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«Tiro en la nuca»

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Manifestación de nazi-fascistas por el centro de Madrid

Luis Díez.

Quienes están empeñados en acabar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea como sea, han demostrado que la liquidación física, el “tiro en la nuca”, también les vale. El asunto es muy grave porque revela el máximo desprecio a la democracia y los derechos humanos por parte de unos actores políticos que se benefician de la democracia, cobran del erario público, gozan de protección especial o aforamiento frente a la justicia ordinaria y ejercen un magisterio y una influencia que debiendo de ser ejemplar es nefasta.

La secuencia ya es conocida. Unos fachas de la Falange (el partido único de Franco, fundado por José Antonio Primo de Rivera) protagonizan una manifestación por el centro de Madrid contra la Constitución y la democracia. La convocatoria lleva el lema Contra el genocidio del 78, en referencia al año en que se aprobó la Constitución. La Delegación del Gobierno, de la que es titular Francisco Martín Aguirre, no autorizó la marcha, pero los nazi-fascistas apelaron al Tribunal Superior de Justicia y obtuvieron autorización.

Así que unos setecientos fachas del mencionado partido franquista y otros correligionarios de ultraderecha se congregan en la calle de Génova y recorren los bulevares hasta la confluencia de Marqués de Urquijo con Ferraz la tarde-noche del sábado 21 de noviembre. Se ve que un día después de conmemorar con cánticos y misas el 50º aniversario de la muerte del general Franco, el tipo que encabezó el golpe de Estado contra la democracia de la II República y alcanzó el poder con la ayuda de Hitler y Mussolini sobre una montaña de muertos, se hallaban tan henchidos de amor patrio que si no clamaban contra los “enemigos de España” –rojos, inmigrantes, feministas, verdes…– reventaban.

Al llegar a Ferraz, junto a la sede del PSOE arrecian sus gritos “¡Pedro Sánchez, tiro en la nuca!” “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” Esta última es la frase que tanto gusta a los del PP desde que la novia del defraudador fiscal confeso tras la mordida de dos millones de euros en mascarillas, Alberto González Amador, la vocalizó en la tribuna de invitados del Congreso y que luego sus arúspices disfrazaron de “me gusta la fruta”. Por lo demás, tampoco era la primera vez que pedían la liquidación física del presidente Sánchez, pues ya los activistas de Vox habían hecho vudú en el mismo lugar, destrozado a estacazos un muñeco colgado que representaba al dirigente socialista.

La apelación al asesinato de Sánchez, aunque de forma menos directa, fue también proferida por el secretario general del PP, Miguel Tellado, cuando dijo a la vuelta de sus vacaciones, en septiembre pasado, que ya estaban “cavando la fosa”para él. Casi al mismo tiempo aparecía Alberto Núñez Feijóo coreando en un karaoke el famoso “hijo de puta” contra el jefe del Ejecutivo. Por cierto que Tellado, muy sensible ante el asesinato del influencer estadounidense Charlie Kirk, un machista reaccionario, valedor y amigo de Trump, se apresuró a decir que el asesino era de izquierdas y preguntó qué pasaría aquí en un supuesto a la inversa. Aunque luego resultara que el tirador no era precisamente de izquierdas, vale preguntar por qué tanta precipitación en trasladar a España un acto similar.

Con un magisterio político tan cortés, respetoso y educado como el de los dirigentes del principal partido de la derecha, a nadie puede extrañar que salten aquí y allá afirmaciones como la de Laura del Río, exalcaldesa y actual concejala de Gomezserracín (Segovia), quien ya anticipó el 18 de noviembre de 2023 que Pedro Sánchez “se merece un tiro en la nuca”. Ese día era sábado, el inefable Aznar López acababa de afirmar que «Sánchez es un peligro para la democracia” y el PP celebraba una gran manifestación en Madrid contra la amnistía de los implicados de un modo u otro en el proceso independentista catalán. Dos días antes, la mayoría del Congreso de los Diputados había investido al dirigente socialista como presidente del Gobierno.

