Madrid, 26-05-2023.– Luis Díez

Según la evidencia de Sexto Empírico, Doñana es una joya de Andalucía, de España, de Europa y de la Humanidad. Es el humedal más importante del Viejo Continente. Cientos de miles de aves dependen de sus marismas para criar, pasar el invierno o para descansar durante su migración anual a África. En la marisma de Hinojos se posan a comer y descansar en su largo peregrinar. En invierno se refugian aquí los ánsares y las grullas procedentes de los países del norte de Europa. Más tarde, en primavera, pasan miles de aves migratorias procedentes de África como los moritos, las garzas imperiales… Vale recordar que el Parque Nacional se funda en 1969 por su especial importancia para la avifauna y por tener dos especies en peligro de extinción como son el lince ibérico y el águila imperial ibérica. También por la combinación de ecosistemas tan dispares –bosque y matorral, dunas y playa, marismas y vera– en un área tan pequeña.

Todo esto que cualquier profano puede leer en la reseña de Wikipedia sobre el municipio de Hinojos se puede completar con otros datos igualmente ciertos: 365 especies de aves (más de 500.000 de invernada todos los años), 21 especies de reptiles, 11 de anfibios, 20 de peces de agua dulce, 37 de mamíferos no marinos (entre ellas el lince ibérico) y unas 900 especies de plantas. Los científicos del CSIC que trabajan en la Estación Biológica aportan conocimientos fundamentales para la preservación de la fauna y la flora, pero también para el desarrollo y el progreso de los humanos en todos los campos, desde el bioquímico al de la salud, pasando por el técnico y el de la ingeniería aplicada. Quizá sea necesario formular algunas preguntas en boca del apicultor de origen gallego Beni Casqueiro (la polinización natural de los campos de fresas requiere una colmena por hectárea): “¿Imaginas un país un poco más grande que Luxemburgo donde los animales campen a sus anchas? ¿Un país donde la armonía y la belleza te sorprende todos los días? ¿Un país donde 450 especies animales viven en armonía? ¿Un país con más de 900 especies de plantas en el que uno de cada tres pasos lo das por un espacio protegido? Ese país que representa el 0,58% del territorio de la amada patria y es Doñana?”

Beni enfatiza el término “patria” y el observador intuye su intención de apelar a la derecha política, esos dirigentes del PP y sus aliados de la ultraderecha oxida y “voxida” más patriotas que nadie, pero cuya única ley viene dictada por la avaricia y el afán de engrosar la cartera. Saben que Doñana se muere de sed debido al cambio climático, pero no renuncian al asedio del parque natural y se disponen a aprobar en el Parlamento de Andalucía una ley presentada por el PP con el apoyo de Vox para legalizar cientos de hectáreas de regadío ilegal para la producción de los frutos rojos bajo plástico y los más de mil pozos clandestinos existentes. La organización WWF (siglas en inglés de Fondo Mundial para la Naturaleza) nació precisamente en Doñana, donde mantiene un observatorio permanente, y ha aportado a las autoridades españolas y europeas unos informes que cifran la sustracción anual de agua entre siete y nueve hectómetros cúbicos (cada Hm3 equivale a un millón de metros cúbicos) al parque nacional por parte de los cultivadores sin derecho a riego. Con los arroyos secos y el agua superficial menguante, esos pinchazos permiten mantener 1903,7 hectáreas de cultivo con regadío ilegal en detrimento de la flora y la fauna del parque.

