero Netanyahu en respuesta al ataque de Hamas del pasado 7 de octubre, ha modificado la percepción de que un solo Estado es inviable para Israel. La aspiración de numerosos intelectuales y comentaristas políticos israelíes pasa por la solución negociada de dos Estados frente al apartheid de hecho y la consiguiente lucha de los palestinos por los derechos civiles.

El mal humor del carnicero de Gaza contra España por el reconocimiento del Estado palestino junto con Noruega, el otro país anfitrión de los acuerdos de paz de 1993 que pusieron fin a la Intifada, y con Irlanda y Eslovenia, carece de fundamento en la medida en que el propio personaje admitió la posibilidad de un “Estado palestino” cuando llegó al poder en 1996. Su principal estratega político, David Bar-Illan, dijo que si los palestinos querían llamar “Estado” a las zonas asignadas, Israel no protestaría. Y añadió: “Como si le quieren llamar pollo frito”.

La decisión “valiente y digna” del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, uno de los primeros políticos en viajar a Jerusalén para pedir a Netanyahu que parara la masacre era de hecho una de las pocas vías de presión con las que contaba nuestro país para exigir el alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y la construcción de la paz. Nada que ver con la baba demagógica de las derechas domésticas que han acusado al Ejecutivo de “apoyar” al terrorismo (de Hamas en este caso) ni con las falacias del carnicero de Gaza, agasajado al mismo tiempo por el jefe de la ultraderecha desgajada del PP y caracterizado por su violencia verbal.

Más allá del viaje conjunto a Madrid del primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa, acompañado por los ministros de Exteriores de Jordania, Katar, Arabia Saudí, Turquía, y del secretario general de la Organización de Cooperación Islámica, Hussein Ibrahim Taha, en representación de los países musulmanes para manifestar su agradecimiento a España por “adoptar la decisión correcta en el momento apropiado” ante la “catástrofe de Gaza”, es lo cierto que el presidente estadounidense Joe Biden no ha podido resistir la presión social interna, sobre todo, de la juventud, frente a tanta muerte y destrucción en Gaza y ha forzado al Ejecutivo israelí a detener la masacre.

¿Qué ocurrirá tras el alto el fuego? Lo deseable sería avanzar hacia la mejor solución posible que, según los 140 países que ya han reconocido el Estado de Palestina, sería “la de un Estado de Palestina que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad”. Esa aspiración manifestada el 28 de mayo por el presidente español Pedro Sánchez no se desvía un milímetro del deseo de la mayoría de los ciudadanos españoles y europeos.

DOÑANA y 5/ Del robo del agua al ‘gran pelotazo’

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Madrid, 26-05-2023.– Luis Díez

Según la evidencia de Sexto Empírico, Doñana es una joya de Andalucía, de España, de Europa y de la Humanidad. Es el humedal más importante del Viejo Continente. Cientos de miles de aves dependen de sus marismas para criar, pasar el invierno o para descansar durante su migración anual a África. En la marisma de Hinojos se posan a comer y descansar en su largo peregrinar. En invierno se refugian aquí los ánsares y las grullas procedentes de los países del norte de Europa. Más tarde, en primavera, pasan miles de aves migratorias procedentes de África como los moritos, las garzas imperiales… Vale recordar que el Parque Nacional se funda en 1969 por su especial importancia para la avifauna y por tener dos especies en peligro de extinción como son el lince ibérico y el águila imperial ibérica. También por la combinación de ecosistemas tan dispares –bosque y matorral, dunas y playa, marismas y vera– en un área tan pequeña.

Estampa de la marisma en una laguna del parque

Todo esto que cualquier profano puede leer en la reseña de Wikipedia sobre el municipio de Hinojos se puede completar con otros datos igualmente ciertos: 365 especies de aves (más de 500.000 de invernada todos los años), 21 especies de reptiles, 11 de anfibios, 20 de peces de agua dulce, 37 de mamíferos no marinos (entre ellas el lince ibérico) y unas 900 especies de plantas. Los científicos del CSIC que trabajan en la Estación Biológica aportan conocimientos fundamentales para la preservación de la fauna y la flora, pero también para el desarrollo y el progreso de los humanos en todos los campos, desde el bioquímico al de la salud, pasando por el técnico y el de la ingeniería aplicada. Quizá sea necesario formular algunas preguntas en boca del apicultor de origen gallego Beni Casqueiro (la polinización natural de los campos de fresas requiere una colmena por hectárea): “¿Imaginas un país un poco más grande que Luxemburgo donde los animales campen a sus anchas? ¿Un país donde la armonía y la belleza te sorprende todos los días? ¿Un país donde 450 especies animales viven en armonía? ¿Un país con más de 900 especies de plantas en el que uno de cada tres pasos lo das por un espacio protegido? Ese país que representa el 0,58% del territorio de la amada patria y es Doñana?”

