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¿Quién defiende el derecho de pernada de Julio Iglesias y otros jefes ‘machirulos’?

Luis Díez.

Preguntó el juez: “¿Quién mató al comendador?” Y respondió el pueblo: “Fuenteovejuna, señor”. Volvió a preguntar el juez: “¿Quién es Fuenteovejuna?” Y respondió el pueblo: “Todos a una”.

Cuando Lope de Vega escribió el drama inspirado en la unión del pueblo cordobés de Fuente Obejuna para liquidar al comendador mayor de Calatrava, Fernán Gómez, por haber violado a la joven Laurencia, prometida de Frondoso, la gente estaba harta del “derecho de pernada” y demás abusos e injusticias de los señores feudales y comendadores de las órdenes armadas al servicio de los reyes cristianos. En la pernada contemporánea no sólo hay jefes que no te dan el puesto de trabajo si no “pasas por la piedra”, sino una avifauna política defensora de personajes como Julio Iglesias, amigo de Aznar y Botella, y de otros acusados y condenados por delitos sexuales.

La decisión de los vecinos de Fuente Obejuna de tomarse la justicia por su mano ante la criminalidad impune de los poderosos tuvo lugar en 1476, en tiempo de los Reyes Católicos, pero las prácticas de dominación y humillación seguían vigentes más de un siglo después. De ahí que Lope las dramatizara allá por el 1614. El derecho de pernada, que algunos historiadores consideran una invención de los materialistas del siglo XIX para acentuar la conciencia de clase de los obreros e incitarles a la revolución, resultaba tan abusivo y odioso que ya Alfonso X intentó erradicarlo imponiendo en su Fuero Real de Castilla, en torno al 1200, una multa de 500 sueldos y privación del cargo a quien osara deshonrar a la novia de otro la noche de su boda.

La verdad es que los caballeros de horca y cuchillo, duques, condes, marqueses y gente de alcurnia, se burlaron de aquel precepto real y siguieron, según su costumbre, abusando sexualmente de las siervas recién casadas. La indignación popular contra la nobleza y el alto clero no sólo se desbordó en Fuente Obejuna, sino en otras muchas localidades sometidas a la ley del más fuerte. La situación se volvió tan alarmante que Fernando el Católico, acollonado ante aquella revolución en cadena, dictó en 1486 su famosa “sentencia de Guadalupe”, condenando las agresiones sexuales y prohibiendo a los señores feudales acostarse la primera noche con la esposa del súbdito recién casado ni tampoco practicar el rito de la coyunda simbólica –ponerle la pierna encima o pasar sobre ella cuando estuviera echada en la cama– como señal de poder y dominación.

Los Reyes Católicos aplacaron un poco la indignación del pueblo llano, pero ni mucho menos acabaron con aquella ley no escrita, el derecho de pernada, según demostró el gran Lope, denunció Voltaraire dos siglos después y, a pesar de la evolución de la humanidad y de los cambios sociales, políticos y culturales, seguimos sufriendo en nuestro tiempo. El último episodio del abuso sexual de un amo y señor lo hemos conocido esta semana. El cantante español de fama mundial, Julio Iglesias, ha sido denunciado por dos de sus antiguas empleadas –una asistenta y una fisioterapeuta– en las mansiones de Bahamas, República Dominicana y Marbella (España) por agresiones sexuales y malos tratos en 2021 y 2022.

La información destapada por eldiario.es y Univisión en Estados Unidos ya ocupa a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que investiga al octogenario cantante como autor de los presuntos delitos denunciados ante la justicia española el 5 de enero por las dos mujeres, apoyadas por la organización internacional Women’s Link Worldwide (Enlace de mujeres de todo el mundo). El ilustre y millonario personaje sabía bien lo que hacía cuando exigía a sus empleadas certificados médicos sobre su salud sexual, fuera a ser que sufrieran alguna enfermedad venérea o estuvieran embarazadas. Quería ejercer con seguridad esa versión actual del histórico derecho de pernada.

Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y esposa del expresidente del Gobierno, José María Aznar, defendió al alcalde del PP de Ponferrada Ismael Álvarez frente a las acusaciones de acoso sexual de Nevenka Fernández

El mismo derecho de pernada debió de empujar en el año 2000, para empezar el siglo, a aquel condenado alcalde de Ponferrada a perseguir y acosar sexualmente a la concejala responsable de Hacienda, Nevenka Fernández. Con 26 años Nevenka, licenciada en Económicas por la Universidad San Pablo-CEU y máster en Auditoría, trabajaba para Arthur Andersen en Madrid cuando acepto la oferta del PP de concurrir como número tres de su lista a las elecciones municipales de 1999 en su ciudad natal, Ponferrada. Ganaron los comicios y, tras una breve relación con el alcalde Ismael Álvarez, Nevenka comenzó a sufrir un acoso sexual insoportable del regidor, que le provocó una fuerte depresión. Se dio de baja laboral en septiembre de 2000 y unos meses después, en marzo de 2021, denunció al alcalde. Su partido le dio la espalda. El entonces jefe del PP y del Gobierno, José María Aznar López estaba demasiado ocupado, pero su esposa Ana Botella, salió en defensa del acosador. Nevenka sufrió un calvario judicial, con insultos hasta del fiscal del caso, José Luis Ankos, que le reprochó que no se aguantara por los tocamientos en el trasero como hacían las empleadas de Hipercor y la tildó de “putilla”. Pero Nevenka consiguió que la justicia le diera la razón y condenara al machirulo acosador. Álvarez fue castigado con la pena mínima por el delito de acoso — nueve meses de cárcel, una multa de 6480€ y una indemnización de 12000€ a la víctima–, pero tuvo que dimitir de alcalde y será recordado como el primer político condenado por acoso sexual a una subordinada. Eso no quita para que la señora Botella le calificara de “respetable”.

