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Falacias de Feijóo y mentiras punibles de Mazón sobre la Dana

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Luis Díez

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, testificará por videoconferencia el próximo viernes, 9 de enero, ante la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Torraba que instruye el sumario sobre la gestión de la Dana. Las lluvias torrenciales y la riada del 29 de octubre de 2024 mataron a 230 personas y arrasaron desde la comarca de Utiel-Requena a la Huerta Sur de Valencia sin que el Gobierno autonómico que presidía entonces Carlos Mazón Guixot, alertara a tiempo a la población.

Ya es sabido que mientras decenas de personas perdían la vida, sorprendidas por la riada y las inundaciones, el presidente valenciano disfrutaba de un largo almuerzo con la periodista Isabel Vilaplana, seguido de un “tranquilo paseo” desde el restaurante El Ventorro hasta el parking donde ella había estacionado su coche. Ya se sabe que el máximo responsable político valenciano estuvo tan ajetreado al teléfono como inoperante en realidad, pues ni siquiera se esforzó en ordenar la alerta a la población hasta pasadas las ocho de la noche. Pero lo que no se conocía son los embustes con los que el líder del PP, Feijóo, empedró su discurso y el de su partido para culpar al Gobierno central –desde Pedro Sánchez a la vicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera, pasando por la Agencia Española de Meterología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del río Júcar– y exonerar a Mazón de su responsabilidad. Las falacias de Feijóo han quedado en evidencia tras conocer los mensajes que le envió Mazón el día de la Dana.

La jueza de Catarroja pidió a Feijóo esos mensajes el pasado 22 de diciembre y éste le envió dos días después los whatsaps de Mazón, aunque no los suyos que, finalmente, le ha remitido el viernes 2 de enero. Ambos envíos fueron compulsados por un notario.

Información en “tiempo real”

Feijóo declaró a los periodistas en Valencia el 31 de octubre de 2024 que el presidente de la Generalitat le había informado en “tiempo real desde el lunes” y que siguió recibiendo información martes y miércoles.

Falacia al descubierto: Feijóo contactó por Whasap con Mazón a las 19:57 del 29 de octubre, día de la Dana, que era martes y no lunes como afirmó, rectificando después. Le mandó el primer mensaje tras “conocer por los medios de comunicación el agravamiento de la situación en Valencia”, según su escrito a la jueza. Es decir, no tuvo información de Mazón “en tiempo real”, como había declarado. Mazón contestó al mensaje del líder del PP tres minutos después: “Gracias presi. Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto”.

La verdad es que a aquella hora de la noche el president de la Generalitat Valenciana todavía no se había personado en el CECOPI. Tampoco había dado la orden a su consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que presidía el centro de emergencias de que enviara la alerta a los ciudadanos. Utiel y Requena estaban completamente anegadas. La riada ya inundaba localidades de l’Horta Sud: Catarroja, Alfafar, Benetússer, Sedaví. A las 20:15, mientras el president Mazón se desplazaba al centro de coordinación de emergencias, le escribía a Feijóo: “Noche larga por delante”.

“Abandonados” por el Gobierno de Sánchez

Feijóo mintió el 27 de noviembre de 2024, apenas un mes después del desastre, ante el Pleno del Congreso, al afirmar que el Gobierno se había desentendido de la crisis. ““Esta vez, señor Sánchez no ha calculado bien: la gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias, no le va a perdonar su abandono”. Eso dijo.

Falacia al descubierto: Ahora se demuestra que Mazón informó a Feijóo en un whasap de las 23:23 horas del 29 de octubre de que había hablado con el presidente Pedro Sánchez. “Sí que he hablado con Sánchez, Montero (la vicepresidenta primera María Jesús Montero) y los de Defensa e Interior (Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska) para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana. El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo”.

La verdad es que el presidente Sánchez llamó a Mazón desde la India, donde se encontraba de viaje oficial y estaba ya a punto de regresar, para poner a su disposición cuantos medios necesitara.

Moncloa no colabora

Feijóo se dedicó a denunciar la falta de colaboración del Gobierno desde el primer momento. Así, en su visita a Valencia el día 31 dijo tras reunirse con aquel Mazón siempre con chaleco de trabajador de emergencias, que “al Gobierno no le pediría una mayor colaboración, sino alguna”.

