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USA-Venezuela o la vida bajo amenaza

Luis Díez.

Vivir bajo amenaza es una gran putada. Sin un medidor de angustia resulta imposible saber cómo se sienten los supervivientes del genocidio en la Franja de Gaza, todavía tiroteados y asesinados por el ejército israelí. Ese medidor serviría también para cifrar la inquietud de los ucranianos de Kief, Jarkov, Donest, Odesa y otras ciudades a tiro de misil del ejército ruso desde hace más de tres años. Los canallas Netanyahu y Putin no paran de hacer daño. El corrupto Trump, cómplice del primero y beneficiado por el segundo, parece ahora empeñado en entablar su propia guerra (no sólo arancelaria) contra la Venezuela de Maduro para acabar con el régimen bolivariano y apoderarse del petroleo y los recursos naturales de ese inmenso y rico país.

Los venezolanos de la diáspora en Estados Unidos (EEUU) y en la propia Venezuela están siendo castigados por Trump a desvivir bajo amenaza. A falta de ese medidor del sufrimiento humano resulta difícil comparar la inquietud y el miedo de los que pudieron emigrar a EEUU y temen ser detenidos, encarcelados, separados de sus hijos y expulsados sin piedad, con la angustia de los que en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay… temen ser bombardeados al amanecer.

En Caracas llueve mentiras. El gobierno de Trump llevaba 82 asesinados con misiles guiados contra 21 embarcaciones (lanchas con motores) hasta el viernes, 5 de diciembre. Trump y sus subordinados sostienen que esas lanchas eran operadas por narcoterroristas miembros de cárteles que transportaban drogas letales a EEUU.

Si, “narcoterroristas” como el pescador Robert Sánchez, 42 años, padre de cuatro hijos. Los cien euros al mes que ganaba con la pesca apenas llegaban para dar de comer a sus hijos. “Narcoterroritas” como Juan Carlos “El Guaramero” Fuentes, conductor de un autobús de transporte público que pasaba por una situación apurada, pues al averiarse el autobús había quedado en paro hasta el gobierno tuviera a bien arreglarlo. En paro y sin sueldo, ya que los conductores de autobús cobran una parte de la tarifa que pagan los viajeros. “Narcoterroristas” como Dushak Milovcic, de 24 años, antiguo alumno de la Academia de la Guardia Nacional de Venezuela. O como Luis “Che” Martínez, un tipo corpulento, de 60 años, que había sido pescador hasta que descubrió que ganaba más dinero con el tráfico de personas y el contrabando. Fue encarcelado en 2020 tras un naufragio en el que murieron dos de sus hijos y una nieta junto con otras veinte personas. O como otros lugareños que se jugaron la vida y la perdieron por 500 euros.

Si los espías de la CIA infiltrados en Venezuela para, según Trump, “combatir el narcotráfico”, hubieran preguntado en las pueblos de pescadores de la costa Guaira, el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, no seguiría diciendo que “nuestra inteligencia confirmó que los individuos involucrados eran narcoterroristas”. Su “inteligencia” es una mierda y miente lo mismo que hizo antes de la ocupación de Iraq. Ahora llaman “narcoterroristas” a unos simples contrabandistas y apelan al tráfico de drogas como justificación de un cambio de régimen manu militari en Venezuela.

Los periódicos con mayor credibilidad y difusión en EEUU aseguran que Venezuela solo desempeña un pequeño papel en el tráfico de drogas en América, Se basan en expertos y evaluaciones del propio gobierno estadounidense para informar de que la mayor parte de la cocaína producida en Colombia que pasa por Venezuela va hacia Europa. La cocaína colombiana que se dirige a Estados Unidos se exporta a través del océano Pacífico. Y las agencias estadounidenses han determinado que el fentanilo que tanto preocupa al matón de la Casa Blanca se produce casi en su totalidad en México, no en Venezuela, con productos químicos importados de China.