Otros casos notables de jefes con el estigma medieval del derecho de pernada, como el protagonizado por el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sobre la futbolista Jennifer Hermoso tras ganar el Mundial de 2023, acabaron con la dimisión y condena del ínclito (multa de 10.800 euros) por agresión sexual.

El caso del patrón multimillonario Julio Iglesias trae a la memoria el lamentable comportamiento de Plácido Domingo, que este 21 de enero cumple 85 años. En una investigación de la agencia de noticias Associated Press, ocho cantantes y una bailarina acusaron al gran tenor español de “comportamientos sexuales inapropiados”. Solo una de ellas, la mezzosoprano –voz intermedia entre soprano y contralto– Patricia Wulf, eludió el anonimato. En una entrevista a Efe dijo que era “un depredador que ha hecho esto repetidamente”. El acoso sexual –un patrón de tocamientos, besos no consentidos y presiones en un contexto profesional marcado por la asimetría de poder– arruinó la reputación del tenor y en 2019 le costó el puesto de director de la Ópera de Los Ángeles, que ejercía desde 2003. Aunque no hubo acusación judicial, la investigación del sindicato estadounidense de artistas musicales (AGMA) confirmó la veracidad de la denuncia y a Domingo no le quedó más remedio que pedir perdón y desaparecer de escena en EEUU. En Europa volvió a actuar un año después y en Madrid reapareció en una gala benéfica el 6 de junio de 2021.

Isabel Díaz Ayuso ha salido en defensa del cantante Julio Iglesias con un argumento estúpido

Ahora, mientras la justicia investiga las acciones delictivas del machirulo Julio Iglesias contra sus empleadas, la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso ha sido la primera política del PP en salir en defensa del cantante con un mensaje tan estúpido como disparatado. Preguntada si va a retirar la medalla de honor que le impuso su mentora y antecesora Esperanza Aguirre en 2010, Ayuso dijo que no. Y a continuación escribió en X: “Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”.

Con representantes políticas tan machistas (que no hembristas) como la casamentera Botella en su momento y ahora la novia del comisionista de Quirón y delincuente fiscal Alberto González Amador (Ayuso), se comprende que las tendencias de plomo contra las mujeres permanezcan per omnia seculae mientras las conductas de oro siguen siendo escasas entre los señoritos más o menos adinerados, los que logran subirse al carro del poder político y los que ejercen el poder económico. Pero más allá de las leyes que desde los tiempos de Alfonso X tratan de corregir los abusos contra las mujeres, las fuerzas de la indignación castigarán de un modo u otro a los que no respetan la dignidad humana.

«¡Ánimo Alberto!»

Luis Díez.

Carente de discurso y proyecto propio sobre el futuro de nuestro país, el presidente del principal partido de la derecha, Feijóo, asiste atónito desde que llegó a Madrid, hace tres años y medio, al creciente prestigio y valoración del presidente del Ejecutivo español en el ámbito internacional. Su valía y capacidad es indudable en el seno de la Unión Europea (UE), donde ha encabezado propuestas de éxito, beneficiosas para nuestro país en materias tan decisivas como el mercado energético y la recuperación económica después de la amarga pandemia del Covid-19. Su paciencia y resistencia es encomiable frente a la política ratonera de los patriotas de la derecha, día y noche entregados al ruido y la mendacidad. Su defensa de los intereses españoles en Europa y en el mundo es loable por el fundamento, la firmeza y la capacidad de diálogo y negociación que despliega ante otros mandatarios. No solo conecta con las necesidades de amplios sectores sociales y económicos, sino también con los valores y emociones de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Lo hemos visto en la causa por la supervivencia de Palestina, anticipándose a otros grandes países en el reconocimiento del Estado Palestino y acumulando fuerza social y moral para obligar al genocida Benjamín Netanyahu y forzar a su cómplice, el militarista faccioso Donald Trump, a parar el exterminio de palestinos en Gaza.

