Madrid.–Luis Díez.

La fiscal federal del país más poderoso del mundo, Pam Bondi, tiene una tarea suplementaria. Se la ha encargado su señorito Donald Trump. La primera semana de junio debe entregarle una lista con las leyes y normativas de los distintos estados de la unión contra el cambio climático, así como los recursos judiciales que ha interpuesto contra esas normas y las medidas legislativas adicionales necesarias para suspenderlas en el caso de que la justicia le sea esquiva.

La negación del cambio climático es una de las materias por las que el presidente de EEUU se ha ganado el calificativo de necio mayor. Si el primer día de su segundo mandato anunció que su país se retiraba (otra vez) de los Acuerdos de París contra el cambio climático y los consiguientes desastres “naturales” que estamos sufriendo (danas incluidas), el 8 de abril firmó una de sus órdenes ejecutivas para que Bondi identificara y detuviera la aplicación de las leyes estatales que abordan el cambio climático y otras iniciativas ambientales contra la destrucción del medio ambiente. Justificó esa orden ejecutiva diciendo que las leyes para frenar el cambio climático que han promulgado algunos estados son onerosas, ideológicas, amenazan “el dominio energético estadounidense” y “nuestra seguridad económica nacional”.

Trump acusa a varios estados de «extorsionar» a las empresas de combustibles fósiles por su contribución pasada a las emisiones de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. Desde la Casa Blanca quiere anular el principio del que contamina paga y acabar con los topes a las emisiones de gases de las empresas que les permiten “vender créditos” a otras por las emisiones no utilizadas. En este sentido ataca especialmente a California, cuya legislación por la descarbonizacion de la economía y el uso de energías limpias llega a calificar de “radical”. Las autoridades del bastión demócrata temen que sus esfuerzos para lograr la transición a los vehículos eléctricos, que incluyen la prohibición de vender automóviles nuevos a gasolina a partir de 2035, sean saboteados por el jefe republicano.

El programa de topes y comercio de emisiones no solo está amenazado en California, sino también en Nueva York y Vermont. A Trump no le importa en absoluto la destrucción de la atmósfera y los desastres ecológicos. Con su caótico discurso negacionista acusa de “fanatismo climático” a los países europeos y a los gobiernos que en todo el mundo se esfuerzan por cumplir los compromisos de París. Su descalificación contagiosa viene siendo repetida por la extrema derecha desde hace una década. Pero lo cierto es que algunos estados de la unión apuestan por la vida y la preservación del planeta frente al fomento y la protección de la industria de los combustibles fósiles de EEUU que patrocina el multimillonario agente naranja.

Petroleros y gasistas celebraron el 8 de abril la orden ejecutiva de arremeter contra las leyes medioambientales de los estados y también la 14241 de expansión inmediata de la producción de carbón, la apertura de nuevas minas y la prolongación de la vida útil de las plantas de carbón para la producción de energía eléctrica. “La industria del carbón ha empleado históricamente a cientos de miles de estadounidenses. Los recursos carboníferos de Estados Unidos son vastos, con un valor actual estimado en billones de dólares, y son más que capaces de contribuir sustancialmente a la independencia energética estadounidense, con excedentes para la exportación, apoyando a los aliados y nuestra competitividad económica”, decía la disposición presidencial.

“Aplaudimos la acción del presidente Trump –escribió Ryan Meyers, vicepresidente del Instituto Americano del Petróleo– de exigir responsabilidades a estados como Nueva York y California por implementar medidas inconstitucionales que penalizan ilegalmente a los productores estadounidenses de petróleo y gas natural por entregar la energía de la que dependen los consumidores estadounidenses todos los días”. Queda claro que a la oligarquía petrolera le disgusta que algunos estados como California, por ejemplo, hayan alcanzado un nivel de generación de energía limpia y renovable equivalente a la demanda total de 45 días al año.

Y también queda claro que en vez de avanzar en energías límpias, Elnecio relanza la política sucia, dañina y contaminante contra la población estadounidense en primer lugar y, junto con la dictadura China, contra la especie humana en su conjunto. La ley trumpista (y tramposa) que elimina las barreras regulatorias del carbón suspende de un plumazo los cierres previstos de numerosas centrales eléctricas de carbón en todo el país. La que tramita el Congreso y que ha contado con el voto favorable de más de treinta representantes del Partido Demócrata, anula los esfuerzos por reducir las emisiones contaminantes de los automóviles al prolongar sine die la automoción a base de combustibles fósiles.

Pese al desprecio de las energías renovables por parte del errático presidente de EEUU, vale citar a algunas grandes empresas que como United Airlines, la segunda aerolínea más grande del mundo tras American Airlines, se asocian con empresas emergentes de tecnología limpia para cumplir los objetivos contra el cambio climático. La aerolínea de Chicago busca un futuro con bajas emisiones de carbono en el que no sólo pueda compensar el CO2 que emite a la atmósfera sino capturar el carbono y utilizarlo para producir combustible de aviación. De ahí que se haya asociado con empresas emergentes que están trabajando en la extracción del dióxido de carbono del aire y en la producción de combustible, imitando la fotosíntesis.

La United, con 708 aeronaves Boeing y Airbus en servicio, se ha unido a Heirloom, una empresa especializada en la captura directa de dióxido de carbono del aire, y colabora con Twelve, una tecnológica que utiliza la “fotosíntesis industrial” para producir combustible a partir de CO2 y agua. La aerolínea está invirtiendo en la tecnológica JetZero para desarrollar aviones de ala combinada y fuselaje ancho que podrían reducir un 50% el consumo de combustible. Según Lauren Riley, directora de sostenibilidad de United, el objetivo es “emisiones cero” en 2050.

Muchas otras empresas contaminantes van tomando conciencia del daño y reduciendo el uso de la energía fósil. En contraste con los mandatos ejecutivos de Washinton, la Asociación Americana del Pulmón afirma en su último informe que “casi la mitad de la población está expuesta a un aire insalubre”. Según publica Ignacio Calderón en USA Today, el informe titulado denuncia que alrededor de 156 millones de personas (el peor nivel en una década) viven ahora en condados plagados de altos niveles de ozono y partículas contaminantes que pueden causar enfermedades graves, incluidos ataques de asma y accidentes cerebrovasculares.  El estudio de 2025, basado en datos de la EPA hasta 2023 (el año completo más reciente disponible), muestra un aumento de 25 millones de personas que viven en áreas con calificaciones bajas de calidad del aire en comparación con el estudio anterior.

Según Katherine Pruitt, autora principal del estudio y directora de políticas de la Asociación, “el número de personas que viven en lugares con aire insalubre es cada vez mayor, lo que representa una reversión de las mejoras impulsadas por la Ley de Aire Limpio y una aceleración del calentamiento global y el cambio climático”. La carga de salud que supone la contaminación del aire recae de forma desigual sobre las personas de color, siendo la población hispana la más castigada por la insalubridad del aire y las enfermedades derivadas.