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Del observatorio a la prevención del racismo y el odio a los inmigrantes

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Incendio de un asentamiento de trabajadores inmigrantes en Palos de la Frontera (Huelva)

Luis Díez.

El Estado español dispone de medios poderosos para combatir el racismo y la xenofobia. Son los cuerpos y fuerzas de seguridad, las multas y sanciones en manos de los delegados y subdelegados del Gobierno, el Código Penal a disposición de fiscales y jueces. Sin llegar a ese aparato punitivo puede aplicar medidas preventivas para evitar estallidos de odio violento como el desvivido contra personas de origen magrebí en la localidad agraria de Torre Pacheco (Murcia).

Si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que es titular Elma Saiz Delgado, dispone de un sistema de monitoreo en tiempo real de los mensajes de odio en las redes sociales, tendría que servir para algo más que para conocer la etiología del odio y elaborar estadísticas. Tendría que servir para evitar la difusión del odio y la incitación a la violencia. Si se tratara de prevenir, por ejemplo, muertes por gripe, de nada nos serviría tener vacunas si no las usamos.

Algo de eso ocurre con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), que así se llama la herramienta en manos del departamento de la ministra Saiz. Éste instrumento detecta en tiempo real a diario, todos los días del año, los mensajes de odio en las redes sociales. Para ello cuenta con un sistema llamado FARO (Filtrado y análisis de odio en las redes sociales) que descubre, analiza, recopila y ordena los discursos con motivación racista, xenófoba, islamóbofa, antisemita y antigitana. El monitoreo se realiza sobre las redes sociales más usadas (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X). Y los seis lectores y dos analistas coordinadores avisan a las plataformas cuando encuentran mensajes delictivos, sancionables por vía administrativa o contrarios a las normas de uso de las propias plataformas digitales.

Mensajes de odio

En el caso del llamamiento de la extrema derecha a la violencia en Torre Pacheco (Murcia), el sistema detectó un pico extraordinario de mensajes de odio. Pasó de 2.313 el 9 de julio a 11.081 el 11 de julio. En el ínterin, el 10 de julio, se produjo la agresión de tres jóvenes de origen magrebí a un hombre de 69 años. La foto del hombre con la frente ensangrentada fue utilizada por cabecillas ultras para incitar a los grupos neonazis “a la caza del moro”. Emplearon además videos manipulados, bulos y noticias tergiversadas.

Los mensajes de xenofobia y odio hacia los ciudadanos de origen magrebí arraigados desde hace décadas en la localidad murciana y con nacionalidad española en la mayor parte de los casos llegaron a 32.892 el 12 de julio y fueron 23.758 el día 13. Las jornadas que siguieron fueron también de muchos mensajes contra los norteafricanos, con una horquilla entre 11.870 el día 14 y 5.575 una semana después, el 21 de julio. Ya el 22 de este mes, las expresiones de odio en las redes volvieron a la normalidad: poco más de dos mil, según la Web del OBERAXE.

Aun con las limitaciones de personal –ocho empleados– y de monitorización –sólo textos en español y en perfiles públicos, lo que excluye a Telegram–, resulta evidente que la supresión de los mensajes delictivos de incitación al odio y la violencia contra los inmigrantes evitaría la expansión de esa venenosa polución mental. Con ello se acotaría el insoportable clima de insultos, injurias, calumnias y llamamientos a la agresión de los migrantes por parte de los cabecillas de la extrema derecha, enemiga de la convivencia, de los derechos humanos y de los valores democráticos. Tanto esas convocatorias “a cazar moros” como otras acciones delictivas con las que el PP se ha mostrado complaciente se convertirían en flautus vocis carentes de eficacia.

Ocurre que los datos suministrados por el OBERAXE sobre la supresión de mensajes de odio no concuerdan con los consignados en un boletín especial de ese observatorio sobre el caso de Torre Pacheco. En el boletín se afirma que suprimieron más del 20% de los mensajes incitando al odio y la violencia en la localidad murciana, pero la gráfica interactiva de la web del OBERAXE sólo muestra la retirada de 11 mensajes el día 10 de julio. En las jornadas que siguieron se registraron retiradas de un mensaje y algunos días de ninguno. Como es sabido, las convocatorias prendieron y al final fue el despliegue de más de setenta guardias civiles el que evitó agresiones y mayores males provocados por neonazis llegados de fuera.

