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La derecha española imita a Trump contra los inmigrantes y sus hijos

Luis Díez.

Por más que exhiban su cinismo, los “autores intelectuales” de la incitación al odio, el racismo y la violencia contra los inmigrantes son personajes y cargos electos de ese PP que fundó Manuel Fraga Iribarne a partir de aquella Alianza Popular formada con los prebostes más evolucionados del franquismo, conocidos en 1976 como “los siete magníficos”. De ese PP y su brazo desgajado de extrema derecha al que llaman en latín Vox (Voz), emanan los mayores dicterios contra la inmigración y las promesas de expulsar a todos los sin papeles, los arraigados y sus hijos nacidos en España, como está haciendo en Estados Unidos (EEUU) su presidente y jefe supremacista Donald Trump.

Puede parecer contradictorio que los cachorros de los herederos del franquismo –que fue “el fascismo con corrupción”, me dijo una vez el sociólogo Amando de Miguel– vayan “a la caza del moro”, ayer en Torre Pachecho (Murcia), hoy en Alcalá de Henares (Madrid), mañana en Ponferrada (León)…, dado que el propio Franco y sus subordinados Varela y Orgaz trajeron a más de 100.000 mercenarios “moros” a matar rojos y ganar la guerra. ¿Tan mal les parece ahora que vengan a trabajar, no a matar, y ocupen los empleos que los españoles no quieren? ¿Tan mal les parece que subsaharianos, hispanos y demás personas de distintas razas y religiones aporten su inteligencia y esfuerzo al desarrollo y bienestar de nuestro país?

De antemano sabemos que los autores intelectuales del rechazo y el odio a los inmigrantes son los mismos que les quitaron el derecho universal a la asistencia sanitaria, los mismos que suprimieron las ayudas a la integración y que se opusieron con una contumacia feroz a las regularizaciones para, entre otras cosas, evitar la explotación inhumana a la que sometían a los “sin papeles”. El cinismo de los jefes del PP y su brazo fascista Vox alcanza niveles extraordinarios con tal de no reconocer que la inmigración es riqueza y que la economía española funcionaría mucho peor o sencillamente no funcionaría sin los inmigrantes, que en su inmensa mayoría vienen a trabajar y no a delinquir ni a aprovecharse de los servicios públicos como pregonan los más cínicos entre los mandos de la extrema derecha y la derecha extrema. Y ya es sabido que “cínico” viene de can, canelo o perruno que defeca y orina en público sin sentir ningún pudor.

Los jefes del PP y Vox criminalizan a los inmigrantes como si fueran delincuentes y al primer episodio (real o inventado) cometido por un inmigrante alientan el racismo, pregonan el malestar de la buena gente y mientras unos instigan a la violencia (“la caza del moro” en Torre Pacheco por la agresión a un jubilado) otros se solazan en ella y evitan condenar los ataques a los trabajadores inmigrantes. Luego, con un mensaje muy duro, que incluye deportaciones masivas al modo trumpista en EEUU, esperan sacar votos, millones de votos, de ese caldo de cultivo creado por ellos y para ellos, eso sí, “en defensa de España”. Si unos “nos rompen España” otros “nos quitan España”.

En ocasiones la consigna de los autores intelectuales del odio a los inmigrantes es muy nítida. Así, un día antes (el 8 de julio) de la agresión al anciano de Torre Pacheco por parte de tres jóvenes de ascendencia marroquí y de las posteriores convocatorias de ultraderechistas relacionados con Vox para acudir a esa localidad murciana “a cazar moros», la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proclamó que “la inmigración irregular masiva” es un fenómeno “provocado y perfectamente medido por el Gobierno de Pedro Sánchez para crear problemas de convivencia y saturar los servicios públicos y reventar el país”. Se explica que un grupúsculo de pachequeros coreara insultos contra Pedro Sánchez ante las cámaras de televisión. Ayuso completó su consigna contra el Gobierno progresista: “No sé si es que buscan el estallido social o dejar una España ingobernable en el futuro”.

Por supuesto que la “autoría intelectual” del odio contra los inmigrantes del sur no es exclusiva de Ayuso, a la que el término “intelectual” puede resultar excesivo, sino compartida con su solemne jefe Alberto Núñez Feijóo, quien dice que los inmigrantes “vienen a delinquir”, y con los jichos de Vox, el enfático Abascal (“Santi” para Esperanza Aguirre, que lo amamantó con dinero público), su vicepresidenta y diputada por Almería, Rocío de Meer, quien anunció la expulsión de ocho millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes nacidos en España pocos días antes del asalto a Torre Pacheco y, por supuesto, por el vicepresidente y consejero de Seguridad e Interior del gobierno regional murciano de coalición PP-Vox, José Ángel Antelo.

