Madrid, 25-05-2023.– Luis Díez

Algunos datos. En el año 2000 el profesor de la Universidad de Vechta (Alemania) e investigador en la Universidad de Sevilla Andreas Voth aportó una comunicación al III Congreso de Ciencia Regional de Andalucía sobre “el desarrollo comercial de la fresa de Huelva”, según la cual esta provincia producía 340.000 toneladas del preciado fruto rojo, el 90% de la producción en el conjunto de España, y exportaba 150.000 toneladas, mayormente a los países europeos. Hoy Huelva produce el 98% de los frutos rojos del país, el 30% de la producción europea, y exporta a la Unión Europea y al resto del mundo las apreciadas frutas por valor de 1.392 millones de euros, según los datos oficiales correspondientes a la campaña 2021-22. Una riqueza inmensa y creciente que los onubenses han obtenido a pulso, con investigación y tecnología, esfuerzo, asociación y pasión. También con el apoyo político e institucional de los diferentes gobiernos de la Junta de Andalucía.

Pronosticaba el profesor Voth cómo desde su centro pionero en Palos de la Frontera y Moguer (ya entonces el delicioso fresón de Palos había dado la vuelta al mundo como Juan Sebastián Elcano hace 500 años) los cultivos de fresas se irían extendiendo hacia el entorno del Parque Nacional de Doñana, aunque estimaba que el mercado regularía la dinámica de transformación en regadío de aquellas tierras. Con datos de Juan Manuel Jurado, el municipio de Almonte, el más extenso de Doñana, tenía entonces 950 hectáreas de regadío dedicadas al cultivo de fresas. En la actualidad, según cifras de la Junta de Andalucía, Almonte posee 3.356 hectáreas de cultivo bajo plásticos, de las que más de 2.900 están dedicadas a los frutos rojos.

Desde la celebración de aquel congreso, bajo el lema “Identidad regional y globalización”, hasta el día de hoy ha cambiado el paisaje y el uso del suelo a una velocidad impresionante, directamente proporcional a la ambición (y avaricia) de los propietarios de la tierra, los intermediarios y la demanda de los consumidores en todo el mundo. La sustitución de pinares y cultivos de secano por campos de fresa bajo túneles de plástico con riego localizado no sólo en la superficie, sino, sobre todo, en los acuíferos del subsuelo que aportan el líquido elemento a las lagunas y humedales del Parque Nacional de Doñana, no han parado de crecer hasta hoy. Simultáneamente, el Instituto Geológico y Minero comenzó a realizar estudios sobre el impacto en el acuífero principal del Parque Nacional de Doñana y a finales de la década pasada ya cifraba en más de cincuenta hectómetros cúbicos el uso del agua para regadíos. Los cierres de pozos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (Administración Central) se cifraron en más de 1.200 antes de la polémica sobre el robo del agua y la proposición de ley autonómica del PP y Vox que pretende legalizar las tierras de regadío con agua robada al acuífero.

Dice el último informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta que “los municipios productores de frutos rojos han duplicado o triplicado su superficie de cultivo bajo plásticos en la última década y media”. El informe aporta datos de 2019 y cita a Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Bonares y Almonte, en la corona hidráulica del norte de Doñana, como los municipios donde mayor fuerza ha tenido este fenómeno, junto con Moguer. De modo que, como decía hace veintitrés años aquel alemán de fisonomía escueta, pelo blanco y rostro pálido (el profesor Voth) el mercado (el éxito de la exportación) ha incrementado los cultivos extra tempranos de primor. Y ese éxito ha incidido en los cambios sociales y económicos por la fuerte demanda de mano de obra, las altas inversiones realizadas y por los servicios relacionados con el sector fresero. El auge tuvo efectos hasta en Castilla y León (Segovia, Ávila y Valladolid), donde se estableció el subsector de viveros de la fresa vinculados con la producción onubense.

Sobre el factor humano, también objeto de varios estudios, las profesoras de Economía Aplicada de la Universidad de Huelva Blanca Miedes y Dolores Redondo explican: “La especificidad y la intensidad de la producción necesita un volumen importante de mano de obra eventual durante los meses de recolección (de enero a junio). Las estimaciones del sector cifran esas necesidades en siete trabajadores por hectárea en producción”. En las campañas entre los años 2004 y 2010, los jornaleros necesarios oscilaron entre 50.000 y 70.000. Hoy las organizaciones empresariales hablan de 100.000 trabajadores, de los que 90.000 son temporeros y el resto fijos.

A las necesidades laborales en los túneles de plástico y las naves de manipulación y envasado se añade la producción de cítricos, que necesitan mano de obra todo el año, y cuya campaña de recogida coincide con la de los frutos rojos. Puesto que los trabajadores locales son insuficientes, los productores han de recurrir a inmigrantes, principalmente mujeres. Primero fueron las polacas y después las rumanas y las búlgaras. En la campaña 2006-07, el 90% de los contratos en origen se realizaron en Rumanía. Las profesoras Miedes y Redondo dijeron en un congreso feminista en Zaragoza que la preferencia de los empresarios agrícolas por la mano de obra femenina se debía a sus cualidades y comportamiento. Citaron las declaraciones de un patrón fresero en la prensa local: “Las manos de las mujeres son más adecuadas para la recolección de la fresa, que es muy delicada. Además, la convivencia en el campo es muy estrecha, y ellas generan menos conflictos. Y no van a la discoteca, no fuman, no beben. Se concentran mucho más en trabajar y ahorrar”.