Racismo institucional

Si el Gobierno progresista ha de afinar los instrumentos para prevenir y evitar esos estallidos de odio y violencia contra los inmigrantes y sus familias, también parece evidente que alcaldes como el de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca Tornel, un tipo del PP, caldeó los ánimos de los vecinos convocando una manifestación nada más saber que tres jóvenes de origen magrebí habían pegado a un hombre mayor. El regidor actuó en consonancia con las declaraciones de algunos líderes de su partido y de Vox. Durante la concentración, algunos vecinos culparon al presidente del Gobierno (¿Cómo no?) de la inmigración y se realizaron coreando “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” como le llamó Ayuso desde el palco de invitados del hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Hay acciones y declaraciones de regidores, casi siempre del PP y Vox, demasiado complacientes con la violencia verbal, la denigración y el maltrato a inmigrantes. Para algunos, como el concejal de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Fiestas de Ponferrada (León), un tipo del PP llamado Carlos Cortina, las pintadas racistas aparecidas en las pilastras del puente del paseo Río Sil sólo son “un hecho puntual” que en absoluto indica racismo en la capital del Bierzo. “Ya están siendo borradas”, añadió. El alcalde, otro tipo del PP llamado Marco Morala, ha preferido no hacer declaraciones en este caso. ¿Tan difícil resulta a un abogado como Morala, que es regidor gracias a dos concejales de Vox, denunciar las pintadas y abrir la consiguiente investigación?

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Las pintadas aparecieron coincidiendo con los mensajes de odio contra los magrebíes de Torre Pacheco. Entre otras expresiones se leía: “Islam=mierda”, “Fuera paguitas” y “Fuera de España panchitos, moros y negros”.

Los mismos periódicos locales que recogían esas frases miserables denunciadas por el PSOE informaban días después: “El campo berciano busca 1.300 temporeros para trabajar en la recolección de pera y manzana”. Según la Asociación Berciana de Agricultores, que gestiona la bolsa de empleo rural, la campaña que comienza a finales de agosto con la recogida de la pera conferencia y la manzana reineta necesitará por lo menos los mismos braceros que la temporada pasada. La asociación hará unos 1.500 contratos. Y en el futuro serán más porque la superficie de frutales va aumentando.

De “racismo institucional” pudo ser tachada la actitud del alcalde de Palos de Moguer (Huelva), un sujeto del PP llamado Carmelo Romero Hernández, que se negó a acoger en las instalaciones municipales a los inmigrantes africanos cuyo asentamiento de chabolas improvisadas quedó arrasado por un incendio nocturno. El fuego redujo a cenizas el racimo de chabolas de Pinospardos, a seis kilómetros del pueblo. Las llamas se extendieron en un santiamén, se elevaron hacia el cielo y destruyeron todo el campamento, incluidos algunos vehículos. Los inmigrantes lo perdieron todo, menos la vida. Por suerte no hubo muertos que lamentar, aunque sí heridos. No se sabe cuántos. Dos ambulancias se desplazaron al lugar y los enfermeros atendieron a los quemados y proporcionaron oxígeno a mujeres y niños afectados por el humo.

Los inmigrantes –unos cuatrocientos temporeros de la fresa– pidieron ser acogidos en algún pabellón del pueblo, pero el alcalde Romero Hernández se negó a socorrer a aquella pobre gente pese a contar con el magnífico polideportivo Plus Ultra con duchas, vestuarios y un pabellón cubierto que habría servido para cobijar y confortar a los damnificados. Ese tipo era entonces (13 de mayo de 2023) diputado nacional del PP además de alcalde. Cinco meses antes le había tocado el gordo de la Lotería de Navidad (400.000 euros, según declaró en al Congreso). Ahora es senador y ha dejado la alcaldía a su hija y concejala Milagros Romero, quien le ha nombrado primer teniente de alcalde. ¿No es estupendo?

Un Comisionado sería menester

Aunque no se refleje en el observatorio OBERAXE, el “racismo institucional” hacia los inmigrantes temporeros, en su mayoría norteafricanos, que trabajan en los cultivos bajo plástico y residen en chabolas construidas con materiales de deshecho de los propios invernaderos, resulta patente (y patético) en el trato que les dan numerosos Ayuntamientos. Les niegan el agua potable, la luz, la recogida de residuos y otros servicios elementales y cuando reclaman algo tan básico como una toma de agua les responden que al no estar empadronados no son vecinos ni tienen derecho.