El “asedio” denunciado desde hace diez años por WWF ante los organismos internacionales ha servido de base a las inspecciones y advertencias reiteradas de la Comisión Europea, que, finalmente, interpuso una demanda judicial contra el Estado español. El resultado fue la condena del Tribunal Europeo de Justicia, publicada hace casi dos años (junio de 2021) por ignorar las extracciones ilegales y no adoptar las medidas necesarias para mantener los hábitats protegidos. La condena puede suponer una multa mil millonaria por parte de la Comisión Europea si el Estado español no clausura los pozos ilegales que aguijonean el acuífero, una masa de agua subterránea bajo los 2.400 kilómetros cuadrados del parque, cuya extracción requiere perforaciones cada vez más profundas. Y ya rebasan los 180 metros en vertical.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) instó al cierre de los pozos ilegales y comenzó el año pasado a supervisar el sellado que siete titulares de tierras acometieron voluntariamente. La ejecución forzosa por la captación ilegal de agua afectaba entonces a 71 pozos, la mayoría en el término municipal de Almonte, el más extenso, pero también a Lucena del Puerto y Rociana del Campo. Los inspectores de la CHG, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del que es titular la vicepresidenta Teresa Ribera, han documentado unas setecientas perforaciones ilegales, de obligada supresión y sellado.

Para entender la problemática del latrocinio del agua hay que tener en cuenta el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, que fue aprobado en 2014 por la Junta de Andalucía con el apoyo del sector agrícola después de siete años de siete años de trabajo. Según el WWF, el plan es manifiestamente mejorable, pero es el único instrumento para poner orden en el “caos de cultivos existe alrededor de Doñana”, para dar seguridad jurídica a los agricultores y para asegurar la conservación del acuífero. Sobre los criterios del Plan, los expertos de WWF elaboraron en 2020 un informe para determinar qué superficie de regadíos tendría que ser eliminada por su puesta en riego con posterioridad a 2004 y a 1992 (leyes forestales) para las situadas en Monte Público, por encontrarse en zona protegida (Zona A, de especial protección de los recursos naturales) o por no haberse regado durante más de tres años consecutivos, tal y como establecía el Plan Especial. Y los cálculos determinaron que “al menos 1.653 hectáreas de las 10.000 existentes deberían ser eliminadas”. Posteriormente WWF actualizó y elevó esta superficie a las ya citadas 1.903,7 hectáreas de regadío con agua robada al acuífero del parque nacional.

A pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el gobierno del PP en la Junta de Andalucía ya intentó en 2022 legalizar el latrocinio del agua, aunque la quiebra de su coalición con Ciudadanos, provocó nuevas elecciones generales y retrasó la legalización de las tierras que iban a ser declaradas de regadío y en las que, de hecho, hay cientos de parcelas de cultivo del oro rojo bajo túneles de plástico. Después de los comicios, la derecha volvió a la carga con su proposición de ley. La iniciativa de la formación política de Moreno y Feijóo contó con el respaldo de la ultraderecha en el Parlamento andaluz, que la tomó en consideración el 12 de abril de este año 2023 y emprendió su tramitación sin atender las advertencias de las autoridades de la UE sobre la protección medioambiental del parque, Patrimonio de la Humanidad, y las multas millonarias para España. A pesar del estado crítico de los humedales, el argumento principal del presidente de la Junta consiste en que se necesita esa regulación “por el impacto económico” de la agricultura en la zona.

Moreno Bonilla y la patronal del oro carmesí no se cansan de repetir que el sector “da empleo a 100.000 trabajadores”. En los terrenos afectados conviven agricultores legales e ilegales. Con el proyecto de ley, cuya tramitación parlamentaria “por vía de urgencia” ha quedado en suspenso hasta después de las elecciones locales del domingo, 28 de mayo, se trata de legalizar los cultivos en unas 1.600 hectáreas (la derecha dice que 800), según la extensión reconocida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Las explotaciones sin permiso de extracción que serían legalizadas se encuentran en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Aunque los autores del texto han introducido una modificación básica respecto al de 2022 –“el agua procederá de forma prioritaria de la superficie”– la recalificación parcelaria de secano a regadío y la falta de agua en la superficie contradice, de hecho, esa previsión y augura la legalización del expolio del menguado acuífero Almonte-Marisma.