Flamencos en la laguna de El Rocío, hace tres años.
Marisma de El Rocío en la actualidad

Beni enfatiza el término “patria” y el observador intuye su intención de apelar a la derecha política, esos dirigentes del PP y sus aliados de la ultraderecha oxida y “voxida” más patriotas que nadie, pero cuya única ley viene dictada por la avaricia y el afán de engrosar la cartera. Saben que Doñana se muere de sed debido al cambio climático, pero no renuncian al asedio del parque natural y se disponen a aprobar en el Parlamento de Andalucía una ley presentada por el PP con el apoyo de Vox para legalizar cientos de hectáreas de regadío ilegal para la producción de los frutos rojos bajo plástico y los más de mil pozos clandestinos existentes. La organización WWF (siglas en inglés de Fondo Mundial para la Naturaleza) nació precisamente en Doñana, donde mantiene un observatorio permanente, y ha aportado a las autoridades españolas y europeas unos informes que cifran la sustracción anual de agua entre siete y nueve hectómetros cúbicos (cada Hm3 equivale a un millón de metros cúbicos) al parque nacional por parte de los cultivadores sin derecho a riego. Con los arroyos secos y el agua superficial menguante, esos pinchazos permiten mantener 1903,7 hectáreas de cultivo con regadío ilegal en detrimento de la flora y la fauna del parque.

El “asedio” denunciado desde hace diez años por WWF ante los organismos internacionales ha servido de base a las inspecciones y advertencias reiteradas de la Comisión Europea, que, finalmente, interpuso una demanda judicial contra el Estado español. El resultado fue la condena del Tribunal Europeo de Justicia, publicada hace casi dos años (junio de 2021) por ignorar las extracciones ilegales y no adoptar las medidas necesarias para mantener los hábitats protegidos. La condena puede suponer una multa mil millonaria por parte de la Comisión Europea si el Estado español no clausura los pozos ilegales que aguijonean el acuífero, una masa de agua subterránea bajo los 2.400 kilómetros cuadrados del parque, cuya extracción requiere perforaciones cada vez más profundas. Y ya rebasan los 180 metros en vertical.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) instó al cierre de los pozos ilegales y comenzó el año pasado a supervisar el sellado que siete titulares de tierras acometieron voluntariamente. La ejecución forzosa por la captación ilegal de agua afectaba entonces a 71 pozos, la mayoría en el término municipal de Almonte, el más extenso, pero también a Lucena del Puerto y Rociana del Campo. Los inspectores de la CHG, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del que es titular la vicepresidenta Teresa Ribera, han documentado unas setecientas perforaciones ilegales, de obligada supresión y sellado.

Para entender la problemática del latrocinio del agua hay que tener en cuenta el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, que fue aprobado en 2014 por la Junta de Andalucía con el apoyo del sector agrícola después de siete años de siete años de trabajo. Según el WWF, el plan es manifiestamente mejorable, pero es el único instrumento para poner orden en el “caos de cultivos existe alrededor de Doñana”, para dar seguridad jurídica a los agricultores y para asegurar la conservación del acuífero. Sobre los criterios del Plan, los expertos de WWF elaboraron en 2020 un informe para determinar qué superficie de regadíos tendría que ser eliminada por su puesta en riego con posterioridad a 2004 y a 1992 (leyes forestales) para las situadas en Monte Público, por encontrarse en zona protegida (Zona A, de especial protección de los recursos naturales) o por no haberse regado durante más de tres años consecutivos, tal y como establecía el Plan Especial. Y los cálculos determinaron que “al menos 1.653 hectáreas de las 10.000 existentes deberían ser eliminadas”. Posteriormente WWF actualizó y elevó esta superficie a las ya citadas 1.903,7 hectáreas de regadío con agua robada al acuífero del parque nacional.

A pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el gobierno del PP en la Junta de Andalucía ya intentó en 2022 legalizar el latrocinio del agua, aunque la quiebra de su coalición con Ciudadanos, provocó nuevas elecciones generales y retrasó la legalización de las tierras que iban a ser declaradas de regadío y en las que, de hecho, hay cientos de parcelas de cultivo del oro rojo bajo túneles de plástico. Después de los comicios, la derecha volvió a la carga con su proposición de ley. La iniciativa de la formación política de Moreno y Feijóo contó con el respaldo de la ultraderecha en el Parlamento andaluz, que la tomó en consideración el 12 de abril de este año 2023 y emprendió su tramitación sin atender las advertencias de las autoridades de la UE sobre la protección medioambiental del parque, Patrimonio de la Humanidad, y las multas millonarias para España. A pesar del estado crítico de los humedales, el argumento principal del presidente de la Junta consiste en que se necesita esa regulación “por el impacto económico” de la agricultura en la zona.

Moreno Bonilla y la patronal del oro carmesí no se cansan de repetir que el sector “da empleo a 100.000 trabajadores”. En los terrenos afectados conviven agricultores legales e ilegales. Con el proyecto de ley, cuya tramitación parlamentaria “por vía de urgencia” ha quedado en suspenso hasta después de las elecciones locales del domingo, 28 de mayo, se trata de legalizar los cultivos en unas 1.600 hectáreas (la derecha dice que 800), según la extensión reconocida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Las explotaciones sin permiso de extracción que serían legalizadas se encuentran en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Aunque los autores del texto han introducido una modificación básica respecto al de 2022 –“el agua procederá de forma prioritaria de la superficie”– la recalificación parcelaria de secano a regadío y la falta de agua en la superficie contradice, de hecho, esa previsión y augura la legalización del expolio del menguado acuífero Almonte-Marisma.

El presidente de la Junta invoca la ley de 2018 que preveía la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir. Dice que con ese trasvase (19,99 millones de metros cúbicos, es decir, 199.900.000.000 litros) se mantendría el equilibrio hídrico de la zona sin afectar al área de especial protección. En tal sentido ha enviado documentos a Bruselas y a Madrid, atribuyendo a las confederaciones hidrográficas, dependientes del Gobierno central, el incumplido la norma. Sin embargo, pocos trasvases para el riego se pueden hacer desde los cauces cada vez más exiguos de los ríos mencionados y cuando la demanda prioritaria de los ayuntamientos pasa por cubrir las necesidades (crecientes en verano) de la población. Esto que entienden y asumen las comunidades de regantes legales del Marco de Doñana es esgrimido por los líderes del PP (incluido su presidente Feijóo) para mantener la tramitación de la proposición de ley. Y culpar, de paso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “secar Doñana”. Lógico. “Non piove ¡Porco Governo!” Cualquier argumento vale para esconder la mano después de tirar la piedra

Sin embargo, el problema es poliédrico: la Comisión Europea tilda la norma que la derecha pretende sacar adelante de “violación flagrante” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. El director del Consejo de Participación de Doñana, el CSIC, las asociaciones ecologistas y el Ejecutivo estatal rechazan la iniciativa. En una carta de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera al presidente andaluz, Moreno Bonilla, le pedía que no siguiera adelante con la iniciativa porque “la protección de Doñana es un asunto del máximo interés ambiental, social y legal, tanto de los españoles como de las instituciones europeas como de los amantes de la naturaleza a nivel mundial”. Tras la toma en consideración de la iniciativa (70 votos del PP y Vox), Ribera afirmó que el Gobierno interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional y reafirmó la decisión en una carta a la Comisión Europea. El presidente Sánchez fue tajante: “Doñana no se toca”. Y a todo ese rechazo se suma una cara más del poliedro: el daño a la reputación de los frutos rojos onubenses en los mercados europeos y los primeros síntomas de los consumidores del rechazo a las “fresas ilegales”.

El presidente andaluz Moreno Bonilla, premiado por los empresarios de los frutos rojos una semana después de impulsar en el pleno del Parlamento de Andalucía la ley que viene a legalizar las tierras de regadío ilegal. Foto de Freshuelva.

