Archivo por meses: enero 2026

Civilización o barbarie contra los inmigrantes

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En la foto de Reuters una joven llora en el lugar donde mataron al enfermero Alex Pretti, en Mianápolis

Luis Díez.–La decisión del Gobierno progresista español de regularizar a cuantos inmigrantes sin papeles residen en nuestro país desde antes del 31 de diciembre abrió el martes pasado la edición digital del New York Times. No es la primera vez que el principal periódico estadounidense destaca la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) por el respeto y aprecio a las personas, en contraste con la crueldad implantada en EEUU por Donald Trump contra hispanos, negros y asiáticos.

En esta ocasión, la medida que facilita la residencia legal en España de las personas inmigrantes que hasta ahora estaban en el limbo legal y eran pasto del miedo, la marginación, el engaño y la vil explotación laboral, ha coincidido con las redadas en Mineápolis (Minnesota) de “la Gestapo de Trump”, como llaman a los policías enmascarados de la agencia estatal de inmigración y fronteras (ICE). En dichas redadas el ICE mató el 7 de enero a Renee Good y el 24 a Alex Pretti. Renee era poetisa, madre y admirada por su compromiso social. Alex era enfermero de cuidados intensivos. Los dos tenían 37 años, los dos eran estadounidenses y ambos fueron acribillados a tiros. Los agentes de la migra trampista vaciaron los cargadores de sus armas contra ellos.

Renee Good, de 37 años, asesinada el 7 de enero en Mineápolis por un agente del ICE

Se comprende que en medio de la indignación popular en EEUU por los constantes ataques a los trabajadores inmigrantes y a sus familias, España aparezca como una isla de humanidad y sentido común. El reconocimiento de derechos humanos, sociales y de ciudadanía de más de medio millón de personas sin papeles –según la estimación de la fundación Funcas– que ya residen y trabajan en nuestro país se realiza al amparo de la última reforma del Reglamento de Extranjería (2025), no necesita decreto, fomenta la integración y la convivencia y es compatible con el crecimiento económico y la cohesión social, según explica el Ejecutivo en nota de prensa.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aclara el alcance, las condiciones y otros detalles en este documento de preguntas y respuestas (pdf – 1,1 MB). “La regularización reconoce y dignifica a quienes ya viven entre nosotros”, dice antes de explicar que en vez de aprobar la medida por decreto, se hará por la vía reglamentaria, que es hoy “la más rápida, eficaz y garantista” para dar una respuesta inmediata, ordenada y plenamente conforme al marco legal español y europeo.

En las conversaciones entre el Gobierno y las formaciones políticas en busca de los votos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, el grupo de Unidas Podemos (5 diputados) puso la condición de que se aprobase la regularización pendiente desde que el propio Parlamento votó mayoritariamente a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) el 9 de abril de 2024. La ILP llegó respaldada por más de 700.000 firmas y unas 900 entidades y asociaciones. Entonces fue respaldada por 310 votos a favor de todas las formaciones frente a 33 de la ultraderecha, ahora alineada con el trumpismo.

PP y ultras trumpistas en contra

La portavoz en materia migratoria y diputada por Melila del derechista PP, Sofía Acedo Reyes, dijo entonces que votaban a favor de la regularización “porque Cáritas y otras entidades que cuidan y trabajan con los inmigrantes nos lo han pedido; porque también nos lo han pedido los empleadores, que necesitan imperiosamente mano de obra, y nos lo han pedido muchos ciudadanos que han firmado esta iniciativa legislativa popular, y debemos escucharlos. Debe hablarse de esta cuestión –y así lo hacemos en el Partido Popular– como de una cuestión de Estado, con una posición equilibrada entre el limbo jurídico en el que se encuentran muchas personas extranjeras que ya están en España perfectamente integradas, el control de fronteras y la expulsión de los inmigrantes que tienen un expediente de retorno a su país”.

Los nacionalistas vascos y catalanes reclamaron entonces competencias autonómicas en materia migratoria, y lo propio han hecho ahora. El Ejecutivo mantiene sus compromisos de negociar las transferencias correspondientes. Pero si la ministra Saiz elogia el afán de los nacionalistas de asumir responsabilidades en la materia, la izquierda del PSOE, especialmente UP, advierte sobre la tendencia excluyente y racista de Junts, el principal partido de la derecha catalana, y pide al Gobierno de Sánchez que hile fino para evitar que la transferencia de competencias suponga un retroceso.

Miles de inmigrantes temporales marroquíes y de terceros países acuden cada año a la recogida de los frutos rojos en Huelva.

Aunque la regularización ha sido acogida con elogios por la Iglesia Católica, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y, por supuesto, Cáritas, la principal ONG cristiana en España, el líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, parece haber olvidado el compromiso parlamentario de su partido y además de acusar al Gobierno de utilizar la inmigración para “distraer la atención” del accidente ferroviario que costó la vida a 45 personas, se ha pronunciado en contra de la medida. Primero ha consultado a la Comisión Europea, con mayoría de derechas, y puesto que la regularización es perfectamente legal, ha anunciado que su partido la recurrirá a la más alta instancia judicial. Y otro tanto ha hecho y dicho el jefe de la ultraderecha Vox. Esos líderes culpan a Sánchez de la llegada de personas que huyen de la pobreza, las guerras, hambrunas y los desastres naturales con frecuencia provocados por el cambio climático que ellos insisten en negar.

Por supuesto que la gobernanza de la inmigración sería posible y mejor si, como ha estudiado y propuesto la fundación Carnegie sobre ética en las relaciones internacionales, se consiguiera el compromiso de los países desarrollados de cooperar entre sí en la admisión de inmigrantes económicos y de refugiados en función de sus mercados laborales y de otros parámetros sociales, económicos y culturales como la demografía, la renta per cápita y la afinidad lingüística y cultural entre otros factores.

Cierto es que en vez de una gobernanza enriquecedora, los gobiernos europeos se han limitado hasta ahora a poner en común el reforzamiento de las fronteras de la Unión Europea (UE) y, coaccionados por la propaganda de la extrema derecha, han decidido endurecer las medidas contra las personas sin papeles ni medios económicos que consiguen entrar en el país y sobrevivir trabajando sin derechos en la economía sumergida y en actividades tangenciales.

Boicot al Mundial de Fútbol

Aunque la persecución del inmigrante sin papeles se ha intensificado en algunos países como Italia, Reino Unido, Alemania, Grecia e incluso Albania, no ha alcanzado las cotas de crueldad imperantes en EEUU, donde ya se contempla el boicot masivo al Mundial de Fútbol como medida de protesta contra las redadas, detenciones, encarcelamientos sin comunicar y asesinatos. Treinta inmigrantes han muerto bajo custodia policial en 2025, primer año del segundo mandato de Trump.

