Madrid, 24-05-2023.–Luis Díez

El ABC de Sevilla les dedicó un reportaje el domingo 14 de mayo del corriente. El periódico de la derecha política y de los señoritos decía que son “una mano de obra invisible pero imprescindible para el sector de los frutos rojos”. La periodista Soraya Fernández aportaba el dato de que en esta campaña de la fresa trabajan 14.479 mujeres marroquíes exactamente. Los cupos de temporeras han ido subiendo desde 10.000 hace unos años hasta las 15.000 aceptadas en esta campaña que termina en junio, lo que da idea del aumento de las explotaciones, sobre todo en la corona forestal del norte del acuífero del Parque Nacional de Doñana.

Ellas se inscriben en el servicio de empleo del país vecino y las empresas las contratan en origen. Las reclutan en Marrakech, Kenitra y Fez. Muchas ya conocen las condiciones salariales, de vida y trabajo que les esperan durante los cuatro meses que dura su estancia en España, pero son muy pobres, carecen de ingresos y aceptan con docilidad y resignación las duras jornadas bajo los túneles de plástico para obtener un dinero que les permita subvenir las las necesidades de sus hijos.

En la primera semana de enero embarca en Tánger el primer contingente. Son unas 400 mujeres. Llegan en ferry a Tarifa (Cádiz). Desde allí se desplazan en autocares a las explotaciones freseras. Las siguen otras, en grupos similares. Su llegada es noticia en la prensa local. A finales de enero de este año habían llegado 4000 trabajadoras. Las asociaciones agrarias, empresas y cooperativas, agrupadas en la Freshuelva y en la patronal Asaja hacen sus previsiones de mano de obra en función del clima, ya que la temperatura determina la maduración de la fruta. Lo normal es que para mediados de marzo unas 10.000 trabajadoras estén ya en los tajos. La campaña se prolonga hasta junio, aunque el momento álgido de maduración y recogida de los frutos rojos suele suceder en abril.

¿Por qué sólo mujeres y no hombres también, cuando, además, cientos de jóvenes marroquíes y subsaharinos se juegan la vida en frágiles embarcaciones para alcanzar la Peninsula Ibérica en busca de una vida mejor? La respuesta hay que buscarla en los intereses de los patrones y las autoridades de Marruecos que quedaron plasmados en los acuerdos gubernamentales de 2001. Sólo se permite contratar a mujeres casadas y con hijos o viudas y divorciadas con niños y cargas familiares para garantizar que regresan. Los contratistas dan prioridad a las que proceden de los pueblos y están acostumbradas a trabajar en el campo.

Una orden ministerial regula las obligaciones salariales y de alojamiento y transporte de los contratistas. La disposición es conocida como GECCO (Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen) y obliga a los empresarios a pagar el salario mínimo interprofesional por 39 horas semanales de trabajo, a sufragar los traslados de ida (no de vuelta) y a proporcionar alojamientos dignos a las temporeras. En la práctica es la patronal agraria Asaja la que impone sus criterios en materia salarial por más que los sindicatos pelean por conseguir convenios con mejoras retributivas. Así, Comisiones Obreras ha tenido que aceptar un convenio para este año que si reconoce el SMI también reduce el tiempo de descanso (el bocadillo) de media hora a 15 minutos y rebaja a seis euros la primera hora extraordinaria. Aunque la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), vinculada a la UGT, y la organización de productores Freshuelva han pedido participar en la negociación del convenio, la patronal Asaja se niega a admitir su presencia.

Dice Manuel Matos, copropietario y director comercial de Doñana 1998, empresa almonteña con cien hectáreas dedicadas a los frutos rojos, entre los que destaca la fresa Calinda (variedad premium de su producción), que las temporeras cobran aquí lo que ni soñando percibirían en Marruecos. “Nosotros pagamos 60 euros y todo son derechos y gastos, mientras allí, en Marruecos, trabajan de sol a sol y cobran menos de diez euros al día”. Matos añade que la competencia marroquí les obliga a renunciar al cultivo de los arándanos porque pierden dinero. “Aquí coger un kilo de arándanos nos cuesta entre 2,5 y 3 euros y allí (en Marruecos), 20 céntimos; sin embargo, ellos los venden en Alemania al mismo precio que nosotros, unos 3 euros, lo que implica que nosotros perdemos dinero y ellos lo ganan”. Este empresario que exporta el 80% de la producción de fresas a los países europeos, Emiratos Árabes, Shangai y Hong Kong reclama: “Hay que poner aranceles a la fruta que Marruecos exporta a Europa. ¡Que tengan que pasar por caja!”