Pero la siembra del odio, la apelación al asesinato del adversario, se puede situar varios años antes, con el mencionado señor Aznar al frente de una manifestación por el barrio de los ricos (distrito de Salamanca) contra el entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por intentar convencer a los cabecillas de ETA de que aceptasen la democracia y renunciaran a los secuestros, atentados y tiros en la nuca, precisamente. Era el año 2006 y los seguidores del expresidente Aznar y su sucesor Rajoy reclamaban el fusilamiento de Zapatero coreando: “Con Zapatero, como con su abuelo”. El abuelo paterno, Juan Rodríguez Lozano, era capitán del Ejército y fue fusilado por sus colegas golpistas el 18 de agosto de 1936 en Puente Castro, a las afueras de la ciudad de León, por no sumarse al golpe de Estado.

A pesar de ese bagaje, los socialistas esperaban que el pleno del Senado emitiese esta semana una condena expresa de las amenazas de muerte contra Pedro Sánchez. Pero PP y Vox, que tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta, se negaron a suscribir la declaración institucional. El texto atribuía las amenazas al “clima de odio impulsado desde la ultraderecha y animado y beneficiado por clamoroso silencio de quienes deberían sumarse a su condena de manera rotunda”. Advertía sobre “la violencia verbal, paso previo de la física” que sufren las sedes (pintadas con insultos y amenazas), los militantes y dirigentes del PSOE y de otras formaciones a su izquierda, y después de invocar los derechos humanos y los valores de la Constitución, terminaba conminando a las formaciones políticas a “no usar mensajes que promuevan el odio hacia los adversarios políticos” y a “expulsar del debate político el insulto y el odio en aras de reforzar nuestra convivencia y los valores democráticos”.

Contaba Eduardo Haro Tecglen en El refugio (Santillana, Suma de Letras, 2001) cómo Pilar Primo de Rivera había disparado desde su coche a una muchacha que volvía de su domingo en la Casa de Campo con un pañuelo rojo de pionera al cuello. Ni cincuenta años de democracia han diluido el odio de la derecha reaccionaria española contra los progresistas. La joven asesinada por aquella fascista furibunda a la que Franco nombró presidenta vitalicia de la Sección Femenina del Movimiento Nacional y el falangista surrealista Ernesto Giménez Caballero quiso casar con Hitler, quedó tendida en la acera de la calle Trafalgar y murió diez días después. Se llamaba Juanita Rico y era de aquellas Juventudes Socialista que engrosaron las filas del PCE.

¿Quién quiere volver a eso? Cuando hoy algunos líderes (conductores de masas) se callan ante los que vociferan odio y tiros en la nuca no es que otorguen, es que más que conductores son conducidos. Conviene prestar atención, pues muchos logros de la democracia, incluso aquellos que nos parecen incuestionables, como la abolición de la pena de muerte, el derecho a la sanidad y la educación públicas, a la pensión y al sufragio universal pueden derrumbarse como un castillo de naipes cuando, como escribe Ricardo Moreno Castillo, en su Breve tratado sobre la estupidez humana (Fórcola Ediciones, 2018), están a merced de cualquier botarate con capacidad de organización, facilidad para hacerse sitio en medios de comunicación y destreza para conseguir apoyos económicos y políticos.

«¡Ánimo Alberto!»

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Luis Díez.

Carente de discurso y proyecto propio sobre el futuro de nuestro país, el presidente del principal partido de la derecha, Feijóo, asiste atónito desde que llegó a Madrid, hace tres años y medio, al creciente prestigio y valoración del presidente del Ejecutivo español en el ámbito internacional. Su valía y capacidad es indudable en el seno de la Unión Europea (UE), donde ha encabezado propuestas de éxito, beneficiosas para nuestro país en materias tan decisivas como el mercado energético y la recuperación económica después de la amarga pandemia del Covid-19. Su paciencia y resistencia es encomiable frente a la política ratonera de los patriotas de la derecha, día y noche entregados al ruido y la mendacidad. Su defensa de los intereses españoles en Europa y en el mundo es loable por el fundamento, la firmeza y la capacidad de diálogo y negociación que despliega ante otros mandatarios. No solo conecta con las necesidades de amplios sectores sociales y económicos, sino también con los valores y emociones de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Lo hemos visto en la causa por la supervivencia de Palestina, anticipándose a otros grandes países en el reconocimiento del Estado Palestino y acumulando fuerza social y moral para obligar al genocida Benjamín Netanyahu y forzar a su cómplice, el militarista faccioso Donald Trump, a parar el exterminio de palestinos en Gaza.

