Archivo de la etiqueta: La Mar de Onuba

C6.–Lectura nocturna

NOVELA DE ENTRETIEMPO POR ENTREGAS/ Luis Díez.

Camino de casa con Mingus dejando su huella mingitoria aquí y allá, el inspector Tilo Dátil creyó ver al tipo que había saltado del autobús. No pudo verle la cara porque unos metros antes de cruzarse con él, el saltarín se volvió de espaldas y elevó el brazo con la mano estirada como si el saludo fascista atrajera a los taxistas. De hecho, los atraía, y el sujeto desapareció en un taxi. A Tilo le resultó extraño. Ya en el apartamento, puso la cena a Mingus (un par de salchichas de Fráncfort con macarrones hervidos), se zampó la tortilla de jamón que la asistenta Reme le había dejado en un plato tapado con una lámina de aluminio y a continuación se trasladó a la saleta, entreabrió el balcón, activó el ordenador portátil y se sumergió en la lectura del dossier que el documentalista Oliveras le había remitido por correo electrónico.

“El fuego ha vuelto a hacer de las suyas. Anoche insistió en expresarse y redujo a cenizas un racimo de chabolas de inmigrantes africanos en el paraje conocido como Pinospardos, a seis kilómetros de la localidad de Palos. Las llamas se elevaron en el cielo, alcanzando gran altura. El fuego se extendió rápidamente y arrasó todo el campamento, incluidos algunos vehículos. Por suerte, no ha habido muertos que lamentar, aunque sí heridos. No se sabe cuantos. La mayor parte de los quemados fueron asistidos en las dos ambulancias que se desplazaron a la zona. Aparte de las curas urgentes, los furgones sanitarios proporcionaron oxígeno a algunas mujeres y niños muy pequeños que no pudieron huir tan aprisa y sufrieron los dañinos efectos del humo”.

El relato de la revista La Mar de Onuba ilustraba el infierno con dos fotografías: una nocturna, de chabolas ardiendo y sombras humanas huyendo de las llamaradas, y otra diurna, al amanecer, del antiguo poblado convertido en ceniza. Sobre el terreno calcinado, todavía humeante, se distinguían los restos metálicos de dos coches y algunas motos y bicicletas. Unos cuatrocientos trabajadores inmigrantes, temporeros de la fresa (“frutos rojos”) lo habían perdido todo. Pero lo más sorprendente era que el alcalde del término municipal, un hombre con apellidos tan frecuentes como Romero y Hernández y nombre de orden religiosa, se negó a que los heridos y damnificados fueran acogidos en instalaciones municipales. ¿Por qué? Tilo buscó la respuesta en la web municipal. Palos de la Frontera contaba con edificios municipales y pabellones más que suficientes para socorrer a aquella pobre gente. Las instalaciones del magnífico polideportivo Plus Ultra, con duchas, canchas, piscina cubierta y vestuarios para dos campos de fútbol, habrían servido para cobijar y confortar a aquellos trabajadores del campo.

Tilo bebió un trago de agua para digerir su indignación. Aquel pollo nada solidario ni tampoco lo caritativo que se deducía de la profusión de fotografías en las que aparecía encabezando procesiones y otros actos católicos, le pareció un miserable de tomo y lomo. Además de alcalde, era diputado nacional del partido conservador, la principal organización política de la derecha en el poder desde el año 2011. También había sido diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía. Por si fuera poco, tenía suerte, pues le habían tocado cuatrocientos mil euros en la lotería de Navidad, según declaró (por obligación) en el registro del Congreso de los Diputados.

Bebió más agua y siguió leyendo recortes de prensa. Las informaciones sobre la quema de asentamientos de inmigrantes en los campos de agricultura intensiva bajo túneles de plástico eran frecuentes. Los propietarios de la tierra, productores e industriales de los municipios freseros y hortofrutícolas de varias provincias andaluzas habían descubierto una mina de oro en los cultivos de primor, frutos rojos, hortalizas, flores y melones de invierno bajo un mar de plástico que crecía sin límites. La productividad era enorme. Decenas de miles de toneladas de alimentos vegetales salían de los invernaderos hacia los mercados centrales de las principales capitales europeas. Los ingresos se contaban en decenas de miles de millones de euros.