Falacia al descubierto: Resulta que a las 23:24 del 29 de octubre, Mazón le había mandado el siguiente mensaje: “A través de Delegación (del Gobierno) de momento tenemos lo que necesitamos que ahora es la UME (Unión Militar de Emergencias)”.

Emergencia nacional

En el debate parlamentario del 27 de noviembre sobre el desastre de la Dana, el jefe de la oposición y líder del PP insistió en que el Gobierno se había desentendido de la tragedia en vez de declarar la “emergencia nacional, que es lo que yo haría”. Atacó a Pedro Sánchez por estar de viaje en la India “con una imputada” (en referencia a su esposa, Begoña Gómez), insinuó que había cometido un delito por “omisión del deber de socorro” y sostuvo: “debieron declarar la emergencia nacional porque son el Gobierno de España y tienen la responsabilidad y los recursos. Si no, ¿para qué están?”.

Falacia al descubierto: A las 23:21 horas de la noche de la Dana, Feijóo escribe a Mazón: “Dice el Gobierno q os ha llamado… espero q sea así y os estén prestando ayuda suficiente”. Y Mazón le contesta: “Más o menos sí”. Y añade: “Ha montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah”.

La verdad es que Mazón no pidió en ningún momento el Nivel 3 de alarma que habría permitido al Ejecutivo central hacerse cargo de la dirección de la crisis. Y no consta que el propio Feijóo se lo hubiera aconsejado. Pedro Sánchez le dijo en el Congreso: “Señor Feijóo, usted ha hablado con el señor Mazón y el señor Mazón a usted le ha dicho lo mismo que a mí, y es que no quiere elevar a nivel 3, a emergencia nacional, la catástrofe de la Dana”.

El Gobierno reaccionó muy tarde

El líder del PP afirmó en el mencionado debate parlamentario del 27 de noviembre: “Su Gobierno no reaccionó hasta las once de la noche”. Por su parte, la exdiputada y vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha estado un año diciendo que los valencianos habían tenido que “esperar 96 horas para que el Ejército se desplegase”.

Falacia al descubierto: Feijóo sabía por los mensajes de Mazón que el Gobierno estaba coordinado para atender a las peticiones de la Generalitat, responsable de la gestión de la crisis, y que la UME entró en acción en cuanto la solicitaron. Además, los medios de comunicación informaron de rescates de personas por parte de los militares horas antes del intercambio de mensajes entre Feijóo y Mazón.

La verdad es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ordenó a la UME empezar a prepararse para una posible intervención ese mismo martes día 29 a las 9 de la mañana y no dejó de hacerlo a lo largo de todo el día, a pesar de que la consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana rechazó hasta tres veces el ofrecimiento de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, de movilizarla. Gracias a la preparación preventiva, la UME pudo ponerse en marcha a las 15:45, un minuto después de que la solicitaran para la comarca de Utiel-Requena y empezar a rescatar gente a las 17:55. Lo mismo ocurrió con los subsiguientes envíos de efectivos a las zonas afectadas; por eso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pudieron satisfacer el cambio de parecer del señor Mazón el día 2 de noviembre, cuando pasó de pedir 500 militares a más de 5000 militares en unas pocas horas. Y lo mismo ocurrió con las demás agencias de la Administración General del Estado que intervinieron en la crisis. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, canceló su agenda oficial el día 29 a primera hora y se dedicó en exclusiva a movilizar y a gestionar el apoyo de la Administración General del Estado a la Generalitat.De hecho, a las 9:30 ya se reunió con entidades como, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, la Policía Nacional, la Guardia Civil, ADIF o Renfe para que estuviesen listas para movilizarse.

La AEMET y la Confederación del Júcar, culpables

El presidente del PP no dudó en culpar a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y a la Confederación Hidrográfica del Jucar, dependiente también del Gobierno central, de no haber alertado en tiempo y forma a la Generalitat sobre la situación. “Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe –dijo el 31 de octubre en defensa de Mazón–. Y la información que se recibe son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del Gobierno central. Léase la AEMET, que es la que informa sobre la previsión de las horas o las precipitaciones, y la Conferencia Hidrográfica, que es la que tiene competencia exclusiva en los cauces y en la gestión hidráulica de los ríos”. Y añadió: “Nadie puede tomar decisiones en función de una información que puede ser exacta, inexacta o mejorable”. 

