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Del observatorio a la prevención del racismo y el odio a los inmigrantes

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Incendio de un asentamiento de trabajadores inmigrantes en Palos de la Frontera (Huelva)

Luis Díez.

El Estado español dispone de medios poderosos para combatir el racismo y la xenofobia. Son los cuerpos y fuerzas de seguridad, las multas y sanciones en manos de los delegados y subdelegados del Gobierno, el Código Penal a disposición de fiscales y jueces. Sin llegar a ese aparato punitivo puede aplicar medidas preventivas para evitar estallidos de odio violento como el desvivido contra personas de origen magrebí en la localidad agraria de Torre Pacheco (Murcia).

Si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que es titular Elma Saiz Delgado, dispone de un sistema de monitoreo en tiempo real de los mensajes de odio en las redes sociales, tendría que servir para algo más que para conocer la etiología del odio y elaborar estadísticas. Tendría que servir para evitar la difusión del odio y la incitación a la violencia. Si se tratara de prevenir, por ejemplo, muertes por gripe, de nada nos serviría tener vacunas si no las usamos.

Algo de eso ocurre con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), que así se llama la herramienta en manos del departamento de la ministra Saiz. Éste instrumento detecta en tiempo real a diario, todos los días del año, los mensajes de odio en las redes sociales. Para ello cuenta con un sistema llamado FARO (Filtrado y análisis de odio en las redes sociales) que descubre, analiza, recopila y ordena los discursos con motivación racista, xenófoba, islamóbofa, antisemita y antigitana. El monitoreo se realiza sobre las redes sociales más usadas (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X). Y los seis lectores y dos analistas coordinadores avisan a las plataformas cuando encuentran mensajes delictivos, sancionables por vía administrativa o contrarios a las normas de uso de las propias plataformas digitales.

Mensajes de odio

En el caso del llamamiento de la extrema derecha a la violencia en Torre Pacheco (Murcia), el sistema detectó un pico extraordinario de mensajes de odio. Pasó de 2.313 el 9 de julio a 11.081 el 11 de julio. En el ínterin, el 10 de julio, se produjo la agresión de tres jóvenes de origen magrebí a un hombre de 69 años. La foto del hombre con la frente ensangrentada fue utilizada por cabecillas ultras para incitar a los grupos neonazis “a la caza del moro”. Emplearon además videos manipulados, bulos y noticias tergiversadas.

Los mensajes de xenofobia y odio hacia los ciudadanos de origen magrebí arraigados desde hace décadas en la localidad murciana y con nacionalidad española en la mayor parte de los casos llegaron a 32.892 el 12 de julio y fueron 23.758 el día 13. Las jornadas que siguieron fueron también de muchos mensajes contra los norteafricanos, con una horquilla entre 11.870 el día 14 y 5.575 una semana después, el 21 de julio. Ya el 22 de este mes, las expresiones de odio en las redes volvieron a la normalidad: poco más de dos mil, según la Web del OBERAXE.

Aun con las limitaciones de personal –ocho empleados– y de monitorización –sólo textos en español y en perfiles públicos, lo que excluye a Telegram–, resulta evidente que la supresión de los mensajes delictivos de incitación al odio y la violencia contra los inmigrantes evitaría la expansión de esa venenosa polución mental. Con ello se acotaría el insoportable clima de insultos, injurias, calumnias y llamamientos a la agresión de los migrantes por parte de los cabecillas de la extrema derecha, enemiga de la convivencia, de los derechos humanos y de los valores democráticos. Tanto esas convocatorias “a cazar moros” como otras acciones delictivas con las que el PP se ha mostrado complaciente se convertirían en flautus vocis carentes de eficacia.

Ocurre que los datos suministrados por el OBERAXE sobre la supresión de mensajes de odio no concuerdan con los consignados en un boletín especial de ese observatorio sobre el caso de Torre Pacheco. En el boletín se afirma que suprimieron más del 20% de los mensajes incitando al odio y la violencia en la localidad murciana, pero la gráfica interactiva de la web del OBERAXE sólo muestra la retirada de 11 mensajes el día 10 de julio. En las jornadas que siguieron se registraron retiradas de un mensaje y algunos días de ninguno. Como es sabido, las convocatorias prendieron y al final fue el despliegue de más de setenta guardias civiles el que evitó agresiones y mayores males provocados por neonazis llegados de fuera.

