Luis Díez.

Todos los ciudadanos pueden acceder desde el miércoles pasado a los documentos hasta ahora secretos sobre el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981en el sitio: https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx. Es una noticia estupenda. La desclasificación fue decidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al cumplirse el 45 aniversario de aquella intentona fascista contra la democracia y la Constitución, que apenas tenía entonces dos años y dos meses de vida. Pocas horas después las diñaba en Málaga el aguerrido e indisciplinado golpista Antonio Tejero Molina.

Los documentos desclasificados permiten conocer algunos detalles de “la operación” encabezada por el trío Tejero, Armada, Milans del Bosch, para volver a la dictadura de Franco con un Rey (Juan Carlos I de Borbón) después de todo formado a la sombra del dictador y con los esquemas del Estado autoritario que en aquellos momentos se sentía harto de Adolfo Suárez y, según decían, de la debilidad de la democracia frente al terrorismo y el separatismo. Por si fuera poco, reinaba el entonces llamado “desencanto”.

“No quiero que la democracia sea otra vez un breve paréntesis de nuestra historia”, había dicho el entonces presidente Suárez unas semanas antes del Golpe, al presentar su dimisión debido, entre otras cosas, a las disensiones en su partido, la Unión del Centro Democrático (UCD). Los democratacristianos querían el poder, los socialdemócratas amenazaban con largarse y los azules iban quedado en minoría.

Los papeles nada aclaran sobre las presiones a Suárez, previas al Golpe de Estado. Pero su frase enigmática apuntaba al golpismo militar (también hablaban del “golpe de timón”) con la posible anuencia del monarca, ya enfadado desde que Suárez le pidió que se cortara un poco en sus visitas a las amantes fuera de España, pues la reina Sofía estaba enfadadísima y amenazaba con separarse y largarse a Londres con los hijos. Tamaño escándalo era lo que menos necesitaba la incipiente democracia.

Aunque nada en los documentos del Golpe desdibuja el papel del rey emérito en defensa de la democracia aquel 23-F, el solo anuncio de la desclasificación de los documentos y las grabaciones con que cuenta la Administración General del Estado, puso de los nervios a los jefes del PP, que suponían que Sánchez se disponía a dar la puntilla al monarca emérito. Nada más lejos de la verdad. Hay que ser muy cafre y muy tonto para ignorar a estas alturas que el propio Juan Carlos I sabía que se jugaba la Corona si apoyaba el Golpe y conculcaba la Constitución refrendada por los españoles tan solo dos años y dos meses antes.

Con todo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, envistió contra Sánchez el mismo miércoles en el pleno del Congreso: “Desclasifique el accidente de Adamuz, las causas del apagón del 28 de abril, los presupuestos del Estado, los documentos policiales que advierten de la regularización de un millón de irregulares…” Ninguno de esos asuntos es secreto. Tanto da. Feijóo apeló a ETA (disuelta hace una década) y escupió: “El 23-F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo; usted pacta con ellos y los excarcela”.

Entonces, el presidente Sánchez, que cree que los ciudadanos tienen derecho a conocer la información sin intermediarios, replicó a Feijóo: “¿Por qué le molesta tanto que se desclasifiquen los documentos del 23-F?” Y al líder del PP se le ocurrió responder que él no iba a tardar 45 años sino 45 horas en “desclasificar la corrupción del PSOE”.

Demagogia aparte, lo cierto es que al comprobar que no hay nada en los papeles contra el Rey emérito, a Feijóo se le ocurrió pedir públicamente que vuelva de Abu Dabi, como si el 23-F tuviera algo que ver con la decisión adoptada en el año 2020 de fijar su residencia en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde disfruta de una villa de lujo y no paga impuestos. La Casa del Rey no pone objeción a que vuelva si quiere, aunque “para salvaguardar la imagen de la Corona como institución, deberá recuperar la residencia fiscal en España».

