Madrid, 23-05-2023.– Luis Díez

Las temporeras marroquíes de los frutos rojos que cayeron heridas el Primero de Mayo en el accidente de autobús que costó la vida a su compañera Sarah fueron aisladas por la empresa Surexport en el antiguo Hostal San Diego de San Juan del Puerto. Manijeros y empleados de seguridad las mantuvieron encapsuladas tras salir de los hospitales y los centros de salud y les impidieron recibir visitas de los representantes de varias entidades sociales. Algunas asociaciones han pedido la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien también puede actuar de oficio por iniciativa propia.

El periodista Perico Echevarría, director de la revista La Mar de Onuba, acompañó a los activistas de la Asociación Multicultural de Mazagón, La Carpa de Sevilla, Jornaleras de Huelva en Lucha y Mujer 24 H en su visita a las heridas tres días después del accidente. Querían saber cómo estaban, expresarles su apoyo, asesorarlas y ponerse a su disposición para cuantos trámites relacionados con las bajas laborales, las indemnizaciones por el accidente in itinere y otras materias necesitasen. Téngase en cuenta que ninguna de estas mujeres maneja el castellano y muy pocas se defienden en francés.

No pudieron hablar con ellas.

Echevarría, un periodista correoso que ha sobrevivido a mucha mala leche, cuenta que se encontraron la cancela cerrada por fuera con una cadena y un candado. Protestaron: “¿Por que las tienen encerradas?” Entonces un empleado quitó la cadena y colocó un letrero de “prohibido el paso”. Cuenta Echevarría que aparecieron otras personas supuestamente relacionadas con la compañía agrícola que parecían actuar como mediadores y les dijeron que no podían pasar al recinto por ser de “propiedad privada”.

Dentro, las temporeras convalecientes –huesos escayolados, collarines, vendajes– ni siquiera tuvieron opción de decidir si querían hablar con los visitantes. Y añade el director de La Mar de Onuba que ya el 2 de mayo, al día siguiente del accidente, los responsables de la empresa impidieron el acceso a Fátima Ezzohayry, representante de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA), que había sido llamada algunas trabajadoras afectadas por el siniestro.

Del oscuro y ruin comportamiento de los jefes de Surexport, una de las compañías más potentes de la fresa, traen causa sus dificultades para encontrar trabajadores españoles. Ángel Méndez, un joven almonteño, ayudante en un taller mecánico, conoce el percal: “Son tipos de mala calidad, negreros. Pagan una mierda y alargan la jornada según les conviene”. En muchas explotaciones de esta (y otras empresas) los manijeros miden el rendimiento de cada bracero. “Si lo recolectas las cajas que ellos piensan que puedes recoger, te despiden”..

Miguel Benjumea, director adjunto de Surexport, no habla con periodistas. Como mucho emite comunicados si lo considera oportuno. Sobre el trato a las temporeras del país vecino no ha considerado oportuno pronunciarse. Sobre el aislamiento de las que resultaron heridas, tampoco. Es lógico. Pero en un publireportaje para la revista del sector FreshPlaza dice que “los trabajadores locales no se ven atraídos por el campo y prefieren otros trabajos, lo que nos lleva a buscar mano de obra extranjera, con las dificultades que esto supone”. Lógico.

Esta empresa cultiva unas mil hectáreas de frutos rojos en Huelva (400 en la zona del Rocío, corazón y devoción de Doñana, donde posee una nave de almacenaje y manipulación de la fresa), factura unos 200 millones de euros al año, con un beneficio neto del 10% y se sirve de mano de obra inmigrante en su mayoría. A través de los servicios de inmigración y empleo españoles transmite sus necesidades y condiciones a la administración marroquí, que se encarga de realizar las convocatorias para la contratación en origen.

Benjumea dice que también dispone de oficinas en Rumanía y Bulgaria para contratar personal. Necesitan un promedio de mil trabajadores durante la campaña de la fresa (febrero a mayo), aunque, según explicó a la revista de los supermercados, el año pasado alcanzaron 4.000 jornaleros en la época álgida de la campaña. “Es muy complicado contratar a tanta gente todos los años –añade–; hay que dar muchos pasos, desde la obtención de permisos de trabajo en España hasta la apertura de cuentas bancarias. Disponemos de alojamientos perfectamente acondicionados, pero también hemos de gestionar la convivencia de muchas personas de distintas nacionalidades y costumbres muy diferentes”. Lógico.

La falta de mano de obra local no es privativa de Huelva. Un fenómeno similar sufre esa compañía agraria en Galicia, donde se instaló en 2013 para cultivar los frutos rojos (fresas, frambuesas, moras y arándanos) bajo plástico en unas setenta hectáreas alquiladas a la Comunidad de Montes de Palacios, en los municipios de Cospeito y Begonte, en Terra Chá (Tierra Llana), en Lugo. Las largas jornadas laborales –de “abusivas” las han tachado los sindicatos–, los bajos salarios –“por debajo de lo estipulado en convenio”– y otras circunstancias desaniman a los trabajadores galegos a aceptar el empleo que ofrecen “los negreros”. De ahí que hayan tenido que buscar jornaleros en Centroamérica (Honduras y Nicaragua). Con poco éxito, por cierto, y que según testimonios de algunas trabajadoras, estén trasladando temporeras marroquíes desde Huelva.