Entre unos y otros, la extrema derecha y la derecha extrema que eliminó el derecho a la asistencia sanitaria universal de los inmigrantes cuando gobernaba, que suprimió los fondos de integración, rechazó más del 90% de las peticiones de asilo y refugio, en contraste con la concesión de la residencia sin límite a quien viniera con medio millón de euros para comprar una vivienda, están haciendo todo lo posible para convertir la inmigración en un problema político de primer orden. Y sobre todo aprovecharán bulos y amplificarán desgracias para colocar su mercancía electoral, nada imaginativa, por cierto, sino al dictado de Trump.

De hecho, los neonazis convocados a “cazar moros” en Torre Pacheco a través de Instagrán por los cabecillas del grupo Deport Them Now (Deportarlos ahora), vinculado a Vox y a formaciones de extrema derecha de varios países europeos, reciben la inspiración (y algo más) de los emisarios de Trump, entre ellos, el propagandista ultra Bannon (no confundir con un saco de estiércol). En mayo pasado celebraron una cumbre en Italia en la que apostaron por la política trampista y acuñaron el término “remigración” como sinónimo de “deportación y expulsión”. El término fue empleado por primera vez por la vicepresidenta de Vox, diputada De Meer, en la rueda de prensa en la que anunció el objetivo de echar de España a ocho millones de personas.

Los planteamientos del PP y Vox convierten en misión imposible la gobernanza positiva de la inmigración. Las experiencias locales y regionales indican que es posible canalizar los flujos de inmigrantes a nivel nacional y europeo hacia los lugares donde se necesitan. Las fórmulas de colaboración entre los países demandantes de mano de obra y aquellos con trabajadores en paro son hoy posibles e inmediatas a través de las bolsas de empleo en Internet. La regulación de la residencia permanente, intermitente y temporal se ha de perfeccionar. Al mismo tiempo se necesita mejorar el tratamiento de las personas protegidas como asilados y refugiados con el fin de que puedan trabajar y labrarse un futuro en nuestro país. Y es menester, por supuesto, dedicar muchos más recursos económicos a cooperación para el desarrollo de nuestros vecinos del sur y más allá del África subsahariana. Todo ello se ha de hacer con el rechazo de una derecha impracticable hasta para cumplir sus obligaciones con los menores inmigrantes y respetar los derechos humanos. Qué pena.

Tristeza PSOE, euforia PP

Luis Díez.

Se impone un viaje o una mirada al interior de esta nación de nacionalidades y regiones porque están ocurriendo asuntos muy serios en la política partidaria. Este primer fin de semana de julio de 2025, víspera de San Fermín, el navarro que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, lleva seis días en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, debido a las presuntas mordidas que pegaba en las adjudicaciones amañadas de obras públicas, de acuerdo con el que fuera ministro y antecesor en su cargo en el PSOE, José Luis Ábalos Meco y de su antiguo chófer y asesor ministerial Koldo García Izaguirre.

El mazado a la formación socialista y a su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es enorme. El descrédito golpea al partido y afecta al Gobierno. El chorro de votos que huyen (se alejan del hedor) parece difícil de contener, según las encuestas. Algunas ya sitúan al PP seis puntos por encima del PSOE, al filo de los 150 escaños, lo que le permitiría gobernar en minoría con una geometría variable apoyada por la ultraderecha o los nacionalistas, según convenga. Pero las encuestas son eso, platos cocinados al gusto de quien paga.

De momento, el Comité Federal socialista renovará la dirección Ejecutiva y adoptará más medidas de prevención contra la corrupción subjetiva. Por suerte no aparecen indicios de que Cerdán y su antecesor Ábalos hayan destinado las supuestas mordidas a financiar el partido. Después, el presidente Pedro Sánchez acudirá al Congreso de los Diputados a explicar lo que sabe del caso, las decisiones adoptadas y las medidas higiénicas pertinentes. En este país donde la honradez en la contratación pública parece imposible de conseguir, Sánchez haría bien en proponer sanciones más severas contra los usos y maneras, convertidos en costumbre y a punto de devenir en fuente del Derecho, de los corruptores y los corruptos.

Los escándalos provocados por los dos últimos secretarios de organización del PSOE –el exministro Abalos: 2017-2021, y el diputado Cerdán: 2021-2025–, fulminados por Sánchez, le han obligado a proponer una nueva dirección “coral y con contrapesos” en la que la nueva secretaria de organización, Rebeca Torró, realizará sus funciones con dos adjuntos: el madrileño Borja Cabezón y la almeriense Anabel Mateos. Torró formó parte del Ejecutivo valenciano de Ximo Puig y en la actualidad es secretaria de Estado de Industria. Es probable que los cambios en la Ejecutiva del PSOE afecten a otras áreas ajenas al llamado “trío tóxico koldificado”, en alusión al chófer y asesor Koldo que grababa en secreto a sus compañeros y benefactores desde 2015.