Así las cosas, la prosperidad económica provocaba la desaparición de cientos de hectáreas de pinares y la aparición en su lugar de parcelas plastificadas, con la tierra rozada, enarenada y preparada para el cultivo. La feracidad de la tierra abonada y soleada, junto a la excelente acogida de los frutos en los mercados, constituía tal promesa de millones que la plastificación crecía cada año. La única limitación era la falta de agua para regar. Pero la perforación de pozos permitía sacar a flote grandes cantidades del líquido elemento de los acuíferos subterráneos que fluían a profundidades superiores a ciento cincuenta metros. En dos décadas de explotación, los productores se habían apropiado clandestinamente de los acuíferos del Parque nacional de Doñana y estaban a pique de secar el mayor humedal de Europa, una joya de la naturaleza, refugio esencial y único de la avifauna, protegido por la ONU.

La otra limitación productiva era la falta de mano de obra, de braceros locales. Los jóvenes de las localidades prósperas gracias a la agricultura avanzada rechazaban las labores en aquellos invernaderos a más de cuarenta grados bajo los plásticos. Se negaban a correr la suerte de sus abuelos. Algunos no los conocían, pues en las comarcas del poniente almeriense, pioneras de los cultivos bajo plástico, habían quemado sus vidas y muerto antes de tiempo para salir de pobres. También en Nijar y en otras zonas del norte de esa provincia se registraba el mismo fenómeno. Y también en Huelva. El esfuerzo de aquellos abuelos, víctimas de los especuladores de los medios de producción tales como la arena, el agua, los abonos, los plásticos de mala calidad, los sulfatos, nitratos y plaguicidas, sometidos a la devolución de unos créditos bancarios con intereses abusivos y dependientes de intermediarios sin escrúpulos a la hora de vender su producción, acabaría redundando al paso del tiempo en la prosperidad de los hijos, de modo que los nietos preferirían las ciudades, los estudios universitarios y unas tareas menos penosas que el trabajo en los invernaderos. Para eso estaban los inmigrantes. Lógico. Con razón decían que los humanes somos la especie más abundante que hay.

Tilo bebió otro sorbo de agua, echó una hojeada a los datos económicos de un estudio de los sindicatos y de varias organizaciones no gubernamentales, según los cuales, los inmigrantes son un “factor clave” del crecimiento económico en nuestro país. El desarrollo agrícola les debe mucho. Desde hace más de treinta años, la agricultura intensiva basada en invernaderos, se ha desarrollado por el sur de la Península Ibérica gracias al empleo de mano de temporeros no cualificados. Así, el peso del empleo en el sector agrícola ha alcanzado el 25,10 por ciento en provincias como Almería, seguida de Huelva, con el 23 por ciento y de Murcia y Albacete, con el 11,50 y el 10 por ciento, respectivamente. Este nivel de empleo rebasa ampliamente la media nacional que, según el Instituto Nacional de Estadística, es del 4,90 por ciento del total de trabajadores. La prosperidad del sector se puede cuantificar con los 60.100 millones del valor de las exportaciones agroalimentarias cada año, lo que representa en torno al 20 por ciento del total de las ventas españolas al exterior.

Los empresarios agrícolas (también ganaderos) suplen la falta de braceros locales con inmigrantes procedentes de Rumanía, Marruecos, Ghana, Guinea Ecuatorial, Malí, Senegal y, en menor medida, de algunos países de América del Sur. Los atropan por temporada para que recojan las cosechas y después les piden que se larguen. Los freseros onubenses, por ejemplo, les ofrecen contratos en destino y les pagan el viaje desde las ciudades marroquíes de Marrakech, Kenitra, Fez… Cada año traen más jornaleras. En las últimas campañas alcanzaron la cifra de 15.000 temporeras. Prefieren a las mujeres jóvenes y de mediana edad porque, según dicen, las manos femeninas son más adecuadas para la recolección de la fresa, que es muy delicada. Además, generan menos conflictos, no fuman, no beben, no van al cine ni a las discotecas y se concentran más en trabajar y ahorrar. Entre las mujeres eligen a las casadas con hijos porque de ese modo aseguran su retorno, aunque no les pagan el viaje de vuelta.

