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‘Desnazificar’ a Putin

Madrid, 1-03-2022.– Luis Díez

Después de ordenar la invasión militar de Ucrania, la madrugada del 24 de febrero, Vladimir Putin dijo a la nación que “la operación especial militar” tenía el objetivo de “desnazificar” el país. El presidente de Rusia evitó la palabra “guerra”. Su mensaje era también una consigna, pues los principales medios de comunicación rusos no pronuncian ni escriben la palabra que los avergüenza. De antemano sabemos que la guerra es destrucción y muerte y ruina. Y también mentiras. El Putin que ayer aseguraba que no iba a atacar a los vecinos y hermanos del sur los invade con toda la ferretería pesada y los está masacrando con misiles.

Además de un mentiroso de marca mayor, el autócrata ha demostrado la perversidad que alberga su cabeza de cebolla al envolver su mensaje en la capa histórico-ideológica de “desnazificar” Ucrania. ¿Acaso estamos en 1941 y las divisiones nazis han invadido el territorio ucraniano? La connotación histórica, perversamente calculada, apela a la memoria y los sentimientos del noble pueblo ruso que acudió a combatir a las tropas de Hitler junto a sus hermanos ucranianos. Por cierto que entre ellos había un buen puñado de republicanos españoles. Tuve la ventura de amistar con uno de ellos, el aviador José María Bravo Fernández-Hermosa. Combatió como guerrillero en la región de Azov, con el mando en Jarkov. Realizó operaciones de sabotaje a la retaguardia alemana en unas condiciones climáticas muy adversas, en las que perder el contacto visual, desorientarse y morir congelado eran sinónimos. Después, como aviador, fue jefe de una escuadrilla de Kittyawks (avión norteamericano, por cierto) encargada de proteger los pozos petrolíferos de la región de Bakú, en el Caspio. Le vi por última vez (murió el 26 de diciembre de 2009) en la presentación del hermoso libro de memorias que escribió con la colaboración del amigo Rafael de Madariaga y publicó la Fundación Aena: El seis doble: Bravo y los Moscas en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial.

En términos políticos e ideológicos resulta sorprendente que el belicoso mandatario ruso consigne el término “desnazificar” cuando la extrema derecha ucraniana fue humillada en las elecciones generales ucranianas de 2019. Recibió menos del 2% de los votos. Eso es mucho menos apoyo del que consigue en países indiscutiblemente democráticos como España, Francia, Alemania o Italia. Ucrania es un país democrático, cuyo presidente popular fue elegido en elecciones libres con más del 70% de los votos. Pero además, como recordaba Jason Stanley en The Guardian, el presidente Volodymyr Zelenskiy es judío y proviene de una familia parcialmente aniquilada en el Holocausto nazi.

Bastaría lo dicho para demostrar la falacia del plutócrata ruso si no fuera porque además ese tipo que persigue, encarcela y liquida a periodistas y dirigentes de la oposición democrática encabeza el movimiento fascista global. No cabe engañarse, de comunista, como algún político botarate afirma todavía, sólo tiene la pobreza de la población de su país, acentuada durante sus más de veinte años de mandato. Las palabras de admiración y apoyo hacia del gran instigador de la ultraderecha occidental, el expresidente estadounidense Donald Trump, confirman el liderazgo faccioso de Putin. Se podrá decir, como hizo Felipe González Márquez cinco años antes del asalto al Capitolio, que Trump es un “necio” redomado, pero su bravuconada ha dado la vuelta al mundo. Y no conforme con respaldar la invasión de Ucrania a sangre y fuego, el necio añadió que “eso mismo (la invasión militar) deberían hacer ellos con México.

Ya sabemos que el nazi-fascismo es el culto al líder que promete la restauración de la grandeza de la nación supuestamente saqueada por inmigrantes, desnaturalizada por minorías étnicas y religiosas, y amenazada por feministas, gays y cuantos movimientos sociales y políticos reivindican la libertad y la igualdad. El líder fascista se erige en salvador y se cree llamado a restaurar la antigua gloria imperial (y a menudo el antiguo territorio) con violencia y por las armas. Eso es, precisamente, lo que está haciendo el canalla Putin contra Ucrania. Y contra el noble pueblo ruso, que debería “desnazificarle”, es decir, echarle ya del Kremlin a patadas.

Ayuso se ensaña con Rivas en materia escolar

Luis Díez

Por alguna razón ajena a las racionales mentes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido mantener una situación de injusticia educativo y abuso del poder con la población de Rivas-Vaciamadrid (95.000 habitantes). El Ayuntamiento le entrega solares para que construya colegios e institutos, pero el Ejecutivo regional mira para otro lado y deja pasar el tiempo (los años) sin cumplir su obligación. Un año más Rivas sufre una situación de “emergencia educativa”, como denuncian las pancartas colocadas en los parques y rotondas de la ciudad. Es como si la presidenta Isabel Díaz Ayuso, su poderoso asesor Miguel Ángel Rodríguez y sus aliados de la ultraderecha hubieran decidido declarar la guerra política a la izquierda (IU y PSOE) que gobierna este municipio desde las primeras elecciones locales (1979) en una materia como la enseñanza pública obligatoria que perjudica también a sus votantes y seguidores.

Rivas necesita dos colegios más de enseñanza infantil y primaria, dos nuevos institutos de enseñanza media y también un centro de formación profesional. Pero el PP, que ordena y manda desde la Puerta del Sol, prefiere alimentar la tensión. Un ejemplo: va a hacer tres años desde que, en noviembre de 2018, el Ayuntamiento de esta ciudad entregó al Ejecutivo de Ayuso una parcela de más de 2.500 metros cuadrados, valorada en cuatro millones de euros, para la construcción de un colegio de educación infantil y enseñanza general básica sin que hasta el día de hoy las autoridades autonómicas hayan decidido contratar e iniciar las obras de construcción. Torres de pisos habitados por familias jóvenes desde hace más de un año rodean esa parcela en la avenida de Pablo Iglesias (el de la imprenta, no el de la televisión). Aulas prefabricadas empiezan a aparecer en los recintos de otros centros. De lo único que se ha ocupado el Ejecutivo de Ayuso es de que el futuro colegio no lleve el nombre de Mercedes Vera, tal como decidió en su día el Consejo Municipal de Educación, que es un órgano consultivo del Ayuntamiento, sino que se llame de la Hispanidad. ¿Por qué?