La situación ha alcanzado tal grado de indignidad que después de visitar los municipios freseros bajo el mar de plástico en Huelva, los diputados de IU y Sumar, Enrique de Santiago, Juan Antonio Valero y Francisco Sierra han presentado una proposición no de ley para crear un Comisionado estatal que vele por la inmigración temporera especialmente en la provincia de Huelva. El texto atribuye al futuro Comisionado “la competencia específica” para abordar la situación unas 5.000 personas migrantes empleadas en las campañas agrícolas que residen en asentamientos de chabolas. Sólo para la recogida de la fresa en Huelva se contratan en Marruecos más de 15.000 braceros de febrero a junio. La mayoría son mujeres.

La proposición no de ley de la izquierda del PSOE denuncia “la continua y reiterada vulneración de los derechos humanos que sufre la población migrante” en la provincia de Huelva, donde miles de personas viven en asentamientos provisionales construidos con cartón, plásticos y tablas “sin acceso a agua potable, saneamiento, electricidad, empadronamiento, atención sanitaria o recogida de residuos”. Según Francisco Sierra la situación es intolerable y exige una respuesta institucional de mayor alcance a la que han dado hasta ahora los gobiernos locales, autonómicos y el Ejecutivo estatal.

La derecha española imita a Trump contra los inmigrantes y sus hijos

Comentario de actualidad, Crónica, , , , , , , , , ,

Luis Díez.

Por más que exhiban su cinismo, los “autores intelectuales” de la incitación al odio, el racismo y la violencia contra los inmigrantes son personajes y cargos electos de ese PP que fundó Manuel Fraga Iribarne a partir de aquella Alianza Popular formada con los prebostes más evolucionados del franquismo, conocidos en 1976 como “los siete magníficos”. De ese PP y su brazo desgajado de extrema derecha al que llaman en latín Vox (Voz), emanan los mayores dicterios contra la inmigración y las promesas de expulsar a todos los sin papeles, los arraigados y sus hijos nacidos en España, como está haciendo en Estados Unidos (EEUU) su presidente y jefe supremacista Donald Trump.

Puede parecer contradictorio que los cachorros de los herederos del franquismo –que fue “el fascismo con corrupción”, me dijo una vez el sociólogo Amando de Miguel– vayan “a la caza del moro”, ayer en Torre Pachecho (Murcia), hoy en Alcalá de Henares (Madrid), mañana en Ponferrada (León)…, dado que el propio Franco y sus subordinados Varela y Orgaz trajeron a más de 100.000 mercenarios “moros” a matar rojos y ganar la guerra. ¿Tan mal les parece ahora que vengan a trabajar, no a matar, y ocupen los empleos que los españoles no quieren? ¿Tan mal les parece que subsaharianos, hispanos y demás personas de distintas razas y religiones aporten su inteligencia y esfuerzo al desarrollo y bienestar de nuestro país?

De antemano sabemos que los autores intelectuales del rechazo y el odio a los inmigrantes son los mismos que les quitaron el derecho universal a la asistencia sanitaria, los mismos que suprimieron las ayudas a la integración y que se opusieron con una contumacia feroz a las regularizaciones para, entre otras cosas, evitar la explotación inhumana a la que sometían a los “sin papeles”. El cinismo de los jefes del PP y su brazo fascista Vox alcanza niveles extraordinarios con tal de no reconocer que la inmigración es riqueza y que la economía española funcionaría mucho peor o sencillamente no funcionaría sin los inmigrantes, que en su inmensa mayoría vienen a trabajar y no a delinquir ni a aprovecharse de los servicios públicos como pregonan los más cínicos entre los mandos de la extrema derecha y la derecha extrema. Y ya es sabido que “cínico” viene de can, canelo o perruno que defeca y orina en público sin sentir ningún pudor.

Los jefes del PP y Vox criminalizan a los inmigrantes como si fueran delincuentes y al primer episodio (real o inventado) cometido por un inmigrante alientan el racismo, pregonan el malestar de la buena gente y mientras unos instigan a la violencia (“la caza del moro” en Torre Pacheco por la agresión a un jubilado) otros se solazan en ella y evitan condenar los ataques a los trabajadores inmigrantes. Luego, con un mensaje muy duro, que incluye deportaciones masivas al modo trumpista en EEUU, esperan sacar votos, millones de votos, de ese caldo de cultivo creado por ellos y para ellos, eso sí, “en defensa de España”. Si unos “nos rompen España” otros “nos quitan España”.

