Luis Díez.

De momento, el Comité Federal socialista renovará la dirección Ejecutiva y adoptará más medidas de prevención contra la corrupción subjetiva. Por suerte no aparecen indicios de que Cerdán y su antecesor Ábalos hayan destinado las supuestas mordidas a financiar el partido. Después, el presidente Pedro Sánchez acudirá al Congreso de los Diputados a explicar lo que sabe del caso, las decisiones adoptadas y las medidas higiénicas pertinentes. En este país donde la honradez en la contratación pública parece imposible de conseguir, Sánchez haría bien en proponer sanciones más severas contra los usos y maneras, convertidos en costumbre y a punto de devenir en fuente del Derecho, de los corruptores y los corruptos.

Los escándalos provocados por los dos últimos secretarios de organización del PSOE –el exministro Abalos: 2017-2021, y el diputado Cerdán: 2021-2025–, fulminados por Sánchez, le han obligado a proponer una nueva dirección “coral y con contrapesos” en la que la nueva secretaria de organización, Rebeca Torró, realizará sus funciones con dos adjuntos: el madrileño Borja Cabezón y la almeriense Anabel Mateos. Torró formó parte del Ejecutivo valenciano de Ximo Puig y en la actualidad es secretaria de Estado de Industria. Es probable que los cambios en la Ejecutiva del PSOE afecten a otras áreas ajenas al llamado “trío tóxico koldificado”, en alusión al chófer y asesor Koldo que grababa en secreto a sus compañeros y benefactores desde 2015.

Pese a las medidas de descontaminación que el máximo órgano entre congresos del PSOE adopte y que los socialistas y el Gobierno puedan proponer en el Parlamento, el proceso judicial va para largo. Quiere decirse que la oposición va servida de titulares y argumentos contra los socialistas por varios años. El instructor del Tribunal Supremo, Puente, un magistrado de gran prestigio, tardará su tiempo en aclarar la trama de los supuestos “amaños” de contratos en la dirección general de Carreteras y en ADIF a favor de las UTEs (uniones temporales de empresas) de Acciona y Servinabar 2000. Hay además otras dos empresas introducidas por Koldo, y de las que era intermediario el corruptor Aldana, que habrían pagado mordidas por adjudicaciones de obras en UTEs con la multinacional Acciona. En todo caso, el reparto de obra pública entre las grandes constructoras se mantuvo sin apenas variaciones desde 2018 a 2021 con Ábalos de ministro de Obras Públicas y Transportes.

En el caso concreto de la empresa navarra Serbinabar se da la circunstancia de que participaba presuntamente como socio y accionista (mediante escrito privado) el político Sántos Cerdán, quien luego, según se deduce de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pagaba, a través de Koldo García, al ministro José Luis Ábalos y al propio Koldo, parte de las mordidas.

El informe de la UCO, basado en las grabaciones y mensajes de Koldo con Cerdán y Ábalos hasta que Ábalos fue cesado de ministro, sitúa a Cerdán como el capo mafioso que controlaba las mordidas y repartía la pasta. Es curioso porque esto lo hacía desde el cargo de coordinador territorial de la Ejecutiva, a la que llegó en 2017 y colocó a Koldo como chofer de Ábalos, quien entonces accedió a la Ejecutiva como secretario de organización o número tres de Sánchez. En la lista de curiosidades se podrían anotar otras, por ejemplo el NIF del documento privado que acreditaría la participación de Cerdán en Servinabar no coincide con el que figura en su DNI, o el uso de la expresión “mafiosos” y del lema “Mafia o democracia” por parte del PP en la concentración nacional convocada en Madrid antes de que se conociera el informe de la UCO sobre Cerdán. Salvo invención de IA, en la concentración del PP se vieron imágenes de la bandera de la Guardia Civil.

Al afirmar que el proceso va para largo no sólo cabe referirse a la mayor o menor agilidad del instructor Puente –el mismo magistrado que fue ponente de la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y utilizó diez veces en 49 folios la expresión “golpe de Estado” para referirse al “proceso independentista”–, sino también a la propia sección económica de la UCO. En estos momentos, sus dependencias en el centro de negocios Eisenhower de la Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas, se estarían analizando millones de datos bancarios solicitados a decenas de entidades sobre movimientos de más de medio millar de cuentas, con el fin de identificar las mordidas (medio millón de euros en seis adjudicaciones de obras públicas públicas por más de 500 millones, según la investigación de la UCO). Algunas de esas cuentas fueron abiertas el siglo pasado y canceladas antes de la llegada del PSOE al Gobierno en 2018 mediante la moción de censura de Pedro Sánchez contra M. Rajoy por la corrupción, precisamente.

Las dilaciones judiciales en estos casos complejos son enormes. Por ejemplo, la tramitación judicial del caso Gurtell y sus piezas separadas, como el caso del tesorero multimillonario en Suiza, Luis Bárcenas, se han prolongado por más de una década. Y todavía no han terminado. Faltan sentencias y respuestas a recursos y reposiciones. En algunas tramas de corrupción en adjudicaciones de gobernantes del PP han muerto imputados y testigos clave. El último deceso ha sido el del sagaz empresario José Luis Aneri, de 45 años, quien apareció muerto en su domicilio el 25 de junio pasado. El finado llevaba pendiente de la investigación por corrupción desde 2013. El tipo y sus amigantes de la patronal regional y del gobierno madrileño de Esperanza Aguirre embolsaron 15 millones de euros por cursos de formación laboral que simulaban y no realizaban.

El fiasco de la corrupción en el PSOE, azuzado por el gigante navarro Koldo García a partir de las acusaciones del defraudador e intermediario Víctor de Aldama Delgado, ha animado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo a orientar el 21º Congreso del PP, que se celebra este fin de semana, hacia la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas. Para ello, como si se tratara de aquella oprobiosa junta reunida en Salamanca, ha colocado un mando único para dirigir la contienda. Se trata del secretario generalísimo natural de Ferrol, Miguel Tellado, de apariencia franca, mirada sagaz, verbo brutal y con larga experiencia al lado de Feijóo. Su puesto de portavoz en el Congreso será ocupado por la diputada leonesa Ester Muñoz, a la que Tellado considera una discípula aventajada en el arte de zaherir al contrario y ejercer de jabalina. Según recuerda Álvaro Caballero en el Diario de León, la diputada Muñoz ya sonaba dialéctica hace 26 años, cuando ganó el premio nacional de oratoria Gabriel Cisneros, convocado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española que presidía el jefe de Vox Santiago Abascal. Además del ultraderechista, el jurado lo componían personas tan relevantes como Gustavo Bueno, Andrés de Blas, Felicísimo Balbuena, José Manuel Otero Novás, Nicolás Redondo Terreros y Eduardo Zaplana. Amén.