Racismo institucional

Si el Gobierno progresista ha de afinar los instrumentos para prevenir y evitar esos estallidos de odio y violencia contra los inmigrantes y sus familias, también parece evidente que alcaldes como el de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca Tornel, un tipo del PP, caldeó los ánimos de los vecinos convocando una manifestación nada más saber que tres jóvenes de origen magrebí habían pegado a un hombre mayor. El regidor actuó en consonancia con las declaraciones de algunos líderes de su partido y de Vox. Durante la concentración, algunos vecinos culparon al presidente del Gobierno (¿Cómo no?) de la inmigración y se realizaron coreando “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” como le llamó Ayuso desde el palco de invitados del hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Hay acciones y declaraciones de regidores, casi siempre del PP y Vox, demasiado complacientes con la violencia verbal, la denigración y el maltrato a inmigrantes. Para algunos, como el concejal de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Fiestas de Ponferrada (León), un tipo del PP llamado Carlos Cortina, las pintadas racistas aparecidas en las pilastras del puente del paseo Río Sil sólo son “un hecho puntual” que en absoluto indica racismo en la capital del Bierzo. “Ya están siendo borradas”, añadió. El alcalde, otro tipo del PP llamado Marco Morala, ha preferido no hacer declaraciones en este caso. ¿Tan difícil resulta a un abogado como Morala, que es regidor gracias a dos concejales de Vox, denunciar las pintadas y abrir la consiguiente investigación?

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Las pintadas aparecieron coincidiendo con los mensajes de odio contra los magrebíes de Torre Pacheco. Entre otras expresiones se leía: “Islam=mierda”, “Fuera paguitas” y “Fuera de España panchitos, moros y negros”.

Los mismos periódicos locales que recogían esas frases miserables denunciadas por el PSOE informaban días después: “El campo berciano busca 1.300 temporeros para trabajar en la recolección de pera y manzana”. Según la Asociación Berciana de Agricultores, que gestiona la bolsa de empleo rural, la campaña que comienza a finales de agosto con la recogida de la pera conferencia y la manzana reineta necesitará por lo menos los mismos braceros que la temporada pasada. La asociación hará unos 1.500 contratos. Y en el futuro serán más porque la superficie de frutales va aumentando.

De “racismo institucional” pudo ser tachada la actitud del alcalde de Palos de Moguer (Huelva), un sujeto del PP llamado Carmelo Romero Hernández, que se negó a acoger en las instalaciones municipales a los inmigrantes africanos cuyo asentamiento de chabolas improvisadas quedó arrasado por un incendio nocturno. El fuego redujo a cenizas el racimo de chabolas de Pinospardos, a seis kilómetros del pueblo. Las llamas se extendieron en un santiamén, se elevaron hacia el cielo y destruyeron todo el campamento, incluidos algunos vehículos. Los inmigrantes lo perdieron todo, menos la vida. Por suerte no hubo muertos que lamentar, aunque sí heridos. No se sabe cuántos. Dos ambulancias se desplazaron al lugar y los enfermeros atendieron a los quemados y proporcionaron oxígeno a mujeres y niños afectados por el humo.

Los inmigrantes –unos cuatrocientos temporeros de la fresa– pidieron ser acogidos en algún pabellón del pueblo, pero el alcalde Romero Hernández se negó a socorrer a aquella pobre gente pese a contar con el magnífico polideportivo Plus Ultra con duchas, vestuarios y un pabellón cubierto que habría servido para cobijar y confortar a los damnificados. Ese tipo era entonces (13 de mayo de 2023) diputado nacional del PP además de alcalde. Cinco meses antes le había tocado el gordo de la Lotería de Navidad (400.000 euros, según declaró en al Congreso). Ahora es senador y ha dejado la alcaldía a su hija y concejala Milagros Romero, quien le ha nombrado primer teniente de alcalde. ¿No es estupendo?