Mientras sigue lloviendo mentiras, la gente se pregunta angustiada si esa acumulación de fuerza militar ordenada por Trump en el Caribe, como no ocurría desde la crisis de los misiles frente a Cuba, será el preludio de una invasión en Venezuela o solo una estratagema para obligar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder. Es sabido que el secretario de Estado Marco Rubio encabeza en la Casa Blanca la línea dura para derrocar al autócrata izquierdista al que EEUU no reconoce como presidente elegido de Venezuela y acusa de dirigir la organización “narcoterrorista” el Cártel de los Soles al tiempo que ofrece 50 millones de dólares por su cabeza.

Cómo ya se habrán percatado los espías de la CIA, el famoso Cártel de los Soles no existe. Fue una invención, un término peyorativo inventado en los años noventa del siglo pasado para referirse a mandos militares que aceptaban dinero del narco. Puesto que en vez de estrellas, los oficiales venezolanos lucen soles en la pechera, la prensa recogió la expresión popular y acuñó la etiqueta propiamente dicha. “Es como si Donald Trump clasificara el ‘Estado profundo’ como una pandilla criminal”, dice el analista Phil Gunson.

Se desconoce el contenido de la última conversación telefónica entre Trump y Maduro, pero no parece que el venezolano renuncie al poder y desaparezca, como querría el corrupto fanfarrón de Washington. El otro día, Gunson decía al New York Times: “Tengo la sensación de que, básicamente, han creado esta guerra falsa y han llegado tan lejos que ahora tienen que hacer una guerra de verdad”.

Cabe suponer que los agentes de la CIA lean la prensa de Caracas y a estas alturas sepan que “el dictador Maduro y su coro de generales”, como titulaba en El Nacional el comentarista Miguel Henrique Otero el pasado 25 de noviembre, mandan sobre unas fuerzas armadas “corroídas y corruptas” en las que se cuentan por miles los oficiales de menor rango que tienen segundos y hasta terceros empleos para sobrevivir, cuando no se dedican a distintas prácticas delictivas, especialmente la extorsión a comerciantes y trabajadores informales.

Henrique Otero pintaba un paisaje desolador: “Los equipos y armas se oxidan y se vuelven inservibles por falta de mantenimiento; el hambre y las enfermedades castigan a los cuarteles; hay 10 o 12 veces más generales que el promedio de América Latina debido a la grotesca facilidad con la que inflan las cifras de soldados y ocultan las deserciones; hablan de unas fuerzas armadas numerosas, sólidas, cohesionadas y debidamente entrenadas, cuando lo que hay es una organización que no alcanza a los 70.000 hombres, más de la mitad en funciones en la administración pública, en su mayoría desarmados (por temor a que esas armas sean usadas contra la dictadura) y en condiciones precarias”.

Con este panorama y esos uniformados hartos de salarios miserables, arbitrariedades, cuarteles en la ruina, corrupción rampante, contrabando, coimas, enchufes, privilegios, arbitrariedad, ilegalidad y colaboración con narcoguerrilleros colombianos –siempre según los comentarios del columnista mencionado–, resulta tentador suponer que la invasión del país sería un paseo militar para los marines estadounidenses desplegados en el Caribe. De hecho Trump declaró cerrado el espacio aéreo venezolano hace ya diez días. El martes pasado pidió a sus compatriotas que abandonen Venezuela, si bien, el jueves envió a Caracas dos aviones civiles llenos de deportados.

Pero mientras Rubio y los halcones del Pentágono encabezados por el lamentable secretario de Defensa Pete Hegseth, quien dio la orden de no dejar a un lanchero vivo, apuestan por la invasión, otros miembros del equipo de Trump parecen más interesados ​​en asegurar el acceso a la riqueza petrolera de Venezuela e impedir que China y Rusia se beneficien de ella. De hecho, el Tesoro de EEUU ha autorizado la entrada de al menos dos grandes petroleros con crudo venezolano desde que a finales de agosto comenzó el despliegue militar en el Caribe. El mismo poder presidencial de Washington que decretó en su día el bloqueo a Venezuela y ahora comete crímenes destruyendo lanchas con misiles en lo que considera “una guerra contra los terroristas que quieren matar a ciudadanos estadounidenses con drogas”, permite al mismo tiempo a su petrolera Chevron reanudar las perforaciones en Venezuela.