Las torres de pisos se elevan en menos de un año mientras el Gobierno de Ayuso lleva ya tres de retraso en la construcción de un colegio

Mercedes Vera (1907-2000) fue una maestra represaliada por la dictadura franquista, una mujer que acabó enseñando en la finca El Porcal y en el casco antiguo de aquella pequeña aldea de aparceros que era Rivas hasta los años ochenta del siglo pasado en que la necesidad de viviendas la convirtió en la ciudad actual. Los enseñantes y el consistorio entendían que aquella mujer que combatió el analfabetismo en unas condiciones de pobreza, precariedad y persecución inenarrables merecía un reconocimiento y un recuerdo, pero ya se ve que con la derecha extrema y la extrema derecha eso no es posible. Y la construcción de colegios e institutos públicos en tiempo y forma, tampoco.

Si la iniciativa privada ya ha plantado sus ciudades escolares e implantado su negocio con dos complejos de pago (desde infantil a la universidad) y uno concertado, y no parece que los estamentos confesionales que dominan el sector puedan obtener ya más rendimiento económico, dada la asfixia de las familias, hipotecadas hasta las cejas, la incuria y la injusticia hacia los habitantes de Rivas sólo encuentra explicación en el belicoso estilo de mando de una derecha que, por otra parte, destina cuantiosos fondos de los impuestos de todos los madrileños (pobres y ricos) a compensar la factura escolar de los pudientes que llevan a sus hijos a los colegios privados de pago. En esta materia la señora Ayuso, para quien “la libertad es hacer lo que me da la gana”, sigue la política de su mentora, señora Aguirre, también conocida como la reina de los batracios.

España

Luis Díez.– Madrid, 28-3-2019. La generación poética de los cincuenta reivindicó el nombre de España hasta el dolor de muelas, sin que pueda decirse que Blas de Otero, Gabriel Celaya, Ángel González o José Agustín Goitisolo, por solo citar a cuatro poetas portentosos, fueran precisamente de derechas. Sin embargo, ese afán de las derechas de apropiarse de todo, incluido el nombre y los símbolos del Estado para parecer más patriotas que nadie, ha llevado a mucha gente (electores en este caso) a creer que las izquierdas son menos patrióticas y por no exhibir banderitas ni practicar el banderismo balcónico quieren menos a España y la defienden y representan peor.

De ahí el acierto de los socialistas al incluir el nombre de España en su lema de campaña: “La España que quieres”. Si el lema es la síntesis del discurso, vale apreciar en el elegido por los dirigentes del PSOE la virtud de no permitir que las derechas que provocaron la tensión con Cataluña y acusan ahora a Pedro Sánchez de “traidor” a España nada menos, se apropien del nombre común. España no solo es territorio, capital (en Suiza) y trama legal e institucional (poder); son personas con derechos y deberes. Cuarenta y siete millones de humanes, concretamente. Y lo que esas personas manifiesten es lo que hay que respetar. De ahí el segundo acierto del lema.

España es diversa y plural en su ser y configuración, crisol de civilizaciones, y tanto se defiende y representa a España en el mundo cuando se defiende lo catalán, lo gallego, lo castellano como lo vasco, lo balear o lo andaluz . Por eso España es un país tan diverso, rico y admirado en el mundo. La España que los españoles queremos –me atrevería a decir– es la se quiere en su pluralidad sin desquerer sus diferencias.

Es también un país moderno y europeista, curado de autarquías, autócratas y salvapatrias con capital en Suiza y sociedades con testaferros y sin ellos en paraísos fiscales. Esa España con menos desigualdades de clase social y sin ninguna entre hombres y mujeres es la que casi todos querríamos, comenzando por los dirigentes políticos más sensatos y acabando por la última jornalera estacional.

Cuando la derecha tricéfala (y “trifálica”, que dijo aquella) apela a los toreros como candidatos (caso del PP con Miguel Abellán en Madrid, Salvador Vega en Málaga o la viuda del malogrado Víctor Barrio en Segovia, y sus competidores de ultraderecha Vox con Serafín Marín en Barcelona y Pablo Ciprés en Huesca) realiza un guiño a un espectáculo en declive y a una tradición que no por bárbara deja de representar la lucha de la inteligencia contra la fuerza bruta. Pero eso no significa que la izquierda sea menos taurina aunque algunas mentes preclaras propongan no sacrificar a los toros en los ruedos y evitar así el sufrimiento como espectáculo.

De igual modo, cuando las derechas apelan a los militares en la reserva o fuera de servicio (caso del PP en Melilla con el general Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu y de Vox con el coronel coronel José Antonio Herráiz por la misma plaza, por no citar a los demás pretorianos franquistas reclutados por la extrema derecha), no significa que defiendan mejor la unidad de España con el plomo que con la pluma o la quieran más y la representen mejor a cañonazos que con la laringe, la palabra y el diálogo.

La vuelta a un pasado tan lamentable y penoso como el que sufrió España y que, por fortuna, más de la mitad de los españoles de hoy no conocieron (ni maldita falta hace), no parece ser el futuro de la España que queremos por más que tipos fanfarrones como el saco de estiércol Bannon, asesor de Trump, vengan actuando como asesores de la extrema derecha y se dispongan a viajar a Madrid para aconsejar a los jefes de Vox. La civilización europea (y la española como parte principal) no necesita más podredumbre, racismo, miedo y odio. Quiere ser gobernada por las fuerzas de la libertad, la fraternidad, la igualdad, la justicia y la honradez. Los españoles somos gente tolerante, demócrata (no se niega el derecho al voto pasivo a ningún botarate), preparada e inteligente y sabemos bien lo que no queremos: ni la posverdad nacionalista ni los gusanos goebbelianos que por desgracia soportamos.

Los retardatarios

Luis Díez, 6-03-2019, Madrid.– Miguel de Unamuno, al que la vida debió de resultar larguísima por su tormentosa lucha entre la fe y la razón, sostenía que vivir es desvivir. Otros filósofos y poetas dignos de tal nombre se han ocupado del sentido de la vida y sus textos pueden iluminar a los letrados del Parlamento para elaborar el informe que les ha solicitado la presidenta Ana Pastor Julián sobre si los decretos que ha aprobado y piensa aprobar el Gobierno son urgentes y necesarios y deben ser sometidos a la convalidación (o no) de la Diputación General del Congreso.

Lo que para unos (el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y sus aliados) es urgente y necesario, para otros (la oposición de C’s y PP) es innecesario y puede esperar. Como éstos mandan en la Mesa del Congreso y los letrados son poco proclives a la filosofía y la desobediencia, vale suponer que la Diputación de marras tendrá poca labor. O ninguna.  Eso no quita para que solo se viva una vez y unos (la mayoría trabajadora y laboral) desvivan en la angustia de la estrechez económica y otros, las minorías favorecidas por el sistema, en la parte ancha del embudo.

