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Trump a una periodista: «¡Silencio, cerdita!»

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Sobre estas líneas la periodista Catherine Lucey, a la que el presidente de EEUU insultó; la exMiss Alicia Machado, a la que también llamó «cerdita» hace 19 años. A la derecha el mandatario con su amigo el pederasta Epstein.

Luis Díez.

Aquel viernes, 14 de noviembre de 2025, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, viajaba abordo del Air Force One desde Washington a Florida para pasar el fin de semana en su mansión Mar-a-Lago. Faltaban tres minutos para las siete de la tarde, hora local, cuando estimó llegado el momento de echar alpiste a los pájaros, así que abrió la portañuela del departamento donde viajaban los periodistas y se sometió a sus preguntas. Enseguida la veterana Catherine Lucey, que antes cubría la información de la Casa Blanca para el para el Wall Street Journal y ahora para la agencia Bloomberg News, le preguntó si iba a publicar los archivos del caso Epstein.

“¡Silencio! ¡Silencio, cerdita!”, la conminó.

Ningún colega repitió la pregunta en señal de solidaridad ante el insulto machista en tono amenazante. Pero el comportamiento del preboste quedó grabado y saltó a las redes sociales en cuanto aterrizaron en Miami. Un portavoz de Bloomberg dijo que “nuestros periodistas en la Casa Blanca prestan un servicio público vital, haciendo preguntas sin miedo ni favoritismos”. Y dejó correr el asunto sin referirse a la humillación e intimidación sufrida por su reportera Lucey.

De antemano es conocida la catadura machista, cruel y abusona, del personaje –para regocijo o vergüenza de sus votantes–, aunque parece que en este caso el subconsciente le jugó una mala pasada, pues empleó el mismo insulto que utilizaba contra las jóvenes y adolescentes en los felices años noventa, cuando mantenía una sólida amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En aquellos tiempos, el depravado Epstein –fue condenado por abuso sexual de menores en Miami en 2008, pero no cumplió ni un mes de prisión porque le concedieron el régimen abierto– se dedicaba a la administración de capitales y pasaba por ser un inversor multimillonario. Poseía una finca en en Miami Beach y la casa privada más grande de Manhattan, una vivienda de siete pisos en la que organizaba fiestas exclusivas (con jovencitas para ligar) para amigos y amigos de personas importantes, entre ellos, el constructor, hotelero, propietario de un gran casino y director del holding Trump Organización.

Entonces a Epstein le gusta decir que era un solitario, un hombre que jamás había probado el alcohol ni las drogas, y cuya vida nocturna distaba mucho de ser animada. Eso escribió en 2002 el reportero Landon Thomas Jr en un artículo de fondo para New York Magazine. “Sin embargo, si uno habla con Donald Trump, surge un Epstein completamente distinto”, añadió. “Conozco a Jeff desde hace quince años. Un tipo estupendo”, exclama Trump. “Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas son bastante jóvenes. No cabe duda: Jeffrey disfruta de su vida social”.

Trump, que residía cerca de Epstein en Nueva York y en Nort Beach (Miami-Florida), conoció a la eslovena Melania, su tercera mujer, porque se la presentó el propio Epstein en una de sus fiestas. El actual presidente de EEUU contaba entonces entre sus negocios con la agencia de modelos P-Model Management y entre otras actividades lucrativas organizaba cada año los grandes concursos de belleza femenina Mis Universo, Miss Usa y Miss Teen Usa (éste último para adolescentes de 14 a 17 años).

Y sí, en su trato con las jóvenes, utilizaba el calificativo de “piggy”, cerdita, y si no que le pregunten a Alicia Machado, Miss Universo en 1996, y verán como la actriz, presentadora y productora audiovisual nacida en Venezuela y residente en Los Ángeles como ciudadana americana, les contesta: “Si, me llamaba Miss Piggi y me instaba a adelgazar”. ¡O tempora o mores!, que diría el elocuente Cicerón.

Claro que ahora que el Congreso de EEUU (la Cámara de representantes y el Senado) ha aprobado la ley que ordena la desclasificación de los documentos de la investigación del FBI sobre Epstein, Trump detesta que le pregunten sobre aquel depravado predador sexual que se suicido en la cárcel (versión oficial) en 2019 durante su primer mandato como presidente.