El oficial policíaco Gregor Bovino, en el centro de la foto, con sienes rapadas y abrigo al estilo de los nazis, acompañado de sus sus matones enmascarados, «la Gestapo de Trump» contra los inmigrantes.

Las agresiones a la población por parte de los matones del ICE al mando del oficial Gregor Bovino, han provocado protestas masivas y demandas por agresiones a tiros y con gases tóxicos allí por donde han pasado sembrando el terror: Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Mineápolis, donde el viernes hirieron de un balazo a otra mujer en una mano. La situación es tan delicada que Trump ha anunciado su intención de “desescalar” para calmar al personal y ha sacado a Bovino de Mineápolis y enviado a su zar de la frontera, Tom Homan, a supervisar las operaciones del ICE en el estado.

La represión de esos jefes con ademanes y hasta indumentaria nazi-fascista se completa con los recortes de todas, absolutamente todas las ayudas federales a las personas necesitadas y el encarecimiento de los servicios básicos como la asistencia sanitaria y la escolarización. El odio a los inmigrantes ha llevado a Trump a dejar en suspenso la renovación de la carta de residencia de más de cinco millones de personas. El jefe de la Casa Blanca se ensaña especialmente con los hispanos, provocando quejas de la patronal del transporte, la agricultura y otros sectores. La Ford, por ejemplo, busca cinco mil mecánicos. Pero en vez de resolver problemas, Trump hace la peineta a los trabajadores cuando uno osa imprecarle.

Gran gran pancarta en un estadio de fútbol de California: «Lucha contra la ignorancia, no contra los inmigrantes»

Si a ese estado de cosas se añade la suspensión de la tramitación de nuevos visados a 75 países, entre los que figuran algunos tan importantes como Rusia, Egipto, Nigeria. Y en la propia América Latina: Brasil, Cuba, Colombia y Uruguay, se comprende por qué se está generando una opinión cada vez más amplia a favor del boicot al Mundial de Fútbol de este verano en EEUU. Por si fuera poco, la Administración de Trump ha complicado la vida con trámites, inspecciones y trabas burocráticas a las universidades que reciben estudiantes e investigadores extranjeros. Y también ha encarecido los visados a los trabajadores más cualificados, médicos, ingenieros, abogados, investigadores, gestores, profesores hasta superar los 80.000 dólares por un permiso de un año. ¿Será la forma de hacer grande a América de nuevo, del Maga de Trump? ¿O será tan solo un efecto de la ignorancia y el odio del inquilino supremacista de la Casa Blanca y su salón de baile?

Premios Nobel a inmigrantes en EEUU

Fechas atrás, bueno, el 11 de diciembre de 2025 para ser exacto, leí unas frases atribuidas por el periodista William J. Broad a un hombre que decía: “Tenemos que saber que las personas que proceden de entornos distintos mejoran el nivel de todos los implicados. Es una historia asombrosa. Los grandes pensadores pueden mejorar no solo Estados Unidos, sino el mundo”. Este hombre se llama Omar Yaghi, tiene 60 años y manifestó su preocupación porque Trump ha puesto en peligro el ecosistema estadounidense de excelencia científica. “Creo que es lamentable”, dijo. “En la civilización humana, hemos aprendido una y otra vez que los académicos pueden moverse a través de las fronteras. Así es como se extendió el conocimiento y como vastas regiones del mundo salieron de la pobreza”.

Yaghi creció en una familia de refugiados palestinos en Jordania. Eran ocho hermanos, vivían en un corral de vacas y tenían una habitación para todos. Carecían de electricidad y agua corriente, pero su padre, que era carnicero, consiguió enviarle a estudiar a EEUU cuando tenía quince años. Ahora, bueno, el miércoles 10 de diciembre de 2025, el señor Yaghi, profesor de la Universidad de California en Berkeley, recibía el Premio Nobel de Química en Estocolmo.

En lo que llevamos desvivido del siglo XXI el 40% de los premios Nobel a estadounidenses en Física, Química y Medicina recayeron en personas no nacidas en EEUU, es decir, emigrantes. Y para mayor contrariedad del déspota y desalmado (sin alma) Trump, la proporción fue mayor en el Nobel de Física, que recayó en John Martinis y los inmigrantes en EEUU Michel Devoret, (francés) y John Clarke (inglés).

El PP denigra la red ferroviaria para atropellar a Sánchez

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Luis Díez.

Cuando la fatalidad insiste en expresarse, como ha ocurrido esta semana, y se pierde la maleta con esas dos prendas imprescindibles para el viaje de la vida como son el amor y el humor, sólo queda el analgésico de la solidaridad y el calor humano con quienes han perdido a sus seres queridos. Es posible que los denuestos y maldiciones contra los gobiernos de turno atenúen el dolor, aunque, por lo general solo sirvan de desahogo o a mayor gloria de la oposición política demoledora. Ante una desgracia tan grande como el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 45 personas y heridas graves a medio centenar, de los que 39 seguían hospitalizadas –siete en cuidados intensivos– cinco días después del siniestro, los gobiernos central y andaluz y el ayuntamiento de la localidad más cercana actuaron con la mayor presteza y coordinación posible.

Las críticas en ese sentido a Pedro Sánchez y Juan Manuel Moreno, del PSOE y el PP, respectivamente, carecen de fundamento. Ninguno de los dos estaba en el Ventorro ni de vacaciones ni cazando en Aranjuez o esquiando en Baqueira Beret, ni de puente en un resort de lujo en Cascais (Portugal). Por el contrario, el ministro Puente propiamente dicho se hallaba en el centro de control de los trenes de alta velocidad, en Atocha (Madrid), hora y media después de que se produjese el descarrilamiento y choque de los dos trenes, y otro tanto cabe decir de los titulares de Interior, Defensa y de los directores de Renfe y Adif, así como de los responsables autonómicos andaluces encargados de movilizar a los medios sanitarios, de socorro y ayuda a los viajeros. Como siempre ocurre en estos casos, fueron los vecinos del pueblo y la Guardia Civil los primeros en socorrer a los accidentados.

