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Tambores de guerra contra Venezuela para echar a Maduro

Comentario de actualidad, Crónica, , , , , , , ,

Luis Díez.

En Venezuela se oyen tambores de guerra desde hace varias semanas. El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, puso precio en su anterior mandato (enero de 2017 a enero de 2021) a la cabeza de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Al empuñar otra vez el poder, en enero de este año, elevó la recompensa a 50 millones de dólares, el doble de lo que George W. Bush ofreció en su día a quien facilitase la captura del fundador y líder de Al Qaeda, el fanático Osama bin Laden, lo que significa que Trump trata bien a los cazadores de recompensas y no quiere que sufran los penosos efectos de la inflación. Pero como la falta de resultados es notable, el campanudo (desafiante, hinchado de poder) inquilino de la Casa Blanca ha implementado, como se dice ahora, otras medidas contra el habitante principal del Palacio de Miraflores. Esto es lo que sabemos.

El miércoles pasado, Trump confirmó la información adelantada por el New York Times de que había autorizado “operaciones encubiertas” de la CIA en el interior de Venezuela. Ni que decir tiene cuál es la finalidad: capturar a Maduro vivo o muerto. Téngase en cuenta que el mandatario estadounidense acusó en 2020 al presidente venezolano y varios allegados de “narcoterrorismo y asociación delictiva para introducir cocaina en EEUU” y ofreció entonces la recompensa de 15 millones de dólares por la testa del venezolano. Los cargos siguen vigentes en un jugado federal de Manhattan y, según la secretaria de Justicia de Trump, Pam Bondi, le han incautado activos por más de 700 millones de dólares, incluidos dos jets privados. Bondi dice también que el rastreo de siete toneladas de cocaina incautadas les ha conducido directamente al mandatario venezolano. Y afirma, en fin, que “no escapará a la justicia y será responsabilizado por sus despreciables crímenes”.

Además de autorizar a los agentes de la CIA a intervenir en Venezuela, el presidente norteamericano dijo en el mismo acto con periodistas en el Despacho Oval que “está sopesando operaciones militares terrestres”, lo que en pocas palabras significa que está dispuesto a invadir el país y, con la escusa de combatir el narcotráfico, deponer a Maduro, liquidar el llamado régimen bolivariano y apoderarse de las riquezas del país que determinados dirigentes de la oposición en la clandestinidad y en el exilio, incluida la flamante premio Nobel de la Paz, Corina Machado, estarían dispuestos a entregarle. Téngase en cuenta que Venezuela posee las mayores reservas de petroleo del mundo. Esa riqueza documentada y la minería metálica y estratégica (“tierras raras” le llaman ahora) son las materias que verdaderamente interesan a Trump. ¿Por qué teniendo una división de agentes secretos contra el narcotráfico como es la DEA, utiliza a la CIA para intervenir en el país sudamericano? No hace falta recordar que la CIA es tristemente famosa por preparar golpes de Estado en distintos países del subcontinente, prevaliéndose de los militares más crueles y reaccionarios, casi siempre apoyados por oligarcas contrarios a los derechos democráticos.

Por lo que sabemos, la gran movilización militar ordenada por el Pentágono el 14 de agosto supuso el traslado a Puerto Rico desde la base de Norfolk, en Virginia, de 4.500 marines, buques de asalto anfibio, helicópteros y al menos un submarino. En concreto, el despliegue afecta a la Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG) y a la 22ª Marine Expeditionary Unit (MEU) e incluye los buques de guerra Iwo Jima, Fort Lauderdale y San Antonio, varias escuadrillas de helicópteros UH-18 Venom, un submarino de ataque nuclear, un crucero con misiles guiados, escoltado por varios destructores Arleigh Burk y, al menos, un avión de patrulla marítima Poseidón P-8A. Aparte de la acumulación de fuerzas frente a Caracas en el mar Caribe –el despliegue ya afecta a 10.000 militares estadounidenses–, esta semana se han detectado B-52 y helicópteros estadounidenses sobrevolando Venezuela.

Desde mediados de septiembre hasta el jueves pasado, los militares estadounidenses han atacado a seis embarcaciones y dejado un saldo de 28 muertos. A las cinco lanchas motoras destruidas con misiles teledirigidos se sumó el jueves el ataque, también en el Caribe, a un submarino sospechoso de transportar drogas y la detención de dos supervivientes supuestamente venezolanos. Son ataques en aguas internacionales contra supuestos enemigos de EEUU sin una sola prueba hasta el momento de que transportaran drogas ni de que fueran terroristas dispuestos a cometer atentados en suelo estadounidense o contra personas y bienes de ese país. Pero la legalidad internacional importa más bien poco al nuevo emperador Trump y sus colaboradores. Así, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, arengó a principios de septiembre a los marines a bordo del buque Iwo Jima diciéndoles que su misión no era un “entrenamiento” sino un “ejercicio real” de defensa de los “intereses vitales de los Estados Unidos de América cual es acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”. Este antiguo presentador de TV elogió el acierto del presidente Trump al cambiar el nombre del Departamento de Defensa, que pasó a llamarse de Guerra. Muy satisfecho ha lucido también el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha orientado a Trump hacia una táctica muy agresiva como es el uso de la fuerza militar contra los transportistas de drogas. “Lo que los detendrá es hacerlos volar por los aires, es decir, deshacerse de ellos”, dijo en México al día siguiente de la voladura de la primera lancha, con once personas a bordo.