El presidente de la Junta invoca la ley de 2018 que preveía la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir. Dice que con ese trasvase (19,99 millones de metros cúbicos, es decir, 199.900.000.000 litros) se mantendría el equilibrio hídrico de la zona sin afectar al área de especial protección. En tal sentido ha enviado documentos a Bruselas y a Madrid, atribuyendo a las confederaciones hidrográficas, dependientes del Gobierno central, el incumplido la norma. Sin embargo, pocos trasvases para el riego se pueden hacer desde los cauces cada vez más exiguos de los ríos mencionados y cuando la demanda prioritaria de los ayuntamientos pasa por cubrir las necesidades (crecientes en verano) de la población. Esto que entienden y asumen las comunidades de regantes legales del Marco de Doñana es esgrimido por los líderes del PP (incluido su presidente Feijóo) para mantener la tramitación de la proposición de ley. Y culpar, de paso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “secar Doñana”. Lógico. “Non piove ¡Porco Governo!” Cualquier argumento vale para esconder la mano después de tirar la piedra

Sin embargo, el problema es poliédrico: la Comisión Europea tilda la norma que la derecha pretende sacar adelante de “violación flagrante” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. El director del Consejo de Participación de Doñana, el CSIC, las asociaciones ecologistas y el Ejecutivo estatal rechazan la iniciativa. En una carta de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera al presidente andaluz, Moreno Bonilla, le pedía que no siguiera adelante con la iniciativa porque “la protección de Doñana es un asunto del máximo interés ambiental, social y legal, tanto de los españoles como de las instituciones europeas como de los amantes de la naturaleza a nivel mundial”. Tras la toma en consideración de la iniciativa (70 votos del PP y Vox), Ribera afirmó que el Gobierno interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional y reafirmó la decisión en una carta a la Comisión Europea. El presidente Sánchez fue tajante: “Doñana no se toca”. Y a todo ese rechazo se suma una cara más del poliedro: el daño a la reputación de los frutos rojos onubenses en los mercados europeos y los primeros síntomas de los consumidores del rechazo a las “fresas ilegales”.

Pero nada de eso importa a la derecha y sus mentores. Nueve días después de que el PP y Vox ratificaran en el pleno del Parlamento Andaluz la decisión de legalizar las tierras de regadío no calificadas como tales, la entidad Freshuelva, creada a finales de los años ochenta, que presta asesoramiento y contribuye a las investigaciones sobre la mejora de los frutos rojos, concedió a Moreno Bonilla el premio “fresa de oro”. Esta asociación agrupa a más del 90% de los productores de fresas. En una gala en la que se entregaron premios a otros destacados personajes (empresarios, comercializadores, el presidente de una comunidad de regantes, el de una empresas transportista con centros logísticos en varios países de la UE y el representante de un grupo periodístico), el presidente andaluz enfatizó: “Somos la primera potencia agroalimentaria de España. Tenemos que tomar decisiones. De ahí que estemos apostando decididamente por más y mejores infraestructuras hídricas”.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, al que también premiaron, no acudió a una gala en la que el monólogo de Moreno Bonilla cosechó largos aplausos. Elogió el esfuerzo de los agricultores desde hace cuarenta años y, sobre todo, dijo lo que algunos querían oír al exigir “más y mejores infraestructuras hídricas”. ¿Qué significa esto? Que quiere trasvases como sea. Pero hay más. El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, llama la atención sobre otro hecho fundamental: los agricultores con tierras de secano que riegan ilegalmente van a ver reconocidos unos derechos de regadío basados en la hipótesis del trasvase de los ríos Tinto-Odiel-Piedras. Y ese reconocimiento supone, de pronto, una revalorización de cada hectárea de secano, que multiplica un cien por cien su valor, pasando de entre 6.000 a 10.000 euros por hectárea a 60.000 y 100.000 euros, según las tasaciones actuales. “Además del acoso a Doñana, está en juego un gran pelotazo”, concluye Del Olmo.