Aunque llueva mentiras no vale engañarse. Lo que Washington quiere son las reservas petroleras de Venezuela, las mayores del mundo conocidas hasta el momento. El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, decía hace una semana en Fox News que “si ocurre algo en Venezuela podríamos ver bajar el precio del petróleo”. Se refería implícitamente a la salida de Maduro, la opción supuestamente preferida por Trump si tenemos en cuenta que durante su campaña electoral dijo estar en contra de las guerras y que según una encuesta de CBS News/YouGov, el 70% de los estadounidenses se opone a una acción militar contra Venezuela.

Las contradicciones de Trump en la supuesta lucha contra la droga quedan de manifiesto cuando un día liquida a cuatro “narcoterroristas” con un supuesto cargamento de cocaína hacia su país y al siguiente indulta al expresidente de Honduras, Juán Orlando Hernández, condenado en EEUU a 45 años de prisión por haber inundado de droga el país como socio y colaborador del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Con el petróleo, en cambio, no hay contradicción, sino inequívoca ambición, el motor que mueve a Trump a mantener su amenaza contra los venezolanos. A todo esto, España compró a Venezuela el 4,7% del crudo que consumió el año pasado. Y la multinacional española Repsol reactivo en marzo pasado la empresa mixta creada en 2023 con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para extender la explotación de campos petroleros.

Pero la vida bajo amenaza es también el sino de miles de venezolanos que residen en EEUU. Se estima que medio millón salieron huyendo del régimen arbitrario y represivo de Maduro y ahora sufren las inclemencias de un sujeto no menos represor y arbitrario llamado Trump que solo habla de Venezuela como fuente de drogas y migración ilegal. Con solo leer el mensaje de Trump la noche de Acción de Gracias los migrantes hispanos en general y los venezolanos en particular ya saben que ese país no los quiere y emplea a la policía y al ejército para arrestarlos en las calles, las plazas, las carreteras, las estaciones, las fábricas, los almacenes, los campos de labor, los comercios e incluso los dispensarios médicos, los colegios, los juzgados y las dependencias burocráticas para arrestarlos, encerrarlos y expulsarlos.

Redada en California de trabajadores inmigrantes

El columnista Gustavo Arellano escribió para Los Ángeles Times que la contribución del presidente Trump a la mesa del país en la cena de Acción de Gracias fue “el equivalente digital de un pastel de mierda en llamas”. Entre insultos personales contra enemigos políticos y calumnias contra inmigrantes, “esta vez Trump fue más bajo y desagradable que nunca antes; no, en serio. Cambiando libremente entre “refugiado”, “extranjero”, “migrante” e “ilegal”, declaró que la inmigración es “la principal causa de disfunción social en Estados Unidos” e insistió en que “solo la migración inversa puede curar completamente esta situación”.

Cinco días después de la famosa cena familiar, Trump decidía dejar en suspenso los permisos de residencia a inmigrantes y refugiados. En el Nuevo Herald de Miami, las reporteras Jacqueline Charles y Verónica Egui reflejaban el miedo de los inmigrantes del sur de Florida, donde las comunidades de cubanos y venezolanos son mayoría. La orden de Trump suspende la admisión de todas las solicitudes de inmigración y peticiones de asilo pendientes de personas de Venezuela, Cuba, Haiti y otros 16 países considerados de “alto riesgo”. La directiva afecta a peticiones de carta verde (residencia) y permisos de trabajo para personas con solicitudes de asilo pendientes. Los juristas la interpretan como una suspensión en toda regla de la migración legal, con la consiguiente calificación de “ilegal” para las decenas de miles de personas que están ahora en espera. Muchos venezolanos ya afrontaban una situación angustiosa por la orden de Trump de no renovar sus tarjetas de protección temporal (TPS). Ahora se enfrentan al limbo migratorio. Por si fuera poco, la administración Trump plantea la posibilidad de que inmigrantes que han vivido en EEUU durante décadas y tienen residencia permanente, conocida como green cards, puedan ser expulsados del país.