Falacia al descubierto: El presidente del PP conocía podía conocer la información meteorológica de ese fatídico 29 de octubre en la Comunidad Valenciana y en toda España porque era pública. Y también la que suministró la Confederación Hidrográfica del Júcar, que puede consultarse online de forma abierta.

La verdad es que a las 7:31 de la mañana, la AEMET activó el nivel rojo para el litoral sur de Valencia y llamó al departamento de Protección Civil de la Comunitat Valenciana para subrayar la gravedad de la situación. Informó de nuevo a las 9:43 de la subida a nivel rojo en toda la provincia de Valencia y continúo emitiendo comunicados públicos sobre los cambios en los avisos, llamando a Protección Civil valenciana durante toda la jornada del día 29. En cuanto ala Confederación Hidrográfica del Júcar, ya a las 12:07 minutos informó sobre el crecimiento del caudal del barranco del Poyo, información que el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana usó para activar la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la rambla. Envió 198 correos electrónicos a las autoridades de Protección Civil, estuvo presente en el CECOPI desde el primer momento, donde alertó del incremento generalizado de los caudales en toda la provincia de Valencia y transmitió durante todo ese tiempo datos sobre la pluviometría y el nivel y volumen de los embalses y los ríos de forma constante. No hubo, como se ha dicho, ningún “apagón informativo”, si bien el sensor de Ribarroja dejó de funcionar a las 18:55 de la tarde, aunque la gravedad de la situación ya era conocida y los bomberos ya estaban rescatando personas en el barranco del Poyo.

El barranco del Poyo

Alberto Núñez Feijóo y su número dos en el PP, Miguel Ángel Tellado Figueira, se esforzaron en atribuir los estragos de la riada a la falta de canalización del llamado Barranco del Poyo. Culparon de ello a la entonces vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Ribera. Tellado la tildó en el Congreso de los Diputados de “incompetente, intransigente y tremendamente egoísta”. Y algo más: “Si no hubiese anulado en el año 2021 el proyecto de encauzamiento y drenaje del barranco del Poyo, se hubieran salvado muchas vidas”.

La verdad es que fue Teresa Ribera quien firmó en 2011 como secretaria de Estado la única declaración de impacto ambiental favorable a las intervenciones en el barranco del Poyo. Y el Ejecutivo del PP, presidido por Mariano Rajoy, no abordó el proyecto, que caducó en 2017. En 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez recuperó las obras de emergencia y se encontró con problemas debido a la falta de consenso en el territorio. “Fue una pena que costara tanto poner orden en el caos de las obras declaradas de interés general por parte del Estado, con los terrenos ya expropiados, cuando llegamos al Gobierno en junio de 2018”, reconoció la actual vicepresidenta de la Comisión Europea.

La gente se ahogaba y Mazón mentía

Los mensajes de Mazón a Feijó revelan que el entonces president de la Generalitat sabía que la Dana estaba causando muertos en Utiel y más abajo, en la Huerta Sur. Sin embargo mintió el 17 de noviembre de 2025 en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados al asegurar que no supo que la gente se estaba ahogando “hasta las cinco de la mañana del día siguiente”. El diputado de Compromis Alberto Ibáñez Mezquida le pregunta: “¿Usted cree que, mientras la gente se ahogaba, era lógico ir de paseo a hablar del derbi de Elche? ¿Era normal?” Mazón contesta: “Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando, nadie lo sabía”. (Varios señoras y señores diputados: ¡Ohhhhh!). Ibáñez incide: “¿Usted no sabía que se estaban ahogando? ¿Ninguna de las llamadas? ¿Usted puede decir aquí que ninguna de las llamadas que usted recibió ni ninguno de los wasaps le informaban de que la gente estaba encima de los tejados? Mazón se defiende diciendo que Rufián no le dejó contestar a esa cuestión y que la delegada del Gobierno dijo lo mismo que él. Ibáñez insiste: “Señor Mazón, cuando venga la delegada del Gobierno, le preguntaremos a ella. ¿Usted puede ratificar aquí que a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose? Mazón contesta: “Hasta las cinco de la mañana deldía siguiente…”

La verdad es que Mazón escribió a Feijóo a las 23.25: “No lo hemos hecho público aún, pero están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto”. Y un minuto después añade: “Van a ser decenas, seguro”. Feijóo, que ya sabía por un mensaje anterior que había “muchos desaparecidos” respondió dos minutos después´: “Lógico. Ánimo amigo”. Y sin una palabra sobre las víctimas, le reiteró: “Lleva la iniciativa de comunicación… Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando”.

