Luis Díez

Por extraño que parezca, el Tribunal Supremo cuenta con más de ochenta magistrados –ochenta y tres es la cifra exacta, aunque el dato casi nunca se verifica debido a las bajas por jubilación y otras circunstancias–, y todos y cada uno de ellos gana más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la última actualización del Portal de Transparencia del Ejecutivo, el jefe del Gobierno cobra un sueldo anual bruto de 90.449 euros.

En contraste con la tarea y las responsabilidades del presidente del Gobierno, todos los miembros del máximo órgano judicial ordinario español ganan más que él. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló Doménech, percibe una remuneración anual bruta de 151.186 euros al año; su vicepresidente, Teodoro Dimitry Berberoff Ayuda, 135.282 euros; los presidentes de cada una de las cinco Salas, 127.521 euros, y los magistrados 124.202 euros brutos al año. Las variaciones entre unos y otros dependen de los cargos y destinos que les correspondan y de la antigüedad o trienios que sumen.

La verdad es que el Portal de Transparencia del Supremo no ha actualizado los sueldos de sus señorías desde la gran subida salarial de 2023 que les permitió alcanzar las cifras antedichas gracias al Presupuesto del Estado presentado entonces por el Gobierno de coalición progresista presidido por Sánchez. Desde entonces sus salarios se han revalorizado como mínimo en función de la inflación anual, pero el máximo órgano del poder judicial no ha tenido a bien actualizar durante tres años las cantidades que cobran sus miembros del público erario. ¿Por qué?

La cima de la carrera judicial ordinaria es en todo caso una de las funciones mejor retribuidas del sector público. Téngase en cuenta que llegar al Supremo exige haber superado la oposición a la judicatura, escalar puestos en la carrera judicial durante un periodo no inferior a quince años y conseguir la plaza mediante concurso de méritos resuelto por decisión del CGPJ. El dominio de la derecha política de ese órgano durante las etapas de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez por la negativa del PP a renovar a sus miembros ha sido una bicoca para la derecha, ha permito promocionar a jueces reaccionarios y descaradamente lanares y sumisos a la derecha política y ha tenido unas consecuencias nefastas para la ecuanimidad y credibilidad de la Justicia.

De hecho, en la legislatura que comenzó en 2023 el Supremo se ha caracterizado por ser más una cámara de oposición al Gobierno de Sánchez que la más alta instancia de la Justicia en el Reino de España. Su condena y expulsión de la carrera judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una revelación de secretos que en ningún caso quedó demostrada en el juicio, significó un golpe muy serio a la credibilidad de la Justicia. Defender la verdad de los hechos frente a los infundios fabricados por el jefe del gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el periodista Miguel Ángel Rodríguez, otrora jefe de prensa del expresidente José María Aznar, en beneficio del novio de la señora Ayuso y defraudador fiscal confeso Alberto González Amador, supuso para el fiscal García Ortiz una condena de inhabilitación por dos años con la insólita decisión de los juzgadores de hacerle responsable penal de su entorno.

Aquel episodio –¿qué jurisprudencia se derivará de la trilérica sentencia?– ha sido seguido por otras resoluciones alarmantes, entre ellas, la que en junio pasado estableció que los inmigrantes que llegaran a nado a Ceuta no podrían ser devueltos por no haberse saltado barrera alguna de contención. El contenido de la eutrapélica sentencia –si no fuese trágica sería jocosa– fue difundido y jaleado por agentes nada amistosos del Gobierno español entre una juventud marroquí con desempleo, pobreza y sin expectativas de futuro. Las consecuencias ya son conocidas. Pero la pregunta sigue en el aire: “¿Quién fue el autor intelectual de la incitación de la avalancha humana de más de 70.000 inmigrantes que entraron en Ceuta la mañana del 30 de julio y de la muerte de 141 personas, en su mayoría mujeres, jóvenes y niños que fallecieron ahogados?”

Ante el silencio vergonzante de los prebostes judiciales ha alzado la voz el belicoso expresidente Aznar López, dando un paso más en su ruín imaginario sobre los «poderes fácticos». El enfático jicho ha pedido «la militarización» de Ceuta en defensa de la Patria y para expulsar a las personas que no retornaron a Marruecos en los días siguientes al asalto. Muchos son menores y han de ser devueltos con garantías legales y civiles, y todos han de recibir un trato digno y respetuoso con los derechos humanos. Bastante daño hizo el señor Aznar a las Fuerzas Armadas cuando las metió en la guerra de Irak, la de las mentiras y las armas de destrucción masiva, y cuando no respetó ni los cadáveres de los fallecidos en el accidente del Yak-42. ¿Qué quiere ese señor de La Moraleja? ¿Tratar a los amigrantes a punta de culata y meterles plomo en el cuerpo si no se largan?

Volviendo al Supremo, al cercenar la llamada “ley de nietos” de 2022 mediante una resolución que obliga a los hijos y nietos de los exiliados republicanos a demostrar que sus progenitores tuvieron que huir de la dictadura franquista por motivos políticos, raciales, religiosos y de orientación sexual si quieren tener derecho al voto, sus señorías de la toga negra y las puñetas se han colocado en contra de la elogiada Transición a la democracia y de la democracia propiamente dicha. ¿Acaso a José Machado, hermano de Antonio Machado o a su madre o a Luis Cilla, el soldado que reconoció al poeta cuando estaba sentado en el banco de un parquecito de Collure y le entregó el capote militar (llovía y hacía frío), y a tantos y tantos otros exiliados (más de medio millón), los franceses les entregaban alguna certificación como refugiados? Y quien dice los franceses –que ordenaban a los guardias senegaleses mantenerlos a raya en los arenales–, dice los rusos, los mexicanos, los británicos…

Suspender, como ha hecho el Supremo, el derecho al voto de los españoles a los que el Parlamento reconoció la nacionalidad mediante la ley de Memoria Democrática o ley de nietos y hacerlo por petición de la ultraderecha VOX, respaldada por el PP, con el argumento falaz de esos grandes líderes de la inquina, el insulto y la falacia, conocidos como Abascal y Feijó, no pasa de ser una jugada rastrera. Y hacer creer a los ciudadanos que Sánchez y el PSOE realizan “ingeniería electoral” y “manipulan el censo” para ganar las próximas elecciones revela muy mala intención contra la credibilidad y limpieza del sistema electoral y una cochambre mental superlativa, pues de sobra saben que el voto de los españoles en el exterior sólo ha modificado la adscripción de un escaño y fue a favor del PP en 2023.

¿Quiénes son, en fin, esos señores de negro para decir que los nietos del pintor José Machado, refugiado en Chile, no pueden votar si antes no demuestran que su abuelo era un exiliado llegó en el Winnipeg? Alguien podría contestar que no es menester que les diga quiénes son esos señores de negro, pues pueden olerlos desde ahí. De acuerdo. Pero pero además de colegas del magistrado Pablo Llanera, que el lunes pasado desestimó los recursos del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y del exconseller Antoni Comín, para que se les amnistíe del supuesto delito de malversación, tal como ha ordenado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esos señores que cobran más que el presidente del Gobierno, tienen su mutualidad (La Mugeju) con cuotas muy inferiores a las de la Seguridad Social (3,8% del haber regulador) y no se jubilan antes de los 72 años si no quieren, creen detentar el poder político desde que se lo entregó el PP de Rajoy para meter a la cárcel a los independentistas catalanes. Y puesto que ese fenómeno no debería proseguir porque además de cruel es del todo antidemocrático habrá que utilizar el voto en las próximas elecciones generales para, sin mengua salarial, colocarlos en su sitio de acuerdo con Montesquieu.