Pero nada de eso importa a la derecha y sus mentores. Nueve días después de que el PP y Vox ratificaran en el pleno del Parlamento Andaluz la decisión de legalizar las tierras de regadío no calificadas como tales, la entidad Freshuelva, creada a finales de los años ochenta, que presta asesoramiento y contribuye a las investigaciones sobre la mejora de los frutos rojos, concedió a Moreno Bonilla el premio “fresa de oro”. Esta asociación agrupa a más del 90% de los productores de fresas. En una gala en la que se entregaron premios a otros destacados personajes (empresarios, comercializadores, el presidente de una comunidad de regantes, el de una empresas transportista con centros logísticos en varios países de la UE y el representante de un grupo periodístico), el presidente andaluz enfatizó: “Somos la primera potencia agroalimentaria de España. Tenemos que tomar decisiones. De ahí que estemos apostando decididamente por más y mejores infraestructuras hídricas”.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, al que también premiaron, no acudió a una gala en la que el monólogo de Moreno Bonilla cosechó largos aplausos. Elogió el esfuerzo de los agricultores desde hace cuarenta años y, sobre todo, dijo lo que algunos querían oír al exigir “más y mejores infraestructuras hídricas”. ¿Qué significa esto? Que quiere trasvases como sea. Pero hay más. El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, llama la atención sobre otro hecho fundamental: los agricultores con tierras de secano que riegan ilegalmente van a ver reconocidos unos derechos de regadío basados en la hipótesis del trasvase de los ríos Tinto-Odiel-Piedras. Y ese reconocimiento supone, de pronto, una revalorización de cada hectárea de secano, que multiplica un cien por cien su valor, pasando de entre 6.000 a 10.000 euros por hectárea a 60.000 y 100.000 euros, según las tasaciones actuales. “Además del acoso a Doñana, está en juego un gran pelotazo”, concluye Del Olmo.

Los retardatarios

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Luis Díez, 6-03-2019, Madrid.– Miguel de Unamuno, al que la vida debió de resultar larguísima por su tormentosa lucha entre la fe y la razón, sostenía que vivir es desvivir. Otros filósofos y poetas dignos de tal nombre se han ocupado del sentido de la vida y sus textos pueden iluminar a los letrados del Parlamento para elaborar el informe que les ha solicitado la presidenta Ana Pastor Julián sobre si los decretos que ha aprobado y piensa aprobar el Gobierno son urgentes y necesarios y deben ser sometidos a la convalidación (o no) de la Diputación General del Congreso.

Lo que para unos (el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y sus aliados) es urgente y necesario, para otros (la oposición de C’s y PP) es innecesario y puede esperar. Como éstos mandan en la Mesa del Congreso y los letrados son poco proclives a la filosofía y la desobediencia, vale suponer que la Diputación de marras tendrá poca labor. O ninguna.  Eso no quita para que solo se viva una vez y unos (la mayoría trabajadora y laboral) desvivan en la angustia de la estrechez económica y otros, las minorías favorecidas por el sistema, en la parte ancha del embudo.

Para los “casatenientes” y rentistas (la exministra del PP Isabel García Tejerina entre ellos), el decreto regulador de los alquileres de viviendas emitido por el Gobierno para poner freno a la escalada de los precios, los abusos de los fondos de inversión (buitres les llaman) que se apropian incluso de viviendas sociales (caso de Madrid, con Botella madre de alcaldesa y Botella hijo de intermediario de un fondo buitre) y la especulación desaforada y contagiosa de los pisos y apartamentos turísticos es innecesario y no corre prisa. Para las familias desahuciables, sin derechos a prórroga de los contratos y sin defensa ante las subidas exageradas (el 8% de promedio el último año), el decreto es necesario y urgente. Las medidas que contiene son sensatas y se adoptaron después de escuchar a todas las autonomías, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a las asociaciones de vecinos y agentes inmobiliarios.

Otro tanto se puede decir del decreto de conciliación y corresponsabilidad que prolonga a ocho semanas el permiso de paternidad en 2019, a 12 semanas el año que viene y a 16 en 2021. Para las derechas patrióticas, repentinamente feministas, la medida no era urgente ni necesaria, aunque haya sido sido recomendada la Comisión Europea hace cinco años. Para millones de mujeres y hombres trabajadores constituye un buen alivio del bolsillo cuando no hay abuelos con quien dejar a los niños pequeños, enriquece la convivencia y la responsabilidad paterno filial y libera de toda la carga a las mujeres.

Ese mismo decreto desarrolla el nuevo marco jurídico ya fijado en la reforma del Estatuto de los trabajadores para hacer efectivo el principio de “trabajo de igual valor” y combatir la desigualdad salarial de las mujeres. Para las derechas nacionales esa igualdad está muy bien en teoría, pero en la práctica no, ya que puede perjudicar a las empresas, es decir, el beneficio empresarial. Para los socialistas ha de aplicarse imperativamente de modo que las empresas con más de cincuenta trabajadoras deben hacerla efectiva en un plazo no superior a tres años, las de 100 a 150 trabajadores en dos años y las de más plantilla, el año que viene.

