Madrid.–Luis Díez

La guerra arancelaria declarada por el presidente norteamericano, Donald Trump, Elnecio, al resto del mundo hace un mes y un día no solo dislocó de repente los principales mercados de valores sino que ha generado una profunda sima interna, de modo que, por extraño que parezca, ya se comienza a hablar de los Estados Desunidos de América. Trece estados han recurrido ante los órganos judiciales competentes contra la aplicación de los aranceles decididos por Trump y presentados el 2 de abril con una fanfarria propagandística increíble, es decir, impropia del presidente de la primera potencia mundial.

Los estados de Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont, han seguido el ejemplo de Califonornia de rechazar por la vía legal la imposición de aranceles al comercio exterior. Los doce interpusieron la semana pasada una demanda en la Corte de Comercio Internacional de EEUU, con sede en Nueva York, para suspender la política arancelaria de Trump, argumentando que es ilegal y que ha generado un caos en la economía estadounidense.

Según la información de Associated Press (AP), la demanda sostiene que la política del mandatario ha estado sujeta a “los caprichos en lugar de al ejercicio sólido de la autoridad legal”. Como ya hiciera el gobernador de California, Gavin Newsom, la denuncia cuestiona la facultad de Trump de imponer aranceles arbitrariamente en base a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Los doce recurrentes solicitan al tribunal que declare ilegales las tasas arancelarias e impida a las agencias gubernamentales aplicarlas y cobrarlas.

Ya a mediados de abril, Newsom, gobernador de California y dirigente destacado del Partido Demócrata, afirmaba en su recurso ante la Corte de Distrito Federal para el norte de California que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles era ilegal, pues la norma permite congelar y bloquear transacciones en respueta a amenazas extranjeras, pero la implementación de aranceles requiere la aprobación del Congreso. California es la mayor economía de EEUU y el mayor importador. Como estado independiente se situaría en el cuarto lugar del mundo, con un PIB del 4,5%, por delante de Alemania y de Japón, según ha destacado estos días la prensa local. Además del aumento de precios, negativo para los consumidores, el sistema fiscal californiano y su presupuesto de ingresos depende mucho de las ganancias de capital por acciones e inversiones de sus contribuyentes más ricos.

Para la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, el esquema arancelario de Trump es “una locura”. Afirma que “no sólo es económicamente imprudente, sino también ilegal”. Su colega el fiscal general de Connecticut, William Tong, dice que “los caóticos e ilegales aranceles de Trump son un enorme impuesto para las familias y un desastre para las empresas y empleos de Connecticut”. Los demandantes inciden en que «Trump ha trastocado el orden constitucional” al reclamar la autoridad para imponer inmensos y cambiantes aranceles sobre cualquier bien que entre en Estados Unidos y que él elija y por cualquier razón que considere conveniente para declarar una emergencia.

Desde la Casa Blanca solo han respondido de momento al gobernador de California, Gavin Newsom, al que ya atisban como futuro candidato a la presidencia y recomiendan que se ocupe de sus problemas, “el crimen desenfrenado, la falta de vivienda y lo incosteable en California”, dijo el subsecretario de prensa del presidente, Kush Desai. La reiteración del fin –reducir el déficit de la balanza comercial y recuperar la industria que está siendo diezmada– sirve a los empleados de Trump y de su movimiento Maga para poner sordina a las coacciones y otros medios dañinos que el creso presidente está empleando. Mientras se esperan los veredictos judiciales Elnecio insiste en su arma de presión para que los mandatarios vayan a “besarle el culo”, es decir, a negociar.