Con todo, el contingente de temporeras marroquíes resulta insuficiente para los cuatro meses álgidos de recolección y empaquetado del oro carmesí, así que echan mano de cuantos subsaharianos, en su mayoría sin documentación legal, ofrecen sus brazos, docilidad y resignación para trabajar largas jornadas bajo los túneles de plástico. No tienen nada, son muy pobres, aceptan salarios por debajo del mínimo legal establecido. Aunque la ley obliga a los empleadores a darles alojamiento y a pagar su parte de los seguros sociales, muchos de ellos se desentienden de sus obligaciones con los más vulnerables, los que han entrado clandestinamente, arriesgando su vida en frágiles embarcaciones en el mar, de modo que su residencia y la de otros, incluidos hombres y mujeres marroquíes, son esos núcleos de chabolas que entaman en los campos, alejados varios kilómetros de los cascos urbanos de pueblos y ciudades. Construyen sus refugios con materiales de desecho procedentes de los invernaderos y las escombreras, tales como cartones, plásticos, palés de madera, cuerdas, tubos, alambres, trapos y otros elementos útiles.

Ya inmerso en la problemática de los incendios de las infraviviendas de los inmigrantes africanos, Tilo Dátil se preguntaba cómo era posible que los ayuntamientos no les suministraron agua. Tampoco alumbrado público ni otros servicios elementales. Algunas informaciones sobre las quemas referían esas carencias. La Mar de Onuba se hacía eco de una solicitud de cuarenta colectivos sociales y políticos a las administraciones públicas para que tendieran tubos con agua potable y recogieran los residuos urbanos de los asentamientos de inmigrantes existentes en la provincia de Huelva (más de cuarenta). Pero las autoridades locales y autonómicas competentes no habían movido un dedo para facilitar la vida y preservar la salud de aquellas gentes. ¿Por qué? La respuesta se resumía en un sencillo silogismo: Primero les negaban la vecindad y al no ser vecinos era como si no existieran y al no existir, las autoridades no contraían obligación alguna con los inexistentes.

El director y los redactores de aquella revista, uno de los pocos medios críticos con el poder, calificaban de “racismo institucional” la actitud de las autoridades por su incuria contra los trabajadores inmigrantes. Aunque los ignoraban, acababan reconociendo su existencia cuando terminaban las campañas agrícolas. Entonces querían que se largaran. Y puesto que muchos de ellos no tenían a donde ir, aparecía el fuego y calcinaba sus chabolas. Los incendios siempre eran accidentales, casuales y atribuidos a los propios africanos, aunque se hubieran originado en varios puntos a la vez. Los informes sindicales y de varias organizaciones no gubernamentales se referían a la quema de los poblados como una forma de expulsar a los africanos. La otra consistía en destruir las frágiles construcciones con maquinaria pesada.

Tilo miró la hora en el ángulo inferior derecho del ordenador. Era tarde, le pesaban los párpados. Cerró la libreta de notas. Había escrito “negros fogueados” y apuntado debajo algunos datos. La casuística le resultaba formidable para explicar el egoísmo, la ignorancia, la injusticia y, en definitiva, esa mugre mental y moral que llevaba a preguntarse a quién podía importar un negro más o menos. Desconectó el ordenador. Mingus roncaba a los pies de la cama. Se apresuró a ducharse y encamó. Le quedaban seis horas para dormir.

DOÑANA 2/ Chupópteros subvencionados por Moreno y Feijóo

Madrid, 23-05-2023.– Luis Díez

Las temporeras marroquíes de los frutos rojos que cayeron heridas el Primero de Mayo en el accidente de autobús que costó la vida a su compañera Sarah fueron aisladas por la empresa Surexport en el antiguo Hostal San Diego de San Juan del Puerto. Manijeros y empleados de seguridad las mantuvieron encapsuladas tras salir de los hospitales y los centros de salud y les impidieron recibir visitas de los representantes de varias entidades sociales. Algunas asociaciones han pedido la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien también puede actuar de oficio por iniciativa propia.

El periodista Perico Echevarría, director de la revista La Mar de Onuba, acompañó a los activistas de la Asociación Multicultural de Mazagón, La Carpa de Sevilla, Jornaleras de Huelva en Lucha y Mujer 24 H en su visita a las heridas tres días después del accidente. Querían saber cómo estaban, expresarles su apoyo, asesorarlas y ponerse a su disposición para cuantos trámites relacionados con las bajas laborales, las indemnizaciones por el accidente in itinere y otras materias necesitasen. Téngase en cuenta que ninguna de estas mujeres maneja el castellano y muy pocas se defienden en francés.

No pudieron hablar con ellas.