Un Comisionado sería menester

Aunque no se refleje en el observatorio OBERAXE, el “racismo institucional” hacia los inmigrantes temporeros, en su mayoría norteafricanos, que trabajan en los cultivos bajo plástico y residen en chabolas construidas con materiales de deshecho de los propios invernaderos, resulta patente (y patético) en el trato que les dan numerosos Ayuntamientos. Les niegan el agua potable, la luz, la recogida de residuos y otros servicios elementales y cuando reclaman algo tan básico como una toma de agua les responden que al no estar empadronados no son vecinos ni tienen derecho.

La situación ha alcanzado tal grado de indignidad que después de visitar los municipios freseros bajo el mar de plástico en Huelva, los diputados de IU y Sumar, Enrique de Santiago, Juan Antonio Valero y Francisco Sierra han presentado una proposición no de ley para crear un Comisionado estatal que vele por la inmigración temporera especialmente en la provincia de Huelva. El texto atribuye al futuro Comisionado “la competencia específica” para abordar la situación unas 5.000 personas migrantes empleadas en las campañas agrícolas que residen en asentamientos de chabolas. Sólo para la recogida de la fresa en Huelva se contratan en Marruecos más de 15.000 braceros de febrero a junio. La mayoría son mujeres.

La proposición no de ley de la izquierda del PSOE denuncia “la continua y reiterada vulneración de los derechos humanos que sufre la población migrante” en la provincia de Huelva, donde miles de personas viven en asentamientos provisionales construidos con cartón, plásticos y tablas “sin acceso a agua potable, saneamiento, electricidad, empadronamiento, atención sanitaria o recogida de residuos”. Según Francisco Sierra la situación es intolerable y exige una respuesta institucional de mayor alcance a la que han dado hasta ahora los gobiernos locales, autonómicos y el Ejecutivo estatal.

La derecha española imita a Trump contra los inmigrantes y sus hijos

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Luis Díez.

Por más que exhiban su cinismo, los “autores intelectuales” de la incitación al odio, el racismo y la violencia contra los inmigrantes son personajes y cargos electos de ese PP que fundó Manuel Fraga Iribarne a partir de aquella Alianza Popular formada con los prebostes más evolucionados del franquismo, conocidos en 1976 como “los siete magníficos”. De ese PP y su brazo desgajado de extrema derecha al que llaman en latín Vox (Voz), emanan los mayores dicterios contra la inmigración y las promesas de expulsar a todos los sin papeles, los arraigados y sus hijos nacidos en España, como está haciendo en Estados Unidos (EEUU) su presidente y jefe supremacista Donald Trump.

Puede parecer contradictorio que los cachorros de los herederos del franquismo –que fue “el fascismo con corrupción”, me dijo una vez el sociólogo Amando de Miguel– vayan “a la caza del moro”, ayer en Torre Pachecho (Murcia), hoy en Alcalá de Henares (Madrid), mañana en Ponferrada (León)…, dado que el propio Franco y sus subordinados Varela y Orgaz trajeron a más de 100.000 mercenarios “moros” a matar rojos y ganar la guerra. ¿Tan mal les parece ahora que vengan a trabajar, no a matar, y ocupen los empleos que los españoles no quieren? ¿Tan mal les parece que subsaharianos, hispanos y demás personas de distintas razas y religiones aporten su inteligencia y esfuerzo al desarrollo y bienestar de nuestro país?

De antemano sabemos que los autores intelectuales del rechazo y el odio a los inmigrantes son los mismos que les quitaron el derecho universal a la asistencia sanitaria, los mismos que suprimieron las ayudas a la integración y que se opusieron con una contumacia feroz a las regularizaciones para, entre otras cosas, evitar la explotación inhumana a la que sometían a los “sin papeles”. El cinismo de los jefes del PP y su brazo fascista Vox alcanza niveles extraordinarios con tal de no reconocer que la inmigración es riqueza y que la economía española funcionaría mucho peor o sencillamente no funcionaría sin los inmigrantes, que en su inmensa mayoría vienen a trabajar y no a delinquir ni a aprovecharse de los servicios públicos como pregonan los más cínicos entre los mandos de la extrema derecha y la derecha extrema. Y ya es sabido que “cínico” viene de can, canelo o perruno que defeca y orina en público sin sentir ningún pudor.