Con una mayoría precaria en el Parlamento y unas alianzas de gobierno con esa izquierda del PSOE siempre tendente a enfatizar la pluralidad y acentuar las diferencias fraccionarias, el socialista Sánchez realiza una política interna equilibrada y positiva para la clase media trabajadora que le sitúa a gran distancia de la época en que el PP, con mayoría absoluta, recortaba derechos a los trabajadores, implantaba el despido libre a coste mínimo –para “crear empleo”, decían–, subía impuestos a los asalariados mientras decretaba amnistías para los grandes defraudadores, congelaba las pensiones de los jubilados y legislaba para impedir que volvieran a subir igual que los precios al consumo o, en fin, no promovía una sola vivienda social y vendía a precio de saldo las pocas que había en Madrid a los fondos buitre, convenientemente asesorados por un hijo de la alcaldesa Ana Botella y el expresidente Aznar, gran privatizador, amén de belicoso y tramposo para no ir a la mili. La reversión de aquella política nefasta y la reparación de la sima con Cataluña que, no olvidemos, celebró aquel 1 de octubre de 2017 su referendo de autodeterminación con 2,1 millones de votantes (el censo era de 5,3 millones) a favor de la República Catalana, añaden épica, audacia y acierto a la política del presidente Sánchez.

Aunque no estemos en tiempo electoral conviene pedir “calidad” a los políticos y, como decía el Miquel Roca de los mejores tiempos, tendríamos que ir a votar como quien va a comprar un coche, una lavadora o frigorífico: “Escolteu! Que almenys funcioni!” (¡Óiga, que al menos funcione!). Por suerte, el presidente Sánchez funciona y, haciendo de la necesidad virtud, está conduciendo al país a unas mejoras sociales apreciables y tasas de empleo y crecimiento económico sostenido por la senda de la economía sostenible que provocan la admiración de muchos países. Eso enfurece a una oposición reaccionaria que no descansa en su producción de bulos, insultos y causas para deteriorar a Sánchez, atacando a su esposa, su hermano y hasta su suegro que en paz descanse con la colaboración de algunos jichos judiciales tan contaminados como celosos de su independencia. Es lo que pasa cuando se judicializa la política como han hecho los dirigente del PP no solo en respuesta a los independentistas catalanes, sino también como ardid ante el nuevo impulso corrupto que encabezan la nueva millonaria Ayuso y su pareja Alberto González Amador.

Si la lenguaraz Ayuso, quien lo mismo acusa al presidente del PNV de amenazarla de muerte como cuando la ETA cometía atentados, que se declara insumisa o ajena al cumplimiento de la ley del aborto –“Vayanse a otro lado a abortar”, ha sido su último grito–, que llama “bilduetarras” a los parlamentarios vascos democráticamente elegidos, etc. etc., fuera mínimante eficaz, Madrid no tendría un transporte público masificado y hecho unos zorros, unos precios insoportables de la vivienda y, desde luego, un porcentaje de abortos tan escaso en la sanidad pública (el 0,2% de los registrados en 2024). Si su colega el alcalde José Luis Martínez-Almeida Navasqués no comulgara con Vox para aterrar con síndromes monstruosos a las mujeres que se ven abocadas a abortar. Y si, en fin, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se hubiera mostrado eficaz en sus competencias sanitarias, miles de mujeres –se han contabilizado 3000 de momento– habrían recibido urgentemente los resultados de sus mamografías ante los signos de un posible cáncer de mama, para que se sometieran a nuevas pruebas diagnósticas y en su caso al consiguiente tratamiento. Pero no les enviaron los resultados “para no alarmarlas”, dijo Bonilla, quien cesó a su consejera de sanidad, y van tres. Si a tanta ineficacia con resultado de muerte –incluido el cruel comportamiento de Ayuso con los ancianos de las residencias durante la pandemia– se añaden las actitudes de otros reputados presidentes autonómicos del PP (con Vox), como el valenciano Carlos Arturo Mazón Guixot, un inútil falsario de lo peor, como demostró ante la DANA del 29 de octubre del año pasado que costó la vida a 229 personas en Valencia sin que la Generalitat alertara a tiempo a la población, o como el salmantino Alfonso Fernando Fernández Mañueco, que no se sabía por donde andaba cuando ardían Las Médulas en el Bierzo. Después apareció para la foto mientras se quemaban varias aldeas, ardían miles de hectáreas de monte, bosque, viñedos y frutales en León y Zamora y Salamanca –además de Orense, tierra de Feijóo– y morían dos voluntarios y un bombero forestal, al tiempo que cuatro militares de la UME y numerosos paisanos resultaban heridos en su lucha contra el fuego.

Ante tamaña exhibición de «calidad» de los presidentes autonómicos del PP y buen «funcionamiento» en momentos decisivos –así gobierna el PP– es comprensible que el aspirante al sillón de La Moncloa y supuesto jefe superior de la tropa, señor Feijóo, se desespere y descargue su inquina contra el presidente del Gobierno, en dura competencia con la deslenguada Ayuso. Una le llama “hijo de puta” y el otro amplía el concepto para afirmar que “se beneficia” de la prostitución, lo que incluye al vulgarmente llamado “chulo putas”. Es razonable que el elevado discurso de un hombre de Estado sometido a tan cruel competencia de la ultraderecha interna y externa provoque incluso la solidaridad del presidente Sánchez, impresa en su respuesta: “¡Ánimo Alberto!”