Echevarría, un periodista correoso que ha sobrevivido a mucha mala leche, cuenta que se encontraron la cancela cerrada por fuera con una cadena y un candado. Protestaron: “¿Por que las tienen encerradas?” Entonces un empleado quitó la cadena y colocó un letrero de “prohibido el paso”. Cuenta Echevarría que aparecieron otras personas supuestamente relacionadas con la compañía agrícola que parecían actuar como mediadores y les dijeron que no podían pasar al recinto por ser de “propiedad privada”.

Dentro, las temporeras convalecientes –huesos escayolados, collarines, vendajes– ni siquiera tuvieron opción de decidir si querían hablar con los visitantes. Y añade el director de La Mar de Onuba que ya el 2 de mayo, al día siguiente del accidente, los responsables de la empresa impidieron el acceso a Fátima Ezzohayry, representante de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA), que había sido llamada algunas trabajadoras afectadas por el siniestro.

Del oscuro y ruin comportamiento de los jefes de Surexport, una de las compañías más potentes de la fresa, traen causa sus dificultades para encontrar trabajadores españoles. Ángel Méndez, un joven almonteño, ayudante en un taller mecánico, conoce el percal: “Son tipos de mala calidad, negreros. Pagan una mierda y alargan la jornada según les conviene”. En muchas explotaciones de esta (y otras empresas) los manijeros miden el rendimiento de cada bracero. “Si lo recolectas las cajas que ellos piensan que puedes recoger, te despiden”..

Miguel Benjumea, director adjunto de Surexport, no habla con periodistas. Como mucho emite comunicados si lo considera oportuno. Sobre el trato a las temporeras del país vecino no ha considerado oportuno pronunciarse. Sobre el aislamiento de las que resultaron heridas, tampoco. Es lógico. Pero en un publireportaje para la revista del sector FreshPlaza dice que “los trabajadores locales no se ven atraídos por el campo y prefieren otros trabajos, lo que nos lleva a buscar mano de obra extranjera, con las dificultades que esto supone”. Lógico.

Esta empresa cultiva unas mil hectáreas de frutos rojos en Huelva (400 en la zona del Rocío, corazón y devoción de Doñana, donde posee una nave de almacenaje y manipulación de la fresa), factura unos 200 millones de euros al año, con un beneficio neto del 10% y se sirve de mano de obra inmigrante en su mayoría. A través de los servicios de inmigración y empleo españoles transmite sus necesidades y condiciones a la administración marroquí, que se encarga de realizar las convocatorias para la contratación en origen.

Benjumea dice que también dispone de oficinas en Rumanía y Bulgaria para contratar personal. Necesitan un promedio de mil trabajadores durante la campaña de la fresa (febrero a mayo), aunque, según explicó a la revista de los supermercados, el año pasado alcanzaron 4.000 jornaleros en la época álgida de la campaña. “Es muy complicado contratar a tanta gente todos los años –añade–; hay que dar muchos pasos, desde la obtención de permisos de trabajo en España hasta la apertura de cuentas bancarias. Disponemos de alojamientos perfectamente acondicionados, pero también hemos de gestionar la convivencia de muchas personas de distintas nacionalidades y costumbres muy diferentes”. Lógico.

La falta de mano de obra local no es privativa de Huelva. Un fenómeno similar sufre esa compañía agraria en Galicia, donde se instaló en 2013 para cultivar los frutos rojos (fresas, frambuesas, moras y arándanos) bajo plástico en unas setenta hectáreas alquiladas a la Comunidad de Montes de Palacios, en los municipios de Cospeito y Begonte, en Terra Chá (Tierra Llana), en Lugo. Las largas jornadas laborales –de “abusivas” las han tachado los sindicatos–, los bajos salarios –“por debajo de lo estipulado en convenio”– y otras circunstancias desaniman a los trabajadores galegos a aceptar el empleo que ofrecen “los negreros”. De ahí que hayan tenido que buscar jornaleros en Centroamérica (Honduras y Nicaragua). Con poco éxito, por cierto, y que según testimonios de algunas trabajadoras, estén trasladando temporeras marroquíes desde Huelva.

La Voz de Galicia se hizo eco en agosto de 2021 de la denuncia de varios sindicatos y colectivos agrarios sobre las condiciones de trabajo de Surexport: jornadas laborales de más de doce horas diarias, sueldos inferiores a lo estipulado en el convenio y malas condiciones de higiene y salubridad, con el añadido de la pandemia del coronavirus Covid-19 en aquella campaña. Eso sin contar que las entidades sociales y de defensa del medio natural (Comisiones Obreras (C.OO), el Sindicato Labrego Galego (SLG), la Federación Rural Galega (Fruga), la Central Unitaria de Traballadoras (CUT), Adega, A Estruga, Madia Leva, Ecoloxistas en Acción y Terra Chá Sostible) han elevado su protesta a las autoridades contra los procedimientos de cultivo intensivo que aplica Surexport.