¿Qué podía hacer el jefe del Gobierno, Sánchez, aparte de desplazarse a primera hora del 19 de enero al lugar de los hechos, recibir información, manifestar su tristeza, expresar las condolencias a los familiares de los fallecidos –todavía quedaban muchos muertos sin identificar– y decretar tres días de luto? El presidente no ha eludido responsabilidad alguna sobre las causas del accidente. El propio ministro Oscar Puente fue el primero en señalar, con los indicios disponibles, un posible defecto en una soldadura de la vía. El viernes los investigadores adelantaron que, en efecto, un raíl se fracturó antes del paso del tren Iryo (empresa italiana) que hacía el trayecto de Málaga a Madrid y cuyos vagones traseros se salieron de la vía, provocando el choque del Alvia de Renfe que iba de Madrid a Huelva. Si la rotura de la vía fuese la causa principal del accidente no cabe duda de que la empresa pública que administra la infraestructura ferroviaria, Adif, sería la responsable del siniestro.

La transparencia y la aportación sin reservas de toda la información disponible sobre el accidente está siendo la pauta de comportamiento del ministro Puente, quien el viernes afirmó que los sensores automáticos que detectan las anomalías en la red “en ningún caso rebasaron el nivel de alarma” y reconoció que “quizá haya que hacer otro tipo de controles”. El titular de Transportes aportó en rueda de prensa todos los datos sobre la renovación de las vías en el tramo de la línea Madrid-Andalucía en la que se produjo el accidente, incluidas las certificaciones de las obras y los controles de calidad. El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, que le acompañaba junto con el secretario de Estado José Antonio Santano, precisó que la empresa española de ingeniería Ayesa inspeccionó el control de calidad de la obra y chequeó y ensayó el 30% de las soldaduras por segunda vez, es decir, que 36 soldaduras fueron ensayadas dos veces por dos equipos diferentes.

Hubo otros datos significativos como las anomalías detectadas por los sensores al paso de tres trenes dos horas antes del accidente pero no llegaron a activar el nivel de alerta amarilla. El tercer tren que elevó la gráfica de detección de anomalías pasó a las 19:09. “Algo había en la vía evolucionando (a peor), pero queda por determinar si coincidía con el punto donde se produjo el accidente”. La lógica indica, según dijo Puente, que la ruptura del raíl se habría producido en los minutos previos al descarrilamiento de los tres últimos vagones del Iryo que invadieron la via contraria a las 19:43 y contra los que se estrelló el Alvia nueve segundos después.

El presidente del Gobierno ha solicitado su comparecencia ante el pleno del Congreso para aportar la información del grave accidente y, puesto que las desgracias no vienen solas, explicar asimismo la situación de la red ferroviaria de Cataluña tras el choque de un tren de Rodalies contra un muro de contención que se derrumbó en Gelida (Barcelona) y en el que murió el maquinista. Sánchez también informará de la posición de la UE ante las amenazas de Trump de anexionar Groenlandia y sobre la iniciativa del presidente estadounidense de lanzar su Junta de Paz para unos cometidos que ya realiza la ONU y van mucho más allá de la protección, estabilización y reconstrucción de Gaza.

Aunque el jefe del Gobierno no ha rehusado las explicaciones en ningún momento y ha defendido el bien ganado crédito de la red de alta velocidad española, la segunda más larga del mundo, el jefe de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo, le ha saltado a la yugular en cuanto han pasado los tres días de luto oficial, acusándole de estar “desaparecido”, de “generar el caos”, de tener un “gobierno colapsado”, de actuar “tarde y mal” y, en fin, como ya hiciera su subordinada Ayuso, de parapetarse tras el luto oficial. En concreto, según Feijóo, “el duelo no puede ser una coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantiza la seguridad ferroviaria en nuestro país”. Aparte de una retahíla de preguntas poniendo en duda la fiabilidad de la red ferroviaria y la seguridad de la alta velocidad, Feijóo pronunció su frase lapidaria: “El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación”.

El líder del PP, al que no se le ocurrió tan brillante comparación en 2013, tras el accidente de Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela, con un balance terrible de 79 fallecidos y 144 heridos, pues él era entonces presidente de Galicia y su paisano y correligionario Mariano Rajoy, jefe del Gobierno, sólo pudo fundamentar una crítica: la que han realizado los maquinistas de Renfe sobre la poca atención de los directivos de la compañía a sus partes de incidencias. Por cierto que la Audiencia Provincial de A Coruña anuló el viernes la condena al exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, con lo que el único responsable penal fue el maquinista. Así se escribe la historia. Y así se borra la que no interesa a los ricos y poderosos. ¿O no fue la entonces ministra de transportes, la pontevedresa amiga de Rajoy, Ana Pastor Julián, quien ordenó desactivar el sistema de frenado automático ERTMS que habría parado automáticamente el tren por exceso de velocidad antes de la curva de Angrois? Cortabitarte cumplía órdenes. Y como buen técnico ferroviario sabe que la orden que recibió y ejecutó meses antes del siniestro tenía el objetivo de no perjudicar a Talgo como fabricante y proveedor de trenes a Renfe. En vez de obligarle a instalar correctamente en los trenes el sistema automático de frenado, lo que habría supuesto un gasto para la compañía privada, se optó por desactivar el ERTMS para que no produjese averías.

Pero volviendo a la triste actualidad, frente a la desconfianza sembrada por Feijóo y su extrema derecha (Ayuso y Abascal de Vox), el ministro de Transporte enfatizó que todos los días se revisan las vías, “todos los días hay exploración” y también todos los días los maquinistas trasladan “alrededor de cuatro o cinco incidencias y descubrimientos” que se recogen por escrito. Son informaciones que tienen consecuencias como la reducción de velocidad y sobre las que existe una extensa trazabilidad. Sorprende la impostura del jefe del PP denostando un sistema ferroviario puntero en el mundo a pesar de la complicada orografía española cuando su partido ha estado puntualmente informado a través del portavoz de la Comisión de Transportes del Senado, Juan José Sanz Vitorio, y de los senadores de la zona afectada sobre las inversiones, incidencias y reducciones de velocidad mucho antes del accidente.

Así, en septiembre pasado, Puente informó de la inversión de 750 millones de euros en la linea de alta velocidad Madrid-Sevilla sin cortar el servicio ferroviario. Y con posterioridad, el 27 de noviembre, desgranó las obras en respuesta a los senadores. Al reconocer la petición de reducción de velocidad realizada en agosto pasado por el Sindicato de Maquinistas, el ministro aseguró que “Adif analiza de manera continua la evolución de la calidad de vía de las líneas de Alta Velocidad, mediante el estudio de los resultados obtenidos de las auscultaciones dinámica y geométrica, por ser los métodos objetivos que se emplean para el control del mantenimiento”. Cierto es que esos y otros datos, así como la menor inversión de España –en comparación con Francia y Alemania– en el mantenimiento de la red de alta velocidad, no interesan ahora al líder Feijóo ni a su extrema derecha (Ayuso y Vox), tal vez porque el último gobernante del PP, el señor Rajoy de los recortes congeló las partidas. ¡Vaya si le importaba la seguridad! Solo a partir de 2018 la curva presupuestaria cambió de signo y comenzó a subir hasta alcanzar el 57% más respecto al último ejercicio de aquel presidente enfangado con los gurtélidos de la derecha.