Con una mayoría precaria en el Parlamento y unas alianzas de gobierno con esa izquierda del PSOE siempre tendente a enfatizar la pluralidad y acentuar las diferencias fraccionarias, el socialista Sánchez realiza una política interna equilibrada y positiva para la clase media trabajadora que le sitúa a gran distancia de la época en que el PP, con mayoría absoluta, recortaba derechos a los trabajadores, implantaba el despido libre a coste mínimo –para “crear empleo”, decían–, subía impuestos a los asalariados mientras decretaba amnistías para los grandes defraudadores, congelaba las pensiones de los jubilados y legislaba para impedir que volvieran a subir igual que los precios al consumo o, en fin, no promovía una sola vivienda social y vendía a precio de saldo las pocas que había en Madrid a los fondos buitre, convenientemente asesorados por un hijo de la alcaldesa Ana Botella y el expresidente Aznar, gran privatizador, amén de belicoso y tramposo para no ir a la mili. La reversión de aquella política nefasta y la reparación de la sima con Cataluña que, no olvidemos, celebró aquel 1 de octubre de 2017 su referendo de autodeterminación con 2,1 millones de votantes (el censo era de 5,3 millones) a favor de la República Catalana, añaden épica, audacia y acierto a la política del presidente Sánchez.

Aunque no estemos en tiempo electoral conviene pedir “calidad” a los políticos y, como decía el Miquel Roca de los mejores tiempos, tendríamos que ir a votar como quien va a comprar un coche, una lavadora o frigorífico: “Escolteu! Que almenys funcioni!” (¡Óiga, que al menos funcione!). Por suerte, el presidente Sánchez funciona y, haciendo de la necesidad virtud, está conduciendo al país a unas mejoras sociales apreciables y tasas de empleo y crecimiento económico sostenido por la senda de la economía sostenible que provocan la admiración de muchos países. Eso enfurece a una oposición reaccionaria que no descansa en su producción de bulos, insultos y causas para deteriorar a Sánchez, atacando a su esposa, su hermano y hasta su suegro que en paz descanse con la colaboración de algunos jichos judiciales tan contaminados como celosos de su independencia. Es lo que pasa cuando se judicializa la política como han hecho los dirigente del PP no solo en respuesta a los independentistas catalanes, sino también como ardid ante el nuevo impulso corrupto que encabezan la nueva millonaria Ayuso y su pareja Alberto González Amador.

Si la lenguaraz Ayuso, quien lo mismo acusa al presidente del PNV de amenazarla de muerte como cuando la ETA cometía atentados, que se declara insumisa o ajena al cumplimiento de la ley del aborto –“Vayanse a otro lado a abortar”, ha sido su último grito–, que llama “bilduetarras” a los parlamentarios vascos democráticamente elegidos, etc. etc., fuera mínimante eficaz, Madrid no tendría un transporte público masificado y hecho unos zorros, unos precios insoportables de la vivienda y, desde luego, un porcentaje de abortos tan escaso en la sanidad pública (el 0,2% de los registrados en 2024). Si su colega el alcalde José Luis Martínez-Almeida Navasqués no comulgara con Vox para aterrar con síndromes monstruosos a las mujeres que se ven abocadas a abortar. Y si, en fin, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se hubiera mostrado eficaz en sus competencias sanitarias, miles de mujeres –se han contabilizado 3000 de momento– habrían recibido urgentemente los resultados de sus mamografías ante los signos de un posible cáncer de mama, para que se sometieran a nuevas pruebas diagnósticas y en su caso al consiguiente tratamiento. Pero no les enviaron los resultados “para no alarmarlas”, dijo Bonilla, quien cesó a su consejera de sanidad, y van tres. Si a tanta ineficacia con resultado de muerte –incluido el cruel comportamiento de Ayuso con los ancianos de las residencias durante la pandemia– se añaden las actitudes de otros reputados presidentes autonómicos del PP (con Vox), como el valenciano Carlos Arturo Mazón Guixot, un inútil falsario de lo peor, como demostró ante la DANA del 29 de octubre del año pasado que costó la vida a 229 personas en Valencia sin que la Generalitat alertara a tiempo a la población, o como el salmantino Alfonso Fernando Fernández Mañueco, que no se sabía por donde andaba cuando ardían Las Médulas en el Bierzo. Después apareció para la foto mientras se quemaban varias aldeas, ardían miles de hectáreas de monte, bosque, viñedos y frutales en León y Zamora y Salamanca –además de Orense, tierra de Feijóo– y morían dos voluntarios y un bombero forestal, al tiempo que cuatro militares de la UME y numerosos paisanos resultaban heridos en su lucha contra el fuego.