Para los “casatenientes” y rentistas (la exministra del PP Isabel García Tejerina entre ellos), el decreto regulador de los alquileres de viviendas emitido por el Gobierno para poner freno a la escalada de los precios, los abusos de los fondos de inversión (buitres les llaman) que se apropian incluso de viviendas sociales (caso de Madrid, con Botella madre de alcaldesa y Botella hijo de intermediario de un fondo buitre) y la especulación desaforada y contagiosa de los pisos y apartamentos turísticos es innecesario y no corre prisa. Para las familias desahuciables, sin derechos a prórroga de los contratos y sin defensa ante las subidas exageradas (el 8% de promedio el último año), el decreto es necesario y urgente. Las medidas que contiene son sensatas y se adoptaron después de escuchar a todas las autonomías, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a las asociaciones de vecinos y agentes inmobiliarios.

Otro tanto se puede decir del decreto de conciliación y corresponsabilidad que prolonga a ocho semanas el permiso de paternidad en 2019, a 12 semanas el año que viene y a 16 en 2021. Para las derechas patrióticas, repentinamente feministas, la medida no era urgente ni necesaria, aunque haya sido sido recomendada la Comisión Europea hace cinco años. Para millones de mujeres y hombres trabajadores constituye un buen alivio del bolsillo cuando no hay abuelos con quien dejar a los niños pequeños, enriquece la convivencia y la responsabilidad paterno filial y libera de toda la carga a las mujeres.

Ese mismo decreto desarrolla el nuevo marco jurídico ya fijado en la reforma del Estatuto de los trabajadores para hacer efectivo el principio de “trabajo de igual valor” y combatir la desigualdad salarial de las mujeres. Para las derechas nacionales esa igualdad está muy bien en teoría, pero en la práctica no, ya que puede perjudicar a las empresas, es decir, el beneficio empresarial. Para los socialistas ha de aplicarse imperativamente de modo que las empresas con más de cincuenta trabajadoras deben hacerla efectiva en un plazo no superior a tres años, las de 100 a 150 trabajadores en dos años y las de más plantilla, el año que viene.

Otro tanto vale decir de la reposición de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras  de personas dependientes. Estas trabajadoras quedaron desamparadas por decisión del Gobierno de las derechas y ven ahora repuestos sus derechos en el decreto citado. Vale recordar que una ministra llamada Ana Mato, a la que Dios conserve la vista, eliminó esa cotización a costa del Estado porque costaba, dijo, mil millones al año. No le importó (a ella y al PP) dejar sin cobertura para la jubilación a unas cien mil mujeres, trabajadoras sin horario en la atención y los cuidados de otras tantas personas consideradas “grandes dependientes”. El objetivo, dijeron, era reducir el déficit público. En realidad lo trasladaron a la Seguridad Social con esa y otras medidas. Y en ese planteamiento siguen. Por la derecha española no pasan los años.

A los miles de parados de larga duración que con más de 52 años no encuentran empleo remunerado (trabajo hay siempre, lo que no hay es salario) les resulta urgente y necesario la reimplantación del subsidio de supervivencia que el Gobierno va a aprobar por decreto. Era una medida prevista en el Presupuesto del Estado para este año que frustraron los nacionalistas catalanes con sus ínfulas independentistas y era, además, una decisión acordada cuando el desempleo o ejército de reserva bajara al 17% de la población activa, de modo que el PP y sus correligionarios naranjas de C’s deberían obrar en consecuencia.

El Gobierno del PSOE con la ayuda de Podemos y el PNV ha de reponer esa prestación y otros derechos sociales sustraídos por el PP en cuanto llegó al poder en 2011 si quiere reequilibrar solo un poco el trato legal al capital y al trabajo. En este caso se podría decir lo de Séneca en su Breviarium Vitae: «No es que tengan poco tiempo, es que pierden mucho».  Cierto es para los retardatarios y retrógrados de oficio y conveniencia la dignidad de los trabajadores nunca corrió prisa. Y ahora, con la excusa de que son «decretos electorales», tampoco. O como dijo aquella poeta del PP al escuchar la palabra «parados» en el pleno del Congreso: «¡Que se jodan!»

La declamadora mencionada, Andrea Fabra, hija del presidente corrupto y ladrón, condenado a cuatro años de cárcel, de la Diputacion de Castellón, elevó su expresión mientras Mariano Rajoy Brey anunciaba los recortes a los parados y sus señorías del PP se partían las manos en aplausos. ¡Qué tiempos! Ahora la ultraderecha se ha separado del PP, pero tanto da. En el bloqueo a la convalidación de los decretos sociales cuenta el partido conservador con el apoyo de C’s, personificado en la Mesa del Congreso por el tránsfuga asturiano de UPyD Ignacio Prendes. Qué prendas. En fin, los retardatarios.

 

Los impresentables

Luis Díez.–28-02-2018. Madrid.–Con el final de la legislatura (el 28 de febrero concluye el último pleno) llega un tiempo de duda y angustia (aunque no tanta) para quienes aspiran a seguir prestando sus inveterados servicios a la patria. Es el zafarrancho de las listas, y ya se sabe que los líderes y comités de los partidos políticos son despiadados y raramente agradecen los servicios prestados. Muchos diputados de oficio, los incombustibles, pasarán a mejor vida como material de archivo, acaso digno de estudio de algún doctorando. La nómina de impresentables (que no serán presentados) es abundante en el partido mayoritario de la derecha y capilar entre los socialistas.

Ya en la penúltima legislatura se emberrechinó Celia Villalobos porque la relegaron al segundo puesto de la lista del PP por Málaga. Horas antes de anunciar que no repetirá de candidata dijo estar “jodida”, lo que algunos interpretaron como la sensación lógica del desacuerdo de la comisión del Pacto de Toledo sobre las pensiones. En realidad ya sabía que su partido y C’s no iban a dar esa baza a Pedro Sánchez y su ministra Magdalena Valerio, aunque luego cargaran contra Podemos. La esposa del consejero aúlico de Mariano Rajoy, el bien pagado Pedro Arriola estaba fastidiada porque después de 37 años de diputada, diez legislaturas entre pecho y espalda, va a ser relevada y se dedicará “a otra cosa”. No piensen que es jubilable. Siempre habrá una tertulia televisiva de pago para dar la monserga sobre las vacas locas o lo que sea menester, que desparpajo verbal no le falta. Y quien dice tertulia, dice consejo de administración, a poder ser de una compañía eléctrica, que son las que más pagan. Hay que servir a la patria.

