Érase una vez un reino cuyo notario mayor mentía con tal desparpajo y solemnidad que parecía increíble. Lo mismo mentía en el Parlamento que una plática ante estudiantes universitarios. Se llamaba Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez y había pasado a los anales de la capital por haber sido el alcalde más gastoso y derrochador de las últimas décadas. Dejó a la ciudad una deuda de 8.000 millones de euros cuando el jefe de su partido, Mariano Rajoy, lo nombró ministro de Justicia y notario mayor del reino.

Este personaje mentía tanto que hasta su correligionaria Esperanza Aguirre Gil de Biezma aprovechó su última falsedad para prorrumpir en expresiones de admiración hacia la sociedad británica porque no tolera la mentira. No es que la correligionaria fuera un dechado de verdad, pues había alcanzado la presidencia regional madrileña con la compra de los votos de los traidores del PSOE, Tamayo y Sáez, es que se hallaba en Londres y debía de suponer que los ingleses, con el aire de aburrimiento con que pasean por Madrid, se enteran de nada y menos.

En su plática ante el grupo de universitarios en Barcelona, Gallardón dijo que el Gobierno “no ha concedido un solo indulto por asuntos de corrupción”. La afirmación resultó tan chocante que la asociación Jueces para la Democracia tuvo que recordarle que el Consejo de Ministros ha concedido el perdón a siete condenados por delitos relacionados con la corrupción desde que él ejerce de ministro de Justicia y traslada al Consejo las peticiones de indulto.

De los siete indultos concedidos por malversación y prevaricación, el más claro es el de Josep María Servitje, miembro de Uniò Democràtica y viceconsejero de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, cuya pena de cuatro años y medio de prisión en el llamado “caso Treball” fue anulada por el Gobierno sin darle tiempo a ingresar en la cárcel. También fue indultado en el mismo acto el condenado tras la larga instrucción del caso (más de 10 años), Victor Manuel Lorenzo.

Entre los indultados por corrupción figuran tres ediles y el exalcalde del PP de la localidad malagueña de Valle de de Abdalajís, condenados por delitos continuados de prevaricación urbanística. Y asimismo el exsecretario de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Constancio Alvarado, un tipo que vendía permisos de residencia a los inmigrantes al módico precio de hasta 3.500 euros por cabeza.

Es poco probable que Gallardón, con su aguda inteligencia, haya olvidado el indulto al empresario canario Miguel Ángel Ramírez Alonso, quien fue condenado a tres años de cárcel por la Audiencia de las Palmas por un delito contra el medio ambiente, consistente en realizar diversas obras no autorizadas y en ningún caso autorizables, pues invadían terreno rústico en el paraje natural protegido de Pino Santo. Las obras fueron un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos de 250 y 255 metros cuadrados, un vial, muros y vallado del perímetro de un terreno de 30.000 metros cuadrados del que es propietario.

El delito no era de corrupción, aunque en el indulto pudo pesar el hecho de que el agraciado era donante de dinero al PP y amigo personal del ministro de Industria y jefe de filas del partido en Canarias, José Manuel Soria. La última donación reconocida ascendió a 50.000 euros. La presunta corrupción estaría relacionada con la adjudicación de contratos públicos a un condenado. En concreto, Ramírez Alonso ha obtenido las contratas de seguridad del Metro de Madrid (Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) y del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia).

El dirigente de IU, Cayo Lara, que reclamó al Gobierno hace meses que aclarase la medida de gracia hacia ese empresario, convertido en poco tiempo en un lince de las contratas de seguridad y otros servicios públicos, sigue sin recibir una respuesta del Ejecutivo. Se da la circunstancia de que el condenado financió unas jornadas judiciales en Las Palmas, en las que participó el fiscal del medio ambiente que luego informó favorablemente el indulto.

Con independencia de que las peticiones de indulto hayan paralizado el ingreso en prisión de un regidor valenciano del PP y del exministro de Aznar y expresidente de Baleares, Jaume Matas, el abuso en la administración del perdón a correligionarios y amigos –la primera decisión de Aznar cuando alcanzó el Gobierno fue indultar al amigo y promotor burgalés Miguel Méndez Pozo, el del frustrado parking de pago y bulevar en el barrio de Gamonal–, ha llevado a la Izquierda Plural a plantear en el Congreso la reforma de esa prerrogativa decimonónica. Pero el PP ha rechazado la idea. Los jueces decanos han protestado porque no contribuye a combatir la corrupción sino a fomentar la impunidad. Pero el PP no les ha escuchado.

¿Qué cabe esperar en un reino cuyo notario mayor lleva escrito en la frente un letrero que dice: “Miento y me quedo tan ancho”? El 11 de septiembre de 2013, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, le preguntó en el pleno del Congreso cuáles eran sus intenciones sobre la ley del aborto. Y en vez de contestarle como es debido, Gallardón le dijo que el PSOE no puede erigirse en defensor de las mujeres porque en 1931 votó contra el reconocimiento del voto femenino.

En tono grandilocuente dijo: “No se equivoquen como se equivocaron hace 80 años, cuando para ganar unas elecciones les quitaron el voto a las mujeres. Se acabó la supuesta superioridad intelectual de la izquierda, se ha acabado para siempre el pensar que ustedes defienden los derechos de los más débiles mejor que nosotros. Su historia les puso en contra del voto de las mujeres y hoy les pone en contra de la defensa de los derechos de la mujer”.

Todas las peticiones de rectificación de la falacia del ministro resultaron inútiles, si bien, Gallardón reconoció meses después por escrito que se había documentado en un estudio de Juan Carlos Monterde García sobre el voto femenino, reconocido por primera vez en la Constitución de la II República en 1931. El estudio fue publicado en 2010 en el número 28 de Anuario de la Facultad de Derecho. Y dice textualmente que reconocimiento del derecho al voto de las mujeres “fue aprobado, nominalmente, por 161 votos a favor y 121 en contra. La mujer adquiría así, por un escaso margen de diferencia, la condición de electora. Votaron a favor el Partido Socialista (con la destacada excepción de Indalecio Prieto, quien lo consideró una puñalada para la República), pequeños núcleos republicanos (catalanes, federales, progresistas, galleguistas) y la derecha. En contra lo hicieron Acción Republicana, y los Partidos Radical y Radical-socialista, salvo Ruiz Funes, Castrovido, y Clara Campoamor, entre otros. (…) Quedaron sin votar 188 Diputados, y tan sólo estuvo presente en aquel trámite un 60% de la Cámara”.

Si se hubiese documentado con en el mencionado estudio no habría excretado falsedades sobre la historia en el diario de sesiones. Más bien parece que prefiere el cartel de mentiroso al de indocumentado en su ya imparable ingreso en el Salón de la Fama del reino y la marca España.