Como dice Arellano, vivir bajo un régimen que te quiere hacer desaparecer no es nada divertido. Cuando además uno es alguien cuyos mayores solían ser indocumentados y creció en un mundo donde la migra pesaba como una espada de Damocles sobre demasiados seres queridos, uno no desea esa condición a nadie.

Al poder por la crueldad

Luis Díez.

Falaris, el tirano de Agrigento (S. VI a.C), mandó construir un toro de bronce bastante grande. En él encerraba a quienes criticaban su estilo de mando, prendía fuego y los asaba vivos. De las tripas de aquel artefacto salían unos mugidos pavorosos que agradaban al tirano y le hacían sentirse más poderoso. El ejercicio de aquel poder se apoyaba en el miedo y sus hermanos mayores (horror, terror y pavor), y era similar al que viene ejerciendo desde enero pasado el matón que los estadounidenses pusieron al frente del país en su trato a los inmigrantes y a los demás países en materia de comercio exterior, cooperación y cambio climático.

La crueldad del llamado Toro de Falaris empieza a reflejarse en el campo de internamiento de inmigrantes bautizado como el “Alcatraz de los Caimanes” e inaugurado dos días antes del Cuatro de Julio por míster Trump en compañía de su subordinada de seguridad Kristi Noem y su correligionario Ron DeSantis, gobernador de Florida. La instalación, con una capacidad para 3.000 detenidos, se construyó en ocho días, con unas hileras de contenedores en el centro de unas tierras pantanosas de más de 16 kilómetros cuadrados, plagadas de alligators.

Pocas horas después de la inauguración de esta cárcel para inmigrantes, vigilada por 400 funcionarios y 200 cámaras de seguridad cerca de una pista de aterrizaje abandonada, el fiscal general de Florida, un tipo llamado James Uthmeier, anunció en X: “El Alcatraz de los Caimanes recibirá esta noche a cientos de criminales inmigrantes ilegales. Próxima parada: de regreso a donde vinieron”. El propio DeSantis, un cachorro republicano que compitió con Trump en las primarias, reconoció la crueldad de instalar la cárcel en los rudos y remotos Everglades y admitió la táctica del miedo como señal del presidente Trump para persuadir a las personas que están irregularmente en EEUU de que se marchen.

Serpientes y caimanes en las tierras pantanosas de Florida.

Sobre la crueldad gubernamental, el Nuevo Herald se hizo eco de las denuncias de las asociaciones de inmigrantes sobre el riesgo de paludismo, malaria y otras enfermedades transmitidas por los mosquitos de los pantanos a los migrantes reclusos y a sus cancerberos. Pero los activistas y simpatizantes del Partido Republicano de Florida ya han empezado a recaudar fondos a partir del nuevo centro de detención, vendiendo camisetas y enfriadores de cerveza. Incluso los funcionarios se complacen en la crueldad en redes sociales y medios conservadores, compartiendo memes de un complejo rodeado de alambradas de púas y caimanes con sombreros con el distintivo policíaco del ICE, siglas en inglés de Inmigración y Control de Aduanas.

Las redadas indiscriminadas de esa policía federal conocida como la migra y apoyada por los marines siguen causando el temor generalizado de los hispanos, especialmente en California, donde los trabajadores inmigrantes son la base de la agricultura, el comercio y los servicios. Las redadas arreciaron a partir del 6 junio sin que el necio míster Trump haya prestado atención a las autoridades locales ni aflojado en su rudeza tras las protestas masivas en las principales ciudades del país.

Hoy en Estados Unidos (EEUU) cualquier persona puede ser arrestada, secuestrada y expulsada por su color de piel. El miedo a las detenciones en los lugares menos esperados llevó el miércoles pasado al obispo de San Bernardino (California), Alberto Rojas, a dispensar a los inmigrantes católicos de la obligación de acudir a la misa semanal. Rojas encabeza una congregación de más de 1,5 millones de feligreses en el sur de California. “Hay un miedo real en muchas de nuestras comunidades a ser arrestados por agentes de inmigración”, dijo el obispo.