  • La presencia policial ha evitado el linchamiento de inmigrantes en Torre Pacheco por parte de supuestos vengadores neonazis

En ocasiones la consigna de los autores intelectuales del odio a los inmigrantes es muy nítida. Así, un día antes (el 8 de julio) de la agresión al anciano de Torre Pacheco por parte de tres jóvenes de ascendencia marroquí y de las posteriores convocatorias de ultraderechistas relacionados con Vox para acudir a esa localidad murciana “a cazar moros», la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proclamó que “la inmigración irregular masiva” es un fenómeno “provocado y perfectamente medido por el Gobierno de Pedro Sánchez para crear problemas de convivencia y saturar los servicios públicos y reventar el país”. Se explica que un grupúsculo de pachequeros coreara insultos contra Pedro Sánchez ante las cámaras de televisión. Ayuso completó su consigna contra el Gobierno progresista: “No sé si es que buscan el estallido social o dejar una España ingobernable en el futuro”.

Por supuesto que la “autoría intelectual” del odio contra los inmigrantes del sur no es exclusiva de Ayuso, a la que el término “intelectual” puede resultar excesivo, sino compartida con su solemne jefe Alberto Núñez Feijóo, quien dice que los inmigrantes “vienen a delinquir”, y con los jichos de Vox, el enfático Abascal (“Santi” para Esperanza Aguirre, que lo amamantó con dinero público), su vicepresidenta y diputada por Almería, Rocío de Meer, quien anunció la expulsión de ocho millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes nacidos en España pocos días antes del asalto a Torre Pacheco y, por supuesto, por el vicepresidente y consejero de Seguridad e Interior del gobierno regional murciano de coalición PP-Vox, José Ángel Antelo.

Entre unos y otros, la extrema derecha y la derecha extrema que eliminó el derecho a la asistencia sanitaria universal de los inmigrantes cuando gobernaba, que suprimió los fondos de integración, rechazó más del 90% de las peticiones de asilo y refugio, en contraste con la concesión de la residencia sin límite a quien viniera con medio millón de euros para comprar una vivienda, están haciendo todo lo posible para convertir la inmigración en un problema político de primer orden. Y sobre todo aprovecharán bulos y amplificarán desgracias para colocar su mercancía electoral, nada imaginativa, por cierto, sino al dictado de Trump.

De hecho, los neonazis convocados a “cazar moros” en Torre Pacheco a través de Instagrán por los cabecillas del grupo Deport Them Now (Deportarlos ahora), vinculado a Vox y a formaciones de extrema derecha de varios países europeos, reciben la inspiración (y algo más) de los emisarios de Trump, entre ellos, el propagandista ultra Bannon (no confundir con un saco de estiércol). En mayo pasado celebraron una cumbre en Italia en la que apostaron por la política trampista y acuñaron el término “remigración” como sinónimo de “deportación y expulsión”. El término fue empleado por primera vez por la vicepresidenta de Vox, diputada De Meer, en la rueda de prensa en la que anunció el objetivo de echar de España a ocho millones de personas.

Los planteamientos del PP y Vox convierten en misión imposible la gobernanza positiva de la inmigración. Las experiencias locales y regionales indican que es posible canalizar los flujos de inmigrantes a nivel nacional y europeo hacia los lugares donde se necesitan. Las fórmulas de colaboración entre los países demandantes de mano de obra y aquellos con trabajadores en paro son hoy posibles e inmediatas a través de las bolsas de empleo en Internet. La regulación de la residencia permanente, intermitente y temporal se ha de perfeccionar. Al mismo tiempo se necesita mejorar el tratamiento de las personas protegidas como asilados y refugiados con el fin de que puedan trabajar y labrarse un futuro en nuestro país. Y es menester, por supuesto, dedicar muchos más recursos económicos a cooperación para el desarrollo de nuestros vecinos del sur y más allá del África subsahariana. Todo ello se ha de hacer con el rechazo de una derecha impracticable hasta para cumplir sus obligaciones con los menores inmigrantes y respetar los derechos humanos. Qué pena.

Entre Peinado y el Mortadelo Puigdemont

Crónica, , , , ,

Luis Díez.–Érase una vez un país que asistía a una intriga política apasionante. Después de las vacaciones de agosto volvía a la normalidad y, como en la adivinanza de Pero Grullo, retomaba lo de Rut y Tina. El Gobierno progresista de Pedro Sánchez se esmeraba en gobernar, abordaba y resolvía problemas, y la Oposición de derechas se esforzaba en buscar ardides para desacreditar y desalojar a un Ejecutivo caracterizado por la lucha contra la desigualdad, los avances sociales y la ampliación de las libertades individuales y colectivas.