Trump prometió durante su campaña electoral, hace un año, que desclasificaría los documentos del caso Epstein si volvía a la Casa Blanca. Y consiguió volver, pero enseguida se negó a cumplir la promesa, escudándose en la afirmación de su fiscala general Pam Bondi de que la publicación afectaba a investigaciones en curso. Incluso el 14 de noviembre, antes de insultar a la periodista Lucey, escribió en su red social que “Epstein era demócrata y es el problema de los demócratas”. “Pregunten a Bill Clinton, Reid Hoffman y Larry Summers sobre Epstein, ellos lo saben todo sobre él, no pierdan el tiempo con Trump. ¡Tengo un país que dirigir!”

Así que el amigo y vecino del pederasta, aquel Tramp que le felicitaba su cincuenta cumpleaños con un dibujo (una silueta de mujer desnuda, varios mensajes y su firma a modo de Monte de Venus) y que aparece en los correos electrónicos hallados entre los 20.000 papeles que el delincuente sexual dejó a su albacea (un despacho de abogados) y acabaron en manos de la Cámara de representantes de EEUU, estaría protegiendo a determinados adversarios políticos al no desclasificar las investigaciones del caso Epstein.

Lo cierto es que el martes, 18 de noviembre del año en curso, demócratas y republicanos votaban en el Capitolio la ley que ordena la desclasificación de los papeles y obligaban a Trump a asumir su propio compromiso electoral. Casi al mismo tiempo el señor Summers, secretario del Tesoro con Clinton y director y profesor en Harvard, abandonaba sus cargos y se retiraba de sus actividades por el error, decía, de haber tratado con aquel pederasta.

Entre las víctimas de aquel canalla, María Farmer, la primera sobreviviente de los abusos que denunció a Epstein y a su exnovia Ghislaine Maxwell ante la policía, en 1996, lanzó un comunicado celebrando que “por fin el Congreso haya escuchado a las víctimas” después de “décadas de oscuridad” y de la “vista gorda de cinco gobiernos ante la enorme farsa de justicia”.

Pero cuidado, porque como informaba el periodista del New York Times Luke Broadwater, la firma de la ley que obliga a Trump a publicar los archivos sobre el delincuente sexual de marras, no garantiza la desclasificación de todas las pruebas, ya que contiene excepciones como la protección de investigaciones en curso. En ese sentido, el presidente, consciente de que iba a perder la votación –por lo que ordenó al Partido Republicano que se sumara a ella–, exigió al Departamento de Justicia que abriera una investigación sobre los prohombres del Partido Demócrata citados en los correos del pederasta y traficante sexual.

Además, Trump podrá retener los registros para preservar la identidad de las víctimas y aquellos que incluyan imágenes de abusos sexuales a menores o que sean confidenciales de otro modo. La legislación también permite retener archivos si pudieran poner en peligro una investigación federal en curso. En resumen, como decía el periodista Rafael Barret hace más de un siglo, “cuanto más grave es un asunto, más lo tapan”.

Tambores de guerra contra Venezuela para echar a Maduro

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Luis Díez.

En Venezuela se oyen tambores de guerra desde hace varias semanas. El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, puso precio en su anterior mandato (enero de 2017 a enero de 2021) a la cabeza de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Al empuñar otra vez el poder, en enero de este año, elevó la recompensa a 50 millones de dólares, el doble de lo que George W. Bush ofreció en su día a quien facilitase la captura del fundador y líder de Al Qaeda, el fanático Osama bin Laden, lo que significa que Trump trata bien a los cazadores de recompensas y no quiere que sufran los penosos efectos de la inflación. Pero como la falta de resultados es notable, el campanudo (desafiante, hinchado de poder) inquilino de la Casa Blanca ha implementado, como se dice ahora, otras medidas contra el habitante principal del Palacio de Miraflores. Esto es lo que sabemos.

El miércoles pasado, Trump confirmó la información adelantada por el New York Times de que había autorizado “operaciones encubiertas” de la CIA en el interior de Venezuela. Ni que decir tiene cuál es la finalidad: capturar a Maduro vivo o muerto. Téngase en cuenta que el mandatario estadounidense acusó en 2020 al presidente venezolano y varios allegados de “narcoterrorismo y asociación delictiva para introducir cocaina en EEUU” y ofreció entonces la recompensa de 15 millones de dólares por la testa del venezolano. Los cargos siguen vigentes en un jugado federal de Manhattan y, según la secretaria de Justicia de Trump, Pam Bondi, le han incautado activos por más de 700 millones de dólares, incluidos dos jets privados. Bondi dice también que el rastreo de siete toneladas de cocaina incautadas les ha conducido directamente al mandatario venezolano. Y afirma, en fin, que “no escapará a la justicia y será responsabilizado por sus despreciables crímenes”.