Los documentos desclasificados confirman muchos datos ya conocidos sobre la urdimbre golpista tejida por Armada, Milans y Tejero, entre otros traidores a la Constitución y la democracia. Permiten confirmar además la implicación de los servicios secretos del Estado, el CESID, cuya Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) dio apoyo y cobertura al asalto a mano armada al Congreso por parte de los doscientos guardias civiles comandados por Tejero. Ya se recordará que los guardias irrumpieron en el hemiciclo en plena votación de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo tras la dimisión de Suárez. El segundo jefe de la AOME, capitán Francisco García Almenta, en una conversación con un subordinado dio pruebas, tres días antes, de conocer lo que iba a pasar el 23-F. ¿Cómo no lo iba a conocer si formaba parte del esquema del golpe? Y el primer jefe, comandante José Cortina Prieto, se ocupó de mantener contactos con el nuncio del Papa Juan Pablo II y con el embajador de EEUU, Terence Todman. Todo un detalle por su parte.

El informe interno sobre la implicación en el Golpe de los agentes operativos, encargado por el director en funciones del CESID, Narciso Carreras, al teniente coronel Juan Jaudenes trata de exculpar a los mandos de la AOME, aunque en el caso del “segundo JAOME”, García Almenta, resulta difícil separarle de los “hechos probados” y de la llamada “operación Mister” ordenada en la mañana del 24 de febrero para limpiar las huellas de la participación de agentes del Centro en el asalto al Congreso. Uno de los asaltantes, el capitán Sánchez-Valiente, fue visto en el interior de la sede de la soberanía popular con los golpistas por su colega Diego Camacho cuando entró aquella noche en el Congreso a recabar información. Los asaltantes le dijeron que el general Armada era el jefe de la conspiración.

Es también ilustrativo el informe del CESID sobre la “evaluación de la amenaza”, elaborado antes del Golpe y remitido después al Presidente de la Junta de Jefes Militares (el Prejujem), teniente general José Gabeiras Montero, porque demuestra la nula información del Centro sobre la amenaza golpista. No es que los espías de La Casa no olieran una, como suele decirse, es que se dedicaban a leer la prensa y a controlar a la extrema izquierda, todavía. El MC (Movimiento Comunista) les preocupaba muchísimo. Y en cuanto a la ultraderecha, ni Fuerza Nueva ni otros grupúsculos aparecían en sus análisis. Sobre los militares golpistas, ni una palabra. El principal peligro no era el Ejército sino que, aprovechando la mili, se infiltraran activistas en el Ejército y montaran grupos como la Unión Democrática de Soldados. Por lo demás, zanjaban la amenaza de involución diciendo que oscilaba proporcionalmente al terrorismo y el independentismo.

Más allá del hecho desgraciado de que el Centro encargado de informar sobre las tramas golpistas traicionara vilmente al Gobierno, hay que destacar que el comandante Cortina fue procesado cuando ya estaba en marcha el juicio de Campamento (Madrid) en el que los militares juzgaron a los militares y condenaron a veintitrés cabecillas a penas escandalosamente bajas, después revisadas al alza. Cortina salió absuelto. Y de los seis restantes implicados con pruebas y sólidas, sólo uno fue condenado a prisión. El hermano del jefe de los espías operativos, Antonio Cortina, era amigo personal de Fraga y pudo informarle sobre la trama golpista, pero nada de eso consta en los 153 documentos desclasificados.

Cierto es que Fraga aparece mencionado en los planes de los golpistas porque sectores de su partido podían apoyar el siguiente golpe, pues tras el fracaso del 23-F, los golpistas proyectaron el asalto al Palacio Real el 24 de junio, día de san Juan, cuando el Gobierno y los principales dirigentes políticos estuvieran allí celebrando la onomástica del rey Juan Carlos. En el nuevo alzamiento el Rey era el “objetivo a batir y anular” de manera inmediata y prioritaria. El informe desclasificado ahora consideraba “urgente” la toma de conciencia de que se había puesto en marcha “otra operación militar de incalculables consecuencias con González del Yerro y el aparato de Cortina”. La intentona de González del Yerro contaría también con el “sector civil próximo” al exministro y fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga.

Claro que el inconveniente del asalto al Palacio Real iban a ser los embajadores de los distintos países acreditados en Madrid. ¿Qué hacemos con ellos?, se preguntaban los golpistas.