El jefe de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo, manejaba una técnica pictórica oscurantista. “Oscurece y sobrevive”, era su lema. Había pactado con la ultraderecha (Vox) hacía un año, pero esa ultraderecha rompió las coaliciones de gobierno con el PP en las seis autonomías donde sumaron mayoría porque Feijóo aceptaba el reparto de menores inmigrantes que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla, y eso era intolerable para su colega y aliado Santiago Abascal. Sin embargo, tras una ruptura que no supuso la pérdida del poder del PP, Feijóo rechazó en el Congreso la norma que venía a regular la acogida de inmigrantes. ¿Quién lo entiende? O, dicho de otro modo, ¿quién lo explica?

La realidad era (y es) que los pactos (hora de gobierno, hora de legislatura) del PP con la extrema derecha son una anomalía peligrosa en una Unión Europea que conoce bien el peligro del fascismo y el nazismo y no está dispuesta a dar alas a las formaciones que propugnan el odio y la destrucción misma de la UE. Puede que algunos gobernantes autonómicos del PP como la madrileña Ayuso no se hayan enterado, pero Feijóo si. De ahí que, al margen de la tolerancia del líder con la corrupción de Ayuso y su compañero sentimental y testaferro, Feijóo tenga problemas de coherencia interna y externa, y en vez de aclarar el cuadro, tienda a oscurecerlo.

Todos aquellos trazos gruesos contra la amnistía, aquellas concentraciones masivas, arengas y aspavientos, con la presencia de Aguirre y otros cualificados personajes feijonescos, aznarianos y burlescos en las romerías de la madrileña calle de Ferraz contra el PSOE, eran, al parecer, compatibles con los contactos secretos, por detrás, con Puigdemont para desbancar a Sánchez. ¿En qué quedamos: o Puigdemont o Abascal? O los dos, porque uno solo no basta.

Poco más de un año después de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la XVI legislatura de la democracia española se podría titular: “Por los pelos”. Ni el gran Francisco Ibáñez hubiera confeccionado un guion tan intrigante como ese Mortadelo Puigdemont que nos ha entretenido en agosto, pero, sobre todo, que mantiene la legislatura «por los pelos”. Sin olvidar que Pedro Sánchez fue investido presidente para un segundo mandato por los pelos (gracias a los 4 votos que le faltaron a Feijóo y su conjunción con la ultraderecha, UPN y CC), sus negociaciones fueron especialmente difíciles con ese señor que no se peina y reside en Waterloo para sumar los siete votos de Junts, la antigua Convergencia Democrática de Catalunya, e incluyeron la amnistía a todos los imputados por el “procés” independentista catalán.

Luego estalló enseguida el caso de las mascarillas que, si unos meses antes había golpeado al hermano de la presidenta madrileña Ayuso por una mordida de 250.000 euros, ahora le daba en plena línea de flotación al destapar un lucro de dos millones de euros a su novio o pareja estable, un sinvergüenza que además no declaró esos ingresos a Hacienda y luego, mal asesorados, Ayuso y él mintieron públicamente, de palabra y por escrito, para hacer creer a la opinión pública que era Hacienda la que tenía que devolver el medio millón de euros que habían escamoteado y que al pasar de la vía administrativa a la penal intentaron resolver con un ingreso extemporáneo que la Agencia Tributaria rechazó y devolvió.

Pero fue la petición pública, en el pleno del Congreso, del presidente Sánchez al líder del PP, Feijóo, de que impusiera honradez en sus filas y exigiera la dimisión de Ayuso, la que alentó al juez de primera instancia Peinado, con parientes y amigos al servicio del PP, a admitir una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno. La denuncia fue formulada por unos picapleitos cebados por las derechas y avezados en el uso del derecho para sacar los cuartos a determinados “clientes”. La denuncia, sin prueba ni indicio delictivo alguno, le atribuía tráfico de influencias por la relación profesional de su esposa con una sociedad que prestaba servicio a administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Madrid, gobernando y manejado por el PP desde hace 28 años.