Ya se sabe que, según los empresarios, las temporeras de la fresa ganan “mucho dinero”. Pueden superar los 1.600 euros (17.500 dihams) mensuales si las necesidades de la campaña las obligan a hacer horas extra. Esta cantidad, comparada con los 300 euros (3.000 dirhams) de salario medio en Marruecos es ciertamente “mucho dinero”. En cuatro meses de trabajo pueden duplicar lo que ganarían en un año de trabajo en su país.

Pero no todo es salario en los campos del oro carmesí. La empresa de los hermanos Matos, una de las más prósperas de las veintiuna domiciliadas en Almonte, saltó a la fama en 2019 cuando el New York Times se hizo eco de las vejaciones, el acoso y los abusos sexuales sufridos por las temporeras, cuya principal característica es la sumisión y el silencio por miedo a ser despedidas, devueltas y rechazadas por sus maridos y demás familia. A pesar del silencio sobre las violaciones y los abortos, en ocasiones se deciden a denunciar los abusos.

Ya en 2010 El País publicó un reportaje documentando la violencia sexual denunciada por trabajadoras marroquíes y polacas. Y en 2014 un tribunal de Huelva declaró a tres individuos culpables de “ofensa contra la integridad moral y de hostigamiento sexual” a las trabajadoras inmigrantes. Pero el reportaje de Aida Alami, con la colaboración de Rachel Chaundler, en el diario estadounidense, ha supuesto un aldabonazo para las autoridades de los reinos de España y Marruecos. La publicación (19 de julio de 2019) de los testimonios de las temporeras llevó a los gobiernos a desplazar una delegación especial para visitar algunas explotaciones y comprobar que, en efecto, todo estaba en orden. Lógicamente, no hablaron con las denunciantes.

La empresa Doñana 1998 ya las había despedido.

También los patrones tomaron nota de su aparición en la prensa internacional y crearon un instrumento para corregir comportamientos y evitar la mala fama, perjudicial para todos. Así, la poderosa asociación de productores Freshuelva ha premiado este año al presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios Álvarez, por “su incansable labor a favor del sector” y “por materializar una iniciativa como el Prelsi” (Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad) para garantizar la dignidad de las temporeras y el cumplimiento de la orden oficial Gecco. Por siglas que no quede. En la gala de Freshuelva también recibió el premio fresa de oro el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Sobre lo que sucede en los campos, la trabajadora marroquí L.H. contó cómo su jefe comenzó a hostigarla sexualmente poco después de su llegada a las explotaciones de la empresa Doñana 1998. Le prometió unas condiciones de trabajo y una vida mejor si tenía sexo con él. Incluso la llevó en su coche e intentó forzarla en un paraje solitario. Ella lo rechazó. Entonces “comenzó a obligarme a trabajar más arduamente”, declaró. “Las otras chicas me ayudaban cuando el trabajo se volvía demasiado difícil para mí”. L.H. tenía entonces 37 años, era madre de dos hijos y se encontraba embarazada.

Cuando la presión y el hostigamiento llegó al límite de lo soportable, esta trabajadora y otras nueve compañeras decidieron arriesgarse a perderlo todo, incluido el respeto, el apoyo y la comprensión de sus familias conservadoras en Marruecos (el marido de L.H. pidió el divorcio), se escaparon de los alojamientos pasando por encima y por debajo de las cercas porque la puerta principal, de metal, estaba cerrada, y corrieron campo a través hasta encontrar el camino hacia Almonte. Ya en el pueblo se pusieron en contacto con sindicatos y abogados y formularon varias demandas contra la empresa, incluyendo acusaciones de hostigamiento y abuso sexual, violación, trata de personas y transgresiones de derechos laborales. Conscientes de la gravedad de los hechos, letrados y dirigentes sindicales organizaron un encuentro con las demás trabajadoras. El resultado fue que noventa y una de ellas fueron despedidas y devueltas a Marruecos sin recibir el dinero de los días trabajados.