Además de autorizar a los agentes de la CIA a intervenir en Venezuela, el presidente norteamericano dijo en el mismo acto con periodistas en el Despacho Oval que “está sopesando operaciones militares terrestres”, lo que en pocas palabras significa que está dispuesto a invadir el país y, con la escusa de combatir el narcotráfico, deponer a Maduro, liquidar el llamado régimen bolivariano y apoderarse de las riquezas del país que determinados dirigentes de la oposición en la clandestinidad y en el exilio, incluida la flamante premio Nobel de la Paz, Corina Machado, estarían dispuestos a entregarle. Téngase en cuenta que Venezuela posee las mayores reservas de petroleo del mundo. Esa riqueza documentada y la minería metálica y estratégica (“tierras raras” le llaman ahora) son las materias que verdaderamente interesan a Trump. ¿Por qué teniendo una división de agentes secretos contra el narcotráfico como es la DEA, utiliza a la CIA para intervenir en el país sudamericano? No hace falta recordar que la CIA es tristemente famosa por preparar golpes de Estado en distintos países del subcontinente, prevaliéndose de los militares más crueles y reaccionarios, casi siempre apoyados por oligarcas contrarios a los derechos democráticos.

Por lo que sabemos, la gran movilización militar ordenada por el Pentágono el 14 de agosto supuso el traslado a Puerto Rico desde la base de Norfolk, en Virginia, de 4.500 marines, buques de asalto anfibio, helicópteros y al menos un submarino. En concreto, el despliegue afecta a la Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG) y a la 22ª Marine Expeditionary Unit (MEU) e incluye los buques de guerra Iwo Jima, Fort Lauderdale y San Antonio, varias escuadrillas de helicópteros UH-18 Venom, un submarino de ataque nuclear, un crucero con misiles guiados, escoltado por varios destructores Arleigh Burk y, al menos, un avión de patrulla marítima Poseidón P-8A. Aparte de la acumulación de fuerzas frente a Caracas en el mar Caribe –el despliegue ya afecta a 10.000 militares estadounidenses–, esta semana se han detectado B-52 y helicópteros estadounidenses sobrevolando Venezuela.

Desde mediados de septiembre hasta el jueves pasado, los militares estadounidenses han atacado a seis embarcaciones y dejado un saldo de 28 muertos. A las cinco lanchas motoras destruidas con misiles teledirigidos se sumó el jueves el ataque, también en el Caribe, a un submarino sospechoso de transportar drogas y la detención de dos supervivientes supuestamente venezolanos. Son ataques en aguas internacionales contra supuestos enemigos de EEUU sin una sola prueba hasta el momento de que transportaran drogas ni de que fueran terroristas dispuestos a cometer atentados en suelo estadounidense o contra personas y bienes de ese país. Pero la legalidad internacional importa más bien poco al nuevo emperador Trump y sus colaboradores. Así, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, arengó a principios de septiembre a los marines a bordo del buque Iwo Jima diciéndoles que su misión no era un “entrenamiento” sino un “ejercicio real” de defensa de los “intereses vitales de los Estados Unidos de América cual es acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”. Este antiguo presentador de TV elogió el acierto del presidente Trump al cambiar el nombre del Departamento de Defensa, que pasó a llamarse de Guerra. Muy satisfecho ha lucido también el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha orientado a Trump hacia una táctica muy agresiva como es el uso de la fuerza militar contra los transportistas de drogas. “Lo que los detendrá es hacerlos volar por los aires, es decir, deshacerse de ellos”, dijo en México al día siguiente de la voladura de la primera lancha, con once personas a bordo.

Pero tamaño despliegue y acumulación de fuerza solo se explica, como ha apuntado el propio Trump, por la finalidad concreta de ordenar una incursión en Venezuela, capturar a Maduro como gran capo del narcotráfico y del terrorismo desestabilizador, pues ha vaciado las cárceles y enviado a delincuentes tan violentos como los del Tren de Aragua contra EEUU, y liquidar el régimen, lo que, por otra parte, facilitaría la vida a los autoproclamados ganadores de las elecciones de 2024 y reconocidos como tal por varios países.