De pronto, entre el intrépido juez Peinado, un personaje oscuro (dos DNI y una casa de asueto registrada como una nave rural) y el tipo que no se peina (el amnistiado Puigdemont), consiguen mantener una intriga en la que se ve a unos haciendo cálculos sobre la duración de la legislatura y a otros, los jefes de la derecha y la ultraderecha, soñando con desalojar a Sánchez, aunque sea por los pelos. Feijóo y sus socios ya contemplan el pacto fiscal con Cataluña y la votación de los Presupuestos del Estado para 2025 como su gran oportunidad. Por el momento hay algo en lo que Feijóo, Puigdemont y Abascal coinciden: su aversión a los inmigrantes. De ahí a la xenofobia y a los crímenes de odio, un paso.

Ayuso se ensaña con Rivas en materia escolar

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Luis Díez

Por alguna razón ajena a las racionales mentes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido mantener una situación de injusticia educativo y abuso del poder con la población de Rivas-Vaciamadrid (95.000 habitantes). El Ayuntamiento le entrega solares para que construya colegios e institutos, pero el Ejecutivo regional mira para otro lado y deja pasar el tiempo (los años) sin cumplir su obligación. Un año más Rivas sufre una situación de “emergencia educativa”, como denuncian las pancartas colocadas en los parques y rotondas de la ciudad. Es como si la presidenta Isabel Díaz Ayuso, su poderoso asesor Miguel Ángel Rodríguez y sus aliados de la ultraderecha hubieran decidido declarar la guerra política a la izquierda (IU y PSOE) que gobierna este municipio desde las primeras elecciones locales (1979) en una materia como la enseñanza pública obligatoria que perjudica también a sus votantes y seguidores.

Rivas necesita dos colegios más de enseñanza infantil y primaria, dos nuevos institutos de enseñanza media y también un centro de formación profesional. Pero el PP, que ordena y manda desde la Puerta del Sol, prefiere alimentar la tensión. Un ejemplo: va a hacer tres años desde que, en noviembre de 2018, el Ayuntamiento de esta ciudad entregó al Ejecutivo de Ayuso una parcela de más de 2.500 metros cuadrados, valorada en cuatro millones de euros, para la construcción de un colegio de educación infantil y enseñanza general básica sin que hasta el día de hoy las autoridades autonómicas hayan decidido contratar e iniciar las obras de construcción. Torres de pisos habitados por familias jóvenes desde hace más de un año rodean esa parcela en la avenida de Pablo Iglesias (el de la imprenta, no el de la televisión). Aulas prefabricadas empiezan a aparecer en los recintos de otros centros. De lo único que se ha ocupado el Ejecutivo de Ayuso es de que el futuro colegio no lleve el nombre de Mercedes Vera, tal como decidió en su día el Consejo Municipal de Educación, que es un órgano consultivo del Ayuntamiento, sino que se llame de la Hispanidad. ¿Por qué?

Las torres de pisos se elevan en menos de un año mientras el Gobierno de Ayuso lleva ya tres de retraso en la construcción de un colegio

Mercedes Vera (1907-2000) fue una maestra represaliada por la dictadura franquista, una mujer que acabó enseñando en la finca El Porcal y en el casco antiguo de aquella pequeña aldea de aparceros que era Rivas hasta los años ochenta del siglo pasado en que la necesidad de viviendas la convirtió en la ciudad actual. Los enseñantes y el consistorio entendían que aquella mujer que combatió el analfabetismo en unas condiciones de pobreza, precariedad y persecución inenarrables merecía un reconocimiento y un recuerdo, pero ya se ve que con la derecha extrema y la extrema derecha eso no es posible. Y la construcción de colegios e institutos públicos en tiempo y forma, tampoco.

Si la iniciativa privada ya ha plantado sus ciudades escolares e implantado su negocio con dos complejos de pago (desde infantil a la universidad) y uno concertado, y no parece que los estamentos confesionales que dominan el sector puedan obtener ya más rendimiento económico, dada la asfixia de las familias, hipotecadas hasta las cejas, la incuria y la injusticia hacia los habitantes de Rivas sólo encuentra explicación en el belicoso estilo de mando de una derecha que, por otra parte, destina cuantiosos fondos de los impuestos de todos los madrileños (pobres y ricos) a compensar la factura escolar de los pudientes que llevan a sus hijos a los colegios privados de pago. En esta materia la señora Ayuso, para quien “la libertad es hacer lo que me da la gana”, sigue la política de su mentora, señora Aguirre, también conocida como la reina de los batracios.