Ante tamaña exhibición de «calidad» de los presidentes autonómicos del PP y buen «funcionamiento» en momentos decisivos –así gobierna el PP– es comprensible que el aspirante al sillón de La Moncloa y supuesto jefe superior de la tropa, señor Feijóo, se desespere y descargue su inquina contra el presidente del Gobierno, en dura competencia con la deslenguada Ayuso. Una le llama “hijo de puta” y el otro amplía el concepto para afirmar que “se beneficia” de la prostitución, lo que incluye al vulgarmente llamado “chulo putas”. Es razonable que el elevado discurso de un hombre de Estado sometido a tan cruel competencia de la ultraderecha interna y externa provoque incluso la solidaridad del presidente Sánchez, impresa en su respuesta: “¡Ánimo Alberto!”

De la excrecencia mental a la violencia política

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Luis Díez.

Solo un miserable con la mente muy sucia podía utilizar en la política partidista española el asesinato del activista de la utraderecha del Partido Republicano estadounidense Charlie Kirk. Es lo que ha hecho el hombre fuerte del PP, Miguel Tellado, al lanzar la pregunta de qué ocurriría aquí si el asesinado fuera de izquierda y el asesino de derecha. ¿En qué y en quién estaba pensando el susodicho al plantear tal hipótesis? ¿Daba por supuesto Tellado que el autor del disparo contra Kirk, perfectamente desconocido en España aunque muy elogiado por el presidente de EEUU Donald Trump, era de izquierdas antes de que la policía lograra averiguar su identidad e ideología y consiguiera detenerle?

A determinados botarates políticos sin talento natural ni más programa para nuestro país que la liquidación (incluso física) del adversario político se les escapa el ansia de crispar, azuzar y deteriorar la convivencia entre la gente. Un día dice el orondo del PP que ya están “cavando la fosa” para el presidente Pedro Sánchez y los suyos, al siguiente aparece su jefe Alberto Núñez Feijóo coreando en un karaoke el famoso “hijo de puta” dirigido a Sánchez con la fórmula frutera de su subordinada Ayuso y al siguiente vuelve el grueso a la materia cruel a cuenta del influencer trumpista Krik, a quien algunos sectores políticos y religiosos quieren convertir en mártir y, por supuesto, vengar su muerte.

¿De verdad el ruin Tellado busca algo similar en nuestro país? ¿Es eso todo lo que puede aportar a la convivencia un responsable político supuestamente creíble? ¿De verdad añoran el terrorismo político, valga la redundancia? La paz, la convivencia, las libertades públicas y la democracia como el mejor sistema político conocido son asuntos muy delicados para tratarlos con el trazo grueso y la chabacanería que emplean los líderes del PP, dizque “hombres de estado” en dura lid contra los malvados socialistas y feroz competencia con el ultraderechista visitante de Trump y Netanyahu, el Santi Abascal de la señora Aguirre.

A propósito de la muerte de Krik, quien recibió un disparo mientras hablaba bajo una carpa en el campus de Orem, en la Universidad de Utah Valley, también conviene señalar que el presidente Trump ha perdido una oportunidad excelente, otra más, de afrontar la restricción del libre acceso a las armas de fuego en su país.

Pero además, Trump ha desaprovechado la ocasión de hacer un llamamiento a la convivencia pacífica frente a los sectores más radicales de su partido que reclaman venganza. Por el contrario, ha añadido leña al fuego al afirmar el 10 de septiembre, horas después de la muerte de Krik, que la retórica de la “izquierda radical” era “directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país”. Dos días después insistió en Fox y Friends que “Los radicales de izquierda son el problema, y ​​son crueles, horribles y políticamente astutos”.

Por su parte los demócratas condenaron el asesinato y han lanzado mensajes contra el odio y la violencia política. La congresista progresista y activista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez declaró que «el asesinato de Charlie Kirk corre el riesgo de desencadenar un caos político y una violencia que no podemos permitirnos en Estados Unidos”. Y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo en una publicación del 10 de septiembre en X que “la violencia política NUNCA es aceptable”.