Con todo o casi todo dispuesto para el ataque a Venezuela, el comandante militar del dispositivo en el Caribe, almirante Alvin Holsey anunció el jueves su dimisión y se despidió a última hora de ayer, 17 de octubre. Este oficial deja el cargo de jefe del Comando Sur de EEUU, encargado de dirigir las operaciones en Centromérica y Sudamerica, sin que haya desvelado los motivos y después de haber acumulado más de 10.000 combatientes en su zona de responsabilidad. La renuncia del almirante Holsey, con 37 años de servicio, y cuando llevaba menos de doce meses en un puesto donde el mandato temporal mínimo es de tres años y en medio de una misión que han bautizado “antidroga y antiterrorista”, resulta cuando menos chocante.

Según la información del New York Times, funcionarios del Pentágono y del Capitolio apuntaron fuertes tensiones políticas entre el almirante de cuatro estrellas y sus jefes civiles. El secretario de Guerra emitió un comunicado agradeciendo sus servicios, y el almirante se dirigió a sus subordinados con una sola frase: “¡Sigan adelante!” El congresista por Washington y portavoz en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, manifestó irónicamente: “Antes de Trump, no se me ocurre ningún comandante jefe que haya abandonado su puesto antes de tiempo”. El senador, también del Partido Demócrata, Jack Reed, lanzó otra carga de profundidad, dando a entender que la cadena de mando es poco proclive a la aventura bélica que sopesa el emperador y agrada a sus halcones Hegseth y Rubio. “En un momento en que las fuerzas estadounidenses se están concentrando en el Caribe y las tensiones con Venezuela están en un punto de ebullición, la partida de nuestro principal comandante militar en la región envía una señal alarmante de inestabilidad en la cadena de mando”, dijo Reed.

El presidente venezolano respondió a las amenazas del estadounidense lanzando en inglés el grito de “¡No a la guerra!” y recordando el canallesco papel de la CIA en los años setenta del siglo pasado contra las democracias en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia… “América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, añadió Maduro. Su ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, lanzó un comunicado deplorando “las declaraciones belicistas y extravagantes del presidente de los Estados Unidos, en las que admite públicamente haber autorizado operaciones para actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela”. En su opinión, “esa afirmación sin precedentes, constituye una gravísima violación del derecho internacional y de la carta de las Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar unas afirmaciones inmoderadas e inconcebibles”.

Al poder por la crueldad

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Luis Díez.

Falaris, el tirano de Agrigento (S. VI a.C), mandó construir un toro de bronce bastante grande. En él encerraba a quienes criticaban su estilo de mando, prendía fuego y los asaba vivos. De las tripas de aquel artefacto salían unos mugidos pavorosos que agradaban al tirano y le hacían sentirse más poderoso. El ejercicio de aquel poder se apoyaba en el miedo y sus hermanos mayores (horror, terror y pavor), y era similar al que viene ejerciendo desde enero pasado el matón que los estadounidenses pusieron al frente del país en su trato a los inmigrantes y a los demás países en materia de comercio exterior, cooperación y cambio climático.

La crueldad del llamado Toro de Falaris empieza a reflejarse en el campo de internamiento de inmigrantes bautizado como el “Alcatraz de los Caimanes” e inaugurado dos días antes del Cuatro de Julio por míster Trump en compañía de su subordinada de seguridad Kristi Noem y su correligionario Ron DeSantis, gobernador de Florida. La instalación, con una capacidad para 3.000 detenidos, se construyó en ocho días, con unas hileras de contenedores en el centro de unas tierras pantanosas de más de 16 kilómetros cuadrados, plagadas de alligators.

Pocas horas después de la inauguración de esta cárcel para inmigrantes, vigilada por 400 funcionarios y 200 cámaras de seguridad cerca de una pista de aterrizaje abandonada, el fiscal general de Florida, un tipo llamado James Uthmeier, anunció en X: “El Alcatraz de los Caimanes recibirá esta noche a cientos de criminales inmigrantes ilegales. Próxima parada: de regreso a donde vinieron”. El propio DeSantis, un cachorro republicano que compitió con Trump en las primarias, reconoció la crueldad de instalar la cárcel en los rudos y remotos Everglades y admitió la táctica del miedo como señal del presidente Trump para persuadir a las personas que están irregularmente en EEUU de que se marchen.