A partir del acuerdo con Marruecos (2001) comenzaron a llegar mujeres del país vecino. Aunque inicialmente suponían el uno por cien de la inmigración empleada en los campos, poco a poco fueron creciendo hasta rebasar la cifra de 10.000 mujeres prevista en el cupo de 2019 hasta convertirse en la actualidad, con un cupo de 15.000 inmigrantes anuales, en el principal colectivo de temporeras. Además de mantener la contratación de trabajadoras rumanas, los cultivadores han extendido las ofertas laborales para traer personal de Ecuador y Honduras, pero la respuesta ha sido muy baja, con apenas 800 trabajadoras en la penúltima campaña. Los empresarios pagan el viaje para venir, pero no para volver. Y lógicamente, les trae a cuenta la cercanía de (Marruecos). “Algunos productores –dice el colmenero Beni en lo que se asoman a la Catedral efímera que están elevando en el paseo central de Almonte– echan mano de los inmigrantes de los asentamientos. Muchos carecen de papeles porque han llegado clandestinamente o se han jugado la vida en las pateras y otros se han quedado después de los primeros contratos en origen. Durante el Ramadán no faltan empresarios que los meten a trabajar por la noche”.

Los asentamientos son parte del paisaje cambiante en las últimas décadas. Dice un informe del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que es titular Ione Belarra: “Los asentamientos rurales, a partir de la década del 90, tienen una relación directa con la transformación de la agricultura intensiva en invernaderos, y las necesidades habitacionales de la mano de obra que acude a esas zonas”. El informe es de abril de 2022 y está realizado con el trabajo de campo que realizan varias ONG, entidades humanitarias, sindicatos y organizaciones empresariales. En Huelva, donde el 22% del empleo es rural (la media estatal se sitúa en el 4,4%), se contabilizan 16 núcleos chabolistas rurales a pocos kilómetros de los pueblos freseros. Curiosamente en el municipio de Almonte, el tercero en número de habitantes, con El Rocío y el creciente núcleo turístico de Matalascañas, gran consumidor de agua, no hay chabolas de inmigrantes. Cierto es que el informe ya advierte que sólo se han incluido asentamientos con más de 20 personas residentes.

Según esos datos oficiales en Lepe se cuentan cinco barriadas de infraviviendas, cuatro de ellas situadas en el núcleo urbano y la quinta a medio kilómetro. La mayoría de sus habitantes son trabajadores de Senegal, Mali y Guinea, de los que algo más del 30% carecen de documentación. Los marroquíes prefieren crear núcleos propios, aunque admiten la vecindad de senegaleses y ghanenses. De esos cinco núcleos consignados en Lepe (segunda localidad de Huelva en número de habitantes) sólo hay uno con mayoría de mujeres (45 frente a 15 varones) y dos en los que el número de indocumentados se cifra en el 80%.

En Lucena se cuentan siete núcleos chabolistas en el campo, el más cercano, a 6 kilómetros del pueblo. En uno, situado a 10 kilómetros del pueblo y habitado por marroquíes y rumanos, desvivían en condiciones penosas 17 niños y 13 niñas. Según el informe había 45 niños en el conjunto de los campamentos. Los tres núcleos chabolistas registrados en Moguer están también fuera del pueblo, a cuatro, cinco y seis kilómetros. Como en los demás municipios freseros, sus moradores proceden de Ghana, Guinea Ecuatorial, Mali, Marruecos y Rumanía.

Pero es en Palos de la Frontera donde se registra el mayor campamento de infraviviendas de los inmigrantes temporeros, con unos mil habitantes: 820 hombres y 130 mujeres de las nacionalidades citadas. Como en los demás casos, construyen sus chabolas con materiales de desecho procedentes de los invernaderos, tales como plásticos, cartones, palés de madera, cuerdas y tubos de riego. Los incendios, casi siempre atribuidos a causas accidentales y casi nunca investigados a fondo, han vuelto a arrasar de nuevo (13 de mayo) un asentamiento en Palos. Unos cuatrocientos inmigrantes lo perdieron todo, incluidos sus coches. Y lo más sorprendente: el alcalde y diputado nacional del PP Carmelo Romero Hernández, un tipo al que le tocó el gordo de la Lotería de Navidad (400.000 euros, según declaró en el Registro de Intereses del Congreso) se desentendió de las víctimas y se negó a que fueran acogidas en instalaciones municipales.

Desde Andalucía Acoge dicen: “Da igual que sean grandes comunas chabolistas, edificios abandonados, casetas de luz o de aperos reutilizadas como vivienda, campamentos con vehículos de personas nómadas… Todos comparten el hecho de estar vinculados al trabajo en explotaciones agrícolas y de ser una población claramente racializada que no es reconocida como vecina”. Esta ONG ha estudiado el caso de las mujeres marroquíes “sin derecho de vecindad” y explica cómo las que deciden no retornar tras agotar el contrato quedan en una situación administrativa irregular en España. “Se inicia entonces un proceso de exclusión que se agrava con la necesidad de mantener los ingresos mínimos para la subsistencia. Así, muchas de estas mujeres optan por pasar de trabajar irregularmente en los campos de Huelva a trasladarse a otros territorios como Almería o los Llanos de Zafarraya en la provincia de Granada”. Algunas acaban siendo captadas por proxenetas y redes de trata que las explotan en burdeles, cuando no en los propios asentamientos, denuncia esta ONG.