Los afiliados a las organizaciones mencionadas han repartido pasquines entre los vecinos y visitantes de la feria de Castro de Ribeiras del río Lea (afluente del Miño), y se han manifestado ante el almacén que Surexport posee en esa localidad para alertar sobre el abuso del agua y el uso elevado de productos químicos en los cultivos. Los activistas entienden que el modelo productivo de esa empresa esquilma la tierra, contamina las aguas y acaba por destruir a medio plazo más empleo del que crea con la contratación temporal de personal. Los directivos de la empresa cifran su plantilla en 300 empleados. Con todo, la Xunta de Galicia se comprometió, bajo la presidencia del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a comunicar las denuncias a la Inspección de Trabajo. El 70% de las inspecciones agrarias acabaron en sanciones en 2021. Sin embargo no existe constancia oficial de que las autoridades autonómicas galegas hayan actuado en las materias de su competencia sobre “la acaparación y la contaminación del suelo y el agua” par una agricultura intensiva que las entidades sociales han calificado de “ofensiva contra nuestro medio rural”.

En lugar de eso, la conselleira de Feijóo, Ángeles Vázquez Mejuto, bendijo la ampliación de las explotaciones de Surexport en O Arneiro, donde esa compañía agenció 30 hectáreas más de terreno labrantío para producir fresas, frambuesas y arándanos. Vázquez citó las partidas de dinero público en beneficio de esta empresa y se mostró dispuesta a crear y concederle el sello Horta de Galicia. Los directivos Miguel Benjumea y José Ángel Roca le dijeron que iban a crear 150 nuevos puestos de trabajo con 1,5 millones de euros de inversión.

La compañía Surexport ha recibido también cuantiosas ayudas de dinero público de la Junta de Andalucía. Decenas de miles de euros han sido para alojamientos de sus trabajadoras temporeras. El Ejecutivo de Moreno Bonilla incluyó además a esta sociedad en el último reparto de 20 millones de euros entre ocho empresas grandes con proyectos de mejora y ampliación de sus instalaciones. Las ayudas fueron directas a las empresas elegidas, mientras otras de gran tamaño, que también solicitaron dinero público para complementar su inversión, quedaron fuera por falta de fondos. ¿Favoritismo o eso?, se pregunta el observador.

¿Han llegado los fondos buitre a las explotaciones del agro en Doñana? Detrás de la compañía agraria que mayor riqueza carmesí extra del parque y anteparque natural más importante de Europa –con tierras agenciadas en Galicia, Portugal, Marruecos y Kenia para producir y esportar frutos rojos todo el año figura la familia de origen valenciano Morales Vilar. Tres hermanos, Cristian, Oscar y Andrés, ocupaban la presidencia y los cargos de consejeros de Surexport hasta enero de 2021 en que ampliaron el capital social de 69.000 a 945.000 euros. Pero desde hace dos años, su consejo de administración se amplió y pasó a manos de sociedades inversoras de capital foráneo, de modo que solo una de ellas, Becrisan Brands, de la que Andrés Morales Vilar es administrador único, figura como consejera delegada. El resto del consejo está ocupado por Mideslonia, Partilonia, Paulonia y Flenox.

¿Quién hay detrás? Las tres tienen su sede social en la calle José Ortega y Gasset, 29, de Madrid (Barrio de Salamanca). Mideslonia está representada por Gonzalo de Rivera García de Leaniz y su administrador único es Mercacapital Private Equity Sgecr SA, del que Rivera es consejero delegado. Partilonia, Paulonia y Flenox son instrumentos societarios de Mercacapital y Alantra Partners SA. Son los encargados de canalizar inversiones y repartir los beneficios de los rentables frutos rojos. Luego ya el vicesecretario del consejo de administración de Surexport, Carlos Beltrán de Tárrega, se anuncia como experto en fusiones y adquisiciones mercantiles. “El tipo posee intereses en Galicia como apoderado de la concesionaria Novo Hospital de Vigo”, dice el apicultor Benito Casqueiro, mostrando datos profesionales del citado ejecutivo en Internet.