Luis Díez.

La posibilidad de vivir sin trabajar es hoy mas cierta que nunca. Gran parte de las personas que la sociología define como “clase media trabajadora” en esto que llamamos “primer mundo” van a experimentar el impacto inmediato –si no han comenzado a sufrirlo ya– de la gran revolución tecnológica digital que convertirá en humo su labor y suprimirá su puesto de trabajo. El alcance de la Inteligencia Artificial (IA) trastocará el mundo, anulando empleos y haciendo innecesario que la mayoría de los que ahora son niños de menos de cinco años tengan que trabajar.

Eso dijo el domingo pasado al Wall Street Journal el multimillonario tecnológico Vinod Khosla. El principal inversor en Open AI desde 2019 viene repitiendo que el impacto laboral de la AI será extraordinario por el ahorro de mano de obra en la producción de bienes y servicios. Khosla ha pronosticado que la IA estará haciendo en 2050 el 80 por ciento del trabajo en todos los empleos, lo hará necesaria una “renta básica universal para compensar la destrucción de empleos”.

Según este tecnólogo nacido en India y considerado uno de los inversores con mayor acierto y visión de futuro en Estados Unidos al apostar por Open AI antes de la creación de ChatGPT, “a medida que la IA reduce la necesidad de mano de obra humana, el salario básico universal será crucial y los gobiernos tendrían que desempeñar un papel clave en la regulación del impacto IA y en la distribución equitativa de la riqueza”.

Esto significa, según Khosla, que la irrupción de la IA va exigir cambios políticos radicales, comenzando por una nueva gobernanza del capitalismo y un sistema fiscal que no solo iguale los impuestos a los beneficios del capital con los que hoy soportan las rentas del trabajo, sino también que los aumente en una proporción equivalente a la desaparición de los empleos y por tanto de los impuestos a las rentas del trabajo.

En síntesis, la predicción de este experto inversor que reclama más impuestos a los beneficios, el lujo y los bienes raíces, es que el coste de la mano de obra caerá tanto que su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) –él se refiere a EEUU– será poco significativa. Y lo que viene después no será una catástrofe sino lo que él considera “una nueva era de abundancia”.

Cierto es que del dicho al hecho hay un trecho y que el color político de los gobiernos será determinante a la hora de dirigir este proceso tan inevitable como la irrupción de las lavadoras y la desaparición de las lavanderas a partir de la llegada del agua corriente a los hogares. Por eso será más importante que nunca el voto a los defensores de la cohesión social y la igualdad fiscal frente a los conservadores de derechas que todavía apuestan por los incentivos a los inversores y las reducciones fiscales a los beneficios.

Con sus reflexiones en entrevistas periodísticas, podcast y artículos en redes sociales, el señor Khosla, un capitalista al fin y al cabo que ha respaldado al Partido Demócrata y considera que el acercamiento de algunos prebostes tecnológicos a Donald Trump no es verdadero capitalismo sino cabildeo clientelar, trata de poner sobre la mesa el debate sobre una realidad inminente e insoslayable. Sobran trabajadores y sobrarán más en todos los sectores. ¿Qué hacer?

En España la propuesta del Gobierno progresista de ir reduciendo la jornada laboral fue derrotada por la derecha, la ultraderecha y Junts –nunca mejor dicho–. Es una forma de ir afrontando el reto sin descuidar otras variantes, como la reducción de precios que se podría derivar de la tendencia al menor coste de los bienes y servicios al reducir la mano de obra. En este sentido muchos economistas advierten que las ganancias en productividad no se trasladan a precios más bajos para los consumidores y usuarios. Sin políticas firmes, el beneficio redundará en los que ya poseen fortunas y acentuará las desigualdades.

También pesan, y mucho, en este debate las variantes sobre las fugas de inversores a países más o menos propicios en términos fiscales. Y, desde luego, el ritmo de implantación de la IA y su impacto en las empresas y entidades. De momento, el 90 por ciento de los directivos consultados que aplican IA en sus empresas dicen que no ha afectado al empleo ni a la productividad en los últimos tres años y estiman  que supondrá un crecimiento de la productividad en torno al 1,5 por ciento en 2029.

Además de los efectos socioeconómicos de la IA en todos los sectores públicos y privados, incluida la producción y el uso del armamento más sofisticado, las implicaciones éticas, jurídicas e incluso medioambientales de esta herramienta del siglo XXI llevó a la UE a aprobar hace dos años el primer Reglamento (rango de ley en los países miembros) sobre el uso y control de la IA para preservar los derechos individuales básicos. El Reglamento de IA entró en vigor este año y desde el próximo mes de agosto el Gobierno podrá sancionar a los operadores que incumplan las normas comunitarias y estatales.

La norma de la UE es la primera del mundo, en contraste con la negativa del presidente de EEUU a regular esta materia, y establece obligaciones para proveedores y usuarios en función del riesgo de IA. El primer nivel es el “riesgo inaceptable” de IA que prohíbe expresamente “la manipulación cognitiva del comportamiento de personas o de grupos vulnerables específicos: por ejemplo, juguetes activados por voz que fomentan comportamientos peligrosos en los niños; la puntuación social: clasificación de personas en función de su comportamiento, estatus socioeconómico o características personales, y los sistemas de identificación biométrica en tiempo real y a distancia, como el reconocimiento facial en espacios públicos (con excepciones policíacas cuando se trate de evitar un delito y previa autorización judicial).

El reglamento contempla el “alto riesgo” general para la integridad de las personas por la IA en coches, aviones, ascensores, etcétera, y el “alto riesgo específico”, en ocho categorías, incluyendo el empleo, la gestión de trabajadores, de inmigrantes y exiliados, entre otras materias. Y exige que todos los sistemas de IA de alto riesgo sean evaluados antes de su comercialización y a lo largo de su ciclo de vida. Los ciudadanos y ciudadanas tendrán derecho a presentar reclamaciones sobre los sistemas de IA a autoridades nacionales específicas. Por último exige unos “requisitos de transparencia” ineludibles. Por ejemplo, la IA generativa, como ChatGPT, no se considera de alto riesgo, pero ha de cumplir las exigencias de transparencia en relación con los derechos de autor en la UE.

Por otra parte España ha sido elegida por Naciones Unidas como sede del llamado Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad. Este organismo, dirigido por la ingeniera española Ana García Robles y radicado en Valencia, echó a andar en mayo pasado con la función de reforzar el diálogo global y las alianzas de gobiernos, empresas, comunidad científica y sociedad civil para contribuir al desarrollo y uso de la IA con criterios de seguridad, confiabilidad, derechos humanos y desarrollo sostenible.