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Al poder por la crueldad

Luis Díez.

Falaris, el tirano de Agrigento (S. VI a.C), mandó construir un toro de bronce bastante grande. En él encerraba a quienes criticaban su estilo de mando, prendía fuego y los asaba vivos. De las tripas de aquel artefacto salían unos mugidos pavorosos que agradaban al tirano y le hacían sentirse más poderoso. El ejercicio de aquel poder se apoyaba en el miedo y sus hermanos mayores (horror, terror y pavor), y era similar al que viene ejerciendo desde enero pasado el matón que los estadounidenses pusieron al frente del país en su trato a los inmigrantes y a los demás países en materia de comercio exterior, cooperación y cambio climático.

La crueldad del llamado Toro de Falaris empieza a reflejarse en el campo de internamiento de inmigrantes bautizado como el “Alcatraz de los Caimanes” e inaugurado dos días antes del Cuatro de Julio por míster Trump en compañía de su subordinada de seguridad Kristi Noem y su correligionario Ron DeSantis, gobernador de Florida. La instalación, con una capacidad para 3.000 detenidos, se construyó en ocho días, con unas hileras de contenedores en el centro de unas tierras pantanosas de más de 16 kilómetros cuadrados, plagadas de alligators.

Pocas horas después de la inauguración de esta cárcel para inmigrantes, vigilada por 400 funcionarios y 200 cámaras de seguridad cerca de una pista de aterrizaje abandonada, el fiscal general de Florida, un tipo llamado James Uthmeier, anunció en X: “El Alcatraz de los Caimanes recibirá esta noche a cientos de criminales inmigrantes ilegales. Próxima parada: de regreso a donde vinieron”. El propio DeSantis, un cachorro republicano que compitió con Trump en las primarias, reconoció la crueldad de instalar la cárcel en los rudos y remotos Everglades y admitió la táctica del miedo como señal del presidente Trump para persuadir a las personas que están irregularmente en EEUU de que se marchen.

Serpientes y caimanes en las tierras pantanosas de Florida.

Sobre la crueldad gubernamental, el Nuevo Herald se hizo eco de las denuncias de las asociaciones de inmigrantes sobre el riesgo de paludismo, malaria y otras enfermedades transmitidas por los mosquitos de los pantanos a los migrantes reclusos y a sus cancerberos. Pero los activistas y simpatizantes del Partido Republicano de Florida ya han empezado a recaudar fondos a partir del nuevo centro de detención, vendiendo camisetas y enfriadores de cerveza. Incluso los funcionarios se complacen en la crueldad en redes sociales y medios conservadores, compartiendo memes de un complejo rodeado de alambradas de púas y caimanes con sombreros con el distintivo policíaco del ICE, siglas en inglés de Inmigración y Control de Aduanas.

Las redadas indiscriminadas de esa policía federal conocida como la migra y apoyada por los marines siguen causando el temor generalizado de los hispanos, especialmente en California, donde los trabajadores inmigrantes son la base de la agricultura, el comercio y los servicios. Las redadas arreciaron a partir del 6 junio sin que el necio míster Trump haya prestado atención a las autoridades locales ni aflojado en su rudeza tras las protestas masivas en las principales ciudades del país.

Hoy en Estados Unidos (EEUU) cualquier persona puede ser arrestada, secuestrada y expulsada por su color de piel. El miedo a las detenciones en los lugares menos esperados llevó el miércoles pasado al obispo de San Bernardino (California), Alberto Rojas, a dispensar a los inmigrantes católicos de la obligación de acudir a la misa semanal. Rojas encabeza una congregación de más de 1,5 millones de feligreses en el sur de California. “Hay un miedo real en muchas de nuestras comunidades a ser arrestados por agentes de inmigración”, dijo el obispo.