Además de Villalobos, quien superó a Rajoy en longevidad parlamentaria, figuran en el paquete de jubilables del PP los teos, Teófilo de Luis, nacido en Cuba y diputado por Madrid desde hace 29 años, y Teófila Martínez, senadora y diputada por Cádiz a la vez que alcaldesa desde hace tres décadas, si bien, ésta se anticipó a Villalobos y fue relevada por su correligionario Ignacio Romaní el 22 de febrero pasado. Periclitables son también Jorge Fernández Díaz, Cristobal Montoro, Jesús Posada, María del Carmen Quintanilla, José Manuel García Margallo, María Teresa de Lara, José Ignacio Llorens, Arturo García Tizón y habrá que ver si el líder Pablo Casado mantiene a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, mujer de máxima confianza de Rajoy en la cabeza de lista de Pontevedra.

La mayoría de los citados, a los que podemos añadir al exministro y diputado por Palencia Iñigo Méndez de Vigo, Ramón Aguirre o el propio exportavoz Rafael Hernando, llevan tres décadas de parlamentarios nacionales o europeos, con algunas interrupciones para ocupar cargos ejecutivos en empresas públicas, caso de Aguirre en el ICO, Metro de Madrid y SEPI, de modo que el término “periclitables” responde a lo que duró Pericles (30 años), el creador de la democracia  en la antigua Grecia, como gobernante del imperio ateniense.

La duda y la zozobra en las filas del PP afecta singularmente a las señorías que llegaron al escaño con José María Aznar, allá a mediados de los noventa y se han mantenido gracias a su adhesión inquebrantable a Rajoy. Son señorías de más de cincuenta años de edad entre las que vale citar a los valencianos José María Chiquillo y Gerardo Camps Devesa, al gallego Celso Luis Delgado Arce, la onubense Fátima Bánez, el alcarreño Jose Ignacio Echaniz, la cántabra Ana María Madrazo, el aragonés Ramón Moreno Bustos o la burgalesa Sandra Moneo. Con casi media vida calentando el escaño o ejerciendo cargos públicos. Algunos de estos veteranos (la nómina es más amplia) ya han dejado obra y se ven ahora en la cuerda floja con Casado.

En el PSOE pocos dudan de que el resistente Pedro Sánchez aplicará el criterio de la lealtad proporcional en las listas andaluzas, hasta ahora dominadas por afectos a Susana Díaz y sacará las tijeras de podar para que personajes como el madrileño Antonio Hernando, el sevillano de la gestora Antonio Prada o el castellano-manchego José María Barreda, por solo citar a un trío de oponentes significados (lo de Hernando fue un máster de alta traición), reciban el merecido descanso. También es hora de que el veteranísimo Cipriá Ciscar y otros algo menos longevos, pero que también parecen parte del mobiliario, caso de Micaela Navarro,  se acojan a la jubilación y disfruten de la paga máxima de la Seguridad Social. Sus nietos se lo agradecerán.

 

Los demoscópicos

Luis Díez, 20-02-2019, Madrid.–En las campañas electorales de hace un siglo, el conde de Romanones, un hombre muy listo, dueño de media provincia de Guadalajara y de explotaciones mineras en Murcia y el Rif, regalaba duros a tres pesetas para que le votaran y salía ganando. Hoy nadie regala nada, las campañas electorales son carísimas y las pagamos todos. En 130 millones de euros cifra el Gobierno el coste de los comicios que nos esperan (generales el 28 de abril y locales, autonómicas y europeas el 26 de mayo). Y se quedará corto, pues sabido es que los partidos gastan en galas un día lo que un regimiento en comer toda la semana.

Si añadimos la larga campaña (un trimestre, aunque le llamen “precampaña”) y la espesura de los intereses en juego, hay pocas dudas de que los grandes partidos políticos van a salir muy endeudados del lance. Hasta ahora el PP presentaba las cuentas más saneadas, gracias a las ayudas o donativos interesados por la puerta de atrás. En cambio el PSOE acumulaba números rojos. Su deuda con la banca no baja de 30 millones de euros. La formación de Pablo Iglesias, Podemos, salió bien parada de las elecciones de 2015 y 2016. Sus cuentas registraron superávit. La financiación de Ciudadanos es una incógnita, aunque las facilidades del Banco de Sabadell explicarían el abundante gasto inconfesable.

La compensación por votos y escaños con cargo al erario público es anunciada en el BOE por el Ministerio de Hacienda antes del comienzo de las campañas. Todavía no sabemos a cuánto se paga el voto y el escaño, pero ha de ajustarse a la evolución del IPC desde los comicios anteriores, de modo que no será superior a un euro por voto al Congreso, a 40 céntimos al Senado y a 21.500 euros por escaño en cada una de ambas cámaras. ¡Menudo ahorro supondría la eliminación del Senado, como pide C’s, aunque haya que reformar la Constitución! Y mucha corrupción, gasto y caciquismo reportaría la supresión de las diputaciones, como propuso en su día Pedro Sánchez para disgusto de los barones.

La leche materna de los partidos queda, pues, limitada por esa regulación de las ubres oficiales. Y aunque los lactantes sean voraces, alguien con sentido común ha de apartarles el pezón o someterles a una disciplina para evitar que mamen más de lo que aconseja la prudencia. Si un partido no va a obtener más de cien diputados y seis millones de votos al Congreso, no tendría que invertir más de 8,15 millones de euros en su campaña a la Cámara Baja. En México exclaman: “¡No mames!” por nuestro “¡No jodas!” Pues eso.

Cuando veamos los gastos que los partidos han de presentar al Tribunal de Cuentas en un plazo no superior a cien días desde las elecciones para cobrar las compensaciones establecidas, sabremos cuánto han mamado de más. Entre tanto, las estimaciones obtenidas por este plumilla en los cabildeos del Congreso apuntan un gasto superior a 22 millones de euros por parte del PP, ligeramente inferior por parte del PSOE, entre 15 y 20 millones de C’s y entre 7 y 8 millones de Podemos, como si todos ellos fueran a obtener cien diputados. No hay cristiano, judío ni musulmán que los modere.

La democracia es cara, aunque infinitamente más barata que la guerra. En su Brindis por los lactactes escribía Mark Twain con otras palabras que la mejor forma de derrotar a un general y evitar la conflagración era entregarle un niño de pecho. La explicación es clara: el bebé le da tanta guerra que lo vence y le quita las ganas de más. Para eso, entre otras cosas, valen los lactantes.

Y es aquí, al hilo de la leche materna, donde entran en juego los agentes demoscópicos, esos institutos y sociedades de videntes cuyos sondeos sobre intención de voto sirven de guía a las entidades de crédito para lo que su nombre indica. Los bancos adelantan el dinero a los partidos en función de los resultados de los sondeos electorales y, también, de las conveniencias y simpatías de sus cúpulas directivas que, salvo raras excepciones, son conservadoras o de derechas.