Los jefes del PP y Vox criminalizan a los inmigrantes como si fueran delincuentes y al primer episodio (real o inventado) cometido por un inmigrante alientan el racismo, pregonan el malestar de la buena gente y mientras unos instigan a la violencia (“la caza del moro” en Torre Pacheco por la agresión a un jubilado) otros se solazan en ella y evitan condenar los ataques a los trabajadores inmigrantes. Luego, con un mensaje muy duro, que incluye deportaciones masivas al modo trumpista en EEUU, esperan sacar votos, millones de votos, de ese caldo de cultivo creado por ellos y para ellos, eso sí, “en defensa de España”. Si unos “nos rompen España” otros “nos quitan España”.

  • La presencia policial ha evitado el linchamiento de inmigrantes en Torre Pacheco por parte de supuestos vengadores neonazis

En ocasiones la consigna de los autores intelectuales del odio a los inmigrantes es muy nítida. Así, un día antes (el 8 de julio) de la agresión al anciano de Torre Pacheco por parte de tres jóvenes de ascendencia marroquí y de las posteriores convocatorias de ultraderechistas relacionados con Vox para acudir a esa localidad murciana “a cazar moros», la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proclamó que “la inmigración irregular masiva” es un fenómeno “provocado y perfectamente medido por el Gobierno de Pedro Sánchez para crear problemas de convivencia y saturar los servicios públicos y reventar el país”. Se explica que un grupúsculo de pachequeros coreara insultos contra Pedro Sánchez ante las cámaras de televisión. Ayuso completó su consigna contra el Gobierno progresista: “No sé si es que buscan el estallido social o dejar una España ingobernable en el futuro”.

Por supuesto que la “autoría intelectual” del odio contra los inmigrantes del sur no es exclusiva de Ayuso, a la que el término “intelectual” puede resultar excesivo, sino compartida con su solemne jefe Alberto Núñez Feijóo, quien dice que los inmigrantes “vienen a delinquir”, y con los jichos de Vox, el enfático Abascal (“Santi” para Esperanza Aguirre, que lo amamantó con dinero público), su vicepresidenta y diputada por Almería, Rocío de Meer, quien anunció la expulsión de ocho millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes nacidos en España pocos días antes del asalto a Torre Pacheco y, por supuesto, por el vicepresidente y consejero de Seguridad e Interior del gobierno regional murciano de coalición PP-Vox, José Ángel Antelo.

Entre unos y otros, la extrema derecha y la derecha extrema que eliminó el derecho a la asistencia sanitaria universal de los inmigrantes cuando gobernaba, que suprimió los fondos de integración, rechazó más del 90% de las peticiones de asilo y refugio, en contraste con la concesión de la residencia sin límite a quien viniera con medio millón de euros para comprar una vivienda, están haciendo todo lo posible para convertir la inmigración en un problema político de primer orden. Y sobre todo aprovecharán bulos y amplificarán desgracias para colocar su mercancía electoral, nada imaginativa, por cierto, sino al dictado de Trump.

De hecho, los neonazis convocados a “cazar moros” en Torre Pacheco a través de Instagrán por los cabecillas del grupo Deport Them Now (Deportarlos ahora), vinculado a Vox y a formaciones de extrema derecha de varios países europeos, reciben la inspiración (y algo más) de los emisarios de Trump, entre ellos, el propagandista ultra Bannon (no confundir con un saco de estiércol). En mayo pasado celebraron una cumbre en Italia en la que apostaron por la política trampista y acuñaron el término “remigración” como sinónimo de “deportación y expulsión”. El término fue empleado por primera vez por la vicepresidenta de Vox, diputada De Meer, en la rueda de prensa en la que anunció el objetivo de echar de España a ocho millones de personas.