Serpientes y caimanes en las tierras pantanosas de Florida.

Sobre la crueldad gubernamental, el Nuevo Herald se hizo eco de las denuncias de las asociaciones de inmigrantes sobre el riesgo de paludismo, malaria y otras enfermedades transmitidas por los mosquitos de los pantanos a los migrantes reclusos y a sus cancerberos. Pero los activistas y simpatizantes del Partido Republicano de Florida ya han empezado a recaudar fondos a partir del nuevo centro de detención, vendiendo camisetas y enfriadores de cerveza. Incluso los funcionarios se complacen en la crueldad en redes sociales y medios conservadores, compartiendo memes de un complejo rodeado de alambradas de púas y caimanes con sombreros con el distintivo policíaco del ICE, siglas en inglés de Inmigración y Control de Aduanas.

Las redadas indiscriminadas de esa policía federal conocida como la migra y apoyada por los marines siguen causando el temor generalizado de los hispanos, especialmente en California, donde los trabajadores inmigrantes son la base de la agricultura, el comercio y los servicios. Las redadas arreciaron a partir del 6 junio sin que el necio míster Trump haya prestado atención a las autoridades locales ni aflojado en su rudeza tras las protestas masivas en las principales ciudades del país.

Hoy en Estados Unidos (EEUU) cualquier persona puede ser arrestada, secuestrada y expulsada por su color de piel. El miedo a las detenciones en los lugares menos esperados llevó el miércoles pasado al obispo de San Bernardino (California), Alberto Rojas, a dispensar a los inmigrantes católicos de la obligación de acudir a la misa semanal. Rojas encabeza una congregación de más de 1,5 millones de feligreses en el sur de California. “Hay un miedo real en muchas de nuestras comunidades a ser arrestados por agentes de inmigración”, dijo el obispo.

En Los Ángeles Times se pueden leer informaciones como la reportada por Libor Jany –“¿Secuestradores o agentes del ICE?”– que narran el repentino incremento de llamadas de ciudadanos a la policía local. “Cuando un grupo de hombres armados y enmascarados fue visto arrastrando a una mujer a una camioneta en el Distrito de la Moda la semana pasado, un testigo llamó al 911 para denunciar un secuestro”. Luego, cuando llegaron los agentes de la policía local, en lugar de detener a los secuestradores formaron una línea para protegerlos de la multitud furiosa que exigía la liberación de la mujer.

Mientras los agentes del ICE cercan los parques para detener a supuestos inmigrantes sin papeles, entran en empresas, fincas y tierras de labor, irrumpen en centros comerciales o hacen redadas a las puertas de los lugares de culto, las escuelas y en los itinerarios hacia los centros deportivos, el supremacista Trump acaba de retirar el Estatus de Protección Temporal (ETP) a unos 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán, Camerún y Nepal. Con la retirada del ETP desaparece el permiso de trabajo de estas personas que ahora viven con el pánico a ser deportados. El ETP suele otorgarse cuando las condiciones en el país de origen dificultan el regreso. Las personas han de registrarse en el Departamento de Seguridad Nacional para quedar protegidas y poder trabajar. Sin embargo, han de renovar la protección cada 18 meses y los periodos no cuentan para adquirir la nacionalidad. En septiembre otros 250.000 venezolanos y varios miles de sirios verán cancelados sus TPS, y en diciembre se hallarán en la misma situación centenares de yemeníes y somalíes.

El despiadado Trump trata de extender su política del miedo a los alcaldes y dirigentes locales de las “ciudades santuario”, defensoras de los inmigrantes. Para ello dio orden a la fiscal general Pam Bondi de abrir causas penales contra esas autoridades. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha sido incriminada. Pero claro, la lista de “jurisdicciones santuario” del Departamento de Seguridad Nacional tiene más agujeros que la trama de la última película Misión Imposible, dice el columnista de prensa Gustavo Arellano antes de poner de relieve los errores más chuscos e hilarantes de esa relación apresurada para satisfacer al gran jefe necio.