Aunque resulte paradójico, el último diálogo de Krik antes de recibir el balazo en el cuello que acabó con su vida fue con un TikToker autocalificado de liberal que le preguntó sobre los tiroteos masivos en los que están implicadas personas trans. En 2023, Kirk se sentó en el escenario de la Iglesia Awaken en Salt Lake City y dijo: “Creo que vale la pena pagar, lamentablemente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda y proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios”.

Y dos días antes de su muerte retuiteó un video de sí mismo diciendo que “se avecina una batalla espiritual para Occidente”, con “el wokeismo o marxismo combinándose con el islamismo” para atacar “el estilo de vida americano, que es, por cierto, la cristiandad”. El propagandista de Trump, de 31 años, era acogido en campus y salones universitarios para celebrar charlas y debates con los estudiantes. En su caso, al contrario de lo que ocurrió con las protestas contra el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, no había riesgo de que los centros fueran multados.

Su virulenta retórica contra las minorías raciales y religiosas, las personas LGBTQ+, las mujeres sin hijos, los progresistas y quienes discrepaban con él alcanzó extremos como calificar de “grave error” la ley de derechos civiles de 1964 y tildar de “horrible” a Martin Luther King. En un podcast llegó a pedir que si algún patriota de San Francisco o del área de la Bahía quería ser un héroe solo tenía que pagar la fianza del tipo que agredió con un martillo al esposo de la expesidenta del Congreso, Nancy Pelosi en 2022.

Entre Peinado y el Mortadelo Puigdemont

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Luis Díez.–Érase una vez un país que asistía a una intriga política apasionante. Después de las vacaciones de agosto volvía a la normalidad y, como en la adivinanza de Pero Grullo, retomaba lo de Rut y Tina. El Gobierno progresista de Pedro Sánchez se esmeraba en gobernar, abordaba y resolvía problemas, y la Oposición de derechas se esforzaba en buscar ardides para desacreditar y desalojar a un Ejecutivo caracterizado por la lucha contra la desigualdad, los avances sociales y la ampliación de las libertades individuales y colectivas.

El jefe de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo, manejaba una técnica pictórica oscurantista. “Oscurece y sobrevive”, era su lema. Había pactado con la ultraderecha (Vox) hacía un año, pero esa ultraderecha rompió las coaliciones de gobierno con el PP en las seis autonomías donde sumaron mayoría porque Feijóo aceptaba el reparto de menores inmigrantes que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla, y eso era intolerable para su colega y aliado Santiago Abascal. Sin embargo, tras una ruptura que no supuso la pérdida del poder del PP, Feijóo rechazó en el Congreso la norma que venía a regular la acogida de inmigrantes. ¿Quién lo entiende? O, dicho de otro modo, ¿quién lo explica?

La realidad era (y es) que los pactos (hora de gobierno, hora de legislatura) del PP con la extrema derecha son una anomalía peligrosa en una Unión Europea que conoce bien el peligro del fascismo y el nazismo y no está dispuesta a dar alas a las formaciones que propugnan el odio y la destrucción misma de la UE. Puede que algunos gobernantes autonómicos del PP como la madrileña Ayuso no se hayan enterado, pero Feijóo si. De ahí que, al margen de la tolerancia del líder con la corrupción de Ayuso y su compañero sentimental y testaferro, Feijóo tenga problemas de coherencia interna y externa, y en vez de aclarar el cuadro, tienda a oscurecerlo.

Todos aquellos trazos gruesos contra la amnistía, aquellas concentraciones masivas, arengas y aspavientos, con la presencia de Aguirre y otros cualificados personajes feijonescos, aznarianos y burlescos en las romerías de la madrileña calle de Ferraz contra el PSOE, eran, al parecer, compatibles con los contactos secretos, por detrás, con Puigdemont para desbancar a Sánchez. ¿En qué quedamos: o Puigdemont o Abascal? O los dos, porque uno solo no basta.