Aunque según dejó claro Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional madrileña, «mentir no es delito», faltar a la verdad queda feo y hacerlo (como hizo Mazón) ante una comisión de investigación del Congreso está castigado con multa y pena de seis meses a un año de prisión.

DOÑANA y 5/ Del robo del agua al ‘gran pelotazo’

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Madrid, 26-05-2023.– Luis Díez

Según la evidencia de Sexto Empírico, Doñana es una joya de Andalucía, de España, de Europa y de la Humanidad. Es el humedal más importante del Viejo Continente. Cientos de miles de aves dependen de sus marismas para criar, pasar el invierno o para descansar durante su migración anual a África. En la marisma de Hinojos se posan a comer y descansar en su largo peregrinar. En invierno se refugian aquí los ánsares y las grullas procedentes de los países del norte de Europa. Más tarde, en primavera, pasan miles de aves migratorias procedentes de África como los moritos, las garzas imperiales… Vale recordar que el Parque Nacional se funda en 1969 por su especial importancia para la avifauna y por tener dos especies en peligro de extinción como son el lince ibérico y el águila imperial ibérica. También por la combinación de ecosistemas tan dispares –bosque y matorral, dunas y playa, marismas y vera– en un área tan pequeña.

Estampa de la marisma en una laguna del parque

Todo esto que cualquier profano puede leer en la reseña de Wikipedia sobre el municipio de Hinojos se puede completar con otros datos igualmente ciertos: 365 especies de aves (más de 500.000 de invernada todos los años), 21 especies de reptiles, 11 de anfibios, 20 de peces de agua dulce, 37 de mamíferos no marinos (entre ellas el lince ibérico) y unas 900 especies de plantas. Los científicos del CSIC que trabajan en la Estación Biológica aportan conocimientos fundamentales para la preservación de la fauna y la flora, pero también para el desarrollo y el progreso de los humanos en todos los campos, desde el bioquímico al de la salud, pasando por el técnico y el de la ingeniería aplicada. Quizá sea necesario formular algunas preguntas en boca del apicultor de origen gallego Beni Casqueiro (la polinización natural de los campos de fresas requiere una colmena por hectárea): “¿Imaginas un país un poco más grande que Luxemburgo donde los animales campen a sus anchas? ¿Un país donde la armonía y la belleza te sorprende todos los días? ¿Un país donde 450 especies animales viven en armonía? ¿Un país con más de 900 especies de plantas en el que uno de cada tres pasos lo das por un espacio protegido? Ese país que representa el 0,58% del territorio de la amada patria y es Doñana?”

Flamencos en la laguna de El Rocío, hace tres años.
Marisma de El Rocío en la actualidad

Beni enfatiza el término “patria” y el observador intuye su intención de apelar a la derecha política, esos dirigentes del PP y sus aliados de la ultraderecha oxida y “voxida” más patriotas que nadie, pero cuya única ley viene dictada por la avaricia y el afán de engrosar la cartera. Saben que Doñana se muere de sed debido al cambio climático, pero no renuncian al asedio del parque natural y se disponen a aprobar en el Parlamento de Andalucía una ley presentada por el PP con el apoyo de Vox para legalizar cientos de hectáreas de regadío ilegal para la producción de los frutos rojos bajo plástico y los más de mil pozos clandestinos existentes. La organización WWF (siglas en inglés de Fondo Mundial para la Naturaleza) nació precisamente en Doñana, donde mantiene un observatorio permanente, y ha aportado a las autoridades españolas y europeas unos informes que cifran la sustracción anual de agua entre siete y nueve hectómetros cúbicos (cada Hm3 equivale a un millón de metros cúbicos) al parque nacional por parte de los cultivadores sin derecho a riego. Con los arroyos secos y el agua superficial menguante, esos pinchazos permiten mantener 1903,7 hectáreas de cultivo con regadío ilegal en detrimento de la flora y la fauna del parque.