En la lista aparece, por ejemplo, Huntington Beach, la ciudad del condado de Orange que ha demandado a Califiornia, precisamente, por ser un Estado santuario y se ha declarado “comunidad no santuario”. Aparece asimismo Represa, una localidad de la que nadie había oído hablar y era lógico porque no existe. Resulta que no es una ciudad, sino el nombre de la oficina de correos de dos lugares que no se caracterizan precisamente como santuarios: la prisión estatal de Folsom y la prisión estatal de California en Sacramento. “Más errores risibles –escribe el amigo Arellano–: Livingston, la primera ciudad del Valle Central en declararse santuario para los inmigrantes en 2017 no está en la lista, en cambio, Santee, en el condado de San Diego, tan conocido por su racismo que todavía se llama Klantee, sé lo está”.

El relato de errores y desaciertos sigue, es largo y demuestra cuán cegado de odio y furia está el mandatario deportador. Y lo malo es que la política de crueldad contra los más débiles y desamparados de un país de inmigrantes como EEUU está siendo exportada a Europa y aplicada en parte por la aventajada alumna ultraderechista, signora Meloni. El principal mentor de la política de Trump es ese saco de estiércol al que llaman Bannon, promotor de la ultraderecha paneuropea y, curiosamente, encarcelado y procesado en Nueva York por apropiarse de al menos un millón de dólares de los fondos donados por la gente para la construcción del muro en la frontera mexicana.

Los receptores y seguidores al pie de la letra de los métodos trampistas son en España los dirigentes de la extrema derecha, Vox. En cuanto se enteraron de que el todopoderoso líder multimillonario ha obtenido el plácet judicial para quitar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes nacidos en EEUU se han apresurado a proclamar que suprimirán la nacionalidad española a los inmigrantes y a sus hijos, y los expulsarán al país de origen. Para que suene menos mal, en vez de “expulsión” y “deportación”, hablan de “remigración”, un término político inventado por los racistas y supremacistas trumpianos. ¿A cuantos millones de españoles van a expulsar? ¿Incluso a los que les han votado?

Trump (6) o cuando el necio contamina y mata

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Madrid.–Luis Díez.

La fiscal federal del país más poderoso del mundo, Pam Bondi, tiene una tarea suplementaria. Se la ha encargado su señorito Donald Trump. La primera semana de junio debe entregarle una lista con las leyes y normativas de los distintos estados de la unión contra el cambio climático, así como los recursos judiciales que ha interpuesto contra esas normas y las medidas legislativas adicionales necesarias para suspenderlas en el caso de que la justicia le sea esquiva.

La negación del cambio climático es una de las materias por las que el presidente de EEUU se ha ganado el calificativo de necio mayor. Si el primer día de su segundo mandato anunció que su país se retiraba (otra vez) de los Acuerdos de París contra el cambio climático y los consiguientes desastres “naturales” que estamos sufriendo (danas incluidas), el 8 de abril firmó una de sus órdenes ejecutivas para que Bondi identificara y detuviera la aplicación de las leyes estatales que abordan el cambio climático y otras iniciativas ambientales contra la destrucción del medio ambiente. Justificó esa orden ejecutiva diciendo que las leyes para frenar el cambio climático que han promulgado algunos estados son onerosas, ideológicas, amenazan “el dominio energético estadounidense” y “nuestra seguridad económica nacional”.

Trump acusa a varios estados de «extorsionar» a las empresas de combustibles fósiles por su contribución pasada a las emisiones de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. Desde la Casa Blanca quiere anular el principio del que contamina paga y acabar con los topes a las emisiones de gases de las empresas que les permiten “vender créditos” a otras por las emisiones no utilizadas. En este sentido ataca especialmente a California, cuya legislación por la descarbonizacion de la economía y el uso de energías limpias llega a calificar de “radical”. Las autoridades del bastión demócrata temen que sus esfuerzos para lograr la transición a los vehículos eléctricos, que incluyen la prohibición de vender automóviles nuevos a gasolina a partir de 2035, sean saboteados por el jefe republicano.

El programa de topes y comercio de emisiones no solo está amenazado en California, sino también en Nueva York y Vermont. A Trump no le importa en absoluto la destrucción de la atmósfera y los desastres ecológicos. Con su caótico discurso negacionista acusa de “fanatismo climático” a los países europeos y a los gobiernos que en todo el mundo se esfuerzan por cumplir los compromisos de París. Su descalificación contagiosa viene siendo repetida por la extrema derecha desde hace una década. Pero lo cierto es que algunos estados de la unión apuestan por la vida y la preservación del planeta frente al fomento y la protección de la industria de los combustibles fósiles de EEUU que patrocina el multimillonario agente naranja.