Otro tanto vale decir de la reposición de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras  de personas dependientes. Estas trabajadoras quedaron desamparadas por decisión del Gobierno de las derechas y ven ahora repuestos sus derechos en el decreto citado. Vale recordar que una ministra llamada Ana Mato, a la que Dios conserve la vista, eliminó esa cotización a costa del Estado porque costaba, dijo, mil millones al año. No le importó (a ella y al PP) dejar sin cobertura para la jubilación a unas cien mil mujeres, trabajadoras sin horario en la atención y los cuidados de otras tantas personas consideradas “grandes dependientes”. El objetivo, dijeron, era reducir el déficit público. En realidad lo trasladaron a la Seguridad Social con esa y otras medidas. Y en ese planteamiento siguen. Por la derecha española no pasan los años.

A los miles de parados de larga duración que con más de 52 años no encuentran empleo remunerado (trabajo hay siempre, lo que no hay es salario) les resulta urgente y necesario la reimplantación del subsidio de supervivencia que el Gobierno va a aprobar por decreto. Era una medida prevista en el Presupuesto del Estado para este año que frustraron los nacionalistas catalanes con sus ínfulas independentistas y era, además, una decisión acordada cuando el desempleo o ejército de reserva bajara al 17% de la población activa, de modo que el PP y sus correligionarios naranjas de C’s deberían obrar en consecuencia.

El Gobierno del PSOE con la ayuda de Podemos y el PNV ha de reponer esa prestación y otros derechos sociales sustraídos por el PP en cuanto llegó al poder en 2011 si quiere reequilibrar solo un poco el trato legal al capital y al trabajo. En este caso se podría decir lo de Séneca en su Breviarium Vitae: «No es que tengan poco tiempo, es que pierden mucho».  Cierto es para los retardatarios y retrógrados de oficio y conveniencia la dignidad de los trabajadores nunca corrió prisa. Y ahora, con la excusa de que son «decretos electorales», tampoco. O como dijo aquella poeta del PP al escuchar la palabra «parados» en el pleno del Congreso: «¡Que se jodan!»

La declamadora mencionada, Andrea Fabra, hija del presidente corrupto y ladrón, condenado a cuatro años de cárcel, de la Diputacion de Castellón, elevó su expresión mientras Mariano Rajoy Brey anunciaba los recortes a los parados y sus señorías del PP se partían las manos en aplausos. ¡Qué tiempos! Ahora la ultraderecha se ha separado del PP, pero tanto da. En el bloqueo a la convalidación de los decretos sociales cuenta el partido conservador con el apoyo de C’s, personificado en la Mesa del Congreso por el tránsfuga asturiano de UPyD Ignacio Prendes. Qué prendas. En fin, los retardatarios.

 

Los impresentables

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Luis Díez.–28-02-2018. Madrid.–Con el final de la legislatura (el 28 de febrero concluye el último pleno) llega un tiempo de duda y angustia (aunque no tanta) para quienes aspiran a seguir prestando sus inveterados servicios a la patria. Es el zafarrancho de las listas, y ya se sabe que los líderes y comités de los partidos políticos son despiadados y raramente agradecen los servicios prestados. Muchos diputados de oficio, los incombustibles, pasarán a mejor vida como material de archivo, acaso digno de estudio de algún doctorando. La nómina de impresentables (que no serán presentados) es abundante en el partido mayoritario de la derecha y capilar entre los socialistas.

Ya en la penúltima legislatura se emberrechinó Celia Villalobos porque la relegaron al segundo puesto de la lista del PP por Málaga. Horas antes de anunciar que no repetirá de candidata dijo estar “jodida”, lo que algunos interpretaron como la sensación lógica del desacuerdo de la comisión del Pacto de Toledo sobre las pensiones. En realidad ya sabía que su partido y C’s no iban a dar esa baza a Pedro Sánchez y su ministra Magdalena Valerio, aunque luego cargaran contra Podemos. La esposa del consejero aúlico de Mariano Rajoy, el bien pagado Pedro Arriola estaba fastidiada porque después de 37 años de diputada, diez legislaturas entre pecho y espalda, va a ser relevada y se dedicará “a otra cosa”. No piensen que es jubilable. Siempre habrá una tertulia televisiva de pago para dar la monserga sobre las vacas locas o lo que sea menester, que desparpajo verbal no le falta. Y quien dice tertulia, dice consejo de administración, a poder ser de una compañía eléctrica, que son las que más pagan. Hay que servir a la patria.