Ese es el juego, pero un juego con riesgo porque los demoscópicos, que además se forran, hacen el traje (la muestra) a la medida del cliente. Y luego pasa lo que pasa: su credibilidad queda al nivel del betún. En las elecciones generales de diciembre de 2015, las encuestas fallaron a lo grande. Por ejemplo, otorgaban a C’s de 63 a 68 escaños y a Podemos de 23 a 25 diputados. Insólito, pero cierto. C’s sacó 40 y Podemos 69, que es un buen número.

Seis meses después, en las generales de junio de 2016, todas las encuestas cantaban el sorpasso de Podemos al PSOE. Algunas llegaron a dar a los de Pablo Iglesias 90 escaños y ninguna pronosticó la caída de C’s de 40 a 32. El PSOE bajó de 90 a 85 diputados y Podemos-IU-EQUO se quedó en 45. Con En Marea (gallegos) En Comú (catalanes) y Compromís (valencianos) alcanzaron 76 diputados. Y, por supuesto, los Sigma Dos, OIP, GAD3, GESOP, Advice Strategic Consultants y Metroscopia no pasaron de asignar al PP 127 escaños, diez menos de los que sacó.

Si quien paga los violines elige la música, vale suponer que las orquestas demoscópicas estuvieron afinadas por los enemigos de la socialdemocracia, esos desamortizadores de lo público a beneficio propio que no dudan en tachar de “antisistema” a Podemos y no se cansan de demonizar a la izquierda. La realidad de las urnas les dio con el arco de los violines demoscópicos en las narices. Sus pronósticos fallaron, aunque para consuelo de esos tipos tan listos también erraron las encuestas sobre el Brexit, las presidenciales en Estados Unidos y el referendo de paz en Colombia. Algo habrán aprendido para que la monserga que nos acompañará hasta que florezcan los capullos suene a música real y no celestial.

Metáforas sobre Cataluña

Hans Magnus

José Ortega y Gasset

En sus Migajas políticas incurre el señor Z, personaje del escritor alemán Hans Magnus Enzensberger, en una metáfora que viene al pelo: un tipo provisto de brocha y caldero se pone a barnizar el suelo y avanza y avanza deprisa en su labor hasta que descubre que se ha quedado arrinconado en un pequeño espacio. ¿Cómo salir sin manchar el calzado ni estropear la labor?

Sin señalar a ningún político atolondrado ni referirse a ninguno de los abundantes necios de la patriótica dirigencia, el señor Z dejaba ahí al pintor colgado de la brocha. Ya supongo que algunos lo identifican con ese señor hosco y sin peinar que responde a la filiación de Puigdemont Casamajor y otros lo tomarán por ese de pelo tintado y barba cana que obedece a los apellidos de Rajoy Brey. Si así fuere, sirva la analogía para uno y otro o para los dos a un tiempo.

Cuando el pintor, ya sea animado por el brillo del barniz, ya por el rendimiento (mensurable en votos) que espera obtener de su obra, alcanza la posición descrita y se ve cercado, sin salida, entre la espada y la pared, alza la voz para que alguien le ayude. Lógico. Y es natural que genere una cierta expectación, no exenta de suspense. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo va a salir de ahí?

Se registra entonces una balumba de opiniones, comentarios, pareceres. Se organizan descomunales debates. Los pontoneros y expertos en caminos bloqueados (conspicuos magistrados, eminentes juristas, sabios constitucionalistas) aportan sus soluciones, nunca coincidentes. Los fabuladores y cuentistas (sociólogos colosales y economistas descomunales) adjuntan sus resultados, siempre discutibles. Los parleros, tertulieros y tergiverseros (megafilósofos y ultrateólogos) explican la confusión sin salir de ella. Y casi toda la ingente legión dedicada a entretener (y dar asco) a sus semejantes, se centra la cuestión.

Para que la función no decaiga se colocan elementos incendiarios (casi siempre intelectuales orgánicos y politólogos bocazas) muy bien remunerados a cuenta del común, con sus fósforos del Pirineo y sus teas de albardín de las lagunas de La Mancha y del entorno de Doñana, por si fuere necesario pegar fuego al barniz y acrecentar el suspense. El fuego es el gran elemento, todo lo funde y resuelve con un resultado cierto (las cenizas) sin vivo ni difunto que se le resista.

Hay otra metáfora de José Ortega y Gasset, muy bien traída por el teniente general Andrés Casinello, el hombre que ayudó a Adolfo Suárez a implantar la democracia en España y que llevó su primer mensaje al presidente de la Generalitat en el exilio, en Francia, Josep Tarradellas, pidiéndole que volviera. Dos tipos se ven a lo lejos, caminan por un campo en dirección opuesta, uno hacia el otro, se van acercando y a medida que se acercan, los dos sienten temor, aunque ninguno modifica su rumbo. En un momento dado se encuentran y, entonces, los dos tienden instintivamente la mano para defenderse. Nació así el saludo.

Si las metáforas sirven para explicar los resultados científicos y técnicos de las más extensas y complejas investigaciones, nada impide su utilidad en la política cuando se trata de atemperar la obcecación y evitar el daño humano y social. Sería necesario el saludo. Convendría que el pintor cercado por su propio barniz, se llame Rajoy o Puigdemont, recibiera ayuda para salir del reducto, aunque fuera mediante una pértiga. Y, desde luego, quien preste esa ayuda (y no parece que haya nadie más dispuesto que el PSOE y el PSC) tendría que poner la condición de que no pinten más.

Los ciudadanos no merecemos el daño y el dolor y el espectáculo de unas derechas ávidas de poder y de pasta como la española y la catalana que se pegan en vez de entenderse. Tampoco merecemos un rey Borbón que abdica de su papel moderador. Los políticos que no tienden la mano, los que han avivado la chispa, los creadores del problema no pueden ser la solución. Ellos y sus camarillas podrían hacer un favor al común: reconocer su avería, asumir su condición de nefastos y retirarse a descansar con el confort que de antemano se han proporcionado.

Borbón emberrechinado

 

Correveidiles palatinos han puesto en conocimiento de los españoles y demás interesados el enfado del rey emérito Juan Carlos I de Borbón por no haber sido invitado a la solemne sesión de las Cortes que protagonizó su hijo Felipe VI El Preparado para conmemorar el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas tras el final de la dictadura franquista. El olvido del Borbón padre por parte de la presidenta del Congreso, Ana Pastor Julián, se reputa imperdonable y ha sido noticia por la contrariedad de su enormidad. En esta corte de los milagros donde nos falta un Valle Inclán, también ha sido noticia el hecho de que por primera vez el rey llamase «dictadura» a la dictadura militar surgida del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra el orden democrático de la II República, dando lugar a la Guerra Civil y a cuarenta años de tenebrismo, represión y miedo. Decía el sociólogo Amando de Miguel que «el franquismo fue el fascismo con corrupción». Y fue algo más: un régimen de terror, asentado sobre montañas de muertos y cimentado con el miedo. De las tres clases de miedo enumeradas por el historiador Claudio Sánchez Albornoz: el miedo del pueblo al dictador, del dictador al pueblo y del pueblo al pueblo, el último fue el más toxico. La dictadura suministró pantanos de veneno a los españoles para impedir la reconciliación y perdurar per omnia seculas.