¿Quién defiende el derecho de pernada de Julio Iglesias y otros jefes ‘machirulos’?

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Luis Díez.

Preguntó el juez: “¿Quién mató al comendador?” Y respondió el pueblo: “Fuenteovejuna, señor”. Volvió a preguntar el juez: “¿Quién es Fuenteovejuna?” Y respondió el pueblo: “Todos a una”.

Cuando Lope de Vega escribió el drama inspirado en la unión del pueblo cordobés de Fuente Obejuna para liquidar al comendador mayor de Calatrava, Fernán Gómez, por haber violado a la joven Laurencia, prometida de Frondoso, la gente estaba harta del “derecho de pernada” y demás abusos e injusticias de los señores feudales y comendadores de las órdenes armadas al servicio de los reyes cristianos. En la pernada contemporánea no sólo hay jefes que no te dan el puesto de trabajo si no “pasas por la piedra”, sino una avifauna política defensora de personajes como Julio Iglesias, amigo de Aznar y Botella, y de otros acusados y condenados por delitos sexuales.

La decisión de los vecinos de Fuente Obejuna de tomarse la justicia por su mano ante la criminalidad impune de los poderosos tuvo lugar en 1476, en tiempo de los Reyes Católicos, pero las prácticas de dominación y humillación seguían vigentes más de un siglo después. De ahí que Lope las dramatizara allá por el 1614. El derecho de pernada, que algunos historiadores consideran una invención de los materialistas del siglo XIX para acentuar la conciencia de clase de los obreros e incitarles a la revolución, resultaba tan abusivo y odioso que ya Alfonso X intentó erradicarlo imponiendo en su Fuero Real de Castilla, en torno al 1200, una multa de 500 sueldos y privación del cargo a quien osara deshonrar a la novia de otro la noche de su boda.

La verdad es que los caballeros de horca y cuchillo, duques, condes, marqueses y gente de alcurnia, se burlaron de aquel precepto real y siguieron, según su costumbre, abusando sexualmente de las siervas recién casadas. La indignación popular contra la nobleza y el alto clero no sólo se desbordó en Fuente Obejuna, sino en otras muchas localidades sometidas a la ley del más fuerte. La situación se volvió tan alarmante que Fernando el Católico, acollonado ante aquella revolución en cadena, dictó en 1486 su famosa “sentencia de Guadalupe”, condenando las agresiones sexuales y prohibiendo a los señores feudales acostarse la primera noche con la esposa del súbdito recién casado ni tampoco practicar el rito de la coyunda simbólica –ponerle la pierna encima o pasar sobre ella cuando estuviera echada en la cama– como señal de poder y dominación.

Los Reyes Católicos aplacaron un poco la indignación del pueblo llano, pero ni mucho menos acabaron con aquella ley no escrita, el derecho de pernada, según demostró el gran Lope, denunció Voltaraire dos siglos después y, a pesar de la evolución de la humanidad y de los cambios sociales, políticos y culturales, seguimos sufriendo en nuestro tiempo. El último episodio del abuso sexual de un amo y señor lo hemos conocido esta semana. El cantante español de fama mundial, Julio Iglesias, ha sido denunciado por dos de sus antiguas empleadas –una asistenta y una fisioterapeuta– en las mansiones de Bahamas, República Dominicana y Marbella (España) por agresiones sexuales y malos tratos en 2021 y 2022.

La información destapada por eldiario.es y Univisión en Estados Unidos ya ocupa a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que investiga al octogenario cantante como autor de los presuntos delitos denunciados ante la justicia española el 5 de enero por las dos mujeres, apoyadas por la organización internacional Women’s Link Worldwide (Enlace de mujeres de todo el mundo). El ilustre y millonario personaje sabía bien lo que hacía cuando exigía a sus empleadas certificados médicos sobre su salud sexual, fuera a ser que sufrieran alguna enfermedad venérea o estuvieran embarazadas. Quería ejercer con seguridad esa versión actual del histórico derecho de pernada.

Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y esposa del expresidente del Gobierno, José María Aznar, defendió al alcalde del PP de Ponferrada Ismael Álvarez frente a las acusaciones de acoso sexual de Nevenka Fernández

El mismo derecho de pernada debió de empujar en el año 2000, para empezar el siglo, a aquel condenado alcalde de Ponferrada a perseguir y acosar sexualmente a la concejala responsable de Hacienda, Nevenka Fernández. Con 26 años Nevenka, licenciada en Económicas por la Universidad San Pablo-CEU y máster en Auditoría, trabajaba para Arthur Andersen en Madrid cuando acepto la oferta del PP de concurrir como número tres de su lista a las elecciones municipales de 1999 en su ciudad natal, Ponferrada. Ganaron los comicios y, tras una breve relación con el alcalde Ismael Álvarez, Nevenka comenzó a sufrir un acoso sexual insoportable del regidor, que le provocó una fuerte depresión. Se dio de baja laboral en septiembre de 2000 y unos meses después, en marzo de 2021, denunció al alcalde. Su partido le dio la espalda. El entonces jefe del PP y del Gobierno, José María Aznar López estaba demasiado ocupado, pero su esposa Ana Botella, salió en defensa del acosador. Nevenka sufrió un calvario judicial, con insultos hasta del fiscal del caso, José Luis Ankos, que le reprochó que no se aguantara por los tocamientos en el trasero como hacían las empleadas de Hipercor y la tildó de “putilla”. Pero Nevenka consiguió que la justicia le diera la razón y condenara al machirulo acosador. Álvarez fue castigado con la pena mínima por el delito de acoso — nueve meses de cárcel, una multa de 6480€ y una indemnización de 12000€ a la víctima–, pero tuvo que dimitir de alcalde y será recordado como el primer político condenado por acoso sexual a una subordinada. Eso no quita para que la señora Botella le calificara de “respetable”.

Otros casos notables de jefes con el estigma medieval del derecho de pernada, como el protagonizado por el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sobre la futbolista Jennifer Hermoso tras ganar el Mundial de 2023, acabaron con la dimisión y condena del ínclito (multa de 10.800 euros) por agresión sexual.