Terminaba Aida Alami en NYT: “Ahora H.L. se encuentra varada en España con su hijo recién nacido, a la espera de que salga el juicio”.

El observador pregunta cuál ha sido el resultado de la acción judicial.

De las tres causas del caso Doñana 1998, una se dirimía en los juzgados de lo social por vulneración de derechos fundamentales. La propia Inspección de Trabajo reconoció la veracidad de las denuncias sobre las condiciones de habitabilidad de los alojamientos y el cobro de una cantidad diaria a las temporeras por luz, gas y agua potable. Sólo por la luz les quitaban 59 euros al mes a cada una. Los módulos prefabricados, con tres literas para seis trabajadoras, no cumplían los mínimos para evitar el hacinamiento. Una ducha por cada 12 personas, un retrete para seis y una cocina-comedor por cada diez. La empresa Quirón Prevención reconoció en un informe previo a la denuncia de la letrada Belén Lujan ante la Inspección de Trabajo en nombre de las diez temporeras contra la esclavitud (así decidieron llamarse) y de otras 91 mujeres (despedidas inmediatamente por los dueños de Doñana 1998) que los módulos de 15 metros cuadrados incumplían la Ordenanza de Seguridad e Higiene, que establece ese mínimo de cuatro metros por persona, y señalaba que tampoco las literas poseían las dimensiones mínimas requeridas para el descanso. Con todo, la magistrada de lo social, Virgina Sesma, dio carpetazo:

“Sobreseimiento provisional”

Las causas penales por Delitos contra la Libertad Sexual y por Trata de Seres Humanos y Lesa Humanidad se hallaban documentadas con testimonios y grabaciones. El periodista Perico Echevarría reprodujo algunas en el periódico La Mar de Onuba. Una trabajadora dice que sufrió “episodios de violencia en los que Antonio Matos (copropietario de la empresa) intentó por la fuerza el contacto sexual”. Esta mujer dijo que el citado jefe la llevó “engañada” en su coche, “buscando una zona apartada donde consiguió penetrarla con los dedos”. Y aseguró que la situación de “absoluta necesidad” y “extrema vulnerabilidad” hizo que “algunas sucumbieran a la coacción”.

El relato fue refrendado por la psicóloga Esther Sanguiao, quien dijo al juez instructor de La Palma del Condado que la víctima le había confesado la agresión después de cuatro sesiones muy difíciles. Ésta profesional concedió “una veracidad total” a la víctima y expuso también a su señoría sus valoraciones sobre otras mujeres que dijeron haber sufrido acoso sexual y violaciones. “Una de ellas llegó incluso a prostituirse”, dijo. La psicóloga se extrañó de que ni el fiscal ni el juez mostraran interés en oír a la primera denunciante, después de mentalizarla para que declarase.

También los abogados se sorprendieron por la negativa reiterada del titular del juzgado a admitir como pruebas las más de nueve horas de audios y videos grabados por las temporeras durante su estancia en la finca de los hermanos Matos. Asimismo se rechazó el recurso para proteger la identidad de las presuntas víctimas. No hacían falta muchas luces para vislumbrar el resultado de la instrucción:

“Sobreseimiento provisional”.

El magistrado afirma en su auto: “No parece debidamente justificada la perpetración del delito”.

Respecto al presunto delito de trata de blancas, los abogados elevaron el tema a la Audiencia Nacional, que lo examinó y lo remitió al juzgado correspondiente de la Palma del Condado. Los letrados recurrieron la decisión al Tribunal Supremo. Al parecer, la principal prueba eran unas declaraciones del empresario acusado, afirmando que poseía videos (se filmaba a las temporeras) que demostrarían que algunas ejercían la prostitución en el recinto residencial dispuesto por la empresa. Según el relato periodístico de Perico Echevarría, Matos advirtió en tono amenazante: “Los videos van para Marruecos, para las familias”.

El observador pregunta qué pasó a continuación.

“Nada que sepamos”, contesta un letrado conocedor del recurso.

¿Impunidad o eso?

“Aristóteles dijo que un burro voló, puede que sí, puede que no”, tercia el colmenero Beni. “En todo caso –añade un interlocutor bien informado, que prefiere omitir su nombre para evitar represalias–, las autoridades marroquíes que visitaron los campos y el propio ministro de Trabajo del reino alauí dijeron que sus emigrantes temporeras no han sufrido violaciones”.