Pero tamaño despliegue y acumulación de fuerza solo se explica, como ha apuntado el propio Trump, por la finalidad concreta de ordenar una incursión en Venezuela, capturar a Maduro como gran capo del narcotráfico y del terrorismo desestabilizador, pues ha vaciado las cárceles y enviado a delincuentes tan violentos como los del Tren de Aragua contra EEUU, y liquidar el régimen, lo que, por otra parte, facilitaría la vida a los autoproclamados ganadores de las elecciones de 2024 y reconocidos como tal por varios países.

Con todo o casi todo dispuesto para el ataque a Venezuela, el comandante militar del dispositivo en el Caribe, almirante Alvin Holsey anunció el jueves su dimisión y se despidió a última hora de ayer, 17 de octubre. Este oficial deja el cargo de jefe del Comando Sur de EEUU, encargado de dirigir las operaciones en Centromérica y Sudamerica, sin que haya desvelado los motivos y después de haber acumulado más de 10.000 combatientes en su zona de responsabilidad. La renuncia del almirante Holsey, con 37 años de servicio, y cuando llevaba menos de doce meses en un puesto donde el mandato temporal mínimo es de tres años y en medio de una misión que han bautizado “antidroga y antiterrorista”, resulta cuando menos chocante.

Según la información del New York Times, funcionarios del Pentágono y del Capitolio apuntaron fuertes tensiones políticas entre el almirante de cuatro estrellas y sus jefes civiles. El secretario de Guerra emitió un comunicado agradeciendo sus servicios, y el almirante se dirigió a sus subordinados con una sola frase: “¡Sigan adelante!” El congresista por Washington y portavoz en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, manifestó irónicamente: “Antes de Trump, no se me ocurre ningún comandante jefe que haya abandonado su puesto antes de tiempo”. El senador, también del Partido Demócrata, Jack Reed, lanzó otra carga de profundidad, dando a entender que la cadena de mando es poco proclive a la aventura bélica que sopesa el emperador y agrada a sus halcones Hegseth y Rubio. “En un momento en que las fuerzas estadounidenses se están concentrando en el Caribe y las tensiones con Venezuela están en un punto de ebullición, la partida de nuestro principal comandante militar en la región envía una señal alarmante de inestabilidad en la cadena de mando”, dijo Reed.

El presidente venezolano respondió a las amenazas del estadounidense lanzando en inglés el grito de “¡No a la guerra!” y recordando el canallesco papel de la CIA en los años setenta del siglo pasado contra las democracias en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia… “América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, añadió Maduro. Su ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, lanzó un comunicado deplorando “las declaraciones belicistas y extravagantes del presidente de los Estados Unidos, en las que admite públicamente haber autorizado operaciones para actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela”. En su opinión, “esa afirmación sin precedentes, constituye una gravísima violación del derecho internacional y de la carta de las Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar unas afirmaciones inmoderadas e inconcebibles”.

Patriotas del patrimonio

Cuento breve,

EL LUNES TE CUENTO

Era una vez un país al que algunos decían querer tanto que le llamaban “gran país”. La querencia de aquellos recibía el nombre de “patriotismo” y era exhibida con banderas, pegatinas, insignias y toda suerte de quincalla como si alguien, desde algún lugar remoto, hubiera lanzado una competición con premio para saber quien era más patriota. Se trataba de una exhibición bastante absurda, pues de antemano era sabido que los patriotas de verdad confundían patria y patrimonio y amaban tanto su patrimonio que rechazaban con ahínco los impuestos y ocultaban sus fabulosas ganancias y posesiones detrás de sociedades tramadas con testaferros y constituidas por abogados muy listos en “paraísos fiscales” y capital en Suiza. Por extraño que parezca, aquellos patriotas ricos, muy ricos, preferían la evasión a la contribución a la mejora de la vida de su “gran país”. Algunos llevaban la trampa fiscal en su ADN, les venía de familia. Otros, enriquecidos con la corrupción de las privatizaciones de empresas y patrimonio público y, sobre todo, con los planeamientos urbanísticos, la promoción y construcción de viviendas que hipotecaban la vida y los salarios de los jóvenes trabajadores, consideraban que ya pagaban bastante imposición sufragando caprichos y ambiciones de ediles, regidores, técnicos meramente administrativos y políticos de su cuerda. Las prácticas corruptas iban pasando de padres a hijos, sobrinos, cuñados, primos y demás familia. En algunas regiones y nacionalidades (autonomías) gobernadas por aquella suerte de patriotas se contaban en cientos y hasta en miles de millones de euros los dividendos anuales de la corrupción (“sistémica” le llamaban). Así las cosas, solo los asalariados, ocuparan el puesto que ocupasen, fueran ejecutivos, oficiales de primera, trabajadores intelectuales o manuales, autónomos o contratados, pagaban impuestos. Mejor dicho, el Estado se los detraía de sus salarios con una regla proporcional: a más salario, mayor detracción. El impuesto sobre la renta de las personas y el que gravaba los bienes de uso y consumo, incluidas las viviendas, que eran muy caras, constituían los principales ingresos del Estado para sufragar la educación, la sanidad pública, los servicios sociales, la asistencia a los ancianos y otras prestaciones de primera necesidad, administradas, todas ellas, por los gobiernos autonómicos.