Poco más de un año después de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la XVI legislatura de la democracia española se podría titular: “Por los pelos”. Ni el gran Francisco Ibáñez hubiera confeccionado un guion tan intrigante como ese Mortadelo Puigdemont que nos ha entretenido en agosto, pero, sobre todo, que mantiene la legislatura «por los pelos”. Sin olvidar que Pedro Sánchez fue investido presidente para un segundo mandato por los pelos (gracias a los 4 votos que le faltaron a Feijóo y su conjunción con la ultraderecha, UPN y CC), sus negociaciones fueron especialmente difíciles con ese señor que no se peina y reside en Waterloo para sumar los siete votos de Junts, la antigua Convergencia Democrática de Catalunya, e incluyeron la amnistía a todos los imputados por el “procés” independentista catalán.

Luego estalló enseguida el caso de las mascarillas que, si unos meses antes había golpeado al hermano de la presidenta madrileña Ayuso por una mordida de 250.000 euros, ahora le daba en plena línea de flotación al destapar un lucro de dos millones de euros a su novio o pareja estable, un sinvergüenza que además no declaró esos ingresos a Hacienda y luego, mal asesorados, Ayuso y él mintieron públicamente, de palabra y por escrito, para hacer creer a la opinión pública que era Hacienda la que tenía que devolver el medio millón de euros que habían escamoteado y que al pasar de la vía administrativa a la penal intentaron resolver con un ingreso extemporáneo que la Agencia Tributaria rechazó y devolvió.

Pero fue la petición pública, en el pleno del Congreso, del presidente Sánchez al líder del PP, Feijóo, de que impusiera honradez en sus filas y exigiera la dimisión de Ayuso, la que alentó al juez de primera instancia Peinado, con parientes y amigos al servicio del PP, a admitir una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno. La denuncia fue formulada por unos picapleitos cebados por las derechas y avezados en el uso del derecho para sacar los cuartos a determinados “clientes”. La denuncia, sin prueba ni indicio delictivo alguno, le atribuía tráfico de influencias por la relación profesional de su esposa con una sociedad que prestaba servicio a administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Madrid, gobernando y manejado por el PP desde hace 28 años.

De pronto, entre el intrépido juez Peinado, un personaje oscuro (dos DNI y una casa de asueto registrada como una nave rural) y el tipo que no se peina (el amnistiado Puigdemont), consiguen mantener una intriga en la que se ve a unos haciendo cálculos sobre la duración de la legislatura y a otros, los jefes de la derecha y la ultraderecha, soñando con desalojar a Sánchez, aunque sea por los pelos. Feijóo y sus socios ya contemplan el pacto fiscal con Cataluña y la votación de los Presupuestos del Estado para 2025 como su gran oportunidad. Por el momento hay algo en lo que Feijóo, Puigdemont y Abascal coinciden: su aversión a los inmigrantes. De ahí a la xenofobia y a los crímenes de odio, un paso.

DOÑANA 2/ Chupópteros subvencionados por Moreno y Feijóo

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Madrid, 23-05-2023.– Luis Díez

Las temporeras marroquíes de los frutos rojos que cayeron heridas el Primero de Mayo en el accidente de autobús que costó la vida a su compañera Sarah fueron aisladas por la empresa Surexport en el antiguo Hostal San Diego de San Juan del Puerto. Manijeros y empleados de seguridad las mantuvieron encapsuladas tras salir de los hospitales y los centros de salud y les impidieron recibir visitas de los representantes de varias entidades sociales. Algunas asociaciones han pedido la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien también puede actuar de oficio por iniciativa propia.

El periodista Perico Echevarría, director de la revista La Mar de Onuba, acompañó a los activistas de la Asociación Multicultural de Mazagón, La Carpa de Sevilla, Jornaleras de Huelva en Lucha y Mujer 24 H en su visita a las heridas tres días después del accidente. Querían saber cómo estaban, expresarles su apoyo, asesorarlas y ponerse a su disposición para cuantos trámites relacionados con las bajas laborales, las indemnizaciones por el accidente in itinere y otras materias necesitasen. Téngase en cuenta que ninguna de estas mujeres maneja el castellano y muy pocas se defienden en francés.

No pudieron hablar con ellas.

Echevarría, un periodista correoso que ha sobrevivido a mucha mala leche, cuenta que se encontraron la cancela cerrada por fuera con una cadena y un candado. Protestaron: “¿Por que las tienen encerradas?” Entonces un empleado quitó la cadena y colocó un letrero de “prohibido el paso”. Cuenta Echevarría que aparecieron otras personas supuestamente relacionadas con la compañía agrícola que parecían actuar como mediadores y les dijeron que no podían pasar al recinto por ser de “propiedad privada”.