Los documentos aportan también una tercera acción golpista, a la que llaman “Operación Halcón”, que tendría lugar el 27 de octubre de 1982, día de reflexión ante las elecciones generales del 28 de octubre, que ganó el PSOE de Felipe González con mayoría absoluta. El golpe se camuflaría con el dispositivo de seguridad electoral –la famosa Operación Diana– entre las cinco y las seis de la madrugada con un “chispazo” simultáneo en Madrid y otras ciudades para ocupar puntos estratégicos, entre ellos, las centrales telefónicas y los medios de comunicación, y con una agrupación de comandos encargados de “neutralizar” al presidente del Gobierno, determinados ministros (Defensa, Interior, Autonomías y Exteriores) y líderes políticos como Felipe González, Santiago Carrillo y el propio Manuel Fraga.

Este proyecto fue interceptado y conocido como “golpe de los coroneles”, con los Crespo Cuspineda y otros ultraderechistas a la cabeza. Para entonces ya los servicios secretos dirigidos por el general Emilio Alonso Manglano contaban con agentes de cierta calidad. Gracias a algunos de ellos se pudo abortar el plan organizado desde el castillo de Caranza, en Ferrol, por el general Milans del Bosch, de volar con cien kilos de dinamita la tribuna real con los reyes, el jefe del Gobierno y otras autoridades durante el desfile del día de las Fuerzas Armadas en A Coruña. El desfile tuvo lugar el 2 de junio de 1985 en la avenida de Las Marinas de A Coruña. Los golpistas ya habían alquilado un establecimiento con sótano desde el que proyectaban hacer un túnel para colocar el potente explosivo concertado con un tipo de una empresa de construcción bajo la tribuna presidencial del desfile. Juan Carlos I, su esposa Sofía, las infantas Elena y Cristina, además del presidente González, el vicepresidente Alfonso Guerra, el ministro de Defensa Narcis Serra, la JUJEM y los representantes del Legislativo y el Judicial, iban a caer asesinados. ¿Saben por quién? Por ETA, iban a decir.

Lo curioso del proyectado magnicidio fue que los espías hicieron saber a Milans que conocían sus planes y el general lo desactivó a tiempo, sin ser sancionado siquiera. El golpista vivió siete años como un marajá en la prisión de Caranza, sin rejas, con vistas a la Ría de Ferrol, espacio para hacer ejercicio, bar, salón de televisión, teléfono sin límite de uso con el que llamaba a Chile y hablaba con Pinochet, mayordomo, buenos mariscos que le traía regularmente un armador, buen vino que le mandaban de Málaga y visitas sin límite temporal, entre las que se contaba, una vez al mes, una señorita que pasaba un tiempo con él en la habitación del hotel-prisión.

Muchos datos curiosos puede encontrar el lector en los papeles desclasificados, pero es comprensible que pocos parezcan nuevos. Desde el guardia que aparece metralleta en mano a la derecha de Tejero en la foto de Barriopedro (sacó el carrete escondido en el zapato) y que dijo haber disparado 19 de los 23 disparos al techo del hemiciclo (y a las cámaras de Tv), hasta el jicho que huyó con un maletín (llevaba todo el dinero que había sacado del banco y billetes de avión a Barcelona, donde se escondió), pasando por Pardo Zancada y otros autores de aquel delito de alta traición al pueblo español, casi todos han sentido escrito libros.

La bibliografía es ingente. Hasta 98 libros con las siglas 23-F en el título se pueden contar en el fichero de la Biblioteca Nacional. Desde el primer libro escrito por un grupo de periodistas (José Luis Martínez, Bonifacio la Cuadra, José Ángel Esteban, Rosa López, Ricardo Cid Canaveral, Juan Van Den Einden y Fernando Jaúregui) que se encerraron en el hotel Victoria tras el fracaso del Golpe para contar lo que sabían con el título Todos al suelo, hasta el exitoso relato novelado de Javier Cercas, pasando por Manolito Martín y sus chistes del Golpe, se pueden contar unos doscientos títulos sobre aquella historia.

Lo que no sabemos, porque es imposible, es qué hubiera hecho Franco ante un golpe protagonizado por militares demócratas. Pero hay pocas dudas: fusilarlos. He ahí la diferencia entre el sistema democrático y el autoritario al que todavía hoy algunos quieren volver, quizá por estulticia e incluso por rebeldía, según dicen.