La Voz de Galicia se hizo eco en agosto de 2021 de la denuncia de varios sindicatos y colectivos agrarios sobre las condiciones de trabajo de Surexport: jornadas laborales de más de doce horas diarias, sueldos inferiores a lo estipulado en el convenio y malas condiciones de higiene y salubridad, con el añadido de la pandemia del coronavirus Covid-19 en aquella campaña. Eso sin contar que las entidades sociales y de defensa del medio natural (Comisiones Obreras (C.OO), el Sindicato Labrego Galego (SLG), la Federación Rural Galega (Fruga), la Central Unitaria de Traballadoras (CUT), Adega, A Estruga, Madia Leva, Ecoloxistas en Acción y Terra Chá Sostible) han elevado su protesta a las autoridades contra los procedimientos de cultivo intensivo que aplica Surexport.

Los afiliados a las organizaciones mencionadas han repartido pasquines entre los vecinos y visitantes de la feria de Castro de Ribeiras del río Lea (afluente del Miño), y se han manifestado ante el almacén que Surexport posee en esa localidad para alertar sobre el abuso del agua y el uso elevado de productos químicos en los cultivos. Los activistas entienden que el modelo productivo de esa empresa esquilma la tierra, contamina las aguas y acaba por destruir a medio plazo más empleo del que crea con la contratación temporal de personal. Los directivos de la empresa cifran su plantilla en 300 empleados. Con todo, la Xunta de Galicia se comprometió, bajo la presidencia del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a comunicar las denuncias a la Inspección de Trabajo. El 70% de las inspecciones agrarias acabaron en sanciones en 2021. Sin embargo no existe constancia oficial de que las autoridades autonómicas galegas hayan actuado en las materias de su competencia sobre “la acaparación y la contaminación del suelo y el agua” par una agricultura intensiva que las entidades sociales han calificado de “ofensiva contra nuestro medio rural”.

En lugar de eso, la conselleira de Feijóo, Ángeles Vázquez Mejuto, bendijo la ampliación de las explotaciones de Surexport en O Arneiro, donde esa compañía agenció 30 hectáreas más de terreno labrantío para producir fresas, frambuesas y arándanos. Vázquez citó las partidas de dinero público en beneficio de esta empresa y se mostró dispuesta a crear y concederle el sello Horta de Galicia. Los directivos Miguel Benjumea y José Ángel Roca le dijeron que iban a crear 150 nuevos puestos de trabajo con 1,5 millones de euros de inversión.

La compañía Surexport ha recibido también cuantiosas ayudas de dinero público de la Junta de Andalucía. Decenas de miles de euros han sido para alojamientos de sus trabajadoras temporeras. El Ejecutivo de Moreno Bonilla incluyó además a esta sociedad en el último reparto de 20 millones de euros entre ocho empresas grandes con proyectos de mejora y ampliación de sus instalaciones. Las ayudas fueron directas a las empresas elegidas, mientras otras de gran tamaño, que también solicitaron dinero público para complementar su inversión, quedaron fuera por falta de fondos. ¿Favoritismo o eso?, se pregunta el observador.

¿Han llegado los fondos buitre a las explotaciones del agro en Doñana? Detrás de la compañía agraria que mayor riqueza carmesí extra del parque y anteparque natural más importante de Europa –con tierras agenciadas en Galicia, Portugal, Marruecos y Kenia para producir y esportar frutos rojos todo el año figura la familia de origen valenciano Morales Vilar. Tres hermanos, Cristian, Oscar y Andrés, ocupaban la presidencia y los cargos de consejeros de Surexport hasta enero de 2021 en que ampliaron el capital social de 69.000 a 945.000 euros. Pero desde hace dos años, su consejo de administración se amplió y pasó a manos de sociedades inversoras de capital foráneo, de modo que solo una de ellas, Becrisan Brands, de la que Andrés Morales Vilar es administrador único, figura como consejera delegada. El resto del consejo está ocupado por Mideslonia, Partilonia, Paulonia y Flenox.

¿Quién hay detrás? Las tres tienen su sede social en la calle José Ortega y Gasset, 29, de Madrid (Barrio de Salamanca). Mideslonia está representada por Gonzalo de Rivera García de Leaniz y su administrador único es Mercacapital Private Equity Sgecr SA, del que Rivera es consejero delegado. Partilonia, Paulonia y Flenox son instrumentos societarios de Mercacapital y Alantra Partners SA. Son los encargados de canalizar inversiones y repartir los beneficios de los rentables frutos rojos. Luego ya el vicesecretario del consejo de administración de Surexport, Carlos Beltrán de Tárrega, se anuncia como experto en fusiones y adquisiciones mercantiles. “El tipo posee intereses en Galicia como apoderado de la concesionaria Novo Hospital de Vigo”, dice el apicultor Benito Casqueiro, mostrando datos profesionales del citado ejecutivo en Internet.