Además de Villalobos, quien superó a Rajoy en longevidad parlamentaria, figuran en el paquete de jubilables del PP los teos, Teófilo de Luis, nacido en Cuba y diputado por Madrid desde hace 29 años, y Teófila Martínez, senadora y diputada por Cádiz a la vez que alcaldesa desde hace tres décadas, si bien, ésta se anticipó a Villalobos y fue relevada por su correligionario Ignacio Romaní el 22 de febrero pasado. Periclitables son también Jorge Fernández Díaz, Cristobal Montoro, Jesús Posada, María del Carmen Quintanilla, José Manuel García Margallo, María Teresa de Lara, José Ignacio Llorens, Arturo García Tizón y habrá que ver si el líder Pablo Casado mantiene a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, mujer de máxima confianza de Rajoy en la cabeza de lista de Pontevedra.

La mayoría de los citados, a los que podemos añadir al exministro y diputado por Palencia Iñigo Méndez de Vigo, Ramón Aguirre o el propio exportavoz Rafael Hernando, llevan tres décadas de parlamentarios nacionales o europeos, con algunas interrupciones para ocupar cargos ejecutivos en empresas públicas, caso de Aguirre en el ICO, Metro de Madrid y SEPI, de modo que el término “periclitables” responde a lo que duró Pericles (30 años), el creador de la democracia  en la antigua Grecia, como gobernante del imperio ateniense.

La duda y la zozobra en las filas del PP afecta singularmente a las señorías que llegaron al escaño con José María Aznar, allá a mediados de los noventa y se han mantenido gracias a su adhesión inquebrantable a Rajoy. Son señorías de más de cincuenta años de edad entre las que vale citar a los valencianos José María Chiquillo y Gerardo Camps Devesa, al gallego Celso Luis Delgado Arce, la onubense Fátima Bánez, el alcarreño Jose Ignacio Echaniz, la cántabra Ana María Madrazo, el aragonés Ramón Moreno Bustos o la burgalesa Sandra Moneo. Con casi media vida calentando el escaño o ejerciendo cargos públicos. Algunos de estos veteranos (la nómina es más amplia) ya han dejado obra y se ven ahora en la cuerda floja con Casado.

En el PSOE pocos dudan de que el resistente Pedro Sánchez aplicará el criterio de la lealtad proporcional en las listas andaluzas, hasta ahora dominadas por afectos a Susana Díaz y sacará las tijeras de podar para que personajes como el madrileño Antonio Hernando, el sevillano de la gestora Antonio Prada o el castellano-manchego José María Barreda, por solo citar a un trío de oponentes significados (lo de Hernando fue un máster de alta traición), reciban el merecido descanso. También es hora de que el veteranísimo Cipriá Ciscar y otros algo menos longevos, pero que también parecen parte del mobiliario, caso de Micaela Navarro,  se acojan a la jubilación y disfruten de la paga máxima de la Seguridad Social. Sus nietos se lo agradecerán.

 

Los demoscópicos

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Luis Díez, 20-02-2019, Madrid.–En las campañas electorales de hace un siglo, el conde de Romanones, un hombre muy listo, dueño de media provincia de Guadalajara y de explotaciones mineras en Murcia y el Rif, regalaba duros a tres pesetas para que le votaran y salía ganando. Hoy nadie regala nada, las campañas electorales son carísimas y las pagamos todos. En 130 millones de euros cifra el Gobierno el coste de los comicios que nos esperan (generales el 28 de abril y locales, autonómicas y europeas el 26 de mayo). Y se quedará corto, pues sabido es que los partidos gastan en galas un día lo que un regimiento en comer toda la semana.

Si añadimos la larga campaña (un trimestre, aunque le llamen “precampaña”) y la espesura de los intereses en juego, hay pocas dudas de que los grandes partidos políticos van a salir muy endeudados del lance. Hasta ahora el PP presentaba las cuentas más saneadas, gracias a las ayudas o donativos interesados por la puerta de atrás. En cambio el PSOE acumulaba números rojos. Su deuda con la banca no baja de 30 millones de euros. La formación de Pablo Iglesias, Podemos, salió bien parada de las elecciones de 2015 y 2016. Sus cuentas registraron superávit. La financiación de Ciudadanos es una incógnita, aunque las facilidades del Banco de Sabadell explicarían el abundante gasto inconfesable.