En Los Ángeles Times se pueden leer informaciones como la reportada por Libor Jany –“¿Secuestradores o agentes del ICE?”– que narran el repentino incremento de llamadas de ciudadanos a la policía local. “Cuando un grupo de hombres armados y enmascarados fue visto arrastrando a una mujer a una camioneta en el Distrito de la Moda la semana pasado, un testigo llamó al 911 para denunciar un secuestro”. Luego, cuando llegaron los agentes de la policía local, en lugar de detener a los secuestradores formaron una línea para protegerlos de la multitud furiosa que exigía la liberación de la mujer.

Mientras los agentes del ICE cercan los parques para detener a supuestos inmigrantes sin papeles, entran en empresas, fincas y tierras de labor, irrumpen en centros comerciales o hacen redadas a las puertas de los lugares de culto, las escuelas y en los itinerarios hacia los centros deportivos, el supremacista Trump acaba de retirar el Estatus de Protección Temporal (ETP) a unos 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán, Camerún y Nepal. Con la retirada del ETP desaparece el permiso de trabajo de estas personas que ahora viven con el pánico a ser deportados. El ETP suele otorgarse cuando las condiciones en el país de origen dificultan el regreso. Las personas han de registrarse en el Departamento de Seguridad Nacional para quedar protegidas y poder trabajar. Sin embargo, han de renovar la protección cada 18 meses y los periodos no cuentan para adquirir la nacionalidad. En septiembre otros 250.000 venezolanos y varios miles de sirios verán cancelados sus TPS, y en diciembre se hallarán en la misma situación centenares de yemeníes y somalíes.

El despiadado Trump trata de extender su política del miedo a los alcaldes y dirigentes locales de las “ciudades santuario”, defensoras de los inmigrantes. Para ello dio orden a la fiscal general Pam Bondi de abrir causas penales contra esas autoridades. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha sido incriminada. Pero claro, la lista de “jurisdicciones santuario” del Departamento de Seguridad Nacional tiene más agujeros que la trama de la última película Misión Imposible, dice el columnista de prensa Gustavo Arellano antes de poner de relieve los errores más chuscos e hilarantes de esa relación apresurada para satisfacer al gran jefe necio.

En la lista aparece, por ejemplo, Huntington Beach, la ciudad del condado de Orange que ha demandado a Califiornia, precisamente, por ser un Estado santuario y se ha declarado “comunidad no santuario”. Aparece asimismo Represa, una localidad de la que nadie había oído hablar y era lógico porque no existe. Resulta que no es una ciudad, sino el nombre de la oficina de correos de dos lugares que no se caracterizan precisamente como santuarios: la prisión estatal de Folsom y la prisión estatal de California en Sacramento. “Más errores risibles –escribe el amigo Arellano–: Livingston, la primera ciudad del Valle Central en declararse santuario para los inmigrantes en 2017 no está en la lista, en cambio, Santee, en el condado de San Diego, tan conocido por su racismo que todavía se llama Klantee, sé lo está”.

El relato de errores y desaciertos sigue, es largo y demuestra cuán cegado de odio y furia está el mandatario deportador. Y lo malo es que la política de crueldad contra los más débiles y desamparados de un país de inmigrantes como EEUU está siendo exportada a Europa y aplicada en parte por la aventajada alumna ultraderechista, signora Meloni. El principal mentor de la política de Trump es ese saco de estiércol al que llaman Bannon, promotor de la ultraderecha paneuropea y, curiosamente, encarcelado y procesado en Nueva York por apropiarse de al menos un millón de dólares de los fondos donados por la gente para la construcción del muro en la frontera mexicana.

Los receptores y seguidores al pie de la letra de los métodos trampistas son en España los dirigentes de la extrema derecha, Vox. En cuanto se enteraron de que el todopoderoso líder multimillonario ha obtenido el plácet judicial para quitar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes nacidos en EEUU se han apresurado a proclamar que suprimirán la nacionalidad española a los inmigrantes y a sus hijos, y los expulsarán al país de origen. Para que suene menos mal, en vez de “expulsión” y “deportación”, hablan de “remigración”, un término político inventado por los racistas y supremacistas trumpianos. ¿A cuantos millones de españoles van a expulsar? ¿Incluso a los que les han votado?