El “asedio” denunciado desde hace diez años por WWF ante los organismos internacionales ha servido de base a las inspecciones y advertencias reiteradas de la Comisión Europea, que, finalmente, interpuso una demanda judicial contra el Estado español. El resultado fue la condena del Tribunal Europeo de Justicia, publicada hace casi dos años (junio de 2021) por ignorar las extracciones ilegales y no adoptar las medidas necesarias para mantener los hábitats protegidos. La condena puede suponer una multa mil millonaria por parte de la Comisión Europea si el Estado español no clausura los pozos ilegales que aguijonean el acuífero, una masa de agua subterránea bajo los 2.400 kilómetros cuadrados del parque, cuya extracción requiere perforaciones cada vez más profundas. Y ya rebasan los 180 metros en vertical.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) instó al cierre de los pozos ilegales y comenzó el año pasado a supervisar el sellado que siete titulares de tierras acometieron voluntariamente. La ejecución forzosa por la captación ilegal de agua afectaba entonces a 71 pozos, la mayoría en el término municipal de Almonte, el más extenso, pero también a Lucena del Puerto y Rociana del Campo. Los inspectores de la CHG, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del que es titular la vicepresidenta Teresa Ribera, han documentado unas setecientas perforaciones ilegales, de obligada supresión y sellado.

Para entender la problemática del latrocinio del agua hay que tener en cuenta el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, que fue aprobado en 2014 por la Junta de Andalucía con el apoyo del sector agrícola después de siete años de siete años de trabajo. Según el WWF, el plan es manifiestamente mejorable, pero es el único instrumento para poner orden en el “caos de cultivos existe alrededor de Doñana”, para dar seguridad jurídica a los agricultores y para asegurar la conservación del acuífero. Sobre los criterios del Plan, los expertos de WWF elaboraron en 2020 un informe para determinar qué superficie de regadíos tendría que ser eliminada por su puesta en riego con posterioridad a 2004 y a 1992 (leyes forestales) para las situadas en Monte Público, por encontrarse en zona protegida (Zona A, de especial protección de los recursos naturales) o por no haberse regado durante más de tres años consecutivos, tal y como establecía el Plan Especial. Y los cálculos determinaron que “al menos 1.653 hectáreas de las 10.000 existentes deberían ser eliminadas”. Posteriormente WWF actualizó y elevó esta superficie a las ya citadas 1.903,7 hectáreas de regadío con agua robada al acuífero del parque nacional.

A pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el gobierno del PP en la Junta de Andalucía ya intentó en 2022 legalizar el latrocinio del agua, aunque la quiebra de su coalición con Ciudadanos, provocó nuevas elecciones generales y retrasó la legalización de las tierras que iban a ser declaradas de regadío y en las que, de hecho, hay cientos de parcelas de cultivo del oro rojo bajo túneles de plástico. Después de los comicios, la derecha volvió a la carga con su proposición de ley. La iniciativa de la formación política de Moreno y Feijóo contó con el respaldo de la ultraderecha en el Parlamento andaluz, que la tomó en consideración el 12 de abril de este año 2023 y emprendió su tramitación sin atender las advertencias de las autoridades de la UE sobre la protección medioambiental del parque, Patrimonio de la Humanidad, y las multas millonarias para España. A pesar del estado crítico de los humedales, el argumento principal del presidente de la Junta consiste en que se necesita esa regulación “por el impacto económico” de la agricultura en la zona.

Moreno Bonilla y la patronal del oro carmesí no se cansan de repetir que el sector “da empleo a 100.000 trabajadores”. En los terrenos afectados conviven agricultores legales e ilegales. Con el proyecto de ley, cuya tramitación parlamentaria “por vía de urgencia” ha quedado en suspenso hasta después de las elecciones locales del domingo, 28 de mayo, se trata de legalizar los cultivos en unas 1.600 hectáreas (la derecha dice que 800), según la extensión reconocida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Las explotaciones sin permiso de extracción que serían legalizadas se encuentran en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Aunque los autores del texto han introducido una modificación básica respecto al de 2022 –“el agua procederá de forma prioritaria de la superficie”– la recalificación parcelaria de secano a regadío y la falta de agua en la superficie contradice, de hecho, esa previsión y augura la legalización del expolio del menguado acuífero Almonte-Marisma.