Se produjo entonces una crisis económica provocada por los especuladores financieros. Y los patriotas al frente del Gobierno del “gran país” cargaron más impuestos sobre los únicos que pagaban, trabajadores y consumidores, congelaron y bajaron las pagas de los jubilados, de los empleados públicos (administrativos, docentes, sanitarios, policías…), ajustaron algunos impuestos sobre los beneficios de las empresas que, a falta de demanda y consumo nacional e internacional, redujeron la producción o cerraron dejando a miles de trabajadores en paro. Los patriotas en el gobierno transfirieron miles de millones de euros de las rentas del trabajo al capital para salvar a la banca, ya que los propios banqueros, usureros tramposos que agarraron la pasta y huyeron, habían sido incapaces de restablecer el equilibrio apelando al Banco emisor y engañando a los pequeños ahorradores con tretas para dejarles in albis (“preferentes”, le llamaban). La descapitalización humana de los servicios públicos esenciales del “gran país” fue vertiginosa: colegios sin profesores suficientes, con más alumnos por aula, sin calefacción ni aire acondicionado; centros de salud sin el número de facultativos necesarios para atender a la población, sin equipamiento, sin servicio de urgencia; universidades con cátedras en precario, menos profesores cada año; hospitales con menos especialistas y cirujanos y más largas listas de espera de pacientes necesitados de intervenciones quirúrgicas. La regla de reducir los gastos manteniendo congelados los salarios y amortizando los puestos de trabajo se aplicaba a rajatabla, de manera que sólo se cubría una de cada diez vacantes. Incluso se expulsó de mala manera de los hospitales universitarios a los catedráticos eméritos que brindaban su saber y experiencia gratis et amore a los médicos de distintos departamentos y resultaban muy valiosos en casos de duda. Una gobernante autonómica muy, pero que muy patriota, les quitó hasta la magra ayuda para el transporte y para un café de máquina que les daban por su generosa ayuda desinteresada. “Ustedes quédense en casa”, les dijeron. No querían testigos eminentes de la progresiva degradación sanitaria. Lógico. La supresión de recursos (“recortes” les llamaban) de los servicios esenciales afectaba con toda la crudeza a las residencias de ancianos (“asilos” les decían en otro tiempo) de titularidad pública: pocos empleados mal pagados para atender a muchos ancianos desvalidos, menús de mínimos, mucho frío en invierno y demasiado calor en verano. Algunos protestaban por las malas condiciones y el sufrimiento suplementario que les infligían en su último tramo de la vida. Pero turris burris lo que dijeran, pues carecían ya de valor de mercado. En alguna ocasión, algún medio de comunicación se hacía eco de aquellas críticas y obligaba a los patriotas en el poder autonómico a dar una respuesta. Y la respuesta era: “Si no están a gusto que vayan a una residencia de pago”. ¿Es que no habían pagado suficiente en décadas de trabajo, por lo cual eran pobres y con pensiones iguales o inferiores al salario mínimo? La pregunta era inoportuna y además inútil, pues aquellos patriotas “neoliberales” despreciaban la cordialidad de Adam Smith, al que ni siquiera habían leído. En plena descapitalización de los hospitales públicos, con vistas a convertirlos en centros de negocios privados, la mamá de un menda muy alto e importante en el escalafón del gobierno autonómico pisó el aire en vez del suelo, se cayó, sufrió una lesión en la cara, magulladuras y lo más grave: se fracturó una vértebra. La trasladaron rápidamente al hospital, la atendieron en el servicio de urgencias, le administraron calmantes, le hicieron los preceptivos análisis: sangre, radiografías, resonancias. La mujer sentía unos dolores terribles en la espalda. Ni los calmantes más potentes lograban mitigarlo. Llegó el diagnóstico: “Desprendimiento de cadera”. Eso era lo que le pasaba. Pero la mujer, ya entrada en años, decía que no le dolía la pierna sino la espalda. ¿Qué sabría ella? La operaron de una cadera. En aquel “gran país” valía todo. Todo, menos cobrar los impuestos proporcionales a los ricos y muy ricos, a los grandes patrimonios.