El caso del patrón multimillonario Julio Iglesias trae a la memoria el lamentable comportamiento de Plácido Domingo, que este 21 de enero cumple 85 años. En una investigación de la agencia de noticias Associated Press, ocho cantantes y una bailarina acusaron al gran tenor español de “comportamientos sexuales inapropiados”. Solo una de ellas, la mezzosoprano –voz intermedia entre soprano y contralto– Patricia Wulf, eludió el anonimato. En una entrevista a Efe dijo que era “un depredador que ha hecho esto repetidamente”. El acoso sexual –un patrón de tocamientos, besos no consentidos y presiones en un contexto profesional marcado por la asimetría de poder– arruinó la reputación del tenor y en 2019 le costó el puesto de director de la Ópera de Los Ángeles, que ejercía desde 2003. Aunque no hubo acusación judicial, la investigación del sindicato estadounidense de artistas musicales (AGMA) confirmó la veracidad de la denuncia y a Domingo no le quedó más remedio que pedir perdón y desaparecer de escena en EEUU. En Europa volvió a actuar un año después y en Madrid reapareció en una gala benéfica el 6 de junio de 2021.

Isabel Díaz Ayuso ha salido en defensa del cantante Julio Iglesias con un argumento estúpido

Ahora, mientras la justicia investiga las acciones delictivas del machirulo Julio Iglesias contra sus empleadas, la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso ha sido la primera política del PP en salir en defensa del cantante con un mensaje tan estúpido como disparatado. Preguntada si va a retirar la medalla de honor que le impuso su mentora y antecesora Esperanza Aguirre en 2010, Ayuso dijo que no. Y a continuación escribió en X: “Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”.

Con representantes políticas tan machistas (que no hembristas) como la casamentera Botella en su momento y ahora la novia del comisionista de Quirón y delincuente fiscal Alberto González Amador (Ayuso), se comprende que las tendencias de plomo contra las mujeres permanezcan per omnia seculae mientras las conductas de oro siguen siendo escasas entre los señoritos más o menos adinerados, los que logran subirse al carro del poder político y los que ejercen el poder económico. Pero más allá de las leyes que desde los tiempos de Alfonso X tratan de corregir los abusos contra las mujeres, las fuerzas de la indignación castigarán de un modo u otro a los que no respetan la dignidad humana.

Consecuencias del asalto armado y la «ocupación virtual» de Venezuela

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Luis Díez.

A la mayoría de los delincuentes les molesta la luz. Por eso dejaron a oscuras Caracas antes de fumigar desde una flotilla de helicópteros a los centinelas que vigilaban la casa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de secuestrarlo junto con su esposa Cilia Flores. Se dirá que no eran ladrones, sino soldados de élite. Es cierto. Pero el mandatario de Washington que, para estrenar el año 2026, dio la orden de ataque poco antes de las diez de la noche del 2 de enero, actuó como un vulgar forajido jefe de una banda de ladrones de ganado.

Nicolás Maduro, esposado y rodeado de agentes de la DEA es trasladado a una prisión en Nueva York tras el asalto armado a su residencia en Caracas

Ya es sabido que en el asalto a la residencia de Maduro mataron a 32 centinelas de nacionalidad cubana y que, paralelamente al secuestro, que fue ejecutado a las dos de la madrugada del 3 de enero, bombardearon el puerto de Guaira, la base aérea de La Carlota, el cuartel de Tiuna y las antenas del Volcán, en las cercanías de Caracas. Las autoridades venezolanas no concretaron el número de muertos, aunque algunos medios dijeron que fueron un centenar. Todos ellos se suman a las 114 personas asesinadas en los 35 ataques a embarcaciones de supuestos “narcoterroristas” que luego resultaban ser famélicos pescadores, parados impecunes y delincuentes menores a los que pagaban 500 euros por el transporte de fardos de coca a Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe con destino a Europa.

También es sabido que el cuatrero jefe vio y oyó en directo la operación, en compañía del secretario de Estado Marco Rubio; el jefe del Pentágono y secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el director de la CIA, John Tatcliffe (a saber cómo se llamará el tipo). Al matón de la Casa Blanca le agradó de verdad, le gustó mucho la película, según dijo horas después en su mansión Mar-a-Lago, en Florida, donde tan buenos ratos pasó en aquellas fiestas con lindas jovencitas que organizaba su vecino y amigo, el depredador sexual Jeffey Epstein.

Donald Trump sigue en directo la captura de Maduro. A su lado, de brazos cruzados, el jefe de la CIA también contempla las escenas y escucha las explicaciones del secretario de Guerra.

El matón se sintió orgulloso de sus fuerzas armadas, “las mejores del mundo”, dijo; elogió el acierto, la rapidez y la eficacia de sus jichos de operaciones especiales, los Delta Force aerotransportados, y celebró que ninguno hubiera resultado muerto o herido, pues los centinelas de Maduro solo pudieron disparar unos balazos contra un helicóptero, sin consecuencias. Se le olvidó mencionar la colaboración interna, el terreno minado de espías y confidentes y los 50 millones de dólares de recompensa a los que facilitaron la entrega de Maduro.

Con el asalto armado a Venezuela y el secuestro de su jefe de Estado, el mandatario de Washington –ese personaje que algunos califican de neonazi enloquecido y emulo de Hitler– ha dinamitado el orden internacional, demostrando que para él las normas de convivencia y de derecho internacional son papel higiénico. No sólo eso: la propia Constitución de EEUU es un estorbo, el Senado y la Cámara de Representantes, un incordio, y la oposición del Partido Demócrata, bosta maloliente. Además, cuantos estadounidenses se oponen a sus criminales decisiones y abusos de poder como si fuese un rey neto, absoluto, son gente odiosa que desprecia a la patria, la debilita y no aprecia su nueva grandeza.

El mandatario matón celebró el éxito burlándose de Maduro y de los venezolanos: “¿De donde sale esa gente tan fea?”, se preguntó, jactancioso. Después, ante un puñado de fanáticos, se prodigó en gestos y mojigangas más propios de un aprendiz de Chiquito de la Caldaza que del jefe del Estado más armado del planeta, choteándose del presidente francés Emmanuel Macrón y de la dirigente de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, Corina Machado.