Los planteamientos del PP y Vox convierten en misión imposible la gobernanza positiva de la inmigración. Las experiencias locales y regionales indican que es posible canalizar los flujos de inmigrantes a nivel nacional y europeo hacia los lugares donde se necesitan. Las fórmulas de colaboración entre los países demandantes de mano de obra y aquellos con trabajadores en paro son hoy posibles e inmediatas a través de las bolsas de empleo en Internet. La regulación de la residencia permanente, intermitente y temporal se ha de perfeccionar. Al mismo tiempo se necesita mejorar el tratamiento de las personas protegidas como asilados y refugiados con el fin de que puedan trabajar y labrarse un futuro en nuestro país. Y es menester, por supuesto, dedicar muchos más recursos económicos a cooperación para el desarrollo de nuestros vecinos del sur y más allá del África subsahariana. Todo ello se ha de hacer con el rechazo de una derecha impracticable hasta para cumplir sus obligaciones con los menores inmigrantes y respetar los derechos humanos. Qué pena.

Al poder por la crueldad

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Luis Díez.

Falaris, el tirano de Agrigento (S. VI a.C), mandó construir un toro de bronce bastante grande. En él encerraba a quienes criticaban su estilo de mando, prendía fuego y los asaba vivos. De las tripas de aquel artefacto salían unos mugidos pavorosos que agradaban al tirano y le hacían sentirse más poderoso. El ejercicio de aquel poder se apoyaba en el miedo y sus hermanos mayores (horror, terror y pavor), y era similar al que viene ejerciendo desde enero pasado el matón que los estadounidenses pusieron al frente del país en su trato a los inmigrantes y a los demás países en materia de comercio exterior, cooperación y cambio climático.

La crueldad del llamado Toro de Falaris empieza a reflejarse en el campo de internamiento de inmigrantes bautizado como el “Alcatraz de los Caimanes” e inaugurado dos días antes del Cuatro de Julio por míster Trump en compañía de su subordinada de seguridad Kristi Noem y su correligionario Ron DeSantis, gobernador de Florida. La instalación, con una capacidad para 3.000 detenidos, se construyó en ocho días, con unas hileras de contenedores en el centro de unas tierras pantanosas de más de 16 kilómetros cuadrados, plagadas de alligators.

Pocas horas después de la inauguración de esta cárcel para inmigrantes, vigilada por 400 funcionarios y 200 cámaras de seguridad cerca de una pista de aterrizaje abandonada, el fiscal general de Florida, un tipo llamado James Uthmeier, anunció en X: “El Alcatraz de los Caimanes recibirá esta noche a cientos de criminales inmigrantes ilegales. Próxima parada: de regreso a donde vinieron”. El propio DeSantis, un cachorro republicano que compitió con Trump en las primarias, reconoció la crueldad de instalar la cárcel en los rudos y remotos Everglades y admitió la táctica del miedo como señal del presidente Trump para persuadir a las personas que están irregularmente en EEUU de que se marchen.

Serpientes y caimanes en las tierras pantanosas de Florida.

Sobre la crueldad gubernamental, el Nuevo Herald se hizo eco de las denuncias de las asociaciones de inmigrantes sobre el riesgo de paludismo, malaria y otras enfermedades transmitidas por los mosquitos de los pantanos a los migrantes reclusos y a sus cancerberos. Pero los activistas y simpatizantes del Partido Republicano de Florida ya han empezado a recaudar fondos a partir del nuevo centro de detención, vendiendo camisetas y enfriadores de cerveza. Incluso los funcionarios se complacen en la crueldad en redes sociales y medios conservadores, compartiendo memes de un complejo rodeado de alambradas de púas y caimanes con sombreros con el distintivo policíaco del ICE, siglas en inglés de Inmigración y Control de Aduanas.

Las redadas indiscriminadas de esa policía federal conocida como la migra y apoyada por los marines siguen causando el temor generalizado de los hispanos, especialmente en California, donde los trabajadores inmigrantes son la base de la agricultura, el comercio y los servicios. Las redadas arreciaron a partir del 6 junio sin que el necio míster Trump haya prestado atención a las autoridades locales ni aflojado en su rudeza tras las protestas masivas en las principales ciudades del país.