Dentro, las temporeras convalecientes –huesos escayolados, collarines, vendajes– ni siquiera tuvieron opción de decidir si querían hablar con los visitantes. Y añade el director de La Mar de Onuba que ya el 2 de mayo, al día siguiente del accidente, los responsables de la empresa impidieron el acceso a Fátima Ezzohayry, representante de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA), que había sido llamada algunas trabajadoras afectadas por el siniestro.

Del oscuro y ruin comportamiento de los jefes de Surexport, una de las compañías más potentes de la fresa, traen causa sus dificultades para encontrar trabajadores españoles. Ángel Méndez, un joven almonteño, ayudante en un taller mecánico, conoce el percal: “Son tipos de mala calidad, negreros. Pagan una mierda y alargan la jornada según les conviene”. En muchas explotaciones de esta (y otras empresas) los manijeros miden el rendimiento de cada bracero. “Si lo recolectas las cajas que ellos piensan que puedes recoger, te despiden”..

Miguel Benjumea, director adjunto de Surexport, no habla con periodistas. Como mucho emite comunicados si lo considera oportuno. Sobre el trato a las temporeras del país vecino no ha considerado oportuno pronunciarse. Sobre el aislamiento de las que resultaron heridas, tampoco. Es lógico. Pero en un publireportaje para la revista del sector FreshPlaza dice que “los trabajadores locales no se ven atraídos por el campo y prefieren otros trabajos, lo que nos lleva a buscar mano de obra extranjera, con las dificultades que esto supone”. Lógico.

Esta empresa cultiva unas mil hectáreas de frutos rojos en Huelva (400 en la zona del Rocío, corazón y devoción de Doñana, donde posee una nave de almacenaje y manipulación de la fresa), factura unos 200 millones de euros al año, con un beneficio neto del 10% y se sirve de mano de obra inmigrante en su mayoría. A través de los servicios de inmigración y empleo españoles transmite sus necesidades y condiciones a la administración marroquí, que se encarga de realizar las convocatorias para la contratación en origen.

Benjumea dice que también dispone de oficinas en Rumanía y Bulgaria para contratar personal. Necesitan un promedio de mil trabajadores durante la campaña de la fresa (febrero a mayo), aunque, según explicó a la revista de los supermercados, el año pasado alcanzaron 4.000 jornaleros en la época álgida de la campaña. “Es muy complicado contratar a tanta gente todos los años –añade–; hay que dar muchos pasos, desde la obtención de permisos de trabajo en España hasta la apertura de cuentas bancarias. Disponemos de alojamientos perfectamente acondicionados, pero también hemos de gestionar la convivencia de muchas personas de distintas nacionalidades y costumbres muy diferentes”. Lógico.

La falta de mano de obra local no es privativa de Huelva. Un fenómeno similar sufre esa compañía agraria en Galicia, donde se instaló en 2013 para cultivar los frutos rojos (fresas, frambuesas, moras y arándanos) bajo plástico en unas setenta hectáreas alquiladas a la Comunidad de Montes de Palacios, en los municipios de Cospeito y Begonte, en Terra Chá (Tierra Llana), en Lugo. Las largas jornadas laborales –de “abusivas” las han tachado los sindicatos–, los bajos salarios –“por debajo de lo estipulado en convenio”– y otras circunstancias desaniman a los trabajadores galegos a aceptar el empleo que ofrecen “los negreros”. De ahí que hayan tenido que buscar jornaleros en Centroamérica (Honduras y Nicaragua). Con poco éxito, por cierto, y que según testimonios de algunas trabajadoras, estén trasladando temporeras marroquíes desde Huelva.

La Voz de Galicia se hizo eco en agosto de 2021 de la denuncia de varios sindicatos y colectivos agrarios sobre las condiciones de trabajo de Surexport: jornadas laborales de más de doce horas diarias, sueldos inferiores a lo estipulado en el convenio y malas condiciones de higiene y salubridad, con el añadido de la pandemia del coronavirus Covid-19 en aquella campaña. Eso sin contar que las entidades sociales y de defensa del medio natural (Comisiones Obreras (C.OO), el Sindicato Labrego Galego (SLG), la Federación Rural Galega (Fruga), la Central Unitaria de Traballadoras (CUT), Adega, A Estruga, Madia Leva, Ecoloxistas en Acción y Terra Chá Sostible) han elevado su protesta a las autoridades contra los procedimientos de cultivo intensivo que aplica Surexport.