Tan paradójico parece el monarca emberrechinado, que dirían en Tocina (Sevilla), porque a sus 79 tacos ni siquiera ha aprendido a ser rey de sus humores, que es privilegio de los animales más evolucionados, como la noticiosa sorpresa por las palabras de su hijo en el templo de la soberanía nacional al prescindir del habitual eufemismo («régimen anterior») para referirse a la dictadura.

En lo atinente al cabreo del rey emérito, vale preguntar si no le aplaudieron bastante durante su reinado, para el que fue designado por el dictador, y si le parece mal que vitoreen a su hijo. ¿Quería dislocar los pescuezos de sus palmeras señorías, dirigiendo, ora al palco, ora al orador, sus ovaciones? ¿Por qué causa o razón debemos reputar inválida la dinástica sucesión cuando de aplausos se trata?

Comoquiera que 25 de los 46,5 millones de personas que residen en España no habían nacido cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, bueno será recordar que en aquellos comicios participaron 18,5 de los 36 millones de españoles mayores de 21 años. Esa fue la edad para votar, y no los 18 años establecidos en la posterior ley electoral. De los que votaron entonces y hoy tienen 61 o más años, nueve millones ya han fallecido. Los otros nueve y pico recordarán que entonces se era mayor de edad a los 14 años para trabajar, a los 18 para ir a la mili (dos años) a defender a la patria, pero no para votar.

El sucesor de Franco a título de rey fue a Estados Unidos a anunciar ante el Congreso estadounidense las elecciones libres y democráticas. Su anuncio no figuraba en su discurso inicial, pero el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, conde de Motrico, le introdujo las veintisiete palabras que finalmente pronunció ante los congresistas en Washington.

Era el año 1976, la gente estaba en las calles reclamando democracia y libertad, los trabajadores de la industria, la construcción y el transporte urbano estaban en huelga, la ultraderecha nazifascista asesinaba, secuestraba y apaleaba a estudiantes, trabajadores y periodistas. La Policía Armada (un cuerpo militar) disparaba a matar, no sólo con balas, sino también con botes de gases tóxicos y lacrimótenos. Al regresar de aquel viaje, el rey Juan Carlos echó a Carlos Arias Navarro, el último jefe de gobierno designado por el dictador, y nombró al falangista evolucionado Adolfo Suárez con el encargo de convocar las anunciadas elecciones. Con Arias salió del gobierno el vicepresidente y ministro de la Gobernación Manuel Fraga Iribarne, que era un desastre, provocó bastantes muertes, lanzó soflamas autoritarias («La calle es mía» y otras) y quiso mantener la pena de muerte a toda costa.

El rey Juan Carlos maniobró para intentar que el Partido Comunista de España (PCE), la principal (y casi única) fuerza de oposición a la dictadura, con un prestigio enorme entre los trabajadores y los jóvenes, es decir, en los ámbitos sindicales y universitarios, no se presentara a las elecciones. Llamó y escribió al presidente de Rumanía, el dictador comunista Nicolás Ceaucescu, para que transmitiera al secretario general del PCE, Santiago Carrillo, que residía en París, que no podían presentarse a las elecciones con la siglas del partido y si querían, concurrieran como independientes. El dirigente eurocomunista en el exilio rechazó de plano tal pretensión. El resto de la historia ya es conocida por los videos de la Prego, Sólo añadir que Suárez, un hombre inteligente, comprendió que una democracia mutilada no era posible ni creíble, y se jugó el bigote frente al bunker franquista, los golpistas y los truenos de Fraga, legalizando al PCE. Además de inteligente, Suárez era afable, un tipo encantador. Y fue un hombre valiente.

Aquellas Cortes surgidas de las elecciones del 15J elaboraron la Constitución de 1978, y la monarquía quedó instituida como forma de Estado y fue refrendada por la mayoría de los españoles en el referendo del 6 de diciembre de aquel año. De este modo, el rey Juan Carlos I de Borbón pasó de ser un producto de la dictadura a un elemento de la democracia constitucional. En puridad le importó más recuperar y mantener la Corona que promover la libertad y los derechos de los españoles. Su temor a la oligarquía y al Ejército franquista explican la petición a los dirigentes comunistas, que ya en los años cincuenta apostaban por la reconciliación. Era un cobarde con un manto de la prudencia, pero un cobarde. Hasta su padre Juan de Borbón, heredero dinástico de Alfonso XIII y despreciado y odiado por Franco, elogió el patriotismo de los comunistas cuando se dejó querer por la llamada Junta Democrática.

Es tan cierto como el que se saca un ojo y queda tuerto que el emberrechinado monarca desarticuló el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 con la inestimable lealtad y diligencia de su ayudante militar, el general Sabino Fernández Campo, y que aquella noche del 23F, con los diputados y el Gobierno en pleno secuestrados a mano armada por los guardias civiles al mando del coronel Tejero Molina y con Milans del Bosch, Alfonso Armada y otros mandos militares en el ajo, se ganó la Corona y el aprecio de los demócratas. Si hubiera respaldado el golpe de Estado después de haber encerrado a Suárez con varios generales golpistas (los del «golpe de timón») que provocaron su dimisión, ni él sabe si habría podido volver, aunque fuera perniquebrado, de alguna cacería de elefantes en África o de otras agradables (y dispendiosas) aventuras.

Decía el poeta José Bergamín que las paradojas nos sirven de paracaídas para no rompernos la crisma. Pero no por eso deja de ser paradójico que para celebrar el 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas se otorgue el protagonismo al rey, un jefe del Estado ajeno a la democracia, al que nadie ha votado y que no responde ante los representantes del soberano por más que reafirme, como hizo Felipe VI, «el compromiso de la Corona con la democracia». No vamos a rompernos la crisma con una sesión borbónica más o menos, pero quede claro que a los Borbones los repuso el dictador y fueron aceptados por los partidos dinásticos. Y que fue la lucha de la gente (sangre y tortura de demócratas asesinados y encarcelados), de los partidos de izquierda (PSOE, PCE y otros), de los grupos adheridos a la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez, y el ansia y el clamor de libertad los que trajeron la democracia, con el acierto, claro, de algunos dirigentes políticos que supieron interpretar correctamente aquel tiempo.