Hoy en Estados Unidos (EEUU) cualquier persona puede ser arrestada, secuestrada y expulsada por su color de piel. El miedo a las detenciones en los lugares menos esperados llevó el miércoles pasado al obispo de San Bernardino (California), Alberto Rojas, a dispensar a los inmigrantes católicos de la obligación de acudir a la misa semanal. Rojas encabeza una congregación de más de 1,5 millones de feligreses en el sur de California. “Hay un miedo real en muchas de nuestras comunidades a ser arrestados por agentes de inmigración”, dijo el obispo.

En Los Ángeles Times se pueden leer informaciones como la reportada por Libor Jany –“¿Secuestradores o agentes del ICE?”– que narran el repentino incremento de llamadas de ciudadanos a la policía local. “Cuando un grupo de hombres armados y enmascarados fue visto arrastrando a una mujer a una camioneta en el Distrito de la Moda la semana pasado, un testigo llamó al 911 para denunciar un secuestro”. Luego, cuando llegaron los agentes de la policía local, en lugar de detener a los secuestradores formaron una línea para protegerlos de la multitud furiosa que exigía la liberación de la mujer.

Mientras los agentes del ICE cercan los parques para detener a supuestos inmigrantes sin papeles, entran en empresas, fincas y tierras de labor, irrumpen en centros comerciales o hacen redadas a las puertas de los lugares de culto, las escuelas y en los itinerarios hacia los centros deportivos, el supremacista Trump acaba de retirar el Estatus de Protección Temporal (ETP) a unos 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán, Camerún y Nepal. Con la retirada del ETP desaparece el permiso de trabajo de estas personas que ahora viven con el pánico a ser deportados. El ETP suele otorgarse cuando las condiciones en el país de origen dificultan el regreso. Las personas han de registrarse en el Departamento de Seguridad Nacional para quedar protegidas y poder trabajar. Sin embargo, han de renovar la protección cada 18 meses y los periodos no cuentan para adquirir la nacionalidad. En septiembre otros 250.000 venezolanos y varios miles de sirios verán cancelados sus TPS, y en diciembre se hallarán en la misma situación centenares de yemeníes y somalíes.

El despiadado Trump trata de extender su política del miedo a los alcaldes y dirigentes locales de las “ciudades santuario”, defensoras de los inmigrantes. Para ello dio orden a la fiscal general Pam Bondi de abrir causas penales contra esas autoridades. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha sido incriminada. Pero claro, la lista de “jurisdicciones santuario” del Departamento de Seguridad Nacional tiene más agujeros que la trama de la última película Misión Imposible, dice el columnista de prensa Gustavo Arellano antes de poner de relieve los errores más chuscos e hilarantes de esa relación apresurada para satisfacer al gran jefe necio.

En la lista aparece, por ejemplo, Huntington Beach, la ciudad del condado de Orange que ha demandado a Califiornia, precisamente, por ser un Estado santuario y se ha declarado “comunidad no santuario”. Aparece asimismo Represa, una localidad de la que nadie había oído hablar y era lógico porque no existe. Resulta que no es una ciudad, sino el nombre de la oficina de correos de dos lugares que no se caracterizan precisamente como santuarios: la prisión estatal de Folsom y la prisión estatal de California en Sacramento. “Más errores risibles –escribe el amigo Arellano–: Livingston, la primera ciudad del Valle Central en declararse santuario para los inmigrantes en 2017 no está en la lista, en cambio, Santee, en el condado de San Diego, tan conocido por su racismo que todavía se llama Klantee, sé lo está”.

El relato de errores y desaciertos sigue, es largo y demuestra cuán cegado de odio y furia está el mandatario deportador. Y lo malo es que la política de crueldad contra los más débiles y desamparados de un país de inmigrantes como EEUU está siendo exportada a Europa y aplicada en parte por la aventajada alumna ultraderechista, signora Meloni. El principal mentor de la política de Trump es ese saco de estiércol al que llaman Bannon, promotor de la ultraderecha paneuropea y, curiosamente, encarcelado y procesado en Nueva York por apropiarse de al menos un millón de dólares de los fondos donados por la gente para la construcción del muro en la frontera mexicana.