En Los Ángeles Times se pueden leer informaciones como la reportada por Libor Jany –“¿Secuestradores o agentes del ICE?”– que narran el repentino incremento de llamadas de ciudadanos a la policía local. “Cuando un grupo de hombres armados y enmascarados fue visto arrastrando a una mujer a una camioneta en el Distrito de la Moda la semana pasado, un testigo llamó al 911 para denunciar un secuestro”. Luego, cuando llegaron los agentes de la policía local, en lugar de detener a los secuestradores formaron una línea para protegerlos de la multitud furiosa que exigía la liberación de la mujer.

Mientras los agentes del ICE cercan los parques para detener a supuestos inmigrantes sin papeles, entran en empresas, fincas y tierras de labor, irrumpen en centros comerciales o hacen redadas a las puertas de los lugares de culto, las escuelas y en los itinerarios hacia los centros deportivos, el supremacista Trump acaba de retirar el Estatus de Protección Temporal (ETP) a unos 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán, Camerún y Nepal. Con la retirada del ETP desaparece el permiso de trabajo de estas personas que ahora viven con el pánico a ser deportados. El ETP suele otorgarse cuando las condiciones en el país de origen dificultan el regreso. Las personas han de registrarse en el Departamento de Seguridad Nacional para quedar protegidas y poder trabajar. Sin embargo, han de renovar la protección cada 18 meses y los periodos no cuentan para adquirir la nacionalidad. En septiembre otros 250.000 venezolanos y varios miles de sirios verán cancelados sus TPS, y en diciembre se hallarán en la misma situación centenares de yemeníes y somalíes.

El despiadado Trump trata de extender su política del miedo a los alcaldes y dirigentes locales de las “ciudades santuario”, defensoras de los inmigrantes. Para ello dio orden a la fiscal general Pam Bondi de abrir causas penales contra esas autoridades. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha sido incriminada. Pero claro, la lista de “jurisdicciones santuario” del Departamento de Seguridad Nacional tiene más agujeros que la trama de la última película Misión Imposible, dice el columnista de prensa Gustavo Arellano antes de poner de relieve los errores más chuscos e hilarantes de esa relación apresurada para satisfacer al gran jefe necio.

En la lista aparece, por ejemplo, Huntington Beach, la ciudad del condado de Orange que ha demandado a Califiornia, precisamente, por ser un Estado santuario y se ha declarado “comunidad no santuario”. Aparece asimismo Represa, una localidad de la que nadie había oído hablar y era lógico porque no existe. Resulta que no es una ciudad, sino el nombre de la oficina de correos de dos lugares que no se caracterizan precisamente como santuarios: la prisión estatal de Folsom y la prisión estatal de California en Sacramento. “Más errores risibles –escribe el amigo Arellano–: Livingston, la primera ciudad del Valle Central en declararse santuario para los inmigrantes en 2017 no está en la lista, en cambio, Santee, en el condado de San Diego, tan conocido por su racismo que todavía se llama Klantee, sé lo está”.

El relato de errores y desaciertos sigue, es largo y demuestra cuán cegado de odio y furia está el mandatario deportador. Y lo malo es que la política de crueldad contra los más débiles y desamparados de un país de inmigrantes como EEUU está siendo exportada a Europa y aplicada en parte por la aventajada alumna ultraderechista, signora Meloni. El principal mentor de la política de Trump es ese saco de estiércol al que llaman Bannon, promotor de la ultraderecha paneuropea y, curiosamente, encarcelado y procesado en Nueva York por apropiarse de al menos un millón de dólares de los fondos donados por la gente para la construcción del muro en la frontera mexicana.

Los receptores y seguidores al pie de la letra de los métodos trampistas son en España los dirigentes de la extrema derecha, Vox. En cuanto se enteraron de que el todopoderoso líder multimillonario ha obtenido el plácet judicial para quitar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes nacidos en EEUU se han apresurado a proclamar que suprimirán la nacionalidad española a los inmigrantes y a sus hijos, y los expulsarán al país de origen. Para que suene menos mal, en vez de “expulsión” y “deportación”, hablan de “remigración”, un término político inventado por los racistas y supremacistas trumpianos. ¿A cuantos millones de españoles van a expulsar? ¿Incluso a los que les han votado?