 

Canadá

Arces en un parque de Toronto

¿Qué sectores de la economía productiva española se verán perjudicados por el Tratado de Libre Comercio entre la Union Europea y Canadá (CETA) para que los socialistas españoles se debatan ahora entre el rechazo y la abstención a la ratificación del acuerdo en el Parlamento? Los que lo saben no lo explican y los que lo explican no lo saben. Si se tratara de proteger a la agricultura española de la competencia canadiense habría que fijarse en los cereales, la principal producción canadiense, pero no parece que el trigo y las gramíneas de Saskatchewan vayan a hundir los precios del grano de Castilla. ¿Y el viñedo? Tampoco. ¿Y el olivar? Mucho menos. ¿Y la producción de frutas y hortalizas? Ya me dirán.

Antes, al contrario, el desarme arancelario permitirá la apertura de un nuevo y gran mercado para los productos mediterráneos. Será una oportunidad de ensañar a los canadienses a comer más variado y mejor. En la ganadería es cierto que la carne canadiense puede afectar al mercado español, pero los expertos consultados sostienen que el impacto se compensará con la exportación de productos lácteos elaborados. Albricias para los quesos de la montaña. También para los embutidos elaborados.

¿Necesita la industria española la protección del economista Pedro Sánchez, líder del PSOE, y del politólogo y comunicólogo Pablo Manuel Iglesias, líder de Unidos Podemos, para mantener su cuota de mercado frente a la competencia canadiense? ¿Qué industria? ¿La textil, el calzado, la automoción, la robótica, la electrónica, las telecomunicaciones, la química, la farmacéutica, la máquina herramienta, la construcción naval, la del armamento y eso que llaman defensa? ¿Se verá afectada la producción de energía renovable por la competencia canadiense? ¿Y los minisatélites?

Es tan cierto como el que saca un ojo y queda tuerto que Canadá es una potencia exportadora (441.000 millones de dólares estadounidenses hace dos años por 411.000 en importaciones), pero su principal producción es gas y petróleo (el 10% de su PIB) y, por otra parte, si sirve madera a mejor precio a los fabricantes españoles de muebles, tanto mejor. Y si el salmón salvaje nos llega más barato, bueno será para los consumidores europeos y por ende españoles. Competimos en pesca y en industria alimentaria, pero tampoco parece que el CETA vaya a noquear a nuestra industria.

¿Perjudica el CETA al turismo, una de nuestras fuentes de ingresos exteriores? ¿Daña los derechos sociales de los trabajadores españoles, de suyo jibarizados por la derecha dizque por mandato de Bruselas y la señora Merkel? No parece que un estado social y democrático de derecho como el canadiense amenace a un estado de derechas como el nuestro. Con un ejército de reserva permanente de tres millones y medio de trabajadores en paro y unos salarios al nivel de finales de los años ochenta del siglo pasado, los sueldos de los trabajadores españoles no están amenazados por los canadienses. Al parecer, los cráneos privilegiados que dirigen el PSOE no se han enterado de que no competimos con Canadá, sino con China en materia social. Que se lo explique Toni Ferrer. Y de paso les ponga al día sobre los contratos basura y la ruina del sistema público de pensiones, más o menos, como en Canadá.

Conviene recordar que el 35% de una economía abierta como la española depende del sector exterior. La supresión del 98% de los aranceles sobre los productos que exportamos a Canadá supone un ahorro de 2.300 millones de euros anuales. Y eso es malísimo porque reduce el precio y facilita la competitividad sin bajar los sueldos a los trabajadores, que es el mecanismo más socorrido de la patronal española para mantener la cuota de mercado. Seguro que esto lo entienden incluso los que se proclaman defensores de la clase obrera y laboral sin necesidad de que se lo explique el sindicalista Ferrer.

Sin apelar a las simplificaciones y falsos dilemas, tan socorridos para el jefe del gobierno español y del partido de derechas con más dirigentes corruptos por metro cuadrado, quienes pensaban (y piensan) que los acuerdos de libre comercio con Canadá, México, Japón y Mercosur eran (y son) la mejor respuesta de la UE al falso liberalismo, egoísta y reaccionario, de Reino Unido con su Brexit y al populismo neoimperialista del necio Trump, para la mejora de la vida y los derechos humanos básicos de millones de humanes en este planeta, resulta que también estaban (están) equivocados. ¿Va a rechazar el PSOE de Sánchez el acuerdo UE-México? ¿Y UE-Japón? ¿Y UE-Mercosur?

La única explicación ofrecida por los dirigentes del PSOE para no apoyar el CETA la ha dado su nueva portavoz parlamentaria, Margarita Robles, quien sostiene que «hay aspectos jurídicos que generan muchas dudas, como, por ejemplo, los tribunales arbitrales que se establecen en ese tratado». Es lógico que para dirimir las diferencias haya tribunales. Y lógico y natural que sean imparciales. ¿Será que la UE y Canadá han acordado que no sean neutrales? Robles, una mujer de derecho (es jueza y ha sido magistrada del Tribunal Supremo), echa en falta un dictamen del Consejo del Poder Judicial al respecto.

Ya es sabido que el comercio internacional está plagado de trampas y chalaneos. No es extraño, por ejemplo, encontrarse a un suizo en Granada, Pontevedra, Cantabria o Girona intentando convencer a un envasador de agua limpia y pura de que le permita vender agua envasada de los Alpes como si fuera española. Suiza no está en la UE pero siempre hay un suizo que quiere vender líquido elemento alpino en los países de la unión sin pagar el arancel. Año tras año, los servicios de inspección comunitaria capturan a algún cantonal tramposo. No sería extraño que los sagaces mercaderes estadounidenses utilizasen el CETA como caballo de Troya para meter su mercancía en el mercado europeo sin pagar tasa de aduanas.

Naturalmente, eso sería muy injusto. El mercado europeo generaría actividad y beneficios en Estados Unidos, mientras que la producción europea no puede llegar al mercado estadounidense sin obtener permiso y pagar aranceles, lo que indefectiblemente les convierte en caros y escasos. Canadá se convertiría así, gracias a su acuerdo de libre comercio con el vecino del sur, en una cotizada plaza de lo Adam Smith llamó con cierto desprecio «comercio de tránsito». Y lo mismo podríamos decir de los mercaderes europeos que quisieran burlar el proteccionismo trumpiano. De ahí que para prevenir y perseguir las trampas con el disfraz de la hoja de arce sean necesarios medios de control y esos tribunales de arbitraje que Robles no ve claros.

En fin, si la pirueta del líder del PSOE respecto al CETA es la primera pedrada contra los que, como Indalecio Prieto en su momento, todavía se proclaman socialistas a fuer de liberales, para que rompan amarras con los «caballeristas» de hogaño, que esos sí que son de izquierdas, se entiende el rechazo al acuerdo. En este caso, el tratado UE-Canadá sólo sería para Sánchez un instrumento de verificación, un medio para saber quién asume la disciplina de voto en el pleno del Congreso de la próxima semana y quién se atreve a desobedecer a la nueva dirección. Pero ni Canadá ni los españoles ni los socios europeos merecen ser pirueteados.