Los receptores y seguidores al pie de la letra de los métodos trampistas son en España los dirigentes de la extrema derecha, Vox. En cuanto se enteraron de que el todopoderoso líder multimillonario ha obtenido el plácet judicial para quitar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes nacidos en EEUU se han apresurado a proclamar que suprimirán la nacionalidad española a los inmigrantes y a sus hijos, y los expulsarán al país de origen. Para que suene menos mal, en vez de “expulsión” y “deportación”, hablan de “remigración”, un término político inventado por los racistas y supremacistas trumpianos. ¿A cuantos millones de españoles van a expulsar? ¿Incluso a los que les han votado?

Tristeza PSOE, euforia PP

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Luis Díez.

Se impone un viaje o una mirada al interior de esta nación de nacionalidades y regiones porque están ocurriendo asuntos muy serios en la política partidaria. Este primer fin de semana de julio de 2025, víspera de San Fermín, el navarro que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, lleva seis días en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, debido a las presuntas mordidas que pegaba en las adjudicaciones amañadas de obras públicas, de acuerdo con el que fuera ministro y antecesor en su cargo en el PSOE, José Luis Ábalos Meco y de su antiguo chófer y asesor ministerial Koldo García Izaguirre.

El mazado a la formación socialista y a su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es enorme. El descrédito golpea al partido y afecta al Gobierno. El chorro de votos que huyen (se alejan del hedor) parece difícil de contener, según las encuestas. Algunas ya sitúan al PP seis puntos por encima del PSOE, al filo de los 150 escaños, lo que le permitiría gobernar en minoría con una geometría variable apoyada por la ultraderecha o los nacionalistas, según convenga. Pero las encuestas son eso, platos cocinados al gusto de quien paga.

De momento, el Comité Federal socialista renovará la dirección Ejecutiva y adoptará más medidas de prevención contra la corrupción subjetiva. Por suerte no aparecen indicios de que Cerdán y su antecesor Ábalos hayan destinado las supuestas mordidas a financiar el partido. Después, el presidente Pedro Sánchez acudirá al Congreso de los Diputados a explicar lo que sabe del caso, las decisiones adoptadas y las medidas higiénicas pertinentes. En este país donde la honradez en la contratación pública parece imposible de conseguir, Sánchez haría bien en proponer sanciones más severas contra los usos y maneras, convertidos en costumbre y a punto de devenir en fuente del Derecho, de los corruptores y los corruptos.

Los escándalos provocados por los dos últimos secretarios de organización del PSOE –el exministro Abalos: 2017-2021, y el diputado Cerdán: 2021-2025–, fulminados por Sánchez, le han obligado a proponer una nueva dirección “coral y con contrapesos” en la que la nueva secretaria de organización, Rebeca Torró, realizará sus funciones con dos adjuntos: el madrileño Borja Cabezón y la almeriense Anabel Mateos. Torró formó parte del Ejecutivo valenciano de Ximo Puig y en la actualidad es secretaria de Estado de Industria. Es probable que los cambios en la Ejecutiva del PSOE afecten a otras áreas ajenas al llamado “trío tóxico koldificado”, en alusión al chófer y asesor Koldo que grababa en secreto a sus compañeros y benefactores desde 2015.

Pese a las medidas de descontaminación que el máximo órgano entre congresos del PSOE adopte y que los socialistas y el Gobierno puedan proponer en el Parlamento, el proceso judicial va para largo. Quiere decirse que la oposición va servida de titulares y argumentos contra los socialistas por varios años. El instructor del Tribunal Supremo, Puente, un magistrado de gran prestigio, tardará su tiempo en aclarar la trama de los supuestos “amaños” de contratos en la dirección general de Carreteras y en ADIF a favor de las UTEs (uniones temporales de empresas) de Acciona y Servinabar 2000. Hay además otras dos empresas introducidas por Koldo, y de las que era intermediario el corruptor Aldana, que habrían pagado mordidas por adjudicaciones de obras en UTEs con la multinacional Acciona. En todo caso, el reparto de obra pública entre las grandes constructoras se mantuvo sin apenas variaciones desde 2018 a 2021 con Ábalos de ministro de Obras Públicas y Transportes.

En el caso concreto de la empresa navarra Serbinabar se da la circunstancia de que participaba presuntamente como socio y accionista (mediante escrito privado) el político Sántos Cerdán, quien luego, según se deduce de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pagaba, a través de Koldo García, al ministro José Luis Ábalos y al propio Koldo, parte de las mordidas.