Pese a las medidas de descontaminación que el máximo órgano entre congresos del PSOE adopte y que los socialistas y el Gobierno puedan proponer en el Parlamento, el proceso judicial va para largo. Quiere decirse que la oposición va servida de titulares y argumentos contra los socialistas por varios años. El instructor del Tribunal Supremo, Puente, un magistrado de gran prestigio, tardará su tiempo en aclarar la trama de los supuestos “amaños” de contratos en la dirección general de Carreteras y en ADIF a favor de las UTEs (uniones temporales de empresas) de Acciona y Servinabar 2000. Hay además otras dos empresas introducidas por Koldo, y de las que era intermediario el corruptor Aldana, que habrían pagado mordidas por adjudicaciones de obras en UTEs con la multinacional Acciona. En todo caso, el reparto de obra pública entre las grandes constructoras se mantuvo sin apenas variaciones desde 2018 a 2021 con Ábalos de ministro de Obras Públicas y Transportes.

En el caso concreto de la empresa navarra Serbinabar se da la circunstancia de que participaba presuntamente como socio y accionista (mediante escrito privado) el político Sántos Cerdán, quien luego, según se deduce de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pagaba, a través de Koldo García, al ministro José Luis Ábalos y al propio Koldo, parte de las mordidas.

El informe de la UCO, basado en las grabaciones y mensajes de Koldo con Cerdán y Ábalos hasta que Ábalos fue cesado de ministro, sitúa a Cerdán como el capo mafioso que controlaba las mordidas y repartía la pasta. Es curioso porque esto lo hacía desde el cargo de coordinador territorial de la Ejecutiva, a la que llegó en 2017 y colocó a Koldo como chofer de Ábalos, quien entonces accedió a la Ejecutiva como secretario de organización o número tres de Sánchez. En la lista de curiosidades se podrían anotar otras, por ejemplo el NIF del documento privado que acreditaría la participación de Cerdán en Servinabar no coincide con el que figura en su DNI, o el uso de la expresión “mafiosos” y del lema “Mafia o democracia” por parte del PP en la concentración nacional convocada en Madrid antes de que se conociera el informe de la UCO sobre Cerdán. Salvo invención de IA, en la concentración del PP se vieron imágenes de la bandera de la Guardia Civil.

Al afirmar que el proceso va para largo no sólo cabe referirse a la mayor o menor agilidad del instructor Puente –el mismo magistrado que fue ponente de la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y utilizó diez veces en 49 folios la expresión “golpe de Estado” para referirse al “proceso independentista”–, sino también a la propia sección económica de la UCO. En estos momentos, sus dependencias en el centro de negocios Eisenhower de la Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas, se estarían analizando millones de datos bancarios solicitados a decenas de entidades sobre movimientos de más de medio millar de cuentas, con el fin de identificar las mordidas (medio millón de euros en seis adjudicaciones de obras públicas públicas por más de 500 millones, según la investigación de la UCO). Algunas de esas cuentas fueron abiertas el siglo pasado y canceladas antes de la llegada del PSOE al Gobierno en 2018 mediante la moción de censura de Pedro Sánchez contra M. Rajoy por la corrupción, precisamente.

Las dilaciones judiciales en estos casos complejos son enormes. Por ejemplo, la tramitación judicial del caso Gurtell y sus piezas separadas, como el caso del tesorero multimillonario en Suiza, Luis Bárcenas, se han prolongado por más de una década. Y todavía no han terminado. Faltan sentencias y respuestas a recursos y reposiciones. En algunas tramas de corrupción en adjudicaciones de gobernantes del PP han muerto imputados y testigos clave. El último deceso ha sido el del sagaz empresario José Luis Aneri, de 45 años, quien apareció muerto en su domicilio el 25 de junio pasado. El finado llevaba pendiente de la investigación por corrupción desde 2013. El tipo y sus amigantes de la patronal regional y del gobierno madrileño de Esperanza Aguirre embolsaron 15 millones de euros por cursos de formación laboral que simulaban y no realizaban.

El fiasco de la corrupción en el PSOE, azuzado por el gigante navarro Koldo García a partir de las acusaciones del defraudador e intermediario Víctor de Aldama Delgado, ha animado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo a orientar el 21º Congreso del PP, que se celebra este fin de semana, hacia la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas. Para ello, como si se tratara de aquella oprobiosa junta reunida en Salamanca, ha colocado un mando único para dirigir la contienda. Se trata del secretario generalísimo natural de Ferrol, Miguel Tellado, de apariencia franca, mirada sagaz, verbo brutal y con larga experiencia al lado de Feijóo. Su puesto de portavoz en el Congreso será ocupado por la diputada leonesa Ester Muñoz, a la que Tellado considera una discípula aventajada en el arte de zaherir al contrario y ejercer de jabalina. Según recuerda Álvaro Caballero en el Diario de León, la diputada Muñoz ya sonaba dialéctica hace 26 años, cuando ganó el premio nacional de oratoria Gabriel Cisneros, convocado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española que presidía el jefe de Vox Santiago Abascal. Además del ultraderechista, el jurado lo componían personas tan relevantes como Gustavo Bueno, Andrés de Blas, Felicísimo Balbuena, José Manuel Otero Novás, Nicolás Redondo Terreros y Eduardo Zaplana. Amén.