Historia de una biblioteca

El edificio restaurado de la Biblioteca Central de Rivas, construido hace diez años y cerrado desde entonces. Como si quisieran borrar la burla, han pintado la fachada con las palabras «resistencia» y «felicidad»..

Al despuntar la primavera llegaron cinco trabajadores, plantaron el cartel anunciando la inversión (208.000 euros en la urbanización de la Biblioteca Central de Rivas-Vaciamadrid), les instalaron un contenedor de quita y pon para la herramienta y la ropa de labor, les dotaron de cascos, chalecos fluorescentes, pico y pala y material. Provistos de un volquete y una máquina excavadora amarilla se pusieron a desescombrar, explanar, adoquinar y asfaltar. En un mes (sin contar los días de lluvia) la obra estaba terminada. Desapareció el cartel, retiraron la vieja valla y colocaron una nueva, vinieron los de la brea y asfaltaron la entrada y señalizaron una decena de aparcamientos para coches. A continuación trajeron unos cargamentos de tierra arcillosa y la esparcieron y prensaron sobre la parcela de la biblioteca, instalando tres círculos como si fueran a plantar árboles.

¡Albricias! Por fin el Ayuntamiento de esa localidad madrileña de 80.000 habitantes, gobernado por Izquierda Unida (IU) desde hace un cuarto de siglo y en el que no queda un palmo de terreno por recalificar, se había acordado de la biblioteca, construida hace diez años y cerrada y abandonada desde entonces. Los jóvenes comentaban la feliz decisión. Esperaban poder utilizarla para preparar sus exámenes finales y de selectividad. El acondicionamiento iba a buen ritmo. La obra exterior y la limpieza y pintura del edificio estaban listos, pero la biblioteca siguió cerrada a cal y canto, y así sigue para decepción de jóvenes y viejos. A estudiar a la vía. Se nota el esmero del regidor y sus ediles en alimentar con más dinero público a la fiera de la construcción y se siente la dilación y el desinterés en todo lo demás. Decía Leonardo Saciacia que estas cosas ocurren cuando los cerdos se suben a los árboles. Lo cierto es que la instalación, especialmente demandada por los estudiantes, sigue a expensas de la arbitrariedad y, probablemente, de alguna nepótica decisión y ventajosa concesión de coima o negocio espurio como es tradición en el oxidado Reino de España.

Tareas de urbanización exterior en la parcela de la Biblioteca

La necesidad de una biblioteca llevó al ayuntamiento ripense a convenir con el gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía la derechista Esperanza Aguirre la construcción de la que iba a ser la  Biblioteca Central de Rivas. El municipio cedió una amplia parcela en la avenida Pablo Iglesias, una de las principales de la ciudad, y el edificio, con un coste superior a medio millón de euros, fue construido en un tiempo récord: cuatro meses. El Ayuntamiento aportó el 48,53% del coste y la Comunidad el restante 51,47. Pero desde el otoño de 2007, en que terminaron las obras, el gobierno de la señora Aguirre y sus hombres rana, se desentendieron de sus obligaciones pecuniarias para el mobiliario y la dotación bibliográfica. Y el Ayuntamiento, con mayoría absoluta de IU, decidió que la biblioteca no era prioritaria y se negó a hacerse cargo del edificio.

De este modo, la Biblioteca Central de Rivas quedó presa de la inquina política de Aguirre y su sucesor dactilar, Ignacio González, otro hombre rana que ha acabado en la cárcel por corrupto, hacia los «rojos marxistas y radicales» de IU, cuyo Ayuntamiento tenía otras prioridades de gasto y una deuda que impedía a su alcalde, entonces el profesor José Masa, abusar del dicho tradicional: «Se hará lo que se deba y se deberá lo que se haga». Y comoquiera que a edificio cerrado todo son goteras, la flamante biblioteca no iba a ser una excepción, de modo que la extraña estructura metálica de una parte de la fachada se fue oxidando, la techumbre bereber de láminas de brea comenzó a resquebrajarse, la pintura perdió consistencia y se emborronó con el cemento interior, oscuras lágrimas rodaron por la fachada y así, poco a poco, el edificio empezó a inspirar pena.

Ocupación de la Biblioteca de Rivas, en febrero de 2013.

Entonces, al cabo de seis años con la biblioteca cerrada, los jóvenes del lugar decidieron abrirla y ocuparla. Era el mes de febrero de 2013. Los activistas avisaron a los vecinos por si si quería donar libros e informaron de que la Biblioteka Okupada Austegestionada (BOA), como la bautizaron, quedaba abierta a las actividades culturales que propusieran y desearan realizar. Dicho sea de paso, las instalaciones de luz, agua, cámaras de videovigilancia y una red informática con ordenador central y capacidad para más de ochenta conexiones, funcionaban perfectamente. En cuanto se enteraron de la ocupación, las autoridades enviaron a la Guardia Civil y a la Policía Local. Era un viernes de madrugada y ahora sí, los jerarcas de la delegación del Gobierno del PP, con Cristina Cifuentes a la cabeza, actuaban sin dilación. La Guardia Civil fichó a más de treinta jóvenes, pero el Ayuntamiento se mostró tolerante y permitió que utilizaran el edificio con la condición de que respetaran lo existente. Así lo hicieron.

Policías intentan desalojar a los jóvenes de la Biblioteka Okupada Autogestionada (BOA)

Así quedaron las cosas hasta que a finales de 2014 las autoridades municipales convencieron a los jóvenes de que abandonaran la biblioteca con la promesa de dotarla de libros, conexión a Internet y mobiliario en febrero de 2015 a más tardar. La promesa no sólo era firme, sino también electoral. La BOA desaparecía y la Biblioteca Central de Rivas iba a ser inaugurada dos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Sin embargo, llegó la fecha comprometida y pasó de largo, se celebraron las elecciones, volvió a ganar Izquierda Unida (aunque los podemistas le restaron votos e impidieron al actual alcalde, Pedro del Cura, gobernar con mayoría absoluta) y de la biblioteca ni se volvió a hablar. Siguió cerrada y así sigue tras las obras de urbanización y pintura exterior. Han transcurrido más de dos años desde la última burla. Y los burlescos han ordenado pintar en la fachada dos palabras con letras altas como jirafas. Una, en letras azules, apenas legibles, es «resistencia» y la otra, más destacada y visible, «felicidad». El comité de befas, choteos y mojigangas desestimó el término «morro» por considerarlo demasiado exacto.