A continuación invitó a los jefes de las petroleras estadounidenses a evaluar el botín. “Venezuela pronto entregará decenas de millones de barriles de petróleo a Estados Unidos”, anunció. Su secretario de Energía, Chris Wright, concretó que tienen la intención de mantener “un control significativo” de la extracción petrolera de Venezuela, incluso supervisando la venta de la producción del país “indefinidamente”. “En el futuro venderemos en el mercado la producción que salga de Venezuela”, dijo Wright en una conferencia sobre energía, organizada por Goldman Sachs cerca de Miami.

Si alguien creía que la lucha contra el narcotráfico y por la democratización de Venezuela tras el supuesto robo de las últimas elecciones presidenciales por parte de Nicolás Maduro, eran los motivos del asalto armado, míster Trump quiso dejar claro que su objetivo era el petróleo. Vale recordar que el país sudamericano posee las mayores reservas petroleras del mundo y alberga en su subsuelo metales preciosos y valiosos (oro, plata, cobre) y otros minerales que ahora llaman “tierras raras” de los que también el forajido de Washington pretende apoderarse. Con la ley de la fuerza se ha apoderado de hecho de la soberanía nacional venezolana (que reside en el pueblo y no en Washington ni en Miami) y con la misma ley va a administrar la inmensa riqueza del país, vetando la influencia de la Federación Rusia y China.

Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, siguió diciendo que “Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino contra el narcotráfico”, la realidad es que su jefe imperial está tan preocupado por la salud de sus súbditos que “ha indultado y conmutado la pena a casi 100 personas por delitos de drogas”, según titulaba el Washigton Post una información pormenorizada y rigurosa, publicada el 9 de diciembre pasado por los analistas Meryl Kornfield y Emili Davies. Entre otros beneficiados citaban al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de aceptar un millón de dólares del Chapo Guzman, quien metió toneladas de cocaína en EEUU. Condenado a 45 años de prisión en junio de 2024, el recluso Hernández abandonó la cárcel unos días antes de que su formación política, el derechista Partido Nacional, ganara las elecciones respaldado por Trump.

Tanta es la preocupación del mandatario de Washington por el consumo de droga, al que se atribuye la muerte de trescientas mil personas al año en EEUU, que mientras indultaba al exmandatario hondureño o al famoso Ross Ulbricht, condenado a cadena perpetua en 2015 por narcotráfico, conspiración y fraude informático, recortaba 345 millones de dólares de los programas de prevención de adiciones y tratamiento de sobredosis con naloxona y otros placebos. Expertos en la lucha contra las drogas como Theshia Naidoo, directora general de Drug Policy Alliance, o Jeffrey Singer, del Cato Institute, denunciaron cinismo e incoherencia del mandatario.

Delcy Rodríguez preside el Gobierno venezolano tras el secuestro de Maduro y deberá aceptar los dictados de Washington.

Sin entrar ya en las rectificaciones de la acusación formal del Departamento de Justicia de EEUU contra Maduro, reconociendo que el Cártel de los Soles, cuya dirección se le atribuía desde 2020, no existe como tal cárter de la droga (ver blog de 6 de diciembre), sino como una red estatal de corrupción, ni referir la falta de pruebas de Trump para decir que Maduro dirigía las actividades criminales del Tren de Aragua, una banda “infiltrada” en EEUU para delinquir y organizar disturbios sociales, es lo cierto que el ataque a Venezuela y la captura de su líder tampoco estaban dirigidos al restablecimiento de la democracia de acuerdo con el resultado de las elecciones de 2024. La decepción de la oposición en la clandestinidad y el exilio ha sido catedralicia. Corina Machado y su candidato Edmundo González, residente en España, han sido marginados por el “ocupante virtual” de Venezuela.

El matón de Washington ha designado a su secretario de Estado, Rubio, para que dirija el país con la vicepresidenta de Maduro y nueva presidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez como presidente del legislativo. Ellos marcarán los tiempos y los acuerdos básicos necesarios para la convocatoria de nuevas elecciones. De momento, la presidenta Rodríguez ha excarcelado a un buen puñado de presos políticos, incluidos aquellos por los que abogó el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

En este punto vale recordar que durante el mandato de Maduro, Zapatero consiguió sacar a más de cuatrocientos presos. Su función mediadora entre el chavismo y la oposición nunca estuvo bien vista por la derecha y la ultraderecha españolas, el dúo PP-VOX que tanto se felicitó por el ataque militar del matón de Washington a un país soberano y hermano. Por cierto que tampoco ZP recibió apoyo del secretario de Estado, Marco Rubio, cuyo subsecretario Christopher Landau le caracterizó de Batman y le amenazó con suprimir su visado para dificultar sus contactos con venezolanos exiliados en EEUU con vistas a una salida negociada de Maduro. Con todo, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que ha condenado sin paliativos la violación del derecho internacional por parte del mandatario estadounidense, ha ofrecido la mediación española en una negociación política para restaurar la democracia en el país.

Detrás del asalto militar y la “ocupación virtual” de Venezuela, Washington reitera su objetivo de controlar el “hemisferio occidental” como “legítima esfera de influencia”. De ahí que el matón de la Casa Blanca haya dictado una estrategia de seguridad que incluye la injerencia electoral en los países de la UE (ver blog de 13 de diciembre) para minar a la Unión mediante el apoyo a la extrema derecha. Además ha amenazado a Colombia con una acción similar a la perpetrada contra Venezuela, aspira a meter tropas en México y pretende arrebatar Groenlandia a Dinamarca, lo que ha provocado la inmediata reacción solidaria de Francia, España, Alemania, Reino Unido e Italia con el país europeo amenazado en su integridad territorial por el cuatrero de Washington.

La cuestión es ahora si Rusia y China se sienten legitimadas para hacer lo mismo que el matón estadounidense en Europa y Asia. El cara de víbora del Krenlim ya ha demostrado con su invasión militar de Ucrania que no necesita legitimidad alguna para atacar a los países vecinos e implantar gobiernos títeres. Y está por ver si el chino Xi Jinping, que parece un tipo tranquilo, decide apoderarse del industrioso y democrático Taiwán. En todo caso pintan bastos. Tal vez, como decía Italo Calvino, estas cosas ocurren cuando los cerdos se suben a los árboles o quizá se deban, como escribió George Orwell, a que se han apoderado de la granja y están embruteciendo al mundo con su fuerza bruta, asaltos, crímenes y genocidios. El futuro será peor, mucho peor, si no les plantamos cara.