El informe de la UCO, basado en las grabaciones y mensajes de Koldo con Cerdán y Ábalos hasta que Ábalos fue cesado de ministro, sitúa a Cerdán como el capo mafioso que controlaba las mordidas y repartía la pasta. Es curioso porque esto lo hacía desde el cargo de coordinador territorial de la Ejecutiva, a la que llegó en 2017 y colocó a Koldo como chofer de Ábalos, quien entonces accedió a la Ejecutiva como secretario de organización o número tres de Sánchez. En la lista de curiosidades se podrían anotar otras, por ejemplo el NIF del documento privado que acreditaría la participación de Cerdán en Servinabar no coincide con el que figura en su DNI, o el uso de la expresión “mafiosos” y del lema “Mafia o democracia” por parte del PP en la concentración nacional convocada en Madrid antes de que se conociera el informe de la UCO sobre Cerdán. Salvo invención de IA, en la concentración del PP se vieron imágenes de la bandera de la Guardia Civil.

Al afirmar que el proceso va para largo no sólo cabe referirse a la mayor o menor agilidad del instructor Puente –el mismo magistrado que fue ponente de la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y utilizó diez veces en 49 folios la expresión “golpe de Estado” para referirse al “proceso independentista”–, sino también a la propia sección económica de la UCO. En estos momentos, sus dependencias en el centro de negocios Eisenhower de la Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas, se estarían analizando millones de datos bancarios solicitados a decenas de entidades sobre movimientos de más de medio millar de cuentas, con el fin de identificar las mordidas (medio millón de euros en seis adjudicaciones de obras públicas públicas por más de 500 millones, según la investigación de la UCO). Algunas de esas cuentas fueron abiertas el siglo pasado y canceladas antes de la llegada del PSOE al Gobierno en 2018 mediante la moción de censura de Pedro Sánchez contra M. Rajoy por la corrupción, precisamente.

Las dilaciones judiciales en estos casos complejos son enormes. Por ejemplo, la tramitación judicial del caso Gurtell y sus piezas separadas, como el caso del tesorero multimillonario en Suiza, Luis Bárcenas, se han prolongado por más de una década. Y todavía no han terminado. Faltan sentencias y respuestas a recursos y reposiciones. En algunas tramas de corrupción en adjudicaciones de gobernantes del PP han muerto imputados y testigos clave. El último deceso ha sido el del sagaz empresario José Luis Aneri, de 45 años, quien apareció muerto en su domicilio el 25 de junio pasado. El finado llevaba pendiente de la investigación por corrupción desde 2013. El tipo y sus amigantes de la patronal regional y del gobierno madrileño de Esperanza Aguirre embolsaron 15 millones de euros por cursos de formación laboral que simulaban y no realizaban.

El fiasco de la corrupción en el PSOE, azuzado por el gigante navarro Koldo García a partir de las acusaciones del defraudador e intermediario Víctor de Aldama Delgado, ha animado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo a orientar el 21º Congreso del PP, que se celebra este fin de semana, hacia la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas. Para ello, como si se tratara de aquella oprobiosa junta reunida en Salamanca, ha colocado un mando único para dirigir la contienda. Se trata del secretario generalísimo natural de Ferrol, Miguel Tellado, de apariencia franca, mirada sagaz, verbo brutal y con larga experiencia al lado de Feijóo. Su puesto de portavoz en el Congreso será ocupado por la diputada leonesa Ester Muñoz, a la que Tellado considera una discípula aventajada en el arte de zaherir al contrario y ejercer de jabalina. Según recuerda Álvaro Caballero en el Diario de León, la diputada Muñoz ya sonaba dialéctica hace 26 años, cuando ganó el premio nacional de oratoria Gabriel Cisneros, convocado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española que presidía el jefe de Vox Santiago Abascal. Además del ultraderechista, el jurado lo componían personas tan relevantes como Gustavo Bueno, Andrés de Blas, Felicísimo Balbuena, José Manuel Otero Novás, Nicolás Redondo Terreros y Eduardo Zaplana. Amén.