El presidente de la Junta invoca la ley de 2018 que preveía la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir. Dice que con ese trasvase (19,99 millones de metros cúbicos, es decir, 199.900.000.000 litros) se mantendría el equilibrio hídrico de la zona sin afectar al área de especial protección. En tal sentido ha enviado documentos a Bruselas y a Madrid, atribuyendo a las confederaciones hidrográficas, dependientes del Gobierno central, el incumplido la norma. Sin embargo, pocos trasvases para el riego se pueden hacer desde los cauces cada vez más exiguos de los ríos mencionados y cuando la demanda prioritaria de los ayuntamientos pasa por cubrir las necesidades (crecientes en verano) de la población. Esto que entienden y asumen las comunidades de regantes legales del Marco de Doñana es esgrimido por los líderes del PP (incluido su presidente Feijóo) para mantener la tramitación de la proposición de ley. Y culpar, de paso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “secar Doñana”. Lógico. “Non piove ¡Porco Governo!” Cualquier argumento vale para esconder la mano después de tirar la piedra

Sin embargo, el problema es poliédrico: la Comisión Europea tilda la norma que la derecha pretende sacar adelante de “violación flagrante” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. El director del Consejo de Participación de Doñana, el CSIC, las asociaciones ecologistas y el Ejecutivo estatal rechazan la iniciativa. En una carta de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera al presidente andaluz, Moreno Bonilla, le pedía que no siguiera adelante con la iniciativa porque “la protección de Doñana es un asunto del máximo interés ambiental, social y legal, tanto de los españoles como de las instituciones europeas como de los amantes de la naturaleza a nivel mundial”. Tras la toma en consideración de la iniciativa (70 votos del PP y Vox), Ribera afirmó que el Gobierno interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional y reafirmó la decisión en una carta a la Comisión Europea. El presidente Sánchez fue tajante: “Doñana no se toca”. Y a todo ese rechazo se suma una cara más del poliedro: el daño a la reputación de los frutos rojos onubenses en los mercados europeos y los primeros síntomas de los consumidores del rechazo a las “fresas ilegales”.

El presidente andaluz Moreno Bonilla, premiado por los empresarios de los frutos rojos una semana después de impulsar en el pleno del Parlamento de Andalucía la ley que viene a legalizar las tierras de regadío ilegal. Foto de Freshuelva.

Pero nada de eso importa a la derecha y sus mentores. Nueve días después de que el PP y Vox ratificaran en el pleno del Parlamento Andaluz la decisión de legalizar las tierras de regadío no calificadas como tales, la entidad Freshuelva, creada a finales de los años ochenta, que presta asesoramiento y contribuye a las investigaciones sobre la mejora de los frutos rojos, concedió a Moreno Bonilla el premio “fresa de oro”. Esta asociación agrupa a más del 90% de los productores de fresas. En una gala en la que se entregaron premios a otros destacados personajes (empresarios, comercializadores, el presidente de una comunidad de regantes, el de una empresas transportista con centros logísticos en varios países de la UE y el representante de un grupo periodístico), el presidente andaluz enfatizó: “Somos la primera potencia agroalimentaria de España. Tenemos que tomar decisiones. De ahí que estemos apostando decididamente por más y mejores infraestructuras hídricas”.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, al que también premiaron, no acudió a una gala en la que el monólogo de Moreno Bonilla cosechó largos aplausos. Elogió el esfuerzo de los agricultores desde hace cuarenta años y, sobre todo, dijo lo que algunos querían oír al exigir “más y mejores infraestructuras hídricas”. ¿Qué significa esto? Que quiere trasvases como sea. Pero hay más. El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, llama la atención sobre otro hecho fundamental: los agricultores con tierras de secano que riegan ilegalmente van a ver reconocidos unos derechos de regadío basados en la hipótesis del trasvase de los ríos Tinto-Odiel-Piedras. Y ese reconocimiento supone, de pronto, una revalorización de cada hectárea de secano, que multiplica un cien por cien su valor, pasando de entre 6.000 a 10.000 euros por hectárea a 60.000 y 100.000 euros, según las tasaciones actuales. “Además del acoso a Doñana, está en juego un gran pelotazo”, concluye Del Olmo.