Falacias de Feijóo y mentiras punibles de Mazón sobre la Dana

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Luis Díez

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, testificará por videoconferencia el próximo viernes, 9 de enero, ante la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Torraba que instruye el sumario sobre la gestión de la Dana. Las lluvias torrenciales y la riada del 29 de octubre de 2024 mataron a 230 personas y arrasaron desde la comarca de Utiel-Requena a la Huerta Sur de Valencia sin que el Gobierno autonómico que presidía entonces Carlos Mazón Guixot, alertara a tiempo a la población.

Ya es sabido que mientras decenas de personas perdían la vida, sorprendidas por la riada y las inundaciones, el presidente valenciano disfrutaba de un largo almuerzo con la periodista Isabel Vilaplana, seguido de un “tranquilo paseo” desde el restaurante El Ventorro hasta el parking donde ella había estacionado su coche. Ya se sabe que el máximo responsable político valenciano estuvo tan ajetreado al teléfono como inoperante en realidad, pues ni siquiera se esforzó en ordenar la alerta a la población hasta pasadas las ocho de la noche. Pero lo que no se conocía son los embustes con los que el líder del PP, Feijóo, empedró su discurso y el de su partido para culpar al Gobierno central –desde Pedro Sánchez a la vicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera, pasando por la Agencia Española de Meterología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del río Júcar– y exonerar a Mazón de su responsabilidad. Las falacias de Feijóo han quedado en evidencia tras conocer los mensajes que le envió Mazón el día de la Dana.

La jueza de Catarroja pidió a Feijóo esos mensajes el pasado 22 de diciembre y éste le envió dos días después los whatsaps de Mazón, aunque no los suyos que, finalmente, le ha remitido el viernes 2 de enero. Ambos envíos fueron compulsados por un notario.

Información en “tiempo real”

Feijóo declaró a los periodistas en Valencia el 31 de octubre de 2024 que el presidente de la Generalitat le había informado en “tiempo real desde el lunes” y que siguió recibiendo información martes y miércoles.

Falacia al descubierto: Feijóo contactó por Whasap con Mazón a las 19:57 del 29 de octubre, día de la Dana, que era martes y no lunes como afirmó, rectificando después. Le mandó el primer mensaje tras “conocer por los medios de comunicación el agravamiento de la situación en Valencia”, según su escrito a la jueza. Es decir, no tuvo información de Mazón “en tiempo real”, como había declarado. Mazón contestó al mensaje del líder del PP tres minutos después: “Gracias presi. Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto”.

La verdad es que a aquella hora de la noche el president de la Generalitat Valenciana todavía no se había personado en el CECOPI. Tampoco había dado la orden a su consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que presidía el centro de emergencias de que enviara la alerta a los ciudadanos. Utiel y Requena estaban completamente anegadas. La riada ya inundaba localidades de l’Horta Sud: Catarroja, Alfafar, Benetússer, Sedaví. A las 20:15, mientras el president Mazón se desplazaba al centro de coordinación de emergencias, le escribía a Feijóo: “Noche larga por delante”.

“Abandonados” por el Gobierno de Sánchez

Feijóo mintió el 27 de noviembre de 2024, apenas un mes después del desastre, ante el Pleno del Congreso, al afirmar que el Gobierno se había desentendido de la crisis. ““Esta vez, señor Sánchez no ha calculado bien: la gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias, no le va a perdonar su abandono”. Eso dijo.

Falacia al descubierto: Ahora se demuestra que Mazón informó a Feijóo en un whasap de las 23:23 horas del 29 de octubre de que había hablado con el presidente Pedro Sánchez. “Sí que he hablado con Sánchez, Montero (la vicepresidenta primera María Jesús Montero) y los de Defensa e Interior (Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska) para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana. El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo”.

La verdad es que el presidente Sánchez llamó a Mazón desde la India, donde se encontraba de viaje oficial y estaba ya a punto de regresar, para poner a su disposición cuantos medios necesitara.

Moncloa no colabora

Feijóo se dedicó a denunciar la falta de colaboración del Gobierno desde el primer momento. Así, en su visita a Valencia el día 31 dijo tras reunirse con aquel Mazón siempre con chaleco de trabajador de emergencias, que “al Gobierno no le pediría una mayor colaboración, sino alguna”.

Falacia al descubierto: Resulta que a las 23:24 del 29 de octubre, Mazón le había mandado el siguiente mensaje: “A través de Delegación (del Gobierno) de momento tenemos lo que necesitamos que ahora es la UME (Unión Militar de Emergencias)”.

Emergencia nacional

En el debate parlamentario del 27 de noviembre sobre el desastre de la Dana, el jefe de la oposición y líder del PP insistió en que el Gobierno se había desentendido de la tragedia en vez de declarar la “emergencia nacional, que es lo que yo haría”. Atacó a Pedro Sánchez por estar de viaje en la India “con una imputada” (en referencia a su esposa, Begoña Gómez), insinuó que había cometido un delito por “omisión del deber de socorro” y sostuvo: “debieron declarar la emergencia nacional porque son el Gobierno de España y tienen la responsabilidad y los recursos. Si no, ¿para qué están?”.

Falacia al descubierto: A las 23:21 horas de la noche de la Dana, Feijóo escribe a Mazón: “Dice el Gobierno q os ha llamado… espero q sea así y os estén prestando ayuda suficiente”. Y Mazón le contesta: “Más o menos sí”. Y añade: “Ha montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah”.

La verdad es que Mazón no pidió en ningún momento el Nivel 3 de alarma que habría permitido al Ejecutivo central hacerse cargo de la dirección de la crisis. Y no consta que el propio Feijóo se lo hubiera aconsejado. Pedro Sánchez le dijo en el Congreso: “Señor Feijóo, usted ha hablado con el señor Mazón y el señor Mazón a usted le ha dicho lo mismo que a mí, y es que no quiere elevar a nivel 3, a emergencia nacional, la catástrofe de la Dana”.

El Gobierno reaccionó muy tarde

El líder del PP afirmó en el mencionado debate parlamentario del 27 de noviembre: “Su Gobierno no reaccionó hasta las once de la noche”. Por su parte, la exdiputada y vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha estado un año diciendo que los valencianos habían tenido que “esperar 96 horas para que el Ejército se desplegase”.

Falacia al descubierto: Feijóo sabía por los mensajes de Mazón que el Gobierno estaba coordinado para atender a las peticiones de la Generalitat, responsable de la gestión de la crisis, y que la UME entró en acción en cuanto la solicitaron. Además, los medios de comunicación informaron de rescates de personas por parte de los militares horas antes del intercambio de mensajes entre Feijóo y Mazón.