Petroleros y gasistas celebraron el 8 de abril la orden ejecutiva de arremeter contra las leyes medioambientales de los estados y también la 14241 de expansión inmediata de la producción de carbón, la apertura de nuevas minas y la prolongación de la vida útil de las plantas de carbón para la producción de energía eléctrica. “La industria del carbón ha empleado históricamente a cientos de miles de estadounidenses. Los recursos carboníferos de Estados Unidos son vastos, con un valor actual estimado en billones de dólares, y son más que capaces de contribuir sustancialmente a la independencia energética estadounidense, con excedentes para la exportación, apoyando a los aliados y nuestra competitividad económica”, decía la disposición presidencial.

“Aplaudimos la acción del presidente Trump –escribió Ryan Meyers, vicepresidente del Instituto Americano del Petróleo– de exigir responsabilidades a estados como Nueva York y California por implementar medidas inconstitucionales que penalizan ilegalmente a los productores estadounidenses de petróleo y gas natural por entregar la energía de la que dependen los consumidores estadounidenses todos los días”. Queda claro que a la oligarquía petrolera le disgusta que algunos estados como California, por ejemplo, hayan alcanzado un nivel de generación de energía limpia y renovable equivalente a la demanda total de 45 días al año.

Y también queda claro que en vez de avanzar en energías límpias, Elnecio relanza la política sucia, dañina y contaminante contra la población estadounidense en primer lugar y, junto con la dictadura China, contra la especie humana en su conjunto. La ley trumpista (y tramposa) que elimina las barreras regulatorias del carbón suspende de un plumazo los cierres previstos de numerosas centrales eléctricas de carbón en todo el país. La que tramita el Congreso y que ha contado con el voto favorable de más de treinta representantes del Partido Demócrata, anula los esfuerzos por reducir las emisiones contaminantes de los automóviles al prolongar sine die la automoción a base de combustibles fósiles.

Pese al desprecio de las energías renovables por parte del errático presidente de EEUU, vale citar a algunas grandes empresas que como United Airlines, la segunda aerolínea más grande del mundo tras American Airlines, se asocian con empresas emergentes de tecnología limpia para cumplir los objetivos contra el cambio climático. La aerolínea de Chicago busca un futuro con bajas emisiones de carbono en el que no sólo pueda compensar el CO2 que emite a la atmósfera sino capturar el carbono y utilizarlo para producir combustible de aviación. De ahí que se haya asociado con empresas emergentes que están trabajando en la extracción del dióxido de carbono del aire y en la producción de combustible, imitando la fotosíntesis.

La United, con 708 aeronaves Boeing y Airbus en servicio, se ha unido a Heirloom, una empresa especializada en la captura directa de dióxido de carbono del aire, y colabora con Twelve, una tecnológica que utiliza la “fotosíntesis industrial” para producir combustible a partir de CO2 y agua. La aerolínea está invirtiendo en la tecnológica JetZero para desarrollar aviones de ala combinada y fuselaje ancho que podrían reducir un 50% el consumo de combustible. Según Lauren Riley, directora de sostenibilidad de United, el objetivo es “emisiones cero” en 2050.

Muchas otras empresas contaminantes van tomando conciencia del daño y reduciendo el uso de la energía fósil. En contraste con los mandatos ejecutivos de Washinton, la Asociación Americana del Pulmón afirma en su último informe que “casi la mitad de la población está expuesta a un aire insalubre”. Según publica Ignacio Calderón en USA Today, el informe titulado denuncia que alrededor de 156 millones de personas (el peor nivel en una década) viven ahora en condados plagados de altos niveles de ozono y partículas contaminantes que pueden causar enfermedades graves, incluidos ataques de asma y accidentes cerebrovasculares.  El estudio de 2025, basado en datos de la EPA hasta 2023 (el año completo más reciente disponible), muestra un aumento de 25 millones de personas que viven en áreas con calificaciones bajas de calidad del aire en comparación con el estudio anterior.

Según Katherine Pruitt, autora principal del estudio y directora de políticas de la Asociación, “el número de personas que viven en lugares con aire insalubre es cada vez mayor, lo que representa una reversión de las mejoras impulsadas por la Ley de Aire Limpio y una aceleración del calentamiento global y el cambio climático”. La carga de salud que supone la contaminación del aire recae de forma desigual sobre las personas de color, siendo la población hispana la más castigada por la insalubridad del aire y las enfermedades derivadas.