  • Protesta ante las instalaciones de Surexport en Galicia contra sus métodos de cultivo y explotación

Los afiliados a las organizaciones mencionadas han repartido pasquines entre los vecinos y visitantes de la feria de Castro de Ribeiras del río Lea (afluente del Miño), y se han manifestado ante el almacén que Surexport posee en esa localidad para alertar sobre el abuso del agua y el uso elevado de productos químicos en los cultivos. Los activistas entienden que el modelo productivo de esa empresa esquilma la tierra, contamina las aguas y acaba por destruir a medio plazo más empleo del que crea con la contratación temporal de personal. Los directivos de la empresa cifran su plantilla en 300 empleados. Con todo, la Xunta de Galicia se comprometió, bajo la presidencia del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a comunicar las denuncias a la Inspección de Trabajo. El 70% de las inspecciones agrarias acabaron en sanciones en 2021. Sin embargo no existe constancia oficial de que las autoridades autonómicas galegas hayan actuado en las materias de su competencia sobre “la acaparación y la contaminación del suelo y el agua” par una agricultura intensiva que las entidades sociales han calificado de “ofensiva contra nuestro medio rural”.

En lugar de eso, la conselleira de Feijóo, Ángeles Vázquez Mejuto, bendijo la ampliación de las explotaciones de Surexport en O Arneiro, donde esa compañía agenció 30 hectáreas más de terreno labrantío para producir fresas, frambuesas y arándanos. Vázquez citó las partidas de dinero público en beneficio de esta empresa y se mostró dispuesta a crear y concederle el sello Horta de Galicia. Los directivos Miguel Benjumea y José Ángel Roca le dijeron que iban a crear 150 nuevos puestos de trabajo con 1,5 millones de euros de inversión.

La compañía Surexport ha recibido también cuantiosas ayudas de dinero público de la Junta de Andalucía. Decenas de miles de euros han sido para alojamientos de sus trabajadoras temporeras. El Ejecutivo de Moreno Bonilla incluyó además a esta sociedad en el último reparto de 20 millones de euros entre ocho empresas grandes con proyectos de mejora y ampliación de sus instalaciones. Las ayudas fueron directas a las empresas elegidas, mientras otras de gran tamaño, que también solicitaron dinero público para complementar su inversión, quedaron fuera por falta de fondos. ¿Favoritismo o eso?, se pregunta el observador.

¿Han llegado los fondos buitre a las explotaciones del agro en Doñana? Detrás de la compañía agraria que mayor riqueza carmesí extra del parque y anteparque natural más importante de Europa –con tierras agenciadas en Galicia, Portugal, Marruecos y Kenia para producir y esportar frutos rojos todo el año figura la familia de origen valenciano Morales Vilar. Tres hermanos, Cristian, Oscar y Andrés, ocupaban la presidencia y los cargos de consejeros de Surexport hasta enero de 2021 en que ampliaron el capital social de 69.000 a 945.000 euros. Pero desde hace dos años, su consejo de administración se amplió y pasó a manos de sociedades inversoras de capital foráneo, de modo que solo una de ellas, Becrisan Brands, de la que Andrés Morales Vilar es administrador único, figura como consejera delegada. El resto del consejo está ocupado por Mideslonia, Partilonia, Paulonia y Flenox.

¿Quién hay detrás? Las tres tienen su sede social en la calle José Ortega y Gasset, 29, de Madrid (Barrio de Salamanca). Mideslonia está representada por Gonzalo de Rivera García de Leaniz y su administrador único es Mercacapital Private Equity Sgecr SA, del que Rivera es consejero delegado. Partilonia, Paulonia y Flenox son instrumentos societarios de Mercacapital y Alantra Partners SA. Son los encargados de canalizar inversiones y repartir los beneficios de los rentables frutos rojos. Luego ya el vicesecretario del consejo de administración de Surexport, Carlos Beltrán de Tárrega, se anuncia como experto en fusiones y adquisiciones mercantiles. “El tipo posee intereses en Galicia como apoderado de la concesionaria Novo Hospital de Vigo”, dice el apicultor Benito Casqueiro, mostrando datos profesionales del citado ejecutivo en Internet.