La verdad es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ordenó a la UME empezar a prepararse para una posible intervención ese mismo martes día 29 a las 9 de la mañana y no dejó de hacerlo a lo largo de todo el día, a pesar de que la consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana rechazó hasta tres veces el ofrecimiento de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, de movilizarla. Gracias a la preparación preventiva, la UME pudo ponerse en marcha a las 15:45, un minuto después de que la solicitaran para la comarca de Utiel-Requena y empezar a rescatar gente a las 17:55. Lo mismo ocurrió con los subsiguientes envíos de efectivos a las zonas afectadas; por eso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pudieron satisfacer el cambio de parecer del señor Mazón el día 2 de noviembre, cuando pasó de pedir 500 militares a más de 5000 militares en unas pocas horas. Y lo mismo ocurrió con las demás agencias de la Administración General del Estado que intervinieron en la crisis. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, canceló su agenda oficial el día 29 a primera hora y se dedicó en exclusiva a movilizar y a gestionar el apoyo de la Administración General del Estado a la Generalitat.De hecho, a las 9:30 ya se reunió con entidades como, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, la Policía Nacional, la Guardia Civil, ADIF o Renfe para que estuviesen listas para movilizarse.

La AEMET y la Confederación del Júcar, culpables

El presidente del PP no dudó en culpar a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y a la Confederación Hidrográfica del Jucar, dependiente también del Gobierno central, de no haber alertado en tiempo y forma a la Generalitat sobre la situación. “Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe –dijo el 31 de octubre en defensa de Mazón–. Y la información que se recibe son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del Gobierno central. Léase la AEMET, que es la que informa sobre la previsión de las horas o las precipitaciones, y la Conferencia Hidrográfica, que es la que tiene competencia exclusiva en los cauces y en la gestión hidráulica de los ríos”. Y añadió: “Nadie puede tomar decisiones en función de una información que puede ser exacta, inexacta o mejorable”. 

Falacia al descubierto: El presidente del PP conocía podía conocer la información meteorológica de ese fatídico 29 de octubre en la Comunidad Valenciana y en toda España porque era pública. Y también la que suministró la Confederación Hidrográfica del Júcar, que puede consultarse online de forma abierta.

La verdad es que a las 7:31 de la mañana, la AEMET activó el nivel rojo para el litoral sur de Valencia y llamó al departamento de Protección Civil de la Comunitat Valenciana para subrayar la gravedad de la situación. Informó de nuevo a las 9:43 de la subida a nivel rojo en toda la provincia de Valencia y continúo emitiendo comunicados públicos sobre los cambios en los avisos, llamando a Protección Civil valenciana durante toda la jornada del día 29. En cuanto ala Confederación Hidrográfica del Júcar, ya a las 12:07 minutos informó sobre el crecimiento del caudal del barranco del Poyo, información que el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana usó para activar la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la rambla. Envió 198 correos electrónicos a las autoridades de Protección Civil, estuvo presente en el CECOPI desde el primer momento, donde alertó del incremento generalizado de los caudales en toda la provincia de Valencia y transmitió durante todo ese tiempo datos sobre la pluviometría y el nivel y volumen de los embalses y los ríos de forma constante. No hubo, como se ha dicho, ningún “apagón informativo”, si bien el sensor de Ribarroja dejó de funcionar a las 18:55 de la tarde, aunque la gravedad de la situación ya era conocida y los bomberos ya estaban rescatando personas en el barranco del Poyo.

El barranco del Poyo

Alberto Núñez Feijóo y su número dos en el PP, Miguel Ángel Tellado Figueira, se esforzaron en atribuir los estragos de la riada a la falta de canalización del llamado Barranco del Poyo. Culparon de ello a la entonces vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Ribera. Tellado la tildó en el Congreso de los Diputados de “incompetente, intransigente y tremendamente egoísta”. Y algo más: “Si no hubiese anulado en el año 2021 el proyecto de encauzamiento y drenaje del barranco del Poyo, se hubieran salvado muchas vidas”.

La verdad es que fue Teresa Ribera quien firmó en 2011 como secretaria de Estado la única declaración de impacto ambiental favorable a las intervenciones en el barranco del Poyo. Y el Ejecutivo del PP, presidido por Mariano Rajoy, no abordó el proyecto, que caducó en 2017. En 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez recuperó las obras de emergencia y se encontró con problemas debido a la falta de consenso en el territorio. “Fue una pena que costara tanto poner orden en el caos de las obras declaradas de interés general por parte del Estado, con los terrenos ya expropiados, cuando llegamos al Gobierno en junio de 2018”, reconoció la actual vicepresidenta de la Comisión Europea.

La gente se ahogaba y Mazón mentía

Los mensajes de Mazón a Feijó revelan que el entonces president de la Generalitat sabía que la Dana estaba causando muertos en Utiel y más abajo, en la Huerta Sur. Sin embargo mintió el 17 de noviembre de 2025 en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados al asegurar que no supo que la gente se estaba ahogando “hasta las cinco de la mañana del día siguiente”. El diputado de Compromis Alberto Ibáñez Mezquida le pregunta: “¿Usted cree que, mientras la gente se ahogaba, era lógico ir de paseo a hablar del derbi de Elche? ¿Era normal?” Mazón contesta: “Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando, nadie lo sabía”. (Varios señoras y señores diputados: ¡Ohhhhh!). Ibáñez incide: “¿Usted no sabía que se estaban ahogando? ¿Ninguna de las llamadas? ¿Usted puede decir aquí que ninguna de las llamadas que usted recibió ni ninguno de los wasaps le informaban de que la gente estaba encima de los tejados? Mazón se defiende diciendo que Rufián no le dejó contestar a esa cuestión y que la delegada del Gobierno dijo lo mismo que él. Ibáñez insiste: “Señor Mazón, cuando venga la delegada del Gobierno, le preguntaremos a ella. ¿Usted puede ratificar aquí que a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose? Mazón contesta: “Hasta las cinco de la mañana deldía siguiente…”

La verdad es que Mazón escribió a Feijóo a las 23.25: “No lo hemos hecho público aún, pero están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto”. Y un minuto después añade: “Van a ser decenas, seguro”. Feijóo, que ya sabía por un mensaje anterior que había “muchos desaparecidos” respondió dos minutos después´: “Lógico. Ánimo amigo”. Y sin una palabra sobre las víctimas, le reiteró: “Lleva la iniciativa de comunicación… Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando”.

Aunque según dejó claro Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional madrileña, «mentir no es delito», faltar a la verdad queda feo y hacerlo (como hizo Mazón) ante una comisión de investigación del Congreso está castigado con multa y pena de seis meses a un año de prisión.