La compensación por votos y escaños con cargo al erario público es anunciada en el BOE por el Ministerio de Hacienda antes del comienzo de las campañas. Todavía no sabemos a cuánto se paga el voto y el escaño, pero ha de ajustarse a la evolución del IPC desde los comicios anteriores, de modo que no será superior a un euro por voto al Congreso, a 40 céntimos al Senado y a 21.500 euros por escaño en cada una de ambas cámaras. ¡Menudo ahorro supondría la eliminación del Senado, como pide C’s, aunque haya que reformar la Constitución! Y mucha corrupción, gasto y caciquismo reportaría la supresión de las diputaciones, como propuso en su día Pedro Sánchez para disgusto de los barones.

La leche materna de los partidos queda, pues, limitada por esa regulación de las ubres oficiales. Y aunque los lactantes sean voraces, alguien con sentido común ha de apartarles el pezón o someterles a una disciplina para evitar que mamen más de lo que aconseja la prudencia. Si un partido no va a obtener más de cien diputados y seis millones de votos al Congreso, no tendría que invertir más de 8,15 millones de euros en su campaña a la Cámara Baja. En México exclaman: “¡No mames!” por nuestro “¡No jodas!” Pues eso.

Cuando veamos los gastos que los partidos han de presentar al Tribunal de Cuentas en un plazo no superior a cien días desde las elecciones para cobrar las compensaciones establecidas, sabremos cuánto han mamado de más. Entre tanto, las estimaciones obtenidas por este plumilla en los cabildeos del Congreso apuntan un gasto superior a 22 millones de euros por parte del PP, ligeramente inferior por parte del PSOE, entre 15 y 20 millones de C’s y entre 7 y 8 millones de Podemos, como si todos ellos fueran a obtener cien diputados. No hay cristiano, judío ni musulmán que los modere.

La democracia es cara, aunque infinitamente más barata que la guerra. En su Brindis por los lactactes escribía Mark Twain con otras palabras que la mejor forma de derrotar a un general y evitar la conflagración era entregarle un niño de pecho. La explicación es clara: el bebé le da tanta guerra que lo vence y le quita las ganas de más. Para eso, entre otras cosas, valen los lactantes.

Y es aquí, al hilo de la leche materna, donde entran en juego los agentes demoscópicos, esos institutos y sociedades de videntes cuyos sondeos sobre intención de voto sirven de guía a las entidades de crédito para lo que su nombre indica. Los bancos adelantan el dinero a los partidos en función de los resultados de los sondeos electorales y, también, de las conveniencias y simpatías de sus cúpulas directivas que, salvo raras excepciones, son conservadoras o de derechas.

Ese es el juego, pero un juego con riesgo porque los demoscópicos, que además se forran, hacen el traje (la muestra) a la medida del cliente. Y luego pasa lo que pasa: su credibilidad queda al nivel del betún. En las elecciones generales de diciembre de 2015, las encuestas fallaron a lo grande. Por ejemplo, otorgaban a C’s de 63 a 68 escaños y a Podemos de 23 a 25 diputados. Insólito, pero cierto. C’s sacó 40 y Podemos 69, que es un buen número.

Seis meses después, en las generales de junio de 2016, todas las encuestas cantaban el sorpasso de Podemos al PSOE. Algunas llegaron a dar a los de Pablo Iglesias 90 escaños y ninguna pronosticó la caída de C’s de 40 a 32. El PSOE bajó de 90 a 85 diputados y Podemos-IU-EQUO se quedó en 45. Con En Marea (gallegos) En Comú (catalanes) y Compromís (valencianos) alcanzaron 76 diputados. Y, por supuesto, los Sigma Dos, OIP, GAD3, GESOP, Advice Strategic Consultants y Metroscopia no pasaron de asignar al PP 127 escaños, diez menos de los que sacó.

Si quien paga los violines elige la música, vale suponer que las orquestas demoscópicas estuvieron afinadas por los enemigos de la socialdemocracia, esos desamortizadores de lo público a beneficio propio que no dudan en tachar de “antisistema” a Podemos y no se cansan de demonizar a la izquierda. La realidad de las urnas les dio con el arco de los violines demoscópicos en las narices. Sus pronósticos fallaron, aunque para consuelo de esos tipos tan listos también erraron las encuestas sobre el Brexit, las presidenciales en Estados Unidos y el referendo de paz en Colombia. Algo habrán aprendido para que la monserga que nos acompañará hasta que florezcan los capullos suene a música real y no celestial.

Los venenosos

Gobierno, Parlamento, , , , , , ,

Luis Díez, Madrid, 13-02-2019.–El Congreso de los Diputados tumbó los Presupuestos Generales del Estado para este año por 191 votos en contra frente a 158 a favor y una abstención. Con ello puso fin a la legislatura, obligando al presidente Pedro Sánchez a disolver el Parlamento y a convocar elecciones generales, posiblemente en abril para no perjudicar a los barones autonómicos ni interferir a los comicios del 26 de mayo.

De este modo, la decisión de los independentistas catalanes de no respaldar a Sánchez pone fin a nueve meses de gobierno en los que los socialistas con el apoyo de Podemos y el PNV han intentado revertir los recortes sociales, elevado de ochocientos a novecientos euros el salario mínimo, rescatado la sanidad universal, la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores de personas dependientes, la subida de pensiones conforme al IPC, la prestación a los parados de más de 52 años y, entre otras medidas de justicia social y achique de la desigualdad, incrementado de las becas y la reposición al cien por cien de las bajas en las plantillas de empleados públicos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió con energía y acierto los Presupuestos frente a las enmiendas de devolución de los nacionalconservadores y liberales del PP y C’s por un lado y de los nacionalistas catalanes dizque de izquierda (ERC) y derecha (PDCAT) por el otro. Dotada de verbo fluido y precisión técnica, la correosa ministra se fajó el martes durante las seis horas de debate con los líderes nacionales, a los que importaba un rábano las cuentas del reino, y con los nacionalistas catalanes, a los que importaba más la vista oral abierta en el Tribunal Supremo y el “tío páseme el rio” de la Fiscalía a los que se saltaron la ley.

La energía de Montero se estrelló contra los de la bandera nacional, la unidad de España y las elecciones generales ya. Lógico. A voluntad determinada excusado es consejo. La ministra no pudo convencerlos de la corrección de unos Presupuestos sociales que por vez primera revierten los recortes que sufrimos durante la crisis. Los dividendos y divisores nacionales y nacionalistas iban a lo suyo. A los nacionales les importa menos la traición a todos los españoles que, como dijo el valenciano de Compromís, Joan Baldoví, supone la corrupción, que la supuesta felonía del jefe del Gobierno de dialogar con los independentistas catalanes para aplacar sus ínfulas y buscar soluciones al problema catalán.

No importa si, cómo han repetido ad nauseam los dirigentes del PSOE, la lealtad constitucional está acreditada y nada es negociable extramuros de la Constitución. O si los catalanes y el resto de los españoles con dificultades para llegar a fin de mes son mejor tratados que hasta ahora en estos Presupuestos por los responsables de la res pública. Para unos y otros, lo importante es la renta electoral que calculan obtener inoculando el veneno del enfrentamiento y la crispación. Si la política es la sustitución de la guerra por la palabra y la argumentación para encontrar la síntesis o solución a los problemas, estamos ante un ato de políticos mediocres y venenosos, sólo aptos para la trifulca y la destrucción. Son los del ruido y la furia, los que jamás en la historia aportaron nada que no fuera odio, ruina y dolor.

Con trazo grueso se refirió Baldoví a las derechas nacionales, a las que acusó de enfrentar a la gente y “revolcarse en la mierda”, al tiempo que reclamó a los secesionistas catalanes que retiraran sus enmiendas y se avinieran a razones. No fue posible, pues como dijo el vasco Aitor Esteban, tanto les daba que les pusieran unos Presupuestos o un botijo. Un poco apenada, la ministra Montero, que se fajó con los adversarios y no dejó pasar una, incluida la defensa de la barriada sevillana de Las Tresmil Viviendas, a la que la canaria Ana María Oramas se refirió con retintín barriobajero, descubrió el adagio ruso de que enseñar a cantar a un cerdo es perder el tiempo y aburrir al cerdo.

Tras la votación se retiró un Sánchez periclitado a La Moncloa a rumiar su derrota y realizar las consultas a las que se había comprometido para fijar la fecha electoral. Descartada la cuestión de confianza, con el juicio a los impulsores del “procés” viento en popa, el jefe del Gobierno y líder del PSOE ya sabe cuál será el eje de la campaña electoral de las derechas tras la demostración de su fuerza trifachista en la madrileña plaza de Colón: meterle el dedo en la laringe para que diga si va a indultar a los secesionistas catalanes (cuando sean condenados) si gana las elecciones. Vale suponer que no cuenten para eso con la ayuda de los infalibles Felipe González Márquez y Alfonso Guerra González. Y conste que “infalibles